La magistrada cita a declarar a los ex directores de Trabajo Juan
Márquez y Daniel Alberto Rivera los días 3 y 11 de julio, y el día 6 a
la que fuera asesora de Empleo María José Rofa.
La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha imputado en la causa al ex asesor de la Consejería de Empleo y ex diputado autonómico del PSOE Ramón Díaz Alcaraz y ha citado también a declarar el próximo 27 julio al que fuera viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, que ya estaba imputado en la causa.
La instructora también ha acordado citar a declarar a
los dos ex directores de Trabajo y Seguridad Social que sustituyeron a
Francisco Javier Guerrero –actualmente en prisión provisional por esta
causa- y que comparecerán el día 3 en el caso de Juan Márquez Contreras, mientras que el día 11 lo hará Daniel Alberto Rivera,
que fue cesado recientemente por la Junta. El calendario de
comparecencias fijado por la juez se completa con la declaración, el día
6 de julio, de María José Rofa, la que fuera asesora de la Consejería de Empleo
y que aportó abundante documentación a los investigadores de la Unidad
Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cuando prestó declaración.
En el auto, la juez ha realizado un total de cinco nuevas imputaciones,
entre las que se incluyen la de Antonio Diz-Lois Ruiz, el que fuera
jefe de servicio de la dirección general de Trabajo y Seguridad Social
de la Junta y que en mayo de 2008 pasó a ser director del departamento
de Administración y Finanzas de la agencia IDEA; la de María José Rofa;
la de la responsable de la secretaría de la dirección general de Trabajo
y Seguridad Social Ángeles Gala Martín; y la tramitadora de los
expedientes de las ayudas, Rocío Sayago Gómez.
La magistrada también ha decidido requerir a la Junta para
que "identifique al autor" del informe del gabinete del consejero de
Empleo, en el que se hablaba –a raíz de un informe de un despacho de
abogados- sobre el carácter “discrecional” de las subvenciones y a obligación de publicarlas,
y reclama igualmente los informes que pudiera haber elaborado el
gabinete jurídico de la Junta en relación con las cuestiones que
pudieran haber planteado las Consejerías de Empleo y de Innovación,
Ciencia y Empresa en su relación con el IFA entre los años 1999 y 2000,
teniendo en cuenta el antecedente de los reparos que planteó la
Intervención General a las ayudas de Cárnicas Molina.
La imputación del ex diputado socialista Ramón Díaz Alcaraz se produce, según detalla el auto, por su "activa participación"
en la inclusión de al menos cinco intrusos en los ERE de las empresas
Calderinox, Saldauto y A-Novo (Málaga), entre los que descatan el ex
delegado de Trabajo en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés, incluido en la
primera empresa en la que nunca trabajó, o el caso de Manuel Jiménez de
Miguel, que fue incluido en A-Novo porque Ramón Díaz “podría haber
tenido interés” dado que esta persona pertenecía a la agrupación
socialista de Nervión, en Sevilla.
La juez también le imputa su "presunta implicación" en la ayuda sociolaboral concedida
a la SAT Virgen del Espino para ocho trabajadores y por importe de
450.000 euros, cuando dicha empresa “sólo tenía dos trabajadores y
parece ser que en realidad era para pago de parte de subvenciones
anteriores” que estaban pendientes de abonar. , por
En el auto
notificado en la mañana de este miércoles a las partes personadas, la
juez señala que tras el último atestado remitido por la Guardia Civil,
en el que se hacía un "exhaustivo estudio" de la investigación y de la
forma de actuar de la Dirección General de Trabajo, “comienzan a
consolidarse las bases de la presente causa” y añade que la parte
"verdaderamente novedosa" del atestado es la que se refiere a la "segunda época"
que se abre en la Consejería de Empleo con el cese en 2008 de Francisco
Javier Guerrero Benítez como director general de Trabajo, cargo en el
que le sucedieron los también imputados Juan Márquez y Daniel Alberto
Rivera.
A la vista de ese informe policial, la magistrada ha
decidido ampliar las imputaciones precisamente contra estos dos ex
directores generales de Trabajo y Seguridad Social y contra el ex
delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.
En cuanto a la imputación de Juan Márquez, la juez Alaya le imputa que continuara haciendo uso del convenio marco por el que se concedían las ayudas mediante el sistema de transferencias de financiación, a pesar de que tuvo "importantes dudas sobre la legalidad del procedimiento"
y de haber tomado con posterioridad conciencia de las consecuencias de
su aplicación: la ausencia de fiscalización previa y de justificación
del uso de las ayudas. Y todo ello, precisa la juez, a pesar de los
informes que ordenó hacer respecto a las ayudas concedidas a las
empresas del chófer de Guerrero y las concedidas a los empresarios de la
Sierra Norte José Enrique Rosendo y José María Sayago. La magistrada
considera que Márquez dio "continuidad al instrumento que había permitido la adjudicación irregular de las ayudas que él fue constatando, pese a conocer también la existencia de intrusos
en determinadas pólizas", como el caso de Rafael Rosendo, ex alcalde de
El Pedroso (Sevilla) y padre del empresario mencionado. La juez achaca a
Márquez haber mantenido una “conducta omisiva”, al no ordenar el
reintegro de las cantidades que hubiesen sido ilícitamente percibidas, y
también una “activa participación” en la inclusión de nuevos intrusos
en Calderinox, entre ellos el ex director de Trabajo Juan Rodríguez
Cordobés. Por último, Alaya cree que Márquez era “pleno conocedor” de que se estaba incumpliendo la normativa comunitaria en materia de ayudas sociolaborales y directas.
En el caso de Daniel Alberto Rivera,
la extensión de la imputación procede de haber utilizado el mismo
sistema para la concesión de las ayudas que sus predecesores, a través
de las transferencias de financiación, si bien mediante un “nuevo diseño jurídico”:
la orden del consejero de Empleo, Manuel Recio, de 27 de abril de 2010,
por la que se formalizaba el “acuerdo de encomienda con la agencia
IDEA” para el pago de las ayudas. Dice la juez que con este acuerdo
persistía la “misma ausencia en el trámite de concesión”, así como en la
fiscalización previa del gasto y en el control de las ayudas, además de
omitir el resto de los requisitos del “exigente sistema de
subvenciones”, y añade que la orden del consejero “no había pasado el
filtro de la autorización del Consejo de Gobierno” que requiere el
artículo 105.3 de la ley 9/2007 de 22 de octubre.
La instructora considera también relevante el acuerdo que Daniel Rivera realizó con el Consorcio de Compensación de Seguros
el 16 de noviembre de 2010, tras la quiebra de la aseguradora Fortia,
por el que se acordó el pago de varias pólizas a pesar de que conocía
"indiciariamente la existencia de intrusos" entre ellos el ex alcalde de
El Pedroso Rafael Rosendo y el ex jugador de fútbol José Antonio Gómez
Romón, Pizo Gómez, con lo que Rivera “comprometió el uso de
fondos públicos para el pago de las ayudas ilegítimas”. También le
imputa haber dado continuidad a las actuaciones presuntamente
irregulares de Guerrero, como ocurrió en las ayudas a Surcolor.
En el caso del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, la juez ha decidido ampliar la imputación por su “activa participación” en
la inclusión de los intrusos de Intersur, al haber remitido un fax a
Vitalia adjuntando una copia de la cartilla bancaria del intruso Ricardo
Medina Barrios, vecino de Camas (Sevilla), localidad donde fue alcalde
Rivas durante años. Junto a este intruso fueron incluidos en la misma
póliza José Antonio García Prieto, concejal del PSOE en el Ayuntamiento
de la localidad, y José Acevedo López, éste último concuñado del propio
Rivas.
La imputación de María José Rofa deriva,
según el auto, de que a pesar de sus "intentos" ante Juan Márquez para
que se produjera un cambio en el procedimiento a seguir ante las dudas
sobre la legalidad del mismo, llegando a plantearse la "anulabilidad" de
los actos administrativos de Guerrero, "lo cierto es que ella, mano
derecha de Juan Márquez, termina trabajando con las mismas herramientas
aunque fuera por indicación de sus superiores, pero teniendo ella
conocimiento de la presunta ilegalidad que todo ello suponía". La juez
le atribuye además que conocía la existencia de intrusos, como el caso
de Juan Rodríguez Cordobés.
Al que fuera jefe de servicio de la dirección general de Trabajo Antonio Diz-Lois Ruiz la juez le imputa que era la persona que se encargaba de "realizar el seguimiento de los pagos"
de la ayudas en la época de Francisco Guerrero, y por consiguiente,
“debía conocer y participar, dado su cargo, en el sistema de pagos
cruzados, o lo que es lo mismo pagos sin convenio, en la concentración
de ayudas a las mismas empresas, en el incumplimiento de la normativa en
materia de subvenciones y en el incumplimiento de los filtros
establecidos en el reglamento del IFA o el estatuto de IDEA”. La
instructora le atribuye además, tras su nombramiento como director del
departamento de Administración y Finanzas de IDEA en mayo de 2008, ser
presuntamente uno de los “promotores del mantenimiento del procedimiento
específico a través del mencionado convenio, aunque su vigencia estaba
concluida, considerándolo prorrogado tácitamente, y ello pese a ser
consciente en tal momento de las dudas que existía sobre la legalidad
del procedimiento en sus diferentes facetas”.
En cuanto a María Ángeles Gala Martín, que fue responsable de la secretaría de la dirección general de Trabajo en la época de Guerrero y preparaba las resoluciones y órdenes de pago de las ayudas,
la magistrada cree que "tuvo presuntamente que conocer por razón de su
trabajo la total ausencia de procedimiento de numerosos expedientes, el
sistema de pagos cruzados, la acumulación de ayudas a las mismas
empresas y la concesión supuestamente arbitraria de ayudas
sociolaborales, ya mediante intrusos, ya mediante la concesión de ayudas
individuales". La misma imputación se realiza con respecto a Rocío
Sayago Gómez, que fue tramitadora de los expedientes de ayuda junto a la
anterior, y además la empresa Coflosur, de su marido y de su cuñado,
recibió 60.000 euros como ayuda directa por parte de Guerrero,
"presuntamente por la influencia" de esta imputada, precisa el auto.
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