viernes, 18 de enero de 2013

El Supremo acaba con el sueño independentista de Mazagón


El incumplimiento de la distancia mínima entre los núcleos es el principal argumento del rechazo El Tribunal desestima el recurso de Avema y avala la decisión del TSJA.

La demarcación municipal impuesta en Andalucía y que establece que debe cumplirse una distancia mínima de 7.500 metros entre los núcleos principales, en este caso, Palos de la Frontera y Moguer, es el principal argumento esgrimido por el Tribunal Supremo (TS) para desestimar el recurso de casación interpuesto por la Asociación de Vecinos de Mazagón (Avema) contra la sentencia de 20 de julio de 2009 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), por lo que rechaza la aspiración de la organización para conseguir la segregación del enclave costero. Con esta sentencia se da carpetazo a la pretensión segregacionista de los vecinos de Mazagón que iniciaron en diciembre de 2004, cuando presentaron ante la Junta de Andalucía la solicitud.

De los cuatro motivos de casación formulados por Avema el Alto Tribunal inadmitió por auto de 13 de mayo de 2010 los dos primeros y ha desestimado en esta sentencia los otros dos.

En sus fundamentos de derecho la sentencia del Supremo, avala la del TSJA en cuanto a que no se cumple el requisito impuesto por la ley 7/1993 de demarcación municipal de Andalucía de distancia mínima entre los núcleos principales como se desprende de una prueba practicada. Así el informe técnico suscrito por el ingeniero de Caminos y Canales y Puertos José Antonio determina que con respecto a Moguer podría entenderse cumplido el requisito (aunque también existen pequeños núcleos a distancia inferior) pero no ocurre lo mismo con respecto a Palos de la Frontera. Así, el polígono industrial Nuevos Puerto se erige en un "obstáculo insalvable pues tratándose de suelo industrial urbano por tanto se halla a menos de 4.000 del núcleo principal de Mazagón".

Lo mismo cabe decir, indica la sentencia, sobre el incumplimiento de distancias mínimas respecto a la zona de servicio de Puerto de Huelva distante menos de un kilómetro de Mazagón.

La sentencia señala que "cualquiera que sea el criterio que se escoja para la medición, lo cierto es que la distancia entre los núcleos principales de una y otra población no están separados por más de 7.500 metros". Se trata, añade, por las pruebas aportadas de "un hecho objetivo, cierto y que no ha sido desvirtuado, pese a lo manifestado" en el recurso de Avema. "La pruebas aportadas, practicadas por la Administración en el expediente merecen una especial consideración, a los efectos de sus valoración, en este particular, por referirse a hechos fácilmente constatables, poco sujetos a particulares o interesadas valoraciones subjetivas; estos es la distancia o existe o no existe. Y no se ha probado que se haya producido error en la medición efectuadas por los técnicos de la Administración", agrega el escrito.

Además, respecto al argumento de Avema sobre la violación del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, el Supremo dice que "es inviable por varias razones, entre ellas porque se fundamenta en una mera hipótesis". En cuanto al cuarto motivo que se basa en la violación del derecho fundamental a la igualdad de todos los españoles (artículo 14 de la Constitución), el TS señala que "tampoco es apreciable dicha infracción por la mera falta de coincidencia de las normas autonómicas sobre segregación de municipios".

El TS reconoce que las condiciones de prestación de servicio a los vecinos "está por debajo de lo exigible", aunque explica que las desigualdades entre los habitantes de Mazagón y los de Moguer y Palos no es consecuencia necesaria de la falta de segregación y puede ser corregida. "Las fórmulas exploradas hasta el momento no han dado resultado. Quizás sería conveniente iniciar otras, cual la modificaciones de los términos de Moguer y Palos con el fin de distribuir mejor la carga objetiva que supone la prestación de servicios al núcleo de Mazagón. Lo que resulta indudable, a la vista de los exigentes requisitos establecidos por la legislación autonómica y estatal, es que los mismos no concurren y por ello el recurso no puede prosperar", puntualiza la sentencia.

La asociación presentó un recurso contra la sentencia del TSJA convencida de que el núcleo costero cumple el 85% de los requisitos que marca la ley. Avema alegó un informe preceptivo para la segregación de la Secretaría General del Territorio de la Consejería de Obras Públicas que establece que una franja de suelo no urbanizable con Palos es de 7,7 kilómetros y de 14 con Moguer.

La asociación entiende que los informes realizados por los ayuntamiento sobre las mediciones se han realizado desde el punto más favorable a Palos y Moguer, esto es desde la parte más occidental de Mazagón cuando "la normativa establece que se debe llevar a cabo entre los dos núcleos principales, estos es desde el centro urbano de ambos".

Por parte de Avema se presentaron dos mediciones, una desde la urbanización Pino del Odiel al polígono San Jorge de Palos entre las cuales hay una distancia de 7,7 kilómetros y otra desde los dos puntos céntricos que fija la distancia de 9,9 kilómetros, por lo que ambas superan el requisito. 

Huelva Información

domingo, 13 de enero de 2013

Hacienda transfirió a la Junta otros 500 millones antes del final de 2012 .

El Gobierno central intenta que las autonomías con más problemas cierren el ejercicio con el déficit del 1,5% Ninguna de las dos administraciones han hecho público el acuerdo del FLA.


El Ministerio de Hacienda ha aumentado, al final, el dinero que la Junta de Andalucía recibió en el año 2012 con cargo al llamado Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), una suerte de rescate en forma de préstamos con el que las autonomías están logrando resolver el gran problema de sus pagos de facturas a los proveedores y, además, acudir al vencimiento de las deudas con los bancos. Hasta ahora, la Junta había recibido 2.133 millones de euros de los 4.096 millones solicitados, lo que provocó no pocas quejas por parte del Gobierno andaluz hacia el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro, toda vez que otras comunidades, como Cataluña, habían obtenido casi el 100% de lo reclamado. De hecho, Hacienda cerró la entrega del FLA en diciembre sin gastar todo lo previsto, lo que aumentó el tono de las protestas.

Sin embargo, según ha sabido este medio, al final hubo pedrea. El Ministerio de Hacienda realizó una emisión extraordinaria de 3.000 millones de euros para aumentar el FLA, de los cuales unos 500 millones de euros le han correspondido a Andalucía, e irán destinados básicamente a seguir ganando liquidez y, en especial, a intentar cerrar 2012 con el objetivo de déficit del 1,5%. Esto se consiguió gracias a un acuerdo entre la Junta y el Ministerio de Hacienda que no ha trascendido por voluntad de ambas administraciones. Varias fuentes del Gobierno andaluz sí confirmaron que hubo un aumento del fondo, pero no quisieron precisar la cuantía de lo recibido, mientras que en Hacienda se abstuvieron de dar cualquier información. Este medio, sin embargo, ha sabido que oscila entre los 500 y los 600 millones de euros, con lo que la Junta habría recibido a lo largo de 2012 un total de 2.633 millones de euros, muy lejos aún de los 4.906 millones solicitados si bien esta cifra iba un tanto inflada. No obstante, las diferencias con Cataluña son evidentes, puesto que esta comunidad, una de las que se encuentra en peor situación financiera, ha recibido casi el 100% de sus peticiones. El porcentaje fue del 98,8%, pero eso fue antes de la pedrea final del FLA.

Y es que este reparto final no sólo ha ido a Andalucía, sino a aquellas comunidades acogidas al FLA y con problemas para cerrar el año con un déficit del 1,5%. El acuerdo final entre el Ministerio de Hacienda y las comunidades entraña cierto misterio por cuanto ninguno de los actores lo ha revelado. Sólo en el caso de la Comunidad Valenciana, su Ejecutivo informó que habían llegado otros 400 millones de euros más, aunque el objetivo final de su presidente eran 900 millones.

Con esta cantidad recibida, la Junta comenzó a resolver los graves problemas de liquidez que había acumulado en el último semestre del año 2012: pagó los vencimientos de deudas y, en especial, a los proveedores con mayores problemas, caso de los de la sanidad y la educación. Sin embargo, la Consejería de Hacienda, que dirige Carmen Martínez Aguayo, nunca ha negado que el problema de liquidez seguirá existiendo, bien hasta que el Gobierno central no envíe más dinero o hasta que los mercados financieros se abran a las comunidades autónomas. El FLA ha sido un by pass financiero que la Administración central le ha colocado a las autonomías: el Estado consigue financiación y cobra un interés a las comunidades, que tienen menos credibilidad entre los prestadores de deuda pública.

El objetivo del Gobierno central es que las comunidades autónomas no se desvíen del 1,5% del déficit en sus cuentas de 2012, aunque Hacienda advirtió hace unas semanas que ocho de ellas, entre las que está Andalucía, estaban teniendo problemas para satisfacer sus planes de ajuste, al menos hasta el tercer trimestre. La cifra final no se sabrá hasta el mes de febrero. El problema del ajuste andaluz es que los ingresos extraordinarios previstos sólo llegaban al 48% del total, y los recortes, al 33%. No obstante, falta el cuarto trimestre, que suele ser bastante corrector en cuanto a estas cifras. Tanto el presidente andaluz, José Antonio Griñán, como su consejera Martínez Aguayo han declarado que el déficit andaluz estará en la media del resto de las comunidades autónomas, aunque ello no conlleva su cumplimiento, aunque sí podría desviarse en sólo unas décimas.

El mayor problema, sin embargo, se situará en el año 2013, porque las comunidades deberán hacer un esfuerzo mayor que la administración central para acercarse al 0,7% exigido. Es un recorte similar sobre lo que se ha debido cumplir en 2012. La administración central, sin embargo, no tendrá que realizar un trabajo tan costoso, lo que ha motivado que Andalucía y Cataluña soliciten una elevación del techo de déficit para 2013.

Huelva Información

jueves, 10 de enero de 2013

El PP lamenta que "los recortes de Griñan dejen a centenares de niños sin comedor escolar en Huelva".

El PP de Huelva ha exigido a la Junta de Andalucía una solución "inmediata" a la situación que padecen alrededor de un millar de alumnos onubenses que se han quedado sin el servicio de comedor escolar en, al menos, seis centros educativos de la provincia por culpa del conflicto abierto entre la Junta y la empresa que presta el servicio.


Como ha destacado la parlamentaria andaluza Loles López, "los recortes de Griñán los están pagando centenares de escolares de la provincia de Huelva, que no tienen culpa alguna de la ruina de la Junta ni de sus impagos".

Desde el PP se ha destacado que las diferencias entre la Junta y la empresa "las están pagando los padres y los niños", al tiempo que ha añadido que "se está utilizando a los padres y a los niños como rehenes de una situación de la que no son responsables".

En este sentido, Loles López ha asegurado que la Junta "lleva bastante tiempo ya realizando impagos a todas las empresas de los servicios educativos, con los consiguientes perjuicios a los padres y escolares".

Por ello, ha considerado que el bipartito andaluz "no puede escurrir más el bulto" y ha reclamado "las explicaciones oportunas" asi como que se "restablezca la normalidad en la Educación", entendiendo que es " lo mínimo que tiene que hacer la Administración competente en materia educativa". Por último, a vuelto a exigir una solución "inmediata" y que Huelva "no siga pagando los recortes de Griñan".

lunes, 7 de enero de 2013

La Junta deja a alrededor de 1.200 onubenses sin talleres de empleo.

Los impagos impidieron la puesta en marcha de los programas en 2012 y ahora, la convocatoria de 2013 El 80% de la financiación procede de la UE y el 20% del Gobierno andaluz.


Ni los programas de 2012 se pusieron en marcha durante el año ni se ha completado la convocatoria para 2013. Y menos aún se sabe de la que debe comenzar este mes cara a 2014. La paralización es total en los talleres de empleo y las escuelas taller de Andalucía, que sólo en la provincia de Huelva afectan a una veintena de proyectos y a más de 1.200 personas entre ambas convocatorias. Un varapalo para las políticas activas de empleo en el territorio más castigado por el desempleo en el país.

Hace un año que el parón ha dejado sin formación ni prestaciones a una buena parte del colectivo. La Junta de Andalucía alega el recorte producido por el Ejecutivo de Rajoy. Pero los trabajadores de las Escuelas Taller y Casas de Oficio Talleres de Empleo (ETCOTE) recuerdan que los programas de 2011 y 2012 afectados fueron convocados antes del anuncio de recortes del Gobierno y denuncian que el motivo real es la falta de llegada del dinero desde la Administración andaluza.  


La financiación de los ETCOTE corresponden en un 80% a la Unión Europea, a través de fondos estructurales que son canalizados por el Estado. El 20% restante es cosa de la Junta de Andalucía. Sin embargo, la plataforma de trabajadores asegura que el dinero europeo ya ha sido transferido a la comunidad, "está fiscalizado en tesorería pero, según nos han dicho, no está disponible para el pago", apunta José María García Gutiérrez, portavoz de la plataforma en Huelva.

A primeros de 2011 se convocaron los programas a ejecutar a lo largo de 2012. Ninguno de ellos se puso en práctica despues de que en el mes de mayo, según denuncia la plataforma de trabajadores, se diera orden desde Empleo para paralizar los proyectos "hasta nueva orden" en las ocho provincias andaluzas. "Ya se anunció en su día que se iban a poner en marcha y poco después, en mayo, se paralizó la selección de monitores", apunta José María García.

Hace un año, en enero de 2012, debía salir, además, la convocatoria para los ETCOTE a ejecutar en este 2013, pero se quedaron en el camino, sin resolverse en el mes de junio, a pesar de que estaban recogidos en los presupuestos. Aún a estas fechas no hay programas definidos y se teme que definitivamente caigan en el olvido. Un año en blanco que nadie desea.

Distinto es el caso de la convocatoria que debería ponerse en marcha este mes para su ejecución en 2014. Los trabajadores asumen ya que ésta sí estará afectada de lleno por "el recorte brutal" del Gobierno central y que se reducirá "a su mínima expresión". No obstante, tampoco se sabe si al menos se publicará en las próximas semanas.

La situación se agrava aún más por el impago de la Junta que han sufrido los promotores de los programas (ayuntamientos y mancomunidades, en su mayor parte) de un 25% correspondiente a la convocatoria de 2010 para los talleres de 2011. Sin embargo, hasta finales de diciembre estaba previsto que se liquidara este pago pendiente para tratar de regularizar la situación y empezar a ejecutar la siguiente convocatoria.

La Delegación de Empleo declinó dar su versión a este diario. Pero los miembros de la plataforma en Huelva se reunieron hace un mes con el delegado provincial, Eduardo Muñoz, para demandarle una solución. "Lo que sacamos en claro es que ni el delegado sabe qué pasara", explica el portavoz de la plataforma onubense. "No dio explicaciones, sólo que no hay dinero, pero no entedemos esto cuando las convocatorias referidas, sobre todo la de 2011, no estaban afectadas aún por el recorte en las políticas activas del Gobierno".

Sólo en la Cuenca Minera, comenta García, con la puesta en marcha de "cinco o seis proyectos" por año, se podrían crear 175 puestos "entre alumnos trabajadores y monitores". Precisamente Eduardo Muñoz les indicó que las nuevas convocatorias deberían ir orientadas hacia la reapertura de minas pendientes. "Pero las dos últimas convocatorias salieron con los perfiles demandados entonces. No sabemos si quieren modificarlas ahora". Una incógnita más. 

Huelva Información