EL JUEZ PIDE A INTERIOR QUE IDENTIFIQUE UN MÓVIL QUE UTILIZA ANTONIO CAMACHO.
El análisis del cruce de llamadas registradas el día del chivatazo a ETA (4 de mayo de 2006) y la noche anterior al mismo, cuando se planificó desde Madrid, ha desvelado la existencia de varios contactos entre Antonio Camacho, secretario de Estado de Seguridad, y el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, imputado en la causa. Los informes elaborados en su día por el equipo policial encargado de la investigación omitieron las llamadas entre ambos altos cargos.
El móvil del número 2 de Interior, el 686749XXX, está titularizado a nombre de la Subsecretaría del ministerio, razón por la que el juez Pablo Ruz pidió ayer al ministerio que identifique a su usuario, que no es otro que el número 2 del departamento. Tan pronto como el ministerio que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba facilite esta información el magistrado decidirá si llama a declarar a Antonio Camacho. El juez Ruz reclama a Interior que identifique también al usuario del 629408XXX, que registró un intenso tráfico de llamadas con el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, otro de los imputados. Como en el caso del móvil de Antonio Camacho, también está titularizado a nombre de la Subsecretaría de Interior. Un tercer teléfono que el juez considera de interés, el 915371000, igualmente a nombre de la subsecretaría, corresponde a la centralita del ministerio.
Los policías que fueron encargados de la investigación llegaron a la conclusión de que el inspector José María Ballesteros entró en el bar Faisán, sede de una red de extorsión de ETA, y entregó a Joseba Elosua, su propietario, un teléfono móvil a través del cual Enrique Pamies le alertó de la operación policial en marcha. Pamies, a su vez, seguía instrucciones de Víctor García Hidalgo. Esta hipótesis se sustenta fundamentalmente en el cruce de llamadas entre ellos y ha sido suficiente para imputarlos, aunque está por ver si el juez Ruz las considera una prueba suficiente para su procesamiento.
El móvil del número 2 de Interior, el 686749XXX, está titularizado a nombre de la Subsecretaría del ministerio, razón por la que el juez Pablo Ruz pidió ayer al ministerio que identifique a su usuario, que no es otro que el número 2 del departamento. Tan pronto como el ministerio que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba facilite esta información el magistrado decidirá si llama a declarar a Antonio Camacho. El juez Ruz reclama a Interior que identifique también al usuario del 629408XXX, que registró un intenso tráfico de llamadas con el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, otro de los imputados. Como en el caso del móvil de Antonio Camacho, también está titularizado a nombre de la Subsecretaría de Interior. Un tercer teléfono que el juez considera de interés, el 915371000, igualmente a nombre de la subsecretaría, corresponde a la centralita del ministerio.
Los policías que fueron encargados de la investigación llegaron a la conclusión de que el inspector José María Ballesteros entró en el bar Faisán, sede de una red de extorsión de ETA, y entregó a Joseba Elosua, su propietario, un teléfono móvil a través del cual Enrique Pamies le alertó de la operación policial en marcha. Pamies, a su vez, seguía instrucciones de Víctor García Hidalgo. Esta hipótesis se sustenta fundamentalmente en el cruce de llamadas entre ellos y ha sido suficiente para imputarlos, aunque está por ver si el juez Ruz las considera una prueba suficiente para su procesamiento.
El descubrimiento, ahora, de que mientras se producían las comunicaciones entre los tres imputados, uno de ellos (García Hidalgo) habló en varias ocasiones con Antonio Camacho es un elemento nuevo. Estas llamadas figuran en varios anexos incorporados al sumario a los que ha tenido acceso este diario.
Las llamadas sospechosas
La secuencia de llamadas entre ambos altos cargos es la siguiente: La noche del 3 de mayo, cuando los responsables de la investigación en torno al Faisán informaron a sus superiores de que al día siguiente iban a poner en marcha la operación contra la trama de extorsión de ETA con la detención, entre otros, del dirigente del PNV Gorka Aguirre por mediar en el pago de un chantaje, Víctor García Hidalgo telefoneó a Enrique Pamies a las 22 horas y hablaron durante 28 minutos. Poco después, a las 22,43 horas, ambos altos cargos volvieron a charlar por espacio de siete minutos. La siguiente llamada de García Hidalgo fue a Antonio Camacho, exactamente a las 22,50 horas, con quien conversó dos minutos, y repitió la llamada dos minutos más tarde, con una duración de 21 segundos. Por último, a las 23,20 horas, Enrique Pamies telefoneó a García Hidalgo y hablaron 10,43 minutos. Las comunicaciones entre los tres altos cargos se suspendieron hasta la mañana del 4 de mayo.
El día del chivatazo Víctor García Hidalgo se puso en contacto con Enrique Pamies a las 8,43 horas por espacio de 45 segundos. A las 9,47 horas fue Antonio Camacho quien llamó a García Hidalgo y hablaron durante 3 minutos y 33 segundos. A las 11,06 figura una llamada de 4 segundos de García Hidalgo a Camacho. A esa hora tenía lugar en el Ministerio del Interior la toma de posesión de Joan Mesquida como nuevo director general de la Policía y de la Guardia Civil, y es previsible, dada la brevedad, que saltase el buzón de voz. El ‘chivatazo’ se produjo a las 11 horas y 23 minutos, según establecieron los investigadores.
Las comunicaciones entre Camacho y García Hidalgo no fueron incorporadas en su día a los informes de investigación elaborados por un equipo policial, al que el juez Ruz reclama ahora un informe ampliatorio en el que deben explicar “los motivos por los que fue descartada su inclusión en los anteriores Informes de Análisis como teléfonos de relevancia para la determinación de la autoría de los hechos investigados”. El magistrado dice en el auto dictado ayer que tan pronto como sean identificados los usuarios “y a la vista del informe ampliatorio que al respecto se emita por el equipo investigador (…) se dictará por este instructor el pronunciamiento oportuno respecto de la solicitud interesada de declaración testifical por parte de quienes resultaran identificados como tales usuarios”.
Un alto cargo de Interior consultado por este diario enmarcó las llamadas entre el número 2 del departamento y el director de la Policía en el tráfico diario e intenso entre dos responsables, descartó tajantemente la implicación de Camacho en los hechos, y descartó que el magistrado pueda actuar contra él por el simple hecho de haber conversado con García Hidalgo el día del chivatazo y la noche anterior al mismo sin conocer el contenido de lo hablado.
Teléfonos de seguridad
Camacho y García Hidalgo volvieron a intercambiar llamadas los días 8 y 14 de septiembre, y 17 de octubre. Una de esas comunicaciones, la registrada el 8 de septiembre a las 13,35 horas por espacio de 127 segundos, coincide con el cese de García Hidalgo y se hizo a través del teléfono 638234497, correspondiente a una tarjeta prepago de Movistar activada el 5 de septiembre (en aquella fecha no se requería la identificación del propietario). Ese mismo día se activaron otros dos teléfonos con tarjetas prepago que utilizaron Enrique Pamies (638324529) y una persona aún sin identificar, número 638328836. Esta persona tan solo utilizó este móvil para hablar con Pamies, concretamente en 58 ocasiones y casi 6 horas de conversación, y con García Hidalgo, solo dos llamadas. El tercer imputado, el inspector José María Ballesteros, disponía de otra tarjeta prepago, pero en su caso había sido activada el 31 de agosto anterior.
Los investigadores concluyeron en su momento que se trataba de tres teléfonos de seguridad que los imputados y una cuarta persona no identificada emplearon para proteger sus comunicaciones cuando sus teléfonos “oficiales” ya estaban “pinchados” por orden judicial. Cuando el juzgado detectó esta estrategia y autorizó la intervención de los móviles de seguridad los investigados limitaron las comunicaciones entre ellos, y de sus conversaciones no se obtuvo ningún dato incriminatorio.
Nuevos testigos
Como ampliación de las investigaciones, el juez ha llamado a declarar como testigos al comisario José C., responsable de la Unidad Central de Inteligencia (UCI), que tenía a sus órdenes a los encargados de la investigación sobre el Faisán y que en dos informes remitidos al juez tras conocerse la filtración señaló al inspector Carlos G. como posible autor de la misma. Pese a ello, no había sido citado hasta ahora. Carlos G. es el funcionario que dirigía la operación contra la red de extorsión de ETA y el responsable del equipo que investigó el chivatazo por orden del juez Fernando Grande-Marlaska y acusó a los tres imputados en la causa. También tendrá que declarar el comisario provincial de San Sebastián y el jefe del Grupo VIII de la Brigada de Información de la misma.
Las llamadas sospechosas
La secuencia de llamadas entre ambos altos cargos es la siguiente: La noche del 3 de mayo, cuando los responsables de la investigación en torno al Faisán informaron a sus superiores de que al día siguiente iban a poner en marcha la operación contra la trama de extorsión de ETA con la detención, entre otros, del dirigente del PNV Gorka Aguirre por mediar en el pago de un chantaje, Víctor García Hidalgo telefoneó a Enrique Pamies a las 22 horas y hablaron durante 28 minutos. Poco después, a las 22,43 horas, ambos altos cargos volvieron a charlar por espacio de siete minutos. La siguiente llamada de García Hidalgo fue a Antonio Camacho, exactamente a las 22,50 horas, con quien conversó dos minutos, y repitió la llamada dos minutos más tarde, con una duración de 21 segundos. Por último, a las 23,20 horas, Enrique Pamies telefoneó a García Hidalgo y hablaron 10,43 minutos. Las comunicaciones entre los tres altos cargos se suspendieron hasta la mañana del 4 de mayo.
El día del chivatazo Víctor García Hidalgo se puso en contacto con Enrique Pamies a las 8,43 horas por espacio de 45 segundos. A las 9,47 horas fue Antonio Camacho quien llamó a García Hidalgo y hablaron durante 3 minutos y 33 segundos. A las 11,06 figura una llamada de 4 segundos de García Hidalgo a Camacho. A esa hora tenía lugar en el Ministerio del Interior la toma de posesión de Joan Mesquida como nuevo director general de la Policía y de la Guardia Civil, y es previsible, dada la brevedad, que saltase el buzón de voz. El ‘chivatazo’ se produjo a las 11 horas y 23 minutos, según establecieron los investigadores.
Las comunicaciones entre Camacho y García Hidalgo no fueron incorporadas en su día a los informes de investigación elaborados por un equipo policial, al que el juez Ruz reclama ahora un informe ampliatorio en el que deben explicar “los motivos por los que fue descartada su inclusión en los anteriores Informes de Análisis como teléfonos de relevancia para la determinación de la autoría de los hechos investigados”. El magistrado dice en el auto dictado ayer que tan pronto como sean identificados los usuarios “y a la vista del informe ampliatorio que al respecto se emita por el equipo investigador (…) se dictará por este instructor el pronunciamiento oportuno respecto de la solicitud interesada de declaración testifical por parte de quienes resultaran identificados como tales usuarios”.
Un alto cargo de Interior consultado por este diario enmarcó las llamadas entre el número 2 del departamento y el director de la Policía en el tráfico diario e intenso entre dos responsables, descartó tajantemente la implicación de Camacho en los hechos, y descartó que el magistrado pueda actuar contra él por el simple hecho de haber conversado con García Hidalgo el día del chivatazo y la noche anterior al mismo sin conocer el contenido de lo hablado.
Teléfonos de seguridad
Camacho y García Hidalgo volvieron a intercambiar llamadas los días 8 y 14 de septiembre, y 17 de octubre. Una de esas comunicaciones, la registrada el 8 de septiembre a las 13,35 horas por espacio de 127 segundos, coincide con el cese de García Hidalgo y se hizo a través del teléfono 638234497, correspondiente a una tarjeta prepago de Movistar activada el 5 de septiembre (en aquella fecha no se requería la identificación del propietario). Ese mismo día se activaron otros dos teléfonos con tarjetas prepago que utilizaron Enrique Pamies (638324529) y una persona aún sin identificar, número 638328836. Esta persona tan solo utilizó este móvil para hablar con Pamies, concretamente en 58 ocasiones y casi 6 horas de conversación, y con García Hidalgo, solo dos llamadas. El tercer imputado, el inspector José María Ballesteros, disponía de otra tarjeta prepago, pero en su caso había sido activada el 31 de agosto anterior.
Los investigadores concluyeron en su momento que se trataba de tres teléfonos de seguridad que los imputados y una cuarta persona no identificada emplearon para proteger sus comunicaciones cuando sus teléfonos “oficiales” ya estaban “pinchados” por orden judicial. Cuando el juzgado detectó esta estrategia y autorizó la intervención de los móviles de seguridad los investigados limitaron las comunicaciones entre ellos, y de sus conversaciones no se obtuvo ningún dato incriminatorio.
Nuevos testigos
Como ampliación de las investigaciones, el juez ha llamado a declarar como testigos al comisario José C., responsable de la Unidad Central de Inteligencia (UCI), que tenía a sus órdenes a los encargados de la investigación sobre el Faisán y que en dos informes remitidos al juez tras conocerse la filtración señaló al inspector Carlos G. como posible autor de la misma. Pese a ello, no había sido citado hasta ahora. Carlos G. es el funcionario que dirigía la operación contra la red de extorsión de ETA y el responsable del equipo que investigó el chivatazo por orden del juez Fernando Grande-Marlaska y acusó a los tres imputados en la causa. También tendrá que declarar el comisario provincial de San Sebastián y el jefe del Grupo VIII de la Brigada de Información de la misma.
Fuente: El Confidencial.com
