La Junta ordena dejar de pagar las facturas pendientes hasta nuevo aviso.

El interventor general instó en un documento interno el 11 de enero a no contabilizar ningún nuevo expediente.

 

La Junta de Andalucía está en suspensión de pagos a dos meses de las elecciones autonómicas. Un correo electrónico enviado por la Intervención General el pasado 11 de enero a todos los interventores delegados de las consejerías, al que ha tenido acceso ABC, ordena de manera explícita iniciar «procesos de traspaso masivo de remanentes comprometidos y anualidades futuras» al ejercicio 2012 y añade que «es necesario que hasta el momento en que culminen las operaciones de traspaso masivo, y así se comunique expresamente por esta Intervención General, no se contabilice ninguna nueva propuesta de documento contable con cargo al ejercicio 2012». ¿En qué se traduce esto?

Para entender bien la repercusión de esta medida adoptada a partir de «la instrucción 8/2011 de 13 de diciembre», según indica el citado documento, hay que conocer los entresijos del sistema informático de contabilidad que maneja la Junta de Andalucía, el «Júpiter». Fuentes de la alta gestión administrativa de la Junta han explicado a ABC que desde el 30 de noviembre hasta el 31 de diciembre pasados todas las consejerías han tramitado un enorme número de expedientes de gasto que se encuentran en la fase final del proceso, llamada técnicamente «OP» (Obligación Pago). Todos estos expedientes aparecen en el citado sistema integrado de contabilidad de la Junta a la espera de que las Intervenciones delegadas de cada consejería los valide y se proceda al consiguiente pago, pero la orden de paralizarlo todo impide que se ejecute el abono.

Dicho de otra manera: estos expedientes que están en el punto administrativo previo a su pago, quedan almacenados en las oficinas de las distintas intervenciones —como se muestra en las fotografías que ilustran esta información—, ya que no se pueden contabilizar hasta nuevo aviso de la Intervención General. Las fuentes consultadas ratifican con contundencia que actualmente la situación es de «detención o suspensión de pagos total» sin que haya fecha establecida para su reanudación.

Pero hay más. El sistema «Júpiter» borra automáticamente aquellas facturas insertadas en el apartado «Obligación Pago» si en el plazo de unas semanas la Intervención correspondiente no valida el abono. Cuando esto ocurre, es decir, cuando se produce su baja en el sistema contable, los documentos son devueltos a la oficina que los remitió y comienza de nuevo el proceso. Pero los proveedores ya tienen comunicación por parte de la Junta de que sus expedientes están aprobados y pendientes del ingreso en el banco.

¿Qué puede llevar a la Junta, por tanto, a dar esta polémica consigna?

¿Qué puede llevar a la Junta, por tanto, a dar esta polémica consigna? Cuando dejan de meterse en la contabilidad las facturas y desaparecen del programa informático no se computan como compromisos de pago. Es decir, se oculta un déficit que corresponde al ejercicio 2011 para insertarlo dentro de unos meses —los procesos administrativos tienen su duración—, en el 2012. Y todo esto a dos meses de las elecciones autonómicas y con el presidente, José Antonio Griñán, haciendo bandera del rigor presupuestario que ha tenido la Junta en el último año y de su política de austeridad. Según las mismas fuentes, la ocultación de esas obligaciones de pago es una práctica ilegal, pero la orden de no contabilizar ningún nuevo documento en 2012 se produce porque la Intervención no es capaz todavía de cifrar la cantidad pendiente de pago que se arrastra de 2011.

Con este auténtico galimatías administrativo, Griñán pretende, según explican los técnicos, dar una «apariencia de austeridad y cumplimiento del déficit en 2011 previa a las elecciones y compremeter gravemente el ejercicio 2012». Esto es: que el nuevo gobierno que llegue a la Junta de Andalucía el próximo 25 de marzo acarree con esta deuda que, por cierto, no está contemplada en el presupuesto.

No obstante, en la orden de la Intervención General se especifican varias excepciones, de manera que sí hay permiso para abonar los salarios, los activos financieros, los créditos bancarios, las ejecuciones de sentencias, las subvenciones nominativas, los anticipos de caja, las «prórrogas contractuales necesarias para el normal funcionamiento de los servicios» o las «subvenciones o ayudas para el Programa de Solidaridad de los Andaluces». Pero a los proveedores, cero.

La medida es un evidente instrumento de presión para el nuevo equipo de gobierno —ahora que el PP tiene más opciones que nunca de ganar— y es «insólita» en la Junta de Andalucía, añaden los técnicos consultados, que indican que el malestar entre los funcionarios de la administración andaluza es cada día más acentuado en tanto que se sienten usados en esta artimañana política. Y es que los proveedores cuyas facturas están apiladas en los despachos tienen en muchos casos comunicación de pago por parte de la administración. Y tarde o temprano, cuando comprueben que no hay movimientos en su cuenta, acudirán a la Junta a reclamar lo que les corresponde. Lo que queda por saber es quién será el presidente que tendrá que dar la cara ante ellos.

Un correo electrónico muy explícito

El correo electrónico que salió de la Intervención General de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Hacienda, el pasado miércoles 11 de enero a las 14:38 horas admite pocas interpretaciones. El «asunto» que se expone es muy genérico —«medidas comienzo ejecución del ejercicio 2012»—, pero las consignas que se dan son bastante más concretas. Los receptores son todos los interventores delegados de las distintas consejerías, a quienes se les explica que se «ha iniciado los procesos de traspaso masivo de remanentes comprometidos y anualidades futuras». Y amparándose en el «máximo rigor y orden en las operaciones contables a realizar para el cierre del ejercicio 2011 y el comienzo de los procedimientos de gasto con cargo al nuevo presupuesto», ordena que «hasta el momento en que culminen las operaciones de traspaso masivo y así se comunique expresamente por esta Intervención General, no se contabilice ninguna nueva propuesta de documento contable».

 

Fuente: www.abc.es

 

Lío de tráfico en casa de Juan Ramón

El nuevo plan de circulación del Ayuntamiento colapsa el centro y no facilita aparcamientos a los conductores

Desde que comenzó el nuevo plan de tráfico de Moguer hace ya cuatro días, en las calles de la localidad juanramoniana hay un otro tema de conversación: ¿por qué calle tengo que coger y dónde puedo aparcar?

El nuevo plan de tráfico no ha dejado indiferente a nadie. Coches despistados circulando en dirección prohibida, vehículos aparcados en zonas peatonales, desconcertados vecinos quejándose de la descoordinación y la falta de información proveniente del Ayuntamiento y agentes de Policía intentando solventar unos problemas que no terminan de entender ni ellos, es el panorama que presentan las calles del centro de Moguer.

Los cambios en la circulación de los vehículos no suponen graves problemas a la población. Son muchos los que aseguran que ahora el tráfico es más fluido y la circulación más sencilla.

Sin embargo, cuando se trata de la peatonalización del centro, la cosa cambia. Los vecinos han dejado de respetar las señales de prohibido el paso excepto para carga y descarga, y la Plaza de la Iglesia presenta un aspecto similar al de hace apenas unas semanas, cuando aún no se conocían los cambios que pronto llegarían al municipio.

Pero el verdadero problema no es la peatonalización del centro, un proyecto que si se hace correctamente conseguiría traer grandes beneficios a la localidad.

La peatonalización de los centros históricos tiene distintos objetivos claros: el principal, el circulatorio; también el ambiental, para la disminución de la contaminación y el ruido, y la seguridad que ofrece gracias a la disminución de la accidentalidad. Además, frente a las clásicas reticencias de algunos sectores del comercio, también existe el objetivo mercantil, es decir, la configuración de un espacio propicio al comercio, el paseo y el disfrute de los ciudadanos.

Todo esto sería posible en Moguer si el innovador proyecto de circulación estuviese planeado y previsto correctamente porque antes de comenzar con un proyecto de tal envergadura se deben prever los riesgos y los posibles problemas que puedan surgir pero, sobre todo, se debe hacer previamente un estudio de los aparcamientos necesarios tras la peatonalización y la creación de diversas bolsas de aparcamientos alrededor del centro.

En Moguer se ha invertido el proceso. Primero se ha peatonalizado y cuando han llegado los problemas se estudia habilitar aparcamientos para los vecinos perjudicados.

Desde ahora y hasta que se ultime el nuevo plan circulatorio del municipio, los vecinos del centro podrán recoger en el Ayuntamiento una tarjeta que les acredite como residentes del casco histórico y que les permitirá la circulación y el aparcamiento por la zona que, según la señalización, ya es peatonal.

Las autoridades concederán una credencial por casa o comercio hasta que se habiliten las bolsas de aparcamiento. Cuando eso ocurra, en este caso, en sentido inverso al que debiera haber sucedido, se podrá decir que la peatonalización del centro de Moguer se ha llevado a cabo

http://www.huelvainformacion.es/provincia/detail.php?id=1162900#opi

El fiscal actúa contra tres nuevos fraudes en ayudas a Andalucía

Pide que declaren funcionarios de la Junta para explicar el desvío de las subvenciones

Los tribunales parecen no dar abasto para investigar el descontrol que había en la Consejería de Empleo andaluza a la hora de repartir subvenciones. La Fiscalía de Sevilla ha presentado tres nuevas querellas para que se investiguen otros tantos casos de fraudes en las ayudas otorgadas por la Junta de Andalucía para contratar a trabajadores discapacitados.

Según explicaron fuentes de la Fiscalía de Delitos Económicos, después de que la Guardia Civil haya realizado numerosas pesquisas, a finales del pasado año se presentaron tres querellas, dos en Sevilla y una en Cádiz, por nuevos casos de fraude en las citadas subvenciones, todas ellas en el seno del mismo departamento en el que ocurrió el ya trístemente famosos fraude de los ERE.

Al parecer, las empresas que están siendo investigadas por esos supuestos hechos delictivos son Centro de Trabajo Andalucía Centro, Frioconfit y Puerto Júpiter. Mientras que la investigación de esta última será llevada a cabo por un juzgado de Cádiz y la empresa está en fase concursal, la otras dos han ido a parar a dos juzgados de Instrucción de Sevilla.

De las tres investigaciones, la más voluminosa es la de Centro de Trabajo Andalucía Centro, la entidad que, como adelantó ABC el pasado 22 de diciembre, fue subvencionada por la Consejería de Empleo para contratar a un tetrapléjico para repartir prensa. La citada entidad, que tenía su sede en Archidona, era gestionada por Juan Jesús Cruz y su esposa María de Gracia Ábalos. La empresa recibía las ayudas para la inserción laboral de trabajadores discapacitados, pero luego, antes de que concluyera el período de prueba, los despedía o los trasladaba a otra empresa, Editorial Andaluza de Prensa, que gestionaba la mujer. Ésta solicitaba entonces una nueva ayuda, sin que además se hubieran abonado todos los salarios.

De hecho, según confirmaron fuentes judiciales, la Inspección de Trabajo también advirtió algunos movimientos extraños, como el traspaso de trabajadores de unas sociedades a otras. Además, esta empresa siguió recibiendo subvenciones de la Junta en 2010 cuando algunos trabajadores habían presentado denuncias por impagos de nóminas o incumplimientos de contrato. Por todo ello, el fiscal ha solicitado la declaración de varios altos funcionarios para que den explicaciones sobre el procedimiento y los criterios a la hora de repartir el dinero público.

En cualquier caso, la Junta de Andalucía, que descubrió el fraude cuando revisaba los papeles tras el escándalo de los ERE fraudulentos en la Consejería de Empleo, inició hace algún tiempo los trámites para que las citadas empresas devolvieran el dinero. Concretamente, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del pasado 6 de julio hay constancia de las solicitudes de expediente de reintegro de las citadas subvenciones tanto a Frioconfit como a Centro de Trabajo Andalucía Centro.

 

 

Se multiplica el escándalo

Aunque la Fiscalía de Delitos Económicos ha archivado las investigaciones que emprendió con respecto a otras dos empresas, éste no es el único caso que afecta a la Consejería de Empleo que dirige Manuel Recio, en la que surgió el mayor escándalo, el de los ERE fraudulentos que tiene contra las cuerdas al Ejecutivo que preside José Antonio Griñán.

En otro juzgado de Sevilla hay una investigación por estafa en las ayudas del mismo departamento a discapacitados que se concedieron a la empresa MKF que, según publicó ABC, llegó a contratar a sordos para coger el teléfono. Y a ello también hay que unir otro supuesto fraude en las ayudas subvencionadas por la UE y que se investiga en las Fiscalías de Sevilla y Cádiz, ya que las empresas recibían las ayudas para crear puestos de trabajo y después esos empleos no se mantenían. O el caso que hay en un juzgado de Loja, que provocó hace un mes la detención de nueve personas por defraudar 480.000 euros en subvenciones a discapacitados.

http://www.abc.es/20120118/ciencia/abcp-fiscal-actua-contra-tres-20120118.html#.TxZ9vA4Dzi8.twitter

El escándalo de los ERE engulle a Griñán

Un viceconsejero denunciado, tres empresas para discapacitados investigadas y los dineros de las embajadas, nuevos escándalos de los ERE.

El caso de los ERE, además de perjudicar con claridad el futuro político del PSOE andaluz y de su frágil líder, José Antonio Griñán, sigue su curso judicial. De momento y a lo ya conocido hay que añadir que ha sido denunciado por tres jubilados un viceconsejero de la Consejería de Empleo, Justo Mañas, por haber cortado el pago de sus mensualidades. Además, se ha sabido que algunas "embajadas" andaluzas en el exterior han sido financiadas con el "fondo de reptiles". Por último, tres nuevos fraudes han sido descubiertos en la Consejería de Empleo cuyas subvenciones han ido a parar a empresas que contrataban a discapacitados.

Tres nuevas querellas
A finales del pasado año se presentaron tres nuevas querellas, dos en Sevilla y una en Cádiz, por nuevos casos de fraude en las citadas subvenciones, todas ellas en el seno del mismo departamento que ocurrió el fraude de los ERE, el de la Consejería de Empleo cuyos niveles de irregularidad y corrupción son cuando menos, clamorosos.
Según ABC, las empresas investigadas por esos supuestos hechos delictivos son Centro de Trabajo Andalucía Centro, Frioconfit y Puerto Júpiter. La investigación de Puerto Júpiter será llevada a cabo por un juzgado de Cádiz pero las otras serán tratados en dos juzgados de instrucción de
Centro de Trabajo Andalucía Centro fue subvencionada por la Consejería de Empleo para contratar un tetrapléjico para repartir prensa. La citada entidad, que tenía su sede en Archidona, era gestionada por Juan Jesús Cruz y su esposa, María de Gracia Ábalos.
Esta empresa recibía las ayudas para la inserción laboral de trabajadores discapacitados pero luego, antes de que concluyera el período de pruebas de estos, los despedía o los traspasaba a otra empresa, Editorial Andaluza de Prensa, que gestionaba en este caso la mujer, solicitando una nueva ayuda y sin abonar todos los salarios a los trabajadores. Entre las dos empresas llegaron a recibir tres millones de euros a través de fondos europeos gestionados por la Junta de Andalucía.
En otro juzgado de Sevilla hay otra investigación por estafa en las ayudas del mismo departamento a discapacitados y que se concedieron a la empresa MKF que contrató a sordos para coger el teléfono.
Quedan pendientes el fraude en las ayudas subvencionadas por la Unión Europea que se investiga en las Fiscalías de Sevilla y Cádiz y el caso que hay en un juzgado de Loja y que provocó hace un mes la detención de nueve personas por defraudar 480.000 euros en subvenciones a discapacitados.

"Embajadas" pagadas con el fondo de reptiles
También se ha usado el dinero para el paro de los "fondos de reptiles" para financiar las "embajadas" que la Junta de Andalucía tiene en Madrid y Bruselas. La consejería de Presidencia, cuyo titular era Gaspar Zarrías, desvió dinero al antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) —que luego pasó a llamarse Agencia IDEA— para sufragar los gastos de funcionamiento de las delegaciones institucionales del Gobierno andaluz.
Antonio Sanz, número dos del PP-A calcula que entre los años 2004 y 2006 Presidencia, que entonces estaba bajo el mando del consejero Gaspar Zarrías, destinó 1,35 millones de euros a la Delegación de Bruselas y 650.880 euros a la de Madrid desviándolos a través del IFA.
Además, se ha sabido que siete consejerías usaron la fórmula de pago, según estimó el PP en un escrito remitido al juzgado. El desembolso superó los 4.300 millones de euros entre 2001 y 2010.

Viceconsejero de Empleo denunciado
La agencia EFE ha informado de que la juez de instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, investiga una nueva denuncia por prevaricación contra el viceconsejero de Empleo de la Junta, Justo Mañas, un director general y dos funcionarios, presentada por tres prejubilados de la empresa Mercasevilla por dejar de cobrar sus mensualidades.
La denuncia se dirige contra el viceconsejero Mañas, el director general de Empleo, Daniel Alberto Rivera, y dos sucesivos jefes del servicio de Ordenación y Coordinación Laboral, R.A. y P.F. Los denunciantes son tres de los 74 trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE del 2003 del mercado central sevillano, que imputan un delito de prevaricación porque desde el pasado mayo, a raíz de la investigación sobre los ERE fraudulentos, dejaron de cobrar sus prejubilaciones.
La Consejería de Empleo aseguró ayer que los tres prejubilados de Mercasevilla que han denunciado por prevaricación a cuatro cargos de la Consejería de Empleo no cumplían los requisitos aprobados en el ERE.


http://www.libertaddigital.com/nacional/2012-01-18/el-escandalo-de-los-ere-engulle-a-grinan-1276447242/

Los recortes del Psoe en Andalucía: aumenta la lista de espera en más de 3.000 personas en un año para intervenciones quirúrgicas

La lista de espera quirúrgica aumentó en 2011 respecto al año anterior en 3.118 personas, ya que, según los datos del registro de demanda actualizados a 31 de diciembre, hay en estos momentos 54.904 andaluces a la espera de ser intervenidos, frente a los 51.786 del mismo periodo de 2010. La media para ser intervenido por estos pacientes se situó en 57 días, uno más que el pasado año, de uno de los 700 procedimientos quirúrgicos más comunes, que, por decreto en la comunidad, tienen un tiempo máximo de espera de 180 días. Durante 2011 se realizaron 365.000 operaciones sujetas a ese decreto, el 40% de todas las cirugías realizadas. La provincia donde los tiempos de espera fueron menores fue Córdoba (52 días), frente a Málaga, con los mayores, con 60 días.

La consejera de Salud, María Jesús Montero, hizo públicos ayer estos datos en una intervención propia del tiempo de precampaña electoral en el que se encuentra la comunidad, con continuas referencias a las regiones gobernadas por el PP y negando cualquier recorte por la crisis en la sanidad andaluza. Así, Montero valoró positivamente los datos, por cuanto, dijo, los tiempos de espera se han consolidado y se operaron a 4.000 personas más que el año anterior. El aumento lo justificó en el envejecimiento de la población, la mejora de las técnicas de anestesia, un leve incremento de la población y el comportamiento profesional. «Lo hemos hecho con actividad propia y disminuyendo la de concierto, gracias a la mejora de la productividad y el esfuerzo de los profesionales», aseguró.

«Recortes» en personal

En cambio, para la responsable del área de sanidad y parlamentaria del PP, Ana María Corredera, el aumento de la lista de espera quirúrgica responde con los «recortes» de personal en los hospitales hechos por la Junta, que han evitado que se cubran las bajas y disminuyan los dispositivos de apoyo. Corredera recuerda que en dos años Salud redujo en 46 millones su presupuesto para sustituciones.

Respecto a otros datos que aportó la consejera, hay que señalar que aumentó la lista de espera de los pacientes para las 71 operaciones más frecuentes, que, por ley, deben ser atendidas antes de 120 días. La lista aumentó el pasado año en 883 personas y la media para ser atendido fue de 50 días, uno más que en 2010.

Por contra, Salud redujo el pasado año el número de pacientes en espera para las consultas de especialista y las pruebas diagnósticas, que tienen un plazo máximo de respuesta de 60 y 30 días. En la primera lista se encontraban 203.963 pacientes y el tiempo medio de respuesta se situó en 46 días; en la segunda, la lista asciende a 16.153 pacientes y el tiempo de espera en 22 días. En total, se registraron 11,7 millones de consultas de especialistas y 7,1 millones de pruebas diagnósticas, una cifra superior a la de 2010.

http://www.abcdesevilla.es/20120113/andalucia/sevp-lista-espera-quirurgica-crece-20120113.html

Los sindicatos tienen en plena crisis 9.000 tarjetas de crédito para pagar sus gastos

 Ser liberado de un sindicato conlleva no sólo no acudir al puesto de trabajo y que su trabajo tenga que ser realizado por otro empleado con el consiguiente gasto añadido para la empresa, sino que también tiene unos gastos de "representación". Con el objeto declarado de cubrir los gastos derivados en comidas, traslados, invitaciones o regalos, los sindicatos tienen en su poder 9.000 tarjetas de crédito y débito que utilizan una parte de los más de 60.000 liberados existentes actualmente, miembros de las comisiones ejecutivas, algunos empleados de los sindicatos y personal de confianza, según ha podido saber Diario El Aguijón a través de miembros de las entidades emisoras de tarjetas de crédito.

 

Según estas mismas informaciones, el 40% de esas tarjetas son de crédito ilimitado, lo que permite al usuario poder gastar cuanto quiera, mientras que el resto tienen un tope diario de gasto de 600 euros al día. El mayor número de tarjetas obran en poder de UGT, seguidos de cerca por CC.OO, tras los que se encuentran sindicatos de corte nacionalista como la CIG o ELA-STV o corporativos como la CSI-CSIF, Sindicato de Pilotos, SEMAF etc. Cómo toda norma tiene su excepción, esta se encuentra en el sindicato USO que prácticamente no tiene tarjetas de este tipo.

UN GASTO DESCONTROLADO EN CC.OO.

 

Una empleada de la Unidad Administrativa de Recaudación de CC.OO ha declarado a Diario El Aguijón que "el gasto de estas tarjetas es muy difícil de controlar y mucho más de exigir ningún tipo de explicación. Hay que tener en cuenta que quienes las usan son los cargos de confianza y miembros de ejecutivas y nosotros somos empleados suyos".

Según esta misma empleada, que nos pide encarecidamente que no citemos su nombre por temor a represalias, "hay veces que nos han venido gastos de noches de hotel de secretarios generales de algunos sindicatos provinciales, que iban acompañados de una segunda persona sin identificar, pero a ver quién sube y le pregunta quién era esa persona y para qué era ese gasto". "Nos limitamos a apuntar el gasto como representación y mirar para otro lado", remacha.

La Unidad Administrativa de Recaudación fue creada precisamente durante el mandato de Antonio Gutiérrez para controlar el cobro de cuotas y la administración de las finanzas y supuso en su momento fuertes fricciones entre los sindicatos de rama o federaciones provinciales con la Confederación que les engloba a nivel nacional.

EN LA UGT LOS CONTROLES SON TODAVÍA MENORES

Si esto ocurre en CC.OO, en la Unión General de Trabajadores la opacidad es aún mayor, ya que los sistemas de control son más laxos. Según un dirigente de hostelería de la UGT que ha hablado con Diario El Aguijón, "las tarjetas son necesarias porque no vas a estar todo el día pidiendo dinero ni adelantándolo de tu bolsillo". "Si tienes que invitar a comer a la patronal cuando negocias un convenio o preparando una movilización es lógico que lo pague el sindicato. Si luego hay gente que usa mal esas tarjetas yo lo desconozco, pero en un sindicato tan grande supongo que habrá de todo como en botica", añade la misma fuente.

Los gastos de estas tarjetas se dispararon desde que se convocó la huelga general, aunque después el gasto bajó notablemente, según confirman las fuentes bancarias que han hablado con Alerta Digital. Por lo que parece, las huelgas son ocasiones de oro utilizadas por algunos sindicalistas para hacer gastos extras. Un sindicalista nos reconoce que durante las huelgas se aumentan las comidas fuera de casa, las invitaciones o los gastos no comunes, que pagan con sus tarjetas

GASTO SIN CONTROL MIENTRAS SE DESPIDE Y SE SUBEN IMPUESTOS

Basta con hacer cuentas de lo que pueden gastar diariamente 9.000 tarjetas de crédito para darse cuenta de las cantidades millonarias del despilfarro de nuestros sindicatos que se financian a cargo los impuestos que pagan los ciudadanos, puesto que su financiación se realiza a cargo de los Presupuestos Generales y Autonómicos, además de una red de ingresos de otros organismos como ayuntamientos, diputaciones, o cajas de ahorro. En un momento en el que los ciudadanos soportan subidas de impuestos para acometer los gastos del Estado, y donde en los propios sindicatos se recorta y despide a parte de su personal por la bajada de ingresos, no parece muy lógico que los dirigentes de estas organizaciones creadas teóricamente para la defensa de los trabajadores no se aprieten el cinturón.