martes, 24 de abril de 2012

¿Quién será el próximo?

Antonio Fernández, primer ex consejero de la Junta encarcelado por un caso de corrupción

La Junta y el sindicato UGT se desmarcaron de la petición de la Fiscalía Anticorrupción y sólo pidieron una comparecencia semanal en el juzgado, que se le retire el pasaporte y se le imponga una fianza de 68 millones.


La juez Mercedes Alaya había apuntado hace unas semanas que en la "gran trama" de los ERE fraudulentos aún se podía seguir "subiendo peldaños" conforme avanzara la investigación. Esta sospecha de la instructora se ha convertido a primera hora de la mañana de este martes en una realidad con su decisión de enviar a prisión provisional, comunicada y sin fianza al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, que se convierte en el primer alto cargo en los 30 años de historia de la Junta de Andalucía que acaba en la cárcel por un caso de corrupción. Alaya comunicó su decisión de enviar a prisión provisional al ex consejero sobre las 7:00 de este martes, seis horas después de que abandonara la sala de vistas para redactar el auto.

La juez ha dado así un nuevo giro en la instrucción de la causa al encarcelar al que fuera consejero de Empleo entre 2004 y 2008, imputado por seis delitos, entre ellos prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho.

La decisión de la instructora se produjo después de que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares que ejercen el Partido Popular y el sindicato Manos Limpias, pidieran el ingreso en prisión provisional, mientras que la Junta de Andalucía y el sindicato UGT, que también ejercen la acusación, se desmarcaron de la petición de la Fiscalía -con la que hasta ahora siempre había estado de acuerdo en los dos encarcelamientos previos en este caso, los del ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero y su chófer- y sólo pidieron que se fije una comparecencia apud acta semanal del ex consejero, que se le retire el pasaporte y se le imponga una fianza para cubrir las posibles responsabilidades civiles de 68 millones de euros.

La Fiscalía Anticorrupción y las demás acusaciones elevaron a 890.052.666 euros la fianza de responsabilidad civil para hacer frente al posible perjuicio causado por la concesión de las ayudas irregulares. Las defensas del ex consejero y de los demás imputados solicitaron la libertad y de forma alternativa se adhirieron a la postura de la Junta.

La petición del Ministerio Público y de estas acusaciones se produjo durante una comparecencia celebrada durante toda la noche en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para la adopción de medidas cautelares y la petición se justifica porque la Fiscalía Anticorrupción entiende que hay riesgo de fuga y la  posibilidad de que el ex consejero influya en los testigos de este proceso, al tiempo que considera que los delitos son muy graves y las penas que pudieran imponerse muy elevadas, ya que sólo en el caso de la malversación de caudales públicos la pena se eleva a 18 años.



El fiscal Anticorrupción argumentó que el hecho de que Fernández haya respondido a todas las preguntas de las partes no implica una colaboración con la Justicia. "El responder a todas las preguntas no siempre supone una colaboración", afirmó el fiscal, lo que supone un aviso a navegantes para los imputados que aún tienen que comparecer en esta macroinvestigación.

La postura que iba a adoptar la Fiscalía sobre la situación procesal de Antonio Fernández se intuía claramente desde la última pregunta que le realizó en su interrogatorio el pasado domingo y en la que puso de manifiesto las sospechas del Ministerio Público respecto a que el sistema había sido “ideado por la Junta para tener las manos libres a la hora de disponer de fondos públicos sin control previo ni posterior, en beneficio de determinadas personas y en perjuicio del resto de los ciudadanos andaluces”.

La solicitud de ingreso en prisión se produce tras cuatro días de declaración y más de treinta horas de un interrogatorio en las que Antonio Fernández ha intentado contestar al aluvión de imputaciones que le planteó la juez Mercedes Alaya alegando una y otra vez que el sistema por el que se concedían las ayudas “era y sigue siendo legal”.

Esta tesis la mantuvo Fernández cuando realizó un alegato final al término del interrogatorio de la juez, a la que manifestó que siempre ha tenido “el criterio y la conciencia de trabajar bajo el principio de la legalidad y de la legalidad presupuestaria”.

La magistrada le imputó al inicio de su comparecencia, el pasado viernes, un total de seis delitos. En concreto, la juez le atribuye delitos de cohecho y falsedad en documento mercantil, y otros cuatro de carácter continuado: prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la obtención de subvenciones y negociación prohibida a funcionarios.

La imputación de Alaya al ex consejero Antonio Fernández se vertebra en una triple argumentación. En primer lugar, la juez entiende que el ex alto cargo era “conocedor” de la inclusión de intrusos en los expedientes de las ayudas públicas. En segundo, que también conocía los “importantes reparos” que había puesto la Intervención General de la Junta al sistema de transferencias de financiación por el que se concedían las ayudas. Y en tercer lugar, por su inclusión en el ERE de González Byass de 2008, en el que la juez considera que fue incluido a pesar de que entiende que Antonio Fernández ya no era trabajador y por tanto no podía acogerse a la prejubilación. Sobre su renuncia al ERE, la instructora sospecha que se produjo una vez que el ex consejero tuvo conocimiento de este procedimiento judicial.

Fuente: www.huelvainformación.es

lunes, 23 de abril de 2012

De profesión: ¡MENTIROSOS!

La UE confirma que Zapatero dejó dos puntos de déficit oculto.

 

Se acabaron las especulaciones. La oficina estadística comunitaria, Eurostat, ha certificado este lunes sin ninguna reserva que el déficit público de España el año pasado se desvió 2,5 puntos del objetivo pactado por Zapatero con la UE (6%) y ascendió al 8,5% del PIB, tal y como había anunciado el Gobierno.
La Comisión Europea se había quejado de que el anterior Gobierno socialista les dijo en noviembre que el déficit estaría entre el 6% y el 7%, mientras que el Ejecutivo de Mariano Rajoy revisó esta cifra hasta el 8% nada más tomar posesión en diciembre, pero luego volvió a elevarlo hasta el 8,5% semanas más tarde. De hecho, la agencia Reuters publicó que Bruselas creía que España había inflado la cifra de déficit del año pasado para que los resultados de los recortes de 2012 parecieran mejores.
La certificación de Eurostat despeja las dudas de los analistas provocadas por los diversos cambios de cifra en los últimos meses. De hecho, la oficina estadística no expresa ninguna reserva sobre la cifra de España, cosa que sí que hace en los casos de Irlanda y Reino Unido.
El déficit español  es  eñl tercero más alto de la Unión Europea, sólo superado por Irlanda (13,1%) y Grecia (9,1%). Por su parte, el nivel de deuda de España aumentó desde el 61,2% en 2010 hasta el 68,5% el año pasado, aunque todavía está muy por debajo de la media de la eurozona (87,2%).
En el conjunto de la eurozona, el déficit público descendió desde el 6,2% en 2010 hasta el 4,1% el año pasado, mientras que en la UE bajó del 6,5% al 4,5%. Tras Irlanda, Grecia y España, los países con mayor déficit fueron Reino Unido (8,3%), Eslovenia (6,4%), Chipre (6,3%), Lituania (5,5%) Francia y Rumanía (ambos con el 5,2%).
Los menores déficits se registraron en Finlandia (0,5%), Luxemburgo (0,6%) y Alemania (1%). Por su parte, Hungría (+4,3%), Estonia (+1%) y Suecia (+0,3%) tuvieron superávit en 2011. Pese a ello, Bruselas ha propuesto suspender los fondos de cohesión a Budapest por considerar que su superávit se basa en medidas excepcionales y no estructurales y que volverá a registrar un déficit excesivo el año que viene.
En cuanto al nivel de deuda, en la eurozona aumentó del 85,3% a finales de 2010 hasta el 87,2% a finales del año pasado y en la UE del 80% al 82,5%.
Un total de 14 Estados miembros superan el límite del 60% de deuda respecto al PIB previsto en el Pacto de Estabilidad: Grecia (165,3%), Italia (120,1%), Irlanda (108,2%), Portugal (107,8%), Bélgica (98%), Francia (85,8%), Reino Unido (85,7%), Alemania (81,2%), Hungría (80,6%), Austria (72,2%), Malta (72%), Chipre (71,6%), España (68,5%) y Países Bajos (65,2%).
Los países de la UE con menos deuda son Estonia (6%), Bulgaria (16,3%), Luxemburgo (18,2%), Rumania (33,3%), Suecia (38,4%), Lituania (38,5%), República Checa (41,2%), Letonia (42,6%), Eslovaquia (43,3%) y Dinamarca (46,5%).
En 2011, el gasto público en la eurozona ascendió al 49,3% del PIB, mientras que los ingresos del Estado se situaron en el 45,2%.  Las cifras para España fueron del 43,6% y del 31,5% respectivamente.

Fuente: El confidencial.com

#nohandejadonada


sábado, 21 de abril de 2012

Alaya sitúa al ex consejero de Empleo como ideólogo de las ayudas irregulares y le imputa seis delitos

La juez sostiene que Antonio Fernández era "conocedor" de que las subvenciones se concedían de forma irregular y a personas próximas a la Junta o al PSOE andaluz.

 La juez Mercedes Alaya ha situado este viernes al ex consejero de Empleo Antonio Fernández como ideólogo del sistema por el que se concedían unas ayudas que considera "nulas de pleno de derecho" y le imputó formalmente seis delitos en la trama de los ERE.

Durante una hora y media el ex consejero de Empleo ha estado escuchando el relato de la imputación formal que le hacía la instructora -con una extensión de cerca de 90 folios-, en el que le ha atribuido ser el autor intelectual de lo que ha denominado "sistema operativo" por el que se concedían las ayudas, en alusión al convenio marco creado en 2001 cuando Antonio Fernández era viceconsejero de Empleo y presidente del IFA. Según Alaya, ese convenio marco fue redactado por asesores de la propia Consejería, con la ayuda de otros asesores externos y del propio Antonio Fernández, y todas las subvenciones que se concedieron al amparo del mismo son "nulas de pleno derecho", ya que vulneran el artículo 38 -ahora 39- de la ley general de Hacienda Pública de Andalucía, por no tener consignación presupuestaria.

La magistrada ha imputado seis delitos al ex consejero de Empleo, entre ellos cuatro de carácter continuado, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la obtención de ayudas públicas, y negociación prohibida a funcionarios públicos, y otros dos delitos de cohecho y falsedad en documento mercantil.
La juez Mercedes Alaya imputa a Antonio Fernández que era "conocedor" de que las ayudas se concedían de forma irregular y que todas estaban vinculadas a personas relacionadas con la Junta o con el PSOE andaluz. La juez ha puesto como ejemplo que una de las empresas de la Sierra Norte que recibió importantes ayudas y estaba vinculada al empresario José Enrique Rosendo, tuvo contratados a la hija del ex secretario provincial del PSOE de Sevilla José Antonio Viera y al hijo de otro parlamentario socialista.

La magistrada ha explicado que, "con independencia" de que con parte del dinero de las ayudas se comprara cocaína o lucro personal de los destinatarios, el ex consejero tenía conocimiento de que se le dieron a las mismas otros usos ilícitos. Según la instructora, el ex consejero tenía conocimiento de las ayudas porque a veces las "autorizaba", otras las "consentía", en otras era "corresponsable", y en otras también es responsable por "desidia".

El panorama que la juez ha dibujado en su relato de imputación considera a Fernández responsable en una triple vertiente: porque tenía conocimiento de las ayudas, de los "reparos" que la Intervención general de la Junta planteó al sistema, y por su inclusión en el ERE de González Byass cuando era titular de la Consejería.

Sobre este último aspecto, la imputación hace hincapié en que su relación laboral con González Byass estaba extinguida cuando fue incluido en la póliza de prejubilaciones y el ha citado diversa jurisprudencia que corroboraría este extremo. Según la imputación realizada, la aseguradora Vitalicio no tenía constancia de que Fernández había renunciado al cobro de la prejubilación y esa renuncia se produjo cuando el ex consejero tuvo conocimiento del inicio de la investigación judicial de los ERE fraudulentos.

También le sitúa como el máximo responsable de que las ayudas que se concedieron a las empresas del marco de Jerez por importe de varios millones de euros.

El PP afirma que si PSOE e IU pactan en el Parlamento "nos llevarán al abandono"

Manuel Andrés González subraya que la primera iniciativa de Arenas en la IX legislatura "fue apoyar a los mineros"
 El presidente del PP en Huelva, Manuel Andrés González, advirtió ayer de que si los dos partidos de izquierdas, PSOE e IU, sellan un pacto de Gobierno en el Parlamento andaluz para gobernar "nos llevarán por el mismo camino por donde nos han llevado en otros casos a nivel provincial como en Sevilla o los ejemplos de Cortegana y Aljaraque, en la provincia de Huelva". Se mostró seguro de que este pacto de gobierno, con el que los dos partidos de izquierdas lograrán arrebatar el gobierno de la Cámara andaluza al PP que ganó las elecciones, "será malo para los intereses de Andalucía y Huelva y significa gobernar de espaldas al pueblo andaluz". "Este pacto nos lleva por el camino del paro y del abandono", añadió. El trabajo de los cinco parlamentarios del PP de Huelva se proponen hacer frente a esta situación para "ser la voz" de los onubenses en el Parlamento y aportar soluciones a las necesidades de la provincia. González subrayó que el primer paso ya está dado en cuanto que el presidente de su partido, Javier Arenas, el jueves en la investidura del presidente de la Junta, acto que abre la legislatura, "presentó la primera iniciativa parlamentaria al estar junto a los mineros en su lucha por la reapertura de la mina".

Destacó que el PSOE ha sido el único partido hasta ahora que ha sido "una barrera" para los proyectos mineros de Huelva, por lo que pidió a IU que "suscriba" las reivindicaciones de los trabajadores de la Cuenca Minera y "que no les deje tirados". Manuel Andrés González considera que su equipo de trabajo ha aprobado en los comicios electorales de la región al haber conseguido un diputado más, sumando 5. Todos ellos tendrán responsabilidades en el parlamento bien como portavoces de grupos o en las comisiones, trabajo que se distribuirá la próxima semana. Y subrayó que es "un honor" su nombramiento como secretario segundo de la Mesa del Parlamento.

Fuente: Huelva Información