Un incendio trunca el comienzo de la romería de Montemayor.

Varios chozos salieron ardiendo aunque no hubo que lamentar daños personales · Los indicios apuntan a que el origen del fuego fue un fallo en el tendido eléctrico.

La primera jornada de la Romería de Montemayor de Moguer se vio truncada ayer por un incendio fortuito acaecido tan solo dos horas antes de que comenzara oficialmente este festejo. Muchos moguereños ya disfrutaban del primer almuerzo en sus chozos cuando unas pequeñas explosiones los alarmó, un sombrajo había comenzado a arder. Los primeros indicios apuntan a que el origen del fuego fue un fallo en el tendido eléctrico. El incendio se propagó rápidamente a los chozos colindantes ya que estos están construidos con troncos y ramas de eucaliptos secas y el sol sofocante del mediodía hizo el resto. En total, cinco sombrajos han salido ardiendo y más de 100 personas se han visto afectadas.

Efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y Bomberos se personaron rápidamente en el lugar de los hechos para sofocar el incendio. Una vez extinto, los trabajadores de Emvisur (Empresa Municipal de Gestión de Suelo y Vivienda) comenzaron las labores de limpieza y restauración del terreno.

En las calles del pueblo imperaba el desconcierto. Los romeros no sabían si emperifollarse con sus vestidos de flamenca y sus trajes de corto o ataviarse con un chandal y ponerse a recoger palos carbonizados. A las 18:30 estaba previsto que comenzara el recorrido hacia la ermita pero la Hermandad de Montemayor creyó conveniente posponerlo para hoy a las 21:00, tal como se hacía hace unos años. El hermano mayor de la entidad, Joaquín Luis Domínguez, muy conmocionado por los hechos, aseguró a Huelva Información que "entre todos ayudaremos a las reuniones afectadas para que puedan disfrutar de la Romería como si no hubiese pasado nada". Y es que en el interior de los chozos ya se resguardaban toda la comida y bebida, así como frigoríficos, sillas, mesas y demás utensilios necesarios para la celebración de esta romería.

Los concejales del Ayuntamiento y el alcalde de la localidad, Gustavo Cuéllar, se encontraban en el lugar de los hechos e informaron a los allí presentes que el Consistorio iba a poner todo de su parte para solucionar ese contratiempo cuanto antes. Así, los trabajadores de Emvisur acondicionaron unas casetas de feria junto con sillas y mesas para que los de los chozos quemados pudieran continuar con la conmemoración de este tradicional festejo. Además, estaban barajando la posibilidad de contratar un servicio de catering para ellos y suplir así toda la comida calcinada.

Hace ahora 20 años, en 1992, otro incendio soslayó la Romería de Montemayor de Moguer. Esta vez fue más ingente ya que arrasó con todo, incluso con la gran masa de eucaliptos que subsistían en la zona, pero no causó grandes perjuicios en lo referido a la celebración ya que tuvo lugar el último día de romería.

Fuente: Huelva Información.

El PP exigirá a la Junta de Andalucía un Plan de Ayuda a los ayuntamientos de Huelva, “a los que Griñán olvida”.

El Partido Popular de Huelva ha anunciado que exigirá a la Junta de Andalucía un Plan de Ayuda a los Ayuntamientos, entre ellos los de la provincia de Huelva, ante la situación de emergencia financiera que atraviesan y tras constatarse en el discurso de investidura de José Antonio Griñán, que los ayuntamientos “no cuentan para el nuevo presidente de la Junta”.Como ha asegurado en rueda de prensa la parlamentaria andaluza del PP y alcaldesa de Valverde del Camino, Loles López, “el PSOE e IU van a utilizar a Andalucía y Huelva como frente constante para la confrontación con las políticas del Gobierno, ésa va a ser la obsesión de la alianza de perdedores que ayer se constituyó en el Parlamento entre PSOE e IU”.

Para la dirigente onubense, “mientras solo se preocupan de confrontar con el Gobierno, Andalucía y Huelva saldrán perdiendo y ya lo hemos visto en un discurso de Griñán en el que se olvidó de los ayuntamientos”.

Como ha destacado López Gabarro, “los ayuntamientos, al fin y al cabo, son las personas y ayer, el presidente de la Junta no tuvo una sola palabra para ellos pese a la situación de emergencia que atraviesan, y muchos de ellos en la provincia de Huelva”.

Por ello, “desde el PP vamos a exigir a la Junta un Plan de Ayuda a los Ayuntamientos porque de las tres administraciones, Gobierno, Junta y Diputación, la única que está tomando medidas de ayuda es el Gobierno de Rajoy”, ha destacado la parlamentaria andaluza del PP.

Como muestra, ha añadido López Gabarro, “tenemos el Plan de Pago a proveedores que ayudará a aliviar la asfixia de las pequeñas y medianas empresas y aportará liquidez a los consistorios para pagar facturas”.

“Esta y otras medidas las defenderemos en el Parlamento los parlamentarios del PP por Huelva, porque los cinco parlamentarios onubenses nos vamos a dejar la piel por Huelva, y no vamos a dejar de luchar porque la voz de la provincia y sus problemas, tengan respuesta en la Cámara andaluza”, ha destacado la popular.

En este sentido, López Gabarro, “vamos a desempeñar una gran responsabilidad en la legislatura más difícil para Andalucía y Huelva, por los complicados momentos que atravesamos”.

Una tarea que requerirá un esfuerzo ante “el pacto que se ha llevado a cabo entre PSOE e IU para gobernar a Andalucía a ser malo para Andalucía y para Huelva porque todos estos pactos entre IU y PSOE han sido malas experiencias y mucho nos tememos que el PSOE, de la mano de IU, va a seguir llevando a esta provincia por el camino del paro, de la ruina y del abandono”.

Porque, para López Gabarro, “el PSOE en el Parlamento siempre ha mirado exclusivamente por sus intereses y no por los de Huelva, sus ciudadanos y los ayuntamientos, de los que Griñán se ha olvidado en esta investidura”.

Por ello, ha concluido, “el grupo de parlamentarios de Huelva seremos la voz de Huelva en Andalucía, por encima de las siglas, y portaremos la voz de la calle”.

Fuente: www.huelvaya.es

El boicot de Rubalcaba.

El PSOE utiliza a Andalucía y País Vasco como arietes contra el plan  de reformas del Ejecutivo. n Griñán y Patxi López llevan al Constitucional los ajustes aprobados por Rajoy.

MADRID-Dos derrotas electorales sin paliativos, sólo 110 diputados en el Congreso, una reducción más que notable de sus recursos financieros… La pérdida casi absoluta del poder local y autonómico y la falta de un grupo parlamentario amalgamado en la Cámara Baja han convertido a Andalucía y el País Vasco en territorios clave para el PSOE. Y no sólo porque estos sean los dos únicos gobiernos regionales que mantiene, sino también porque se ha decidido que desde allí se haga la verdadera oposición al Gobierno de Mariano Rajoy. No será tanto con la palabra, que también, sino sobre todo con una gestión económica que se separe de los ajustes dictados por Madrid. Los socialistas se han conjurado para rebelarse contra los recortes del PP, usar a José Antonio Griñán y Patxi López de arietes contra las reformas y de paso demostrar que se puede combinar austeridad y políticas de crecimiento para salir de la crisis. De momento, el Gobierno vasco ha anunciado que seguirá atendiendo en la sanidad pública a los inmigrantes irregulares en contra de lo decretado por Madrid, pero también que llevará ante el Constitucional la decisión del Consejo de Ministros. Lo mismo hará el Gobierno de Griñán en cuanto se constituya , pero hasta entonces ya ha anunciado que no tiene intención de aplicar la reforma laboral aprobada por el PP en la Administración pública.

La dirección federal del PSOE aplaude, sin duda, los recursos anunciados por Griñán y López, si bien rechazan valorar el impacto que esta decisión puede tener en el acuerdo de gobierno que socialistas y populares tienen en el País Vasco. Elena Valenciano, número dos de los socialistas, dijo ayer que tanto López como Griñán quieren dejar claro que sus gabinetes garantizarán los servicios públicos y que la sanidad debe ser universal, sin hacer  «distinciones». En materia de sanidad y educación no habrá entre PSOE y PP más espacio que para la confrontación y el desacuerdo. Claro que lo aprobado por el Gobierno de Rajoy en sendas materias no obliga a ninguna Comunidad, tan sólo facilita los instrumentos legales para que puedan ser utilizados si así lo desean. Lo que sí es de obligado cumplimiento es el objetivo de déficit público que para este ejercicio se ha fijado en el 1,5 por ciento del PIB para el conjunto de las Autonomías. De lo contrario, se aplicará la Ley de Estabilidad, que en caso de incumplimiento establece sanciones e incluso la intervención de las Autonomías. ¿De dónde piensa recortar Griñán el presupuesto hasta los 2.700 millones que debe ajustar este año? Aún es un misterio, pero tendrá que hacerlo sí o sí. Y España entera está expectante, en especial el Ministerio de Hacienda.

Más allá de la Sanidad y la Educación si hay algún asunto en el que puedan entenderse –y así lo han hecho hasta ahora- socialistas y populares es en lo que compete al sistema financiero, aunque también podría haber entendimiento en la revisión de las competencias que ejercen los poderes públicos de la que habló el presidente del Gobierno el pasado jueves. Y es que Rubalcaba, recordó ayer Valenciano, ya pidió a Rajoy en el debate de investidura impulsar un pacto en este sentido para reducir la administración y ver de qué manera puede ser «más ágil» y «más barata». El PSOE defiende que la reforma de la administración debe formar parte de los «consensos clave» para esta legislatura, si bien lamenta no haber recibido aún ninguna llamada del Gobierno para hablar sobre ella. Precisamente, Valenciano censuró ayer que Rajoy no hable con el principal partido de la oposición de grandes reformas como la de las Administraciones Públicas o la del sistema financiero, que es «la madre del cordero» y uno de los elementos que genera «más dudas» sobre España: «El presidente gasta poco en teléfono, aquí no ha llamado», fueron sus palabras, antes de avisar, eso sí, que en cuanto a la reforma financiera y la intención del Gobierno de regular la creación de las sociedades que sirvan para aislar los activos inmobiliarios tóxicos de la banca  no deben costar un euro de dinero público.


El Gobierno advierte a oposición  y CCAA de que tienen que cumplir
El doble rasero del PSOE en lo que a la reordenación de competencias se refiere no pasó desapercibido para la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Por un lado, los socialistas muestran su disposición a dialogar para evitar duplicidades entre adminis-traciones, pero al mismo tiempo, el Gobierno vasco y su lendakari Patxi López recurrirán ante el Tribunal Constitucional para denunciar al Estado por ejercer determinadas competencias. «Alguna comunidad gobernada por el partido que se ofrece a hablar de duplicidades anuncia recurso de inconstitucionalidad. Apreciamos cierta diferencia en la interpretación de cuál debe ser el reparto   competencial», subrayó la vicepresidenta no sin cierta ironía, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Pese a la decisión de López, Sáenz de Santamaría se mostró agradecida por la posibilidad del consenso, calificando de «positiva» la respuesta de Alfredo Pérez Rubalcaba a la oferta del presidente del Gobierno. Haremos «todos los esfuerzos para llegar a acuerdos con la oposición» y porque es un «objetivo de todos», concluyó la vicepresidenta, informa C.Castro.

Fuente: www.larazon.es

¿Quién será el próximo?

Antonio Fernández, primer ex consejero de la Junta encarcelado por un caso de corrupción

La Junta y el sindicato UGT se desmarcaron de la petición de la Fiscalía Anticorrupción y sólo pidieron una comparecencia semanal en el juzgado, que se le retire el pasaporte y se le imponga una fianza de 68 millones.

La juez Mercedes Alaya había apuntado hace unas semanas que en la "gran trama" de los ERE fraudulentos aún se podía seguir "subiendo peldaños" conforme avanzara la investigación. Esta sospecha de la instructora se ha convertido a primera hora de la mañana de este martes en una realidad con su decisión de enviar a prisión provisional, comunicada y sin fianza al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, que se convierte en el primer alto cargo en los 30 años de historia de la Junta de Andalucía que acaba en la cárcel por un caso de corrupción. Alaya comunicó su decisión de enviar a prisión provisional al ex consejero sobre las 7:00 de este martes, seis horas después de que abandonara la sala de vistas para redactar el auto.

La juez ha dado así un nuevo giro en la instrucción de la causa al encarcelar al que fuera consejero de Empleo entre 2004 y 2008, imputado por seis delitos, entre ellos prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho.

La decisión de la instructora se produjo después de que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares que ejercen el Partido Popular y el sindicato Manos Limpias, pidieran el ingreso en prisión provisional, mientras que la Junta de Andalucía y el sindicato UGT, que también ejercen la acusación, se desmarcaron de la petición de la Fiscalía -con la que hasta ahora siempre había estado de acuerdo en los dos encarcelamientos previos en este caso, los del ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero y su chófer- y sólo pidieron que se fije una comparecencia apud acta semanal del ex consejero, que se le retire el pasaporte y se le imponga una fianza para cubrir las posibles responsabilidades civiles de 68 millones de euros.

La Fiscalía Anticorrupción y las demás acusaciones elevaron a 890.052.666 euros la fianza de responsabilidad civil para hacer frente al posible perjuicio causado por la concesión de las ayudas irregulares. Las defensas del ex consejero y de los demás imputados solicitaron la libertad y de forma alternativa se adhirieron a la postura de la Junta.

La petición del Ministerio Público y de estas acusaciones se produjo durante una comparecencia celebrada durante toda la noche en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para la adopción de medidas cautelares y la petición se justifica porque la Fiscalía Anticorrupción entiende que hay riesgo de fuga y la  posibilidad de que el ex consejero influya en los testigos de este proceso, al tiempo que considera que los delitos son muy graves y las penas que pudieran imponerse muy elevadas, ya que sólo en el caso de la malversación de caudales públicos la pena se eleva a 18 años.



El fiscal Anticorrupción argumentó que el hecho de que Fernández haya respondido a todas las preguntas de las partes no implica una colaboración con la Justicia. "El responder a todas las preguntas no siempre supone una colaboración", afirmó el fiscal, lo que supone un aviso a navegantes para los imputados que aún tienen que comparecer en esta macroinvestigación.

La postura que iba a adoptar la Fiscalía sobre la situación procesal de Antonio Fernández se intuía claramente desde la última pregunta que le realizó en su interrogatorio el pasado domingo y en la que puso de manifiesto las sospechas del Ministerio Público respecto a que el sistema había sido “ideado por la Junta para tener las manos libres a la hora de disponer de fondos públicos sin control previo ni posterior, en beneficio de determinadas personas y en perjuicio del resto de los ciudadanos andaluces”.

La solicitud de ingreso en prisión se produce tras cuatro días de declaración y más de treinta horas de un interrogatorio en las que Antonio Fernández ha intentado contestar al aluvión de imputaciones que le planteó la juez Mercedes Alaya alegando una y otra vez que el sistema por el que se concedían las ayudas “era y sigue siendo legal”.

Esta tesis la mantuvo Fernández cuando realizó un alegato final al término del interrogatorio de la juez, a la que manifestó que siempre ha tenido “el criterio y la conciencia de trabajar bajo el principio de la legalidad y de la legalidad presupuestaria”.

La magistrada le imputó al inicio de su comparecencia, el pasado viernes, un total de seis delitos. En concreto, la juez le atribuye delitos de cohecho y falsedad en documento mercantil, y otros cuatro de carácter continuado: prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la obtención de subvenciones y negociación prohibida a funcionarios.

La imputación de Alaya al ex consejero Antonio Fernández se vertebra en una triple argumentación. En primer lugar, la juez entiende que el ex alto cargo era “conocedor” de la inclusión de intrusos en los expedientes de las ayudas públicas. En segundo, que también conocía los “importantes reparos” que había puesto la Intervención General de la Junta al sistema de transferencias de financiación por el que se concedían las ayudas. Y en tercer lugar, por su inclusión en el ERE de González Byass de 2008, en el que la juez considera que fue incluido a pesar de que entiende que Antonio Fernández ya no era trabajador y por tanto no podía acogerse a la prejubilación. Sobre su renuncia al ERE, la instructora sospecha que se produjo una vez que el ex consejero tuvo conocimiento de este procedimiento judicial.

Fuente: www.huelvainformación.es

De profesión: ¡MENTIROSOS!

La UE confirma que Zapatero dejó dos puntos de déficit oculto.

 

Se acabaron las especulaciones. La oficina estadística comunitaria, Eurostat, ha certificado este lunes sin ninguna reserva que el déficit público de España el año pasado se desvió 2,5 puntos del objetivo pactado por Zapatero con la UE (6%) y ascendió al 8,5% del PIB, tal y como había anunciado el Gobierno.
La Comisión Europea se había quejado de que el anterior Gobierno socialista les dijo en noviembre que el déficit estaría entre el 6% y el 7%, mientras que el Ejecutivo de Mariano Rajoy revisó esta cifra hasta el 8% nada más tomar posesión en diciembre, pero luego volvió a elevarlo hasta el 8,5% semanas más tarde. De hecho, la agencia Reuters publicó que Bruselas creía que España había inflado la cifra de déficit del año pasado para que los resultados de los recortes de 2012 parecieran mejores.
La certificación de Eurostat despeja las dudas de los analistas provocadas por los diversos cambios de cifra en los últimos meses. De hecho, la oficina estadística no expresa ninguna reserva sobre la cifra de España, cosa que sí que hace en los casos de Irlanda y Reino Unido.
El déficit español  es  eñl tercero más alto de la Unión Europea, sólo superado por Irlanda (13,1%) y Grecia (9,1%). Por su parte, el nivel de deuda de España aumentó desde el 61,2% en 2010 hasta el 68,5% el año pasado, aunque todavía está muy por debajo de la media de la eurozona (87,2%).
En el conjunto de la eurozona, el déficit público descendió desde el 6,2% en 2010 hasta el 4,1% el año pasado, mientras que en la UE bajó del 6,5% al 4,5%. Tras Irlanda, Grecia y España, los países con mayor déficit fueron Reino Unido (8,3%), Eslovenia (6,4%), Chipre (6,3%), Lituania (5,5%) Francia y Rumanía (ambos con el 5,2%).
Los menores déficits se registraron en Finlandia (0,5%), Luxemburgo (0,6%) y Alemania (1%). Por su parte, Hungría (+4,3%), Estonia (+1%) y Suecia (+0,3%) tuvieron superávit en 2011. Pese a ello, Bruselas ha propuesto suspender los fondos de cohesión a Budapest por considerar que su superávit se basa en medidas excepcionales y no estructurales y que volverá a registrar un déficit excesivo el año que viene.
En cuanto al nivel de deuda, en la eurozona aumentó del 85,3% a finales de 2010 hasta el 87,2% a finales del año pasado y en la UE del 80% al 82,5%.
Un total de 14 Estados miembros superan el límite del 60% de deuda respecto al PIB previsto en el Pacto de Estabilidad: Grecia (165,3%), Italia (120,1%), Irlanda (108,2%), Portugal (107,8%), Bélgica (98%), Francia (85,8%), Reino Unido (85,7%), Alemania (81,2%), Hungría (80,6%), Austria (72,2%), Malta (72%), Chipre (71,6%), España (68,5%) y Países Bajos (65,2%).
Los países de la UE con menos deuda son Estonia (6%), Bulgaria (16,3%), Luxemburgo (18,2%), Rumania (33,3%), Suecia (38,4%), Lituania (38,5%), República Checa (41,2%), Letonia (42,6%), Eslovaquia (43,3%) y Dinamarca (46,5%).
En 2011, el gasto público en la eurozona ascendió al 49,3% del PIB, mientras que los ingresos del Estado se situaron en el 45,2%.  Las cifras para España fueron del 43,6% y del 31,5% respectivamente.

Fuente: El confidencial.com

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