El TSJA revoca el auto que obligaba a Lepe a admitir a los trabajadores tras privatizar el agua · MAS considera la sentencia "intranscendente" y recuerda que el proceso de liquidación sigue pendiente.
La empresa Gestión Integral Aguas de Huelva Sociedad Anónima (Giahsa) de la Mancomunidad de Servicios (MAS) deberá readmitir a los nueve trabajadores que habían sido subrogados a la compañía Aqualia, empresa a la que fueron adjudicados los servicios de suministro de agua y basura del municipio de Lepe.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una sentencia en la que anula el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Huelva según el cual Aqualia, al ser la nueva concesionaria del agua y basura, debía asumir a los trabajadores de Giahsa.
El TSJA indica que dicha medida "puede perturbar de forma grave los intereses generales, a la vista, por una parte, del carácter esencial del servicio afectado y, por otra de las graves divergencias que mantienen las partes", es decir, el Ayuntamiento y Giahsa. El Alto Tribunal entiende que el juez realiza un "adelantamiento efectivo sobre lo que pudiera ser el fondo del asunto" ya que toma medidas que competen al Juzgado de lo Social y entra en cuestiones como la recogida de residuos sólidos urbanos excluido del asunto porque fue Giahsa la que dejó de prestarlo.
Aún queda pendiente acordar con los responsables de la MAS los términos de la liquidación final de la Mancomunidad de Aguas Costa de Huelva, propietaria de la empresa pública ahora perteneciente a la Mancomunidad de Servicios.
El auto ahora revocado respondía al recurso que presentó en diciembre de 2009 el Ayuntamiento ante el auto judicial que anuló un proceso privatizador iniciado en agosto.
La gestión fue adjudicada por 25 años a la empresa Aqualia por un montante de 10 millones de euros, y el auto dejaba sin efecto el acuerdo plenario del pasado 25 de agosto, en el que el Consistorio rescataba el servicio de agua y alcantarillado tras intentar, sin éxito, privatizar todos los servicios que gestionaba Giahsa en el municipio.
El portavoz de PP en el Ayuntamiento de Lepe, Jesús Toronjo explicó que la sentencia del TSJA es irrevocable, por lo que ya no cabe ningún recurso, y aseguró que la decisión tiene no solo unos efectos jurídicos sino también morales tras las declaraciones realizadas por el PSOE al conocer el auto del juzgado de Huelva.
Toronjo calificó de auténticas barbaridades las manifestaciones realizadas por los socialistas que tacharon el proceso de privatización del servicio de agua y basura emprendido por el Ayuntamiento lepero de "vergonzoso y chapucero" a tenor del auto de 5 de febrero. Además, indicó que con la sentencia del TSJA, el secretario general del PSOE de Huelva, Mario Jiménez, deberá "pedir disculpas", ya que diez meses después se da la razón al Consistorio lepero. La empresa pública Giahsa considera "intrascendente" la sentencia del TSJA sobre el auto de levantamiento de medidas cautelares en el proceso de privatización, habida cuenta de la "permanente burla a la administración de Justicia" con la que siempre ha actuado el Ayuntamiento en todo este proceso.
El vicepresidente de la MAS y de Giahsa, Carlos Sánchez, afirmó que, una vez finalizado el pasado mes de junio el periodo de liquidación de la antigua Mancomunidad de la Costa, la medida cautelar carece de efecto real. "Lo único importante del auto ahora anulado era la obligación de subrogar a 18 trabajadores en las mismas condiciones que tenían en Giahsa, algo que, desde el minuto uno el Ayuntamiento de Lepe se ha saltado a la torera, con absoluto menosprecio hacia la Administración Judicial y hacia los propios afectados".
Según Sánchez, los 9 trabajadores subrogados en el servicio de aguas vieron mermadas de forma considerable sus condiciones -con reducciones salariales de hasta el 50% y pérdida de derechos-, al tiempo que el Ayuntamiento nunca cumplió el mandato judicial de asumir a 9 trabajadores del servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos. "Decir que el Ayuntamiento de Lepe actuó en todo momento correctamente es un insulto a la inteligencia y a la verdad", declaró el vicepresidente de MAS.
Sánchez aclaró que el auto ahora conocido se refiere únicamente al levantamiento de la suspensión cautelar. El fondo del proceso de separación de Lepe del servicio de Giahsa, sobre todo en lo referente a la liquidación económica y a las consecuencias que se deriven para ambas partes, se encuentra en vía judicial y, previsiblemente, pasarán varios años antes de que haya un pronunciamiento", señaló Carlos Sánchez. La MAS reclama a Aquialia 3 millones de euros por el pago de las facturas emitidas.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una sentencia en la que anula el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Huelva según el cual Aqualia, al ser la nueva concesionaria del agua y basura, debía asumir a los trabajadores de Giahsa.
El TSJA indica que dicha medida "puede perturbar de forma grave los intereses generales, a la vista, por una parte, del carácter esencial del servicio afectado y, por otra de las graves divergencias que mantienen las partes", es decir, el Ayuntamiento y Giahsa. El Alto Tribunal entiende que el juez realiza un "adelantamiento efectivo sobre lo que pudiera ser el fondo del asunto" ya que toma medidas que competen al Juzgado de lo Social y entra en cuestiones como la recogida de residuos sólidos urbanos excluido del asunto porque fue Giahsa la que dejó de prestarlo.
Aún queda pendiente acordar con los responsables de la MAS los términos de la liquidación final de la Mancomunidad de Aguas Costa de Huelva, propietaria de la empresa pública ahora perteneciente a la Mancomunidad de Servicios.
El auto ahora revocado respondía al recurso que presentó en diciembre de 2009 el Ayuntamiento ante el auto judicial que anuló un proceso privatizador iniciado en agosto.
La gestión fue adjudicada por 25 años a la empresa Aqualia por un montante de 10 millones de euros, y el auto dejaba sin efecto el acuerdo plenario del pasado 25 de agosto, en el que el Consistorio rescataba el servicio de agua y alcantarillado tras intentar, sin éxito, privatizar todos los servicios que gestionaba Giahsa en el municipio.
El portavoz de PP en el Ayuntamiento de Lepe, Jesús Toronjo explicó que la sentencia del TSJA es irrevocable, por lo que ya no cabe ningún recurso, y aseguró que la decisión tiene no solo unos efectos jurídicos sino también morales tras las declaraciones realizadas por el PSOE al conocer el auto del juzgado de Huelva.
Toronjo calificó de auténticas barbaridades las manifestaciones realizadas por los socialistas que tacharon el proceso de privatización del servicio de agua y basura emprendido por el Ayuntamiento lepero de "vergonzoso y chapucero" a tenor del auto de 5 de febrero. Además, indicó que con la sentencia del TSJA, el secretario general del PSOE de Huelva, Mario Jiménez, deberá "pedir disculpas", ya que diez meses después se da la razón al Consistorio lepero. La empresa pública Giahsa considera "intrascendente" la sentencia del TSJA sobre el auto de levantamiento de medidas cautelares en el proceso de privatización, habida cuenta de la "permanente burla a la administración de Justicia" con la que siempre ha actuado el Ayuntamiento en todo este proceso.
El vicepresidente de la MAS y de Giahsa, Carlos Sánchez, afirmó que, una vez finalizado el pasado mes de junio el periodo de liquidación de la antigua Mancomunidad de la Costa, la medida cautelar carece de efecto real. "Lo único importante del auto ahora anulado era la obligación de subrogar a 18 trabajadores en las mismas condiciones que tenían en Giahsa, algo que, desde el minuto uno el Ayuntamiento de Lepe se ha saltado a la torera, con absoluto menosprecio hacia la Administración Judicial y hacia los propios afectados".
Según Sánchez, los 9 trabajadores subrogados en el servicio de aguas vieron mermadas de forma considerable sus condiciones -con reducciones salariales de hasta el 50% y pérdida de derechos-, al tiempo que el Ayuntamiento nunca cumplió el mandato judicial de asumir a 9 trabajadores del servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos. "Decir que el Ayuntamiento de Lepe actuó en todo momento correctamente es un insulto a la inteligencia y a la verdad", declaró el vicepresidente de MAS.
Sánchez aclaró que el auto ahora conocido se refiere únicamente al levantamiento de la suspensión cautelar. El fondo del proceso de separación de Lepe del servicio de Giahsa, sobre todo en lo referente a la liquidación económica y a las consecuencias que se deriven para ambas partes, se encuentra en vía judicial y, previsiblemente, pasarán varios años antes de que haya un pronunciamiento", señaló Carlos Sánchez. La MAS reclama a Aquialia 3 millones de euros por el pago de las facturas emitidas.
Fuente: Huelva Información.
