La Junta recorta los sueldos públicos y sube impuestos para cumplir con el objetivo de déficit.

Reduce un 5% el salario de altos cargos y los complementos y retribuciones variables de los trabajadores públicos, cuya jornada laboral pasa a 37,5 horas. Sube el tramo autonómico del IRPF pero no aumenta el número de alumnos por aula.

El recorte de los 2.500 millones de euros del presupuesto de la Junta de 2012 aprobado por el Gobierno andaluz para cumplir con el objetivo de déficit del 1,5% supondrá una reducción de los sueldos de los funcionarios y altos cargos, y una subida de impuestos para paliar la reducción de ingresos. El drástico ajuste, el mayor de la autonomía, viene recogido en el Plan Económico Financiero de Reequilibrio (2012-2014) aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta, que lo enviará de inmediato al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y representa el 12% del presupuesto andaluz de 2012, que asciende a 32.020 millones de euros.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha justificado en rueda de prensa el plan en la idea de que Andalucía tendrá una aminoración de ingresos de 3.500 millones de los presupuestos estatales. Por ello, se plantea la puesta en marcha de medidas que posibiliten mayores ingresos por 1.000 millones y reducir el gasto en 2.500 millones, ha señalado.

El Gobierno andaluz sitúa los principios del plan en preservar el sistema educativo público, por lo que no aumentará la ratio de alumnos por aula; en no contribuir a la destrucción de empleo y en pedir un esfuerzo "temporal y solidario" al conjunto de empleados públicos, proveedores, sindicatos y organizaciones empresariales.

En el capítulo de gastos, la Junta llevará a cabo una reducción de altos cargos y delegados (seis por provincia) como consecuencia de la reducción de consejerías, así como la suspensión de la equiparación retributiva de los altos cargos andaluces con su homólogos en la Administración del Estado, lo que conllevará una reducción del 5% en las retribuciones del presidente de la Junta, consejeros, viceconsejeros y personal asimilado.

En aplicación de la normativa estatal, se aumentará de manera "flexible" la jornada laboral a 37,5 horas de los empleados públicos, a los que se les reducirán las horas extraordinarias. Martínez Aguayo ha calcula que la reducción salarial de los empleados públicos oscilará entre el 0 al 6,5% según las categorías, aunque el personal laboral funcionario interino y laboral temporal verá reducida su jornada y por tanto el salario en un 15%. Además, se eliminarán los complementos adicionales de las pagas extraordinarias de junio y diciembre y se reducirá en el sector público instrumental aquellos complementos no formen parte del salario básico. También disminuirán un 10% las percepciones vinculadas a las retribuciones de carácter variable.

Respecto a los ingresos, destacan las medidas de ajuste en materia fiscal de forma que se modifica en los últimos tramos la tarifa autonómica del IRPF, que pasará del 23,5% en el caso de rentas entre 60.000 a 120.000 euros, y al 25,5% para rentas de 120.000 euros en adelante. La presión fiscal "aumentará" ha reconocido la consejera, que también prevé multiplicar por 1,10 la tarifa actual del Impuesto de Patrimonio y por 2 el tipo de gravamen autonómico del impuesto de hidrocarburos hasta agotar la banda máxima permitida, exceptuando el gasóleo agrícola. Otras medidas son la subida del tipo de gravamen general en Actos Jurídicos Documentados (del 1,2 al 1,5%) y el aumento de la tasa fiscal sobre el juego en la tarifa para máquinas.

El plan, que será presentado a los sindicatos el sábado, incide en la eficiencia y el ahorro pero manteniendo la calidad de los servicios con lo que recoge una reducción del 10% de gasto operativo en bienes y servicios mediante la reducción del 50% de la flota de vehículos de altos cargos; eliminar la partida de protocolo de altos cargos y directivos de empresas públicas salvo presidente y consejeros; bajar un 50% la partida de información y publicidad y en un 15% en arrendamiento y en indemnizaciones por locomoción, traslado y dietas.

Avanza en el programa de plataforma de compras sanitarias, con un ahorro de 100 millones, y recoge la "reprogramación" de unos 570 millones de euros en inversión pública, de forma que no se realizará ninguna obra pública nueva salvo casos muy excepcionales. Son medidas "equilibradas, justas y equitativas", según la consejera, que ha comentado que si el Estado cumpliera con la Disposición Adicional Tercera del Estatuto y reconociera los 1.504 millones que no se han invertido en Andalucía en 2008 y 2009 el ajuste en gasto habría sido de 1.000 millones.

Recurrirán al Constitucional el copago y el aumento de la jornada de los docentes

La Junta de Andalucía ha confirmado que presentará recurso ante el Tribunal Constitucional tanto contra el aumento de la jornada lectiva de los profesores como el decreto que establece el copago en el ámbito farmacéutico, decisiones del Gobierno del PP que ha rechazado el Ejecutivo autonómico. La Junta, ha informado Martínez Aguayo, no incrementará la ratio de alumnos por aula en los centros educativos andaluces, aunque aplicará por "imposición" el decreto del Gobierno central sobre racionalización del sector público educativo que aumenta la jornada laboral de los docentes.

"Les anuncio que la Junta va a recurrir al Tribunal Constitucional tanto este decreto como el que establece los copagos en el ámbito sanitario porque entendemos que invaden competencias autonómicas y son inconstitucionales", ha señalado. Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía preparan, además, alegaciones a la decisión el Constitucional de admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno central contra la resolución de la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que ejecutó la subasta de fármacos. El Gobierno decidió presentar ante el Alto Tribunal un conflicto positivo de competencia al entender que se invadía la legislación estatal y reducía la oferta de prestaciones. El planteamiento de este conflicto conllevó la suspensión de esta norma andaluza.

Según ha explicado el portavoz del Ejecutivo Autonómico, Miguel Ángel Vázquez, la Junta aún no ha recibido la providencia del Constitucional, con lo que procederá a su estudio jurídico cuando la reciba. "Mantenemos la misma posición que al principio. La subasta de medicamentos es un buen instrumento para el ahorro de gasto y permite no cargar más sobre los usuarios y sí que tengan menos beneficios las empresas farmacéuticas, por lo que seguiremos peleando con este modelo", ha manifestado. La Junta hizo la primera de estas subastas públicas el pasado 19 de marzo y con ella pretendía rebajar el precio que la sanidad pública paga a las farmacéuticas por los medicamentos. Con la primera de las subastas, el Gobierno andaluz trataba de adjudicar mediante subasta pública determinados medicamentos genéricos para que fueran los que se tienen que dispensar cuando el paciente llega con una receta que sólo incluya los principios activos, y de esta forma ahorrar en la factura farmacéutica. 

Fuente: www. huelvainformación.es

Foto: canalsu.blogspot.com

Procesan al ex alcalde del PSOE de Bollullos por prevaricación. Otro más y van....

El ex alcalde de Bollullos Par del Condado, el socialista Carlos Sánchez, y cuatro de sus concejales serán procesados por un presunto delito de prevaricación al adjudicar en 2006 el contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza de contenedores de la localidad a la empresa Cespa, supuestamente "sin tener consignación presupuestaria" para ello. En el auto, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La Palma del Condado notifica el procesamiento de estas cinco personas -el ex alcalde, más los concejales Rosario Rosado, Davinia Palacios, David Benjumea y Dolores Ramos- acordando a su vez dar traslado de las diligencias al Ministerio Fiscal y a la Acusación, para formular escrito de acusación y solicitar, en su caso, la apertura de juicio oral. 

Tanto el ex alcalde como los concejales declararon el pasado mes de marzo por estos hechos, por los que Cespa le reclama una deuda que asciende a 327.485,41 euros correspondientes a las facturas de contratación de los citados servicios, los cuales se contrataron pese "al informe del Interventor en el que indicaba la insuficiencia de crédito disponible para hacer frente al contrato", según reza en el auto judicial. Pese a que el anterior equipo de gobierno a estas últimas elecciones municipales, conformado por una coalición de ex concejales de IU y del PP, alzó un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) después de que este tribunal ordenara al juzgado de la Palma a abrir diligencias penales por el pleito que la empresa contra el Ayuntamiento ante la deuda de más de 327.000 euros, el recurso fue desestimado.

Se trata de la tercera causa en la que se ordena el procesamiento de Carlos Sánchez, tras la del caso del Parque Ramos Mantis y el del recinto ferial de la localidad, estando imputado también por presuntos delitos de prevaricación y estafa en otro asunto por el derribo de una vivienda para la construcción de una plaza, a raíz de la denuncia de una vecina del municipio.  

Fuente: www.huelvainformacion.es

Un incendio trunca el comienzo de la romería de Montemayor.

Varios chozos salieron ardiendo aunque no hubo que lamentar daños personales · Los indicios apuntan a que el origen del fuego fue un fallo en el tendido eléctrico.

La primera jornada de la Romería de Montemayor de Moguer se vio truncada ayer por un incendio fortuito acaecido tan solo dos horas antes de que comenzara oficialmente este festejo. Muchos moguereños ya disfrutaban del primer almuerzo en sus chozos cuando unas pequeñas explosiones los alarmó, un sombrajo había comenzado a arder. Los primeros indicios apuntan a que el origen del fuego fue un fallo en el tendido eléctrico. El incendio se propagó rápidamente a los chozos colindantes ya que estos están construidos con troncos y ramas de eucaliptos secas y el sol sofocante del mediodía hizo el resto. En total, cinco sombrajos han salido ardiendo y más de 100 personas se han visto afectadas.

Efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y Bomberos se personaron rápidamente en el lugar de los hechos para sofocar el incendio. Una vez extinto, los trabajadores de Emvisur (Empresa Municipal de Gestión de Suelo y Vivienda) comenzaron las labores de limpieza y restauración del terreno.

En las calles del pueblo imperaba el desconcierto. Los romeros no sabían si emperifollarse con sus vestidos de flamenca y sus trajes de corto o ataviarse con un chandal y ponerse a recoger palos carbonizados. A las 18:30 estaba previsto que comenzara el recorrido hacia la ermita pero la Hermandad de Montemayor creyó conveniente posponerlo para hoy a las 21:00, tal como se hacía hace unos años. El hermano mayor de la entidad, Joaquín Luis Domínguez, muy conmocionado por los hechos, aseguró a Huelva Información que "entre todos ayudaremos a las reuniones afectadas para que puedan disfrutar de la Romería como si no hubiese pasado nada". Y es que en el interior de los chozos ya se resguardaban toda la comida y bebida, así como frigoríficos, sillas, mesas y demás utensilios necesarios para la celebración de esta romería.

Los concejales del Ayuntamiento y el alcalde de la localidad, Gustavo Cuéllar, se encontraban en el lugar de los hechos e informaron a los allí presentes que el Consistorio iba a poner todo de su parte para solucionar ese contratiempo cuanto antes. Así, los trabajadores de Emvisur acondicionaron unas casetas de feria junto con sillas y mesas para que los de los chozos quemados pudieran continuar con la conmemoración de este tradicional festejo. Además, estaban barajando la posibilidad de contratar un servicio de catering para ellos y suplir así toda la comida calcinada.

Hace ahora 20 años, en 1992, otro incendio soslayó la Romería de Montemayor de Moguer. Esta vez fue más ingente ya que arrasó con todo, incluso con la gran masa de eucaliptos que subsistían en la zona, pero no causó grandes perjuicios en lo referido a la celebración ya que tuvo lugar el último día de romería.

Fuente: Huelva Información.

El PP exigirá a la Junta de Andalucía un Plan de Ayuda a los ayuntamientos de Huelva, “a los que Griñán olvida”.

El Partido Popular de Huelva ha anunciado que exigirá a la Junta de Andalucía un Plan de Ayuda a los Ayuntamientos, entre ellos los de la provincia de Huelva, ante la situación de emergencia financiera que atraviesan y tras constatarse en el discurso de investidura de José Antonio Griñán, que los ayuntamientos “no cuentan para el nuevo presidente de la Junta”.Como ha asegurado en rueda de prensa la parlamentaria andaluza del PP y alcaldesa de Valverde del Camino, Loles López, “el PSOE e IU van a utilizar a Andalucía y Huelva como frente constante para la confrontación con las políticas del Gobierno, ésa va a ser la obsesión de la alianza de perdedores que ayer se constituyó en el Parlamento entre PSOE e IU”.

Para la dirigente onubense, “mientras solo se preocupan de confrontar con el Gobierno, Andalucía y Huelva saldrán perdiendo y ya lo hemos visto en un discurso de Griñán en el que se olvidó de los ayuntamientos”.

Como ha destacado López Gabarro, “los ayuntamientos, al fin y al cabo, son las personas y ayer, el presidente de la Junta no tuvo una sola palabra para ellos pese a la situación de emergencia que atraviesan, y muchos de ellos en la provincia de Huelva”.

Por ello, “desde el PP vamos a exigir a la Junta un Plan de Ayuda a los Ayuntamientos porque de las tres administraciones, Gobierno, Junta y Diputación, la única que está tomando medidas de ayuda es el Gobierno de Rajoy”, ha destacado la parlamentaria andaluza del PP.

Como muestra, ha añadido López Gabarro, “tenemos el Plan de Pago a proveedores que ayudará a aliviar la asfixia de las pequeñas y medianas empresas y aportará liquidez a los consistorios para pagar facturas”.

“Esta y otras medidas las defenderemos en el Parlamento los parlamentarios del PP por Huelva, porque los cinco parlamentarios onubenses nos vamos a dejar la piel por Huelva, y no vamos a dejar de luchar porque la voz de la provincia y sus problemas, tengan respuesta en la Cámara andaluza”, ha destacado la popular.

En este sentido, López Gabarro, “vamos a desempeñar una gran responsabilidad en la legislatura más difícil para Andalucía y Huelva, por los complicados momentos que atravesamos”.

Una tarea que requerirá un esfuerzo ante “el pacto que se ha llevado a cabo entre PSOE e IU para gobernar a Andalucía a ser malo para Andalucía y para Huelva porque todos estos pactos entre IU y PSOE han sido malas experiencias y mucho nos tememos que el PSOE, de la mano de IU, va a seguir llevando a esta provincia por el camino del paro, de la ruina y del abandono”.

Porque, para López Gabarro, “el PSOE en el Parlamento siempre ha mirado exclusivamente por sus intereses y no por los de Huelva, sus ciudadanos y los ayuntamientos, de los que Griñán se ha olvidado en esta investidura”.

Por ello, ha concluido, “el grupo de parlamentarios de Huelva seremos la voz de Huelva en Andalucía, por encima de las siglas, y portaremos la voz de la calle”.

Fuente: www.huelvaya.es

El boicot de Rubalcaba.

El PSOE utiliza a Andalucía y País Vasco como arietes contra el plan  de reformas del Ejecutivo. n Griñán y Patxi López llevan al Constitucional los ajustes aprobados por Rajoy.

MADRID-Dos derrotas electorales sin paliativos, sólo 110 diputados en el Congreso, una reducción más que notable de sus recursos financieros… La pérdida casi absoluta del poder local y autonómico y la falta de un grupo parlamentario amalgamado en la Cámara Baja han convertido a Andalucía y el País Vasco en territorios clave para el PSOE. Y no sólo porque estos sean los dos únicos gobiernos regionales que mantiene, sino también porque se ha decidido que desde allí se haga la verdadera oposición al Gobierno de Mariano Rajoy. No será tanto con la palabra, que también, sino sobre todo con una gestión económica que se separe de los ajustes dictados por Madrid. Los socialistas se han conjurado para rebelarse contra los recortes del PP, usar a José Antonio Griñán y Patxi López de arietes contra las reformas y de paso demostrar que se puede combinar austeridad y políticas de crecimiento para salir de la crisis. De momento, el Gobierno vasco ha anunciado que seguirá atendiendo en la sanidad pública a los inmigrantes irregulares en contra de lo decretado por Madrid, pero también que llevará ante el Constitucional la decisión del Consejo de Ministros. Lo mismo hará el Gobierno de Griñán en cuanto se constituya , pero hasta entonces ya ha anunciado que no tiene intención de aplicar la reforma laboral aprobada por el PP en la Administración pública.

La dirección federal del PSOE aplaude, sin duda, los recursos anunciados por Griñán y López, si bien rechazan valorar el impacto que esta decisión puede tener en el acuerdo de gobierno que socialistas y populares tienen en el País Vasco. Elena Valenciano, número dos de los socialistas, dijo ayer que tanto López como Griñán quieren dejar claro que sus gabinetes garantizarán los servicios públicos y que la sanidad debe ser universal, sin hacer  «distinciones». En materia de sanidad y educación no habrá entre PSOE y PP más espacio que para la confrontación y el desacuerdo. Claro que lo aprobado por el Gobierno de Rajoy en sendas materias no obliga a ninguna Comunidad, tan sólo facilita los instrumentos legales para que puedan ser utilizados si así lo desean. Lo que sí es de obligado cumplimiento es el objetivo de déficit público que para este ejercicio se ha fijado en el 1,5 por ciento del PIB para el conjunto de las Autonomías. De lo contrario, se aplicará la Ley de Estabilidad, que en caso de incumplimiento establece sanciones e incluso la intervención de las Autonomías. ¿De dónde piensa recortar Griñán el presupuesto hasta los 2.700 millones que debe ajustar este año? Aún es un misterio, pero tendrá que hacerlo sí o sí. Y España entera está expectante, en especial el Ministerio de Hacienda.

Más allá de la Sanidad y la Educación si hay algún asunto en el que puedan entenderse –y así lo han hecho hasta ahora- socialistas y populares es en lo que compete al sistema financiero, aunque también podría haber entendimiento en la revisión de las competencias que ejercen los poderes públicos de la que habló el presidente del Gobierno el pasado jueves. Y es que Rubalcaba, recordó ayer Valenciano, ya pidió a Rajoy en el debate de investidura impulsar un pacto en este sentido para reducir la administración y ver de qué manera puede ser «más ágil» y «más barata». El PSOE defiende que la reforma de la administración debe formar parte de los «consensos clave» para esta legislatura, si bien lamenta no haber recibido aún ninguna llamada del Gobierno para hablar sobre ella. Precisamente, Valenciano censuró ayer que Rajoy no hable con el principal partido de la oposición de grandes reformas como la de las Administraciones Públicas o la del sistema financiero, que es «la madre del cordero» y uno de los elementos que genera «más dudas» sobre España: «El presidente gasta poco en teléfono, aquí no ha llamado», fueron sus palabras, antes de avisar, eso sí, que en cuanto a la reforma financiera y la intención del Gobierno de regular la creación de las sociedades que sirvan para aislar los activos inmobiliarios tóxicos de la banca  no deben costar un euro de dinero público.


El Gobierno advierte a oposición  y CCAA de que tienen que cumplir
El doble rasero del PSOE en lo que a la reordenación de competencias se refiere no pasó desapercibido para la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Por un lado, los socialistas muestran su disposición a dialogar para evitar duplicidades entre adminis-traciones, pero al mismo tiempo, el Gobierno vasco y su lendakari Patxi López recurrirán ante el Tribunal Constitucional para denunciar al Estado por ejercer determinadas competencias. «Alguna comunidad gobernada por el partido que se ofrece a hablar de duplicidades anuncia recurso de inconstitucionalidad. Apreciamos cierta diferencia en la interpretación de cuál debe ser el reparto   competencial», subrayó la vicepresidenta no sin cierta ironía, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Pese a la decisión de López, Sáenz de Santamaría se mostró agradecida por la posibilidad del consenso, calificando de «positiva» la respuesta de Alfredo Pérez Rubalcaba a la oferta del presidente del Gobierno. Haremos «todos los esfuerzos para llegar a acuerdos con la oposición» y porque es un «objetivo de todos», concluyó la vicepresidenta, informa C.Castro.

Fuente: www.larazon.es

¿Quién será el próximo?

Antonio Fernández, primer ex consejero de la Junta encarcelado por un caso de corrupción

La Junta y el sindicato UGT se desmarcaron de la petición de la Fiscalía Anticorrupción y sólo pidieron una comparecencia semanal en el juzgado, que se le retire el pasaporte y se le imponga una fianza de 68 millones.

La juez Mercedes Alaya había apuntado hace unas semanas que en la "gran trama" de los ERE fraudulentos aún se podía seguir "subiendo peldaños" conforme avanzara la investigación. Esta sospecha de la instructora se ha convertido a primera hora de la mañana de este martes en una realidad con su decisión de enviar a prisión provisional, comunicada y sin fianza al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, que se convierte en el primer alto cargo en los 30 años de historia de la Junta de Andalucía que acaba en la cárcel por un caso de corrupción. Alaya comunicó su decisión de enviar a prisión provisional al ex consejero sobre las 7:00 de este martes, seis horas después de que abandonara la sala de vistas para redactar el auto.

La juez ha dado así un nuevo giro en la instrucción de la causa al encarcelar al que fuera consejero de Empleo entre 2004 y 2008, imputado por seis delitos, entre ellos prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho.

La decisión de la instructora se produjo después de que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares que ejercen el Partido Popular y el sindicato Manos Limpias, pidieran el ingreso en prisión provisional, mientras que la Junta de Andalucía y el sindicato UGT, que también ejercen la acusación, se desmarcaron de la petición de la Fiscalía -con la que hasta ahora siempre había estado de acuerdo en los dos encarcelamientos previos en este caso, los del ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero y su chófer- y sólo pidieron que se fije una comparecencia apud acta semanal del ex consejero, que se le retire el pasaporte y se le imponga una fianza para cubrir las posibles responsabilidades civiles de 68 millones de euros.

La Fiscalía Anticorrupción y las demás acusaciones elevaron a 890.052.666 euros la fianza de responsabilidad civil para hacer frente al posible perjuicio causado por la concesión de las ayudas irregulares. Las defensas del ex consejero y de los demás imputados solicitaron la libertad y de forma alternativa se adhirieron a la postura de la Junta.

La petición del Ministerio Público y de estas acusaciones se produjo durante una comparecencia celebrada durante toda la noche en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para la adopción de medidas cautelares y la petición se justifica porque la Fiscalía Anticorrupción entiende que hay riesgo de fuga y la  posibilidad de que el ex consejero influya en los testigos de este proceso, al tiempo que considera que los delitos son muy graves y las penas que pudieran imponerse muy elevadas, ya que sólo en el caso de la malversación de caudales públicos la pena se eleva a 18 años.



El fiscal Anticorrupción argumentó que el hecho de que Fernández haya respondido a todas las preguntas de las partes no implica una colaboración con la Justicia. "El responder a todas las preguntas no siempre supone una colaboración", afirmó el fiscal, lo que supone un aviso a navegantes para los imputados que aún tienen que comparecer en esta macroinvestigación.

La postura que iba a adoptar la Fiscalía sobre la situación procesal de Antonio Fernández se intuía claramente desde la última pregunta que le realizó en su interrogatorio el pasado domingo y en la que puso de manifiesto las sospechas del Ministerio Público respecto a que el sistema había sido “ideado por la Junta para tener las manos libres a la hora de disponer de fondos públicos sin control previo ni posterior, en beneficio de determinadas personas y en perjuicio del resto de los ciudadanos andaluces”.

La solicitud de ingreso en prisión se produce tras cuatro días de declaración y más de treinta horas de un interrogatorio en las que Antonio Fernández ha intentado contestar al aluvión de imputaciones que le planteó la juez Mercedes Alaya alegando una y otra vez que el sistema por el que se concedían las ayudas “era y sigue siendo legal”.

Esta tesis la mantuvo Fernández cuando realizó un alegato final al término del interrogatorio de la juez, a la que manifestó que siempre ha tenido “el criterio y la conciencia de trabajar bajo el principio de la legalidad y de la legalidad presupuestaria”.

La magistrada le imputó al inicio de su comparecencia, el pasado viernes, un total de seis delitos. En concreto, la juez le atribuye delitos de cohecho y falsedad en documento mercantil, y otros cuatro de carácter continuado: prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la obtención de subvenciones y negociación prohibida a funcionarios.

La imputación de Alaya al ex consejero Antonio Fernández se vertebra en una triple argumentación. En primer lugar, la juez entiende que el ex alto cargo era “conocedor” de la inclusión de intrusos en los expedientes de las ayudas públicas. En segundo, que también conocía los “importantes reparos” que había puesto la Intervención General de la Junta al sistema de transferencias de financiación por el que se concedían las ayudas. Y en tercer lugar, por su inclusión en el ERE de González Byass de 2008, en el que la juez considera que fue incluido a pesar de que entiende que Antonio Fernández ya no era trabajador y por tanto no podía acogerse a la prejubilación. Sobre su renuncia al ERE, la instructora sospecha que se produjo una vez que el ex consejero tuvo conocimiento de este procedimiento judicial.

Fuente: www.huelvainformación.es