Zapatero se cargará, también, las pensiones.

Este es el verdadero culpable de la guerra del agua.

Es discreto, insensible, un poco nómada, sufrido, paciente, servicial, es el contenedor “EASY”. Y él, sin saberlo, sin querer protagonismo, se ha convertido por mor de GIAHSA, en el principal protagonista de la reciente “guerra del agua” en la provincia de Huelva. Pero, ¿por qué le culpamos? Como todo el mundo conoce, la recogida de basuras se llevaba a cabo normalmente con un camión y tres operarios consistentes en un conductor y dos operarios que manipulaban y descargaban los contenedores repletos de residuos. Tras la implantación de la recogida de residuos robotizada con contenedores “Easy” nos encontramos con la triste realidad de que el conductor del camión puede realizar la labor que llevaban a cabo dos compañeros por lo que a GIAHSA le sobra personal. Y ese exceso de plantilla se lo quiere “cargar” a los diferentes ayuntamientos de la provincia ( Bollullos, Lepe, Moguer) que han entendido que contratando los servicios de una empresa privada para la gestión integral del agua, defienden mucho mejor los intereses de sus respectivos pueblos.

Y esta es la cara oculta de la tecnología. Eliminación de personal humano para reducir costes. Lo llamativo es que en GIASHA pretenden reducir la plantilla de currantes porque están obligados a incrementar la de “enchufados” que son los que verdaderamente les preocupa. Y es que si no lo hacen, no le salen las cuentas en el nuevo chiringuito, la mancomunidad MÁS.

Por lo tanto, donde deben acudir los trabajadores con inestabilidad laboral es a Aljaraque, donde están situadas las oficinas de GIAHSA, su empresa, a reclamarles a Miguel Novoa su seguridad laboral y la regularización en el pago de sus nóminas.

El PSOE de Lepe pide a Giahsa que devuelva los nuevos contenedores.

Fuente: Huelva Información.

La empresa sustituye modelos de ultima generación por los antiguos al perder la concesión del servicio de agua · El equipo de Gobierno tacha el acto de "estafa" .

Los socialistas de Lepe mostraron ayer públicamente su contrariedad por la actuación llevada a cabo por Giahsa en el municipio durante las últimas semanas, que ha consistido en la retirada de los contenedores de última generación. Un hecho que ha generado malestar entre los vecinos porque ha supuesto la llegada a las calles de Lepe de parte de los contenedores antiguos que en su día fueron retirados.Desde el PSOE de Lepe, Antonio Romero, pidió ayer la devolución de los contenedores: "No compartimos que Giahsa se esté llevando los contenedores de nuestro pueblo, desaprobamos esta decisión, porque mientras Giahsa siga prestando el servicio y cobrándole a los vecinos el recibo del agua y residuos, los leperos tienen el mismo derecho que los ciudadanos de otros pueblos vecinos a tener el mismo servicio".Romero, que defendió la gestión pública del agua, se mostró contrariado con la forma de proceder de Giahsa e indicó que "la retirada de contenedores tendría que haberse llevado a cabo una vez que se produzca el cambio de empresa, pero no antes, y de igual forma, y dado que Giahsa y Ayuntamiento están negociando con el juez una salida negociada, cuando dicha salida se produzca, los socialistas le pediremos a Giahsa que deje en Lepe y le dé al pueblo lo que le pertenezca".El portavoz socialista reiteró su postura contraria a la concesión del servicio de abastecimiento y saneamiento a Aqualia. Según los socialistas el hecho de que el alcalde venda la gestión del agua a una empresa privada durante 25 años, supone hipotecar el futuro Lepe: "25 años son muchos, es toda una generación". Y el motivo de privatizar el agua es a su juicio puramente económico, no se justifica en motivos técnicos o en una mejora en la prestación del servicio; la empresa privada se garantiza los ingresos de los recibos de agua de todos los leperos por 25 años y a cambio le adelanta dinero al Ayuntamiento.Giahsa justifica su actuación diciendo que, "desde un punto de vista estrictamente técnico", debe facilitar el tránsito hacia un eventual cambio de empresa responsable de la gestión. Giahsa considera que el sistema Easy "tiene unas características propias tanto en su utilización, como en su ubicación y en su recogida, tarea que precisa de vehículos robotizados", que no tienen todas las empresas del sector.El equipo de Gobierno lepero del PP califica la retirada de contenedores de "estafa" pues los nuevos fueron pagados por los leperos a través del recibo del agua y basura. "Los vecinos tienen derechos a ellos", señalan fuentes municipales.

NOTA DEL BLOGUERO :

Comprueben Vdes. en la noticia aparecida esta mañana en el diario Huelva Información que hasta los socialistas de Lepe muestran entereza y dignidad política y critican la actuación de GIAHSA contra su pueblo contrastando esta actitud claramente con la de los socialistas moguereños y en especial la de su portavoz Gustavo Cuellar que sólo sabe insultar al alcalde de Moguer en los medios amigos controlados por el PSOE como son CNH y Odiel Información, actitud que seguramente ha calcado del comité de empresa de GIAHSA asentado en las puertas del Ayuntamiento de Moguer y que está alterando conscientemente la tranquilidad de los vecinos de Moguer cuando en realidad deberían manifestarse a las puertas de su empresa en Aljaraque o a la puerta de la mansión de Miguel Novoa, máximo responsable de la inestabilidad laboral de estos trabajadores. Evidente contraste entre PP y PSOE de Moguer en esta mal llamada guerra del agua. Mientras el alcalde de Moguer lucha por contratar a parados moguereños en la nueva adjudicataria AQUALIA, Gustavo Cuellar insulta pública y reiteradamente al alcalde de todos los moguereños con tal de defender los intereses de GIAHSA y de trabajadores que nada tienen que ver con el Ayuntamiento ni con el pueblo de Moguer.

Noticias aparecidas en los medios sobre el presidente de GIAHSA.

Mansión y coche de lujo propiedad de Miguel Novoa involucrados en la denuncia.


Fuente: www.esvalverde.com

Imputado Miguel Novoa, presidente de la empresa GIAHSA, con una gran mansión de por medio.
La foto fue publicada en EL MUNDO HUELVA NOTICIAS: una gran mansión y un todoterreno alemán de alta gama en la puerta. Se trata de la mansión construida por el socialista Miguel Novoa, primer teniente de alcalde de Cartaya y presidente de GIAHSA, la empresa que desde el año pasado gestiona el agua, la basura y el alcantarillado en Valverde del Camino.

Es Valverde (es noticia).- Según informa EL MUNDO HUELVA NOTICIA, esta mansión fue construida por el presidente de GIAHSA y concejal socialista de Cartaya presuntamente de forma irregular. Fue construida por la misma empresa constructora a la que el Ayuntamiento de Cartaya presuntamente favoreció con un convenio urbanístico muy ventajoso y que estos días se está analizando en los juzgados, y por ello Miguel Novoa está imputado junto a otros miembros del PSOE. Todas estas noticias coinciden al mismo tiempo que a los comercios y muchos hogares valverdeños se les ha subido la factura del agua de forma desproporcionada tras la entrada de GIAHSA en Valverde del Camino. Esto último no es presuntamente, es real.

Enlace: http://www.esvalverde.com/2009/11/la-mansion-del-que-nos-sube-la-factura.html

Fuente: Huelva Información.

El juez imputa a Millán y Novoa por dos presuntos delitos urbanísticos.
El alcalde y el teniente de alcalde han sido llamados a declarar en las diligencias previas abiertas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ayamonte · La oposición denunció la supuesta trama

El alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán, y el primer teniente de alcalde, Miguel Novoa, han sido llamados a declarar en calidad de imputados por presuntos delitos de urbanismo. Junto a ellos está citados un arquitecto local y el propietario de la empresa Hierros y Construcción de San Juan del Puerto (Hiconsa).Los cuatro imputados deberán comparecer ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ayamonte, mientras que la esposa de Novoa ya lo hizo, también en calidad de imputada, el pasado 25 de agosto.Los grupos de la oposición de Cartaya, IU, PA , PP y el concejal no adscrito, presentaron una denuncia contra los cinco imputados tras detectar supuestas irregularidades en una promoción de viviendas en unos terrenos situados en la barriada de El Almendral, y considerar que podrían haber incurrido en delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y cohecho.

Las diligencias previas, imputan al alcalde y al teniente de alcalde un delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio. Según los denunciantes, la construcción de viviendas en un área de 21.000 metros cuadrados comenzó en 2006 sin que estuviese aprobada la normativa municipal que regula el urbanismo en esa zona del casco urbano, con lo cual la promoción habría empezado al margen de la ley. En lo que se conoce como la valoración del 10% de los aprovechamientos lucrativos, Hiconsa pagó al Ayuntamiento 1,3 millones de euros, valoración que realizó el arquitecto denunciado, quien al parecer trabajaba al mismo tiempo para la empresa y para el Consistorio, con lo cual podría haber favorecido los intereses de la constructora en perjuicio del interés público.Sin embargo, la oposición encargó una valoración alternativa, que fue visada por el Colegio de Arquitectos, y estima que debió cobrar a la empresa 4,5 millones, es decir, 3,1 más de los que percibió. Los denunciantes aseguran que la valoración, que le ahorró dinero a Hiconsa, la hizo el mismo arquitecto que luego redactó y dirigió para esa empresa el proyecto de construcción de viviendas, lo que explicaría por qué el suelo del Ayuntamiento que era un 50% del total se valoró a la mitad que el terreno de los propietarios privados, estando los dos en el mismo lugar.Para la oposición, unos y otros podrían haber utilizado la información de la Corporación para su beneficio privado y podrían haber recibido favores, aunque será la investigación judicial la que determine esos extremos y si se derivan responsabilidad penales.El juez también deberá aclarar si hay relación entre esa operación urbanística y el hecho de que mientras se estaba realizando, el arquitecto implicado le hacía el proyecto de su casa a Miguel Novoa, que luego construyó Hiconsa, así como si existe relación entre la operación y el hecho de que la licencia del chalé se otorgase dos días antes de la firma del convenio urbanístico con Hiconsa en julio de 2005.Los denunciantes consideran también que es preciso investigar si "es una casualidad" que en junio de 2007, días más tarde de la aprobación definitiva de las normas urbanísticas para la zona de El Almendral y días antes de que tomasen posesión los concejales elegidos en las últimas elecciones municipales se matriculase a nombre de la esposa de Novoa un automóvil todoterreno de lujo comprado en Alemania.La oposición del Ayuntamiento cartayero, que ha sido admitida en el caso como acusación popular, anunció que va a pedir la declaración como testigos de la arquitecta y el secretario municipal que "deben garantizar que el urbanismo se ajuste a la ley y que todas las actuaciones que se realizan en el municipio sean legales".IU, PA, PP y el concejal no adscrito exigen a Juan Antonio Millán y Miguel Novoa que presenten su dimisión y de no ser así reclaman al PSOE de Huelva que tome cartas en el asunto y les aparte de sus responsabilidad institucionales.Las reacciones a la noticia han sido múltiples. Una de ellas parte de la propia empresa constructores. Fuentes de la misma han negado a este periódico los presuntos delitos que se le imputan, que ha calificado de calumnias, y aseguran que pedirán indemnizaciones por los daños y perjuicios que le están ocasionando el caso.

Enlace: tp://www.huelvainformacion.es/article/provincia/527200/juez/imputa/millan/y/novoa/por/dos/presuntos/delitos/urbanisticos.html

Comentarios aparecidos en la noticia:

14 Ciudadano 03.10.2009, 10:15
Si el alcalde de Cartaya fuera del PP, habría sido detenido y su imagen con las esposas habria estado en muchas televisiones a nivel nacional. . . pero es del PSOE y por lo tanto sólo es imputado.

MANUEL MASCAREÑAS 30.09.2009, 12:35
Será esto el caso Gürtel en Huelva, el inicio. Que el juez no se arrede, y a todo el que lo "visite", lo "llame", o le mande "recaditos" lo impute también. Si eso no ocurre, mejor sería cerrar los Juzgado y poner su sede en el Paseo de los Naranjos. Y si el PSOE no teme nada, que siga hasta el final, a no ser que seais un grupo sectario de amigotes amigos del Poder por encima de todo

anonimo 30.09.2009, 10:45
Eso es! apropiandose de lo que no es suyo en el ayuntamiento de Cartaya y ahora hace lo mismo en Gihasa. de verguenza. esperemos q se le aplique la leyes.

Fuente: Noticias Terra.es

Martes 21 de Abril de 2009 13:07
Terra Noticias / Europa Press
Tribunales
Oposición de Cartaya denuncia a alcalde, ex edil de Urbanismo, su esposa y otros por seis delitos .
La oposición en el Ayuntamiento de Cartaya (Huelva) presentó hoy en el Juzgado de Instrucción de guardia de Ayamonte una denuncia contra el alcalde de la localidad, Juan Antonio Millán, el ex edil de Urbanismo, Miguel Novoa; su esposa; un arquitecto y un representante de la empresa Hiconsa por seis presuntos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y cohecho.

En rueda de prensa, el representante de IULV-CA en el Ayuntamiento de Cartaya, Miguel Ángel Gea, indicó que tanto IU como PA, PP y el edil no adscrito en esta corporación han denunciado a estas personas por entender que podrían haber cometido 'varios delitos en el desarrollo urbanístico de unos terrenos situados junto al centro de Cartaya, en la barriada de El Almendral, cuya extensión es de 21.000 metros cuadrados'.
Según la valoración realizada en 2005 por el arquitecto que ahora ha sido denunciado, Hiconsa debía pagar al Ayuntamiento --el diez por ciento de la cesión obligatoria de los aprovechamientos lucrativos-- 'un total de 1,3 millones de euros'. Sin embargo, la oposición pidió este año una valoración alternativa, 'visada por el Colegio de Arquitectos', que determina que debía haberse ingresado '4,5 millones, es decir 3,1 millones más'.
Según explicó Gea, el interés público 'podía haber sido perjudicado por una serie de personas que dejaron de ingresar al Ayuntamiento 3,1 millones --cantidad similar a lo que recibe Cartaya de los fondos estatales-- por la relación de estas personas con otras, de las denunciadas'.
Esta valoración, que según los denunciantes 'ahorró tantísimo dinero a Hiconsa, la realizó el mismo arquitecto que luego redactó y dirigió para esa empresa el proyecto de construcción de viviendas en esa zona'.
Otra de las presuntas irregularidades que apuntan estos ediles es la 'concesión de licencia de obras en 2006 a Hiconsa sin esperar a que estuviese aprobada de forma definitiva la normativa urbanística, con lo que la construcción de las viviendas habría comenzado al margen de la ley'.
Así, estos concejales indicaron que 'unos y otros se pudieron haber aprovechado de información del Ayuntamiento para su beneficio privado y podrían haber recibido favores a cambio'.

Enlace: http://noticias.terra.es/local/2009/0421/actualidad/oposicion-de-cartaya-denuncia-a-alcalde-ex-edil-de-urbanismo-su-esposa-y-otros-por-seis-delitos.aspx

PP, IU, UPyD y Ciudadanos exigen a Chaves que se explique o dimita.

Fuente: www.lanacion.es

Partido Popular (PP), Izquierda Unida (IU), Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y Ciudadanos pidieron este fin de semana nuevas explicaciones o, en su defecto, la dimisión, al vicepresidente tercero del Gobierno y ex presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, tras las nuevas ayudas y adjudicaciones que se han conocido en los últimos días, tramitadas por la administración andaluza hacia empresas vinculadas con la hija del político socialista, Paula Chaves.

LA GACETA desveló esta semana una subvención de la Junta de Andalucía a la compañía minera Matsa de 164.250 euros y la adjudicación a la firma de servicios Telvent de contratos por valor de 5,4 millones de euros –ambas compañías representadas por Paula Chaves– cuando el vicepresidente tercero del Ejecutivo y ministro de Política Territorial aún encabezaba la administración autonómica.

La subvención de 164.250 llegó a Matsa en 2004, año en el que esta firma de capital canadiense no facturó nada, tenía dos empleados en nómina y se encontraba en suspensión de pagos.

Por su parte, los 5,4 millones de euros llegaron a Telvent entre 2008 y 2009 a través de adjudicaciones. Un 40% del total de los contratos de la Junta de Andalucía con Telvent se cerraron a través del procedimiento de negociación con los proveedores.

Reacciones

Estas cifras se suman a los 10,1 millones de euros que Matsa recibió en 2009 de la Junta de Andalucía en concepto de subvención con la presunta mediación de Paula Chaves. Este hecho fue varias veces objeto de discusión en la Cámara Baja entre el ministro de Política Territorial y la oposición durante el último periodo de sesiones.

Ante estas informaciones, Juan Manuel Albendea, diputado por Sevilla del PP en el Congreso de los Diputados, aseguró “que se trata de un clarísimo caso de prevaricación” y conminó al vicepresidente tercero a abandonar todos sus cargos de inmediato.

“Está claro que se debería haber abstenido de participar en esas ayudas y no lo hizo. Debe dimitir ya. No puede no dar explicaciones, que es lo que ha hecho hasta ahora, acusando al Partido Popular de inventarse este caso”, declaró el diputado del PP, el más veterano de la Cámara Baja. “Y si no puede explicar estas ayudas, tiene que marcharse ya. No puede ser que haya mentido ya en tres ocasiones al Congreso de los Diputados”, prosiguió.

Albendea relacionó las adjudicaciones y subvenciones a empresas vinculadas con Paula Chaves con “la malla tejida en Andalucía por el mismo partido durante 30 años y por el mismo presidente, durante más de 20”.

La presidenta y diputada de UPyD, Rosa Díez, consideró a su vez que las revelaciones de este diario obligan al ex presidente de la Junta de Andalucía a ofrecer su versión de los hechos cuanto antes. Así, Díez opinó que “Chaves debería clarificar si su actuación es conforme a Derecho”. “Tiene la obligación moral de probar que todas sus actuaciones están dentro de la ley, más aún teniendo en cuenta el cargo que ocupa en estos momentos”, manifestó.

Para la diputada de UPyD en la Cámara Baja, “esas informaciones merecen una respuesta” del dirigente del PSOE. “Alguna explicación al respecto debería dar para acreditar que se ha actuado dentro de la ley. Parece una obviedad pero en un país como España no lo es”.

Díez pidió tiempo para “ver cómo se desarrollan los acontecimientos” antes de exigir la dimisión de Chaves, porque “estamos hablando de cosas extremadamente graves, no sólo en el plano político, también en el personal”.

“Clientelismo”

Por su parte, Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda (Sevilla) y miembro de la Comisión Ejecutiva Federal de Izquierda Unida, calificó estos hechos como “un claro exponente del régimen que existe en Andalucía desde hace 23 años”. “Esto es sólo la punta del iceberg de un nepotismo, una corrupción y un clientelismo consentido en la comunidad andaluza”, denunció el dirigente comunista.

En opinión de Sánchez Gordillo, “estas ayudas y subvenciones demuestran de nuevo que el PSOE es un partido corrupto que tiene controlados todos los mecanismos de puestos de trabajo, instituciones, medios de información... para sumar votos para el partido del régimen, y son muchos ya los casos de corrupción consentidos”.

“Este trato de favor debería conllevar la dimisión inmediata de este señor”, opinó Gordillo. “La ética en política es imprescindible. Es un caso clarísimo de lo que no debería estar permitido. Este señor debería irse a su casa”.

Por último, también salió al paso de las informaciones el presidente de Ciudadanos y portavoz de la formación en el Parlamento catalán, Albert Rivera, que pidió “ir al punto de partida” para averiguar “por qué llegamos a una situación en la que la hija de un ex presidente de una comunidad autónoma y ahora vicepresidente tercero del Gobierno puede tener acceso a este tipo de subvenciones”. En su opinión, la clave es la falta de una limitación temporal para los mandatos.

Rivera exigió al vicepresidente tercero del Gobierno que “dé la cara”. “O renuncia a sus responsabilidades políticas o, al revés, se abstiene de participar en concesiones a empresas relacionadas con familiares, independientemente de lo que diga la Justicia”, declaró el presidente de la formación catalana.

Comunicado del Ayuntamiento de Moguer sobre el servicio del agua.

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