martes, 31 de enero de 2012
domingo, 29 de enero de 2012
Seis de cada diez andaluces creen que el ‘caso de los ERE’ dará la victoria al PP.
Los populares obtendrían en Andalucía el 43,45% de los votos frente al 36,16% del PSOE.
Los múltiples casos de corrupción que padece Andalucía serán determinantes para la victoria con mayoría absoluta del Partido Popular en las próximas elecciones andaluzas del 25 de marzo, tal y como se desprende de la encuesta elaborada por LC para 'La Gaceta' (2.700 entrevistas desarrolladas entre los pasados días 20 y 26).
En concreto, más de seis de cada diez andaluces, un 63,96%, considera que corrupciones como la de los Expedientes de Regulación de Empleo representarán un factor imprescindible para elevar al vicesecretario de política Autonómica y Municipal del PP y responsable de los populares andaluces a la Presidencia de la Junta de Andalucía.
Tan sólo un 26,6% de los consultados por LC opina que los escándalos que vienen sucediéndose en torno a la Junta de Manuel Chaves no condicionará el resultado de los comicios y un 10,41% no se pronuncia (se alinean en el "no sabe o no contesta").
Entretanto, aumentan los escándalos que salpican al PSOE en aquella comunidad, con el de los ERE tramitados por la Junta como máximo exponente.
Un fondo de reptiles de 647.869.157,45 euros en subvenciones que ya está siendo juzgado en Sevilla con importantes dirigentes y ex dirigentes de la Junta imputados.
Hacia la absoluta
Tal y como establece el sondeo, los populares obtendrían un 43,45% de los votos frente a un 36,16% del PSOE. Esto es, un vuelco en toda regla frente al 48,93% que obtuvieron los socialistas en 2008 y al 38,87% del PP aquel mismo año.
Respecto a las generales, el PP se deja dos puntos (45,57%) y el PSOE arañaría unas décimas (36,57%). Traducido en escaños, se confirma la tendencia ofrecida por otras encuestas.
Mayoría absoluta de Javier Arenas con 56 escaños frente a 44 del PSOE, ambos moviéndose en una horquilla de 54 a 56 en el caso del PP -más cerca de los 56-, y de 44 a 45 en el del PSOE -con más probabilidad hoy de 44-.
Asimismo, Izquierda Unidad confirma su repunte de las pasadas generales y podría subir uno o dos escaños hasta ocho (la tendencia apunta a los ocho), con un 9,17% de los sufragios, mientras que Unión Progreso y Democracia se estrenaría con uno o dos diputados y el 4,72% de los votos (siendo más probable un único diputado). El Partido Andalucista no lograría representación con un 3,16%, aunque roza el escaño.
De esta forma, el PSOE se quedaría sin su último pulmón electoral propio (en Canarias y Navarra gobiernan en coalición y en el País Vasco lo hacen gracias al apoyo del PP), ahondando en la grave crisis que atraviesan frente a un Partido Popular que goza de cotas de poder administrativo inéditas en democracia.
Con 1.248.500 parados según la última oleada de la Encuesta de Población Activa, Andalucía lidera la mayor tasa de paro de toda España con un 31,23% de su población.
Todo, en la única comunidad autónoma del país que aún no ha conocido la alternancia en el poder. Allí permanece instalado el PSOE desde 1978: 34 años consecutivos en el poder.
Los de Javier Arenas se alzarían con la victoria en siete de las ocho provincias. El PSOE aguantaría en Sevilla con cerca de cuatro puntos de diferencia (40,65% frente a un 36,95%) y seguiría en la pelea en otras dos provincias: Huelva y Jaén.
En ambas se impone el PP, pero el margen es muy escaso. En la primera se da menos de un punto de diferencia (41,66% del PP frente a un 40,74% del PSOE) que les iguala en cinco escaños y en la segunda, la diferencia es ligeramente superior.
Así, en Jaén el PP obtendría seis escaños frente a cinco del PSOE con un 41,51% frente a un 39,62% del PP. En las otras cinco provincias la mayoría absoluta de los populares se antoja ya incontestable.
Almería se lleva la palma con cerca de 25 puntos de diferencia: 54,83% del PP frente a un 29,68% que hace que los de Arenas doblen en escaños a los de José Antonio Griñán, ocho frente a cuatro.
En Málaga los populares se adelantan al PSOE con una distancia que roza los 16 puntos (nueve diputados frente a seis), y es donde UPyD mantendría opciones de lograr su segundo escaño.
En Cádiz la diferencia se acorta hasta los nueve puntos (ocho frente a seis escaños, y el PP debería afianzar su mayoría para no bajar a siete). Ya en Granada el contraste es de ocho puntos, mientras que en Córdoba la distancia se reduce a siete.
El cambio se presenta imparable a tenor del sondeo. Ni más ni menos que el 70,19% de los consultados considera que el cambio en el Gobierno de la Junta sería positivo para Andalucía, y tan sólo un 16,33% lo entiende como negativo frente a un 10,41% que se muestra ajeno a las consecuencias de la alternancia.
Fuente: www.periodistadigital.com
El PP dice que los ERE "han estallado en la cara" al PSOE de Huelva.
Ante la imputación de Juan Márquez, los populares piden una explicación urgente sobre "las ramificaciones en la provincia del mayor escándalo de los últimos 30 años".
La juez Mercedes Alaya extiende ya la causa de los ERE a medio Gobierno andaluz y, dentro de las novedades que han salido a la palestra, se encuentra la vinculación del socialista onubense Juan Márquez -ex director general de Trabajo de la Junta y ex delegado de Empleo en Huelva- a la concesión de ayudas a intrusos en las empresas.
Ante la imputación del dirigente del PSOE, que además fue candidato a la Alcaldía de Lucena en las pasadas elecciones municipales del 22 de mayo, el presidente del Partido Popular de Huelva y alcalde de Lepe, Manuel Andrés González, exigió ayer al PSOE de Huelva que "no pierda ni un segundo más en aclarar a los onubenses el escándalo de los ERE y sus ramificaciones en la provincia onubense". Según los populares, la trama fraudulenta "le ha estallado en la cara" al PSOE provincial, vinculándose, con la imputación de Márquez, al "mayor escándalo de los últimos años en Andalucía".
En declaraciones a los medios en el mercadillo de Lepe antes de participar en un reparto de folletos para explicar las medidas del Gobierno central, González aseguró que "el PSOE ha traído la trama de los ERE a Huelva y que ya es hora de que sus máximos dirigentes aclaren a la ciudadanía el alcance y el calado de un escándalo en el que los socialistas y sus afines, presuntamente, se han llevado el dinero de los parados".
Tras conocerse la imputación del ex delegado de Empleo, González aseguró que tanto el secretario general del PSOE de Huelva, Mario Jiménez, como el resto de dirigentes del PSOE, "tienen que salir a dar explicaciones en todas sus comparecencias públicas para explicar a dónde ha ido a parar el dinero de los parados onubenses y andaluces".
"Ya veníamos anunciando en las últimas semanas que mucho nos temíamos que el escándalo de los ERE iba a salpicar de lleno a la provincia Huelva, y lamentablemente, se ha confirmado que el PSOE de Huelva está implicado".
Por tanto, el dirigente popular apuntó que el PSOE no puede seguir escondiéndose por más tiempo para seguir engañando a los ciudadanos".
González recordó que "ya le pedimos al dirigente socialista Mario Jiménez que pusiera la mano en el fuego porque en el PSOE de Huelva no hubiera nadie implicado en este escándalo, y ha dado siempre la callada por respuesta".
Por ello, añadió, "ya no se puede ocultar más tiempo el mayor fraude de la historia de Andalucía, y Mario Jiménez tendrá que dar la cara y explicar si esta imputación sólo es la punta del iceberg o no". Asimismo, y por último, el presidente provincial del PP exigió al PSOE que anuncie si va a tomar alguna medida tras conocerse el auto judicial que pone en la diana al PSOE onubense en la trama de los ERE.
En este sentido, González se preguntó "por qué si Mario Jiménez habla de todo, no lo hace ahora sobre los ERE y se mantiene callado".
Por último, el popular ha vuelto a reclamar a la Junta de Andalucía y al PSOE que expliquen "si hay ramificaciones" por este asunto que, a su juicio, huele muy mal, porque "los onubenses se merecen una explicación, en lugar del silencio del Partido Socialista".
Ante la imputación del dirigente del PSOE, que además fue candidato a la Alcaldía de Lucena en las pasadas elecciones municipales del 22 de mayo, el presidente del Partido Popular de Huelva y alcalde de Lepe, Manuel Andrés González, exigió ayer al PSOE de Huelva que "no pierda ni un segundo más en aclarar a los onubenses el escándalo de los ERE y sus ramificaciones en la provincia onubense". Según los populares, la trama fraudulenta "le ha estallado en la cara" al PSOE provincial, vinculándose, con la imputación de Márquez, al "mayor escándalo de los últimos años en Andalucía".
En declaraciones a los medios en el mercadillo de Lepe antes de participar en un reparto de folletos para explicar las medidas del Gobierno central, González aseguró que "el PSOE ha traído la trama de los ERE a Huelva y que ya es hora de que sus máximos dirigentes aclaren a la ciudadanía el alcance y el calado de un escándalo en el que los socialistas y sus afines, presuntamente, se han llevado el dinero de los parados".
Tras conocerse la imputación del ex delegado de Empleo, González aseguró que tanto el secretario general del PSOE de Huelva, Mario Jiménez, como el resto de dirigentes del PSOE, "tienen que salir a dar explicaciones en todas sus comparecencias públicas para explicar a dónde ha ido a parar el dinero de los parados onubenses y andaluces".
"Ya veníamos anunciando en las últimas semanas que mucho nos temíamos que el escándalo de los ERE iba a salpicar de lleno a la provincia Huelva, y lamentablemente, se ha confirmado que el PSOE de Huelva está implicado".
Por tanto, el dirigente popular apuntó que el PSOE no puede seguir escondiéndose por más tiempo para seguir engañando a los ciudadanos".
González recordó que "ya le pedimos al dirigente socialista Mario Jiménez que pusiera la mano en el fuego porque en el PSOE de Huelva no hubiera nadie implicado en este escándalo, y ha dado siempre la callada por respuesta".
Por ello, añadió, "ya no se puede ocultar más tiempo el mayor fraude de la historia de Andalucía, y Mario Jiménez tendrá que dar la cara y explicar si esta imputación sólo es la punta del iceberg o no". Asimismo, y por último, el presidente provincial del PP exigió al PSOE que anuncie si va a tomar alguna medida tras conocerse el auto judicial que pone en la diana al PSOE onubense en la trama de los ERE.
En este sentido, González se preguntó "por qué si Mario Jiménez habla de todo, no lo hace ahora sobre los ERE y se mantiene callado".
Por último, el popular ha vuelto a reclamar a la Junta de Andalucía y al PSOE que expliquen "si hay ramificaciones" por este asunto que, a su juicio, huele muy mal, porque "los onubenses se merecen una explicación, en lugar del silencio del Partido Socialista".
Fuente: www.huelvainformacion.es
sábado, 28 de enero de 2012
¡A robar, que 30 años no son nada!
El actual responsable, Daniel Alberto Rivera, y su predecesor en el cargo, Juan Márquez, figuran entre los 18 nuevos imputados por la juez. Francisco Javier Guerrero declarará el próximo 23 de febrero.
La juez Mercedes Alaya volvió ayer a dar un nuevo y decisivo impulso a la investigación de las irregularidades relacionadas con los ERE vinculados a empresas en crisis, al acordar la imputación de otras 18 personas, entre las que se destacan el actual director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera, y su antecesor en el cargo, Juan Márquez Contreras.
Pero el auto de la juez va más allá porque, a pesar de que en su día el Gobierno andaluz lo negó, la magistrada ha ampliado la investigación de las ayudas concedidas por el mismo sistema por otras cinco consejerías: Gobernación; Presidencia; Innovación, Ciencia y Empresa; Turismo y Deporte; y Medio Ambiente. En un nuevo auto dictado ayer, la instructora acuerda en concreto requerir a la Agencia IDEA (antiguo IFA) para que remita al juzgado un cuadro resumen de las ayudas abonadas mediante transferencia de financiación correspondientes a estas consejerías en el período comprendido entre 2001 y 2010.
De la misma forma, la instructora ha ordenado a la Junta que aporte las comunicaciones realizadas a la Comisión Europea a la hora de conceder ayudas directas a empresas superiores a 200.000 euros en tres ejercicios fiscales o a 100.000 en el caso del sector de transportes. Con esta petición, que también ha sido cursada al Ministerio de Asuntos Exteriores -para que entregue la relación de ayudas de Estado concedidas a empresas por las diferentes consejerías-, la instructora quiere averiguar si la Junta informó a las autoridades comunitarias porque en caso de que se superen esos umbrales, "es absolutamente necesaria la autorización de la Comisión Europea para su concesión", porque repercuten sobre la competencia y el comercio intracomunitario.
La juez advierte que si estas ayudas directas no han sido notificadas, "deberían ser objeto de recuperación el Estado en virtud del principio de cooperación leal, pudiendo a su vez el Estado incurrir en responsabilidad por inobservancia de la normativa comunitaria".
La imputación del actual director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Alberto Rivera y de su antecesor, Juan Márquez Contreras, se produce en relación con la orden de pago de la póliza de la empresa Surcolor -donde aparecieron dos intrusos además de los 24 trabajadores despedidos- que éstos firmaron con fechas 1 de septiembre de 2010, 21 de diciembre de 2009 y 25 de febrero de 2010. Como consecuencia de las ayudas concedidas a esta empresa, en la que ni siquiera se tramitó el preceptivo ERE, la prima de la póliza ascendió a 2,6 millones de euros, mientras que las indemnizaciones por despido en las conciliaciones del CMAC ascendían a 1,5 millones, lo que supone más de un millón de euros de diferencia, que la juez no duda en calificar como un "dispendio en que habría incurrido intencionadamente la Junta de Andalucía a través de sus altos cargos".
Entre los 18 nuevos imputados por la juez, de los que por el momento sólo ha citado a declarar al ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero para el próximo 23 de febrero, se encuentran empresarios, varios abogados de los bufetes Garrigues y Estudios Jurídicos Villasís, dos responsables de la aseguradora Vitalia, que medió en varios ERE, y representantes sindicales de CCOO como el actual secretario general de la Federación de Industria en la provincia de Sevilla, Juan Antonio Caravaca.
La juez también analiza en este auto el papel de las entidades mediadoras como Vitalia, de la que afirma que "carecía de autorización para actuar como correduría de seguros" y que según Mercedes Alaya cobró 964.204,66 euros en gastos de comisiones superiores a la media del mercado en la tramitación de los ERE de Calderinox, Río Grande y Acyco. "Resulta inaudito que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo admitiera estos sobrecostes [en algún caso de hasta un 20,51%], y que estas entidades además no tenían autorización administrativa para actuar", concluye la magistrada.
Pero el auto de la juez va más allá porque, a pesar de que en su día el Gobierno andaluz lo negó, la magistrada ha ampliado la investigación de las ayudas concedidas por el mismo sistema por otras cinco consejerías: Gobernación; Presidencia; Innovación, Ciencia y Empresa; Turismo y Deporte; y Medio Ambiente. En un nuevo auto dictado ayer, la instructora acuerda en concreto requerir a la Agencia IDEA (antiguo IFA) para que remita al juzgado un cuadro resumen de las ayudas abonadas mediante transferencia de financiación correspondientes a estas consejerías en el período comprendido entre 2001 y 2010.
De la misma forma, la instructora ha ordenado a la Junta que aporte las comunicaciones realizadas a la Comisión Europea a la hora de conceder ayudas directas a empresas superiores a 200.000 euros en tres ejercicios fiscales o a 100.000 en el caso del sector de transportes. Con esta petición, que también ha sido cursada al Ministerio de Asuntos Exteriores -para que entregue la relación de ayudas de Estado concedidas a empresas por las diferentes consejerías-, la instructora quiere averiguar si la Junta informó a las autoridades comunitarias porque en caso de que se superen esos umbrales, "es absolutamente necesaria la autorización de la Comisión Europea para su concesión", porque repercuten sobre la competencia y el comercio intracomunitario.
La juez advierte que si estas ayudas directas no han sido notificadas, "deberían ser objeto de recuperación el Estado en virtud del principio de cooperación leal, pudiendo a su vez el Estado incurrir en responsabilidad por inobservancia de la normativa comunitaria".
La imputación del actual director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Alberto Rivera y de su antecesor, Juan Márquez Contreras, se produce en relación con la orden de pago de la póliza de la empresa Surcolor -donde aparecieron dos intrusos además de los 24 trabajadores despedidos- que éstos firmaron con fechas 1 de septiembre de 2010, 21 de diciembre de 2009 y 25 de febrero de 2010. Como consecuencia de las ayudas concedidas a esta empresa, en la que ni siquiera se tramitó el preceptivo ERE, la prima de la póliza ascendió a 2,6 millones de euros, mientras que las indemnizaciones por despido en las conciliaciones del CMAC ascendían a 1,5 millones, lo que supone más de un millón de euros de diferencia, que la juez no duda en calificar como un "dispendio en que habría incurrido intencionadamente la Junta de Andalucía a través de sus altos cargos".
Entre los 18 nuevos imputados por la juez, de los que por el momento sólo ha citado a declarar al ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero para el próximo 23 de febrero, se encuentran empresarios, varios abogados de los bufetes Garrigues y Estudios Jurídicos Villasís, dos responsables de la aseguradora Vitalia, que medió en varios ERE, y representantes sindicales de CCOO como el actual secretario general de la Federación de Industria en la provincia de Sevilla, Juan Antonio Caravaca.
La juez también analiza en este auto el papel de las entidades mediadoras como Vitalia, de la que afirma que "carecía de autorización para actuar como correduría de seguros" y que según Mercedes Alaya cobró 964.204,66 euros en gastos de comisiones superiores a la media del mercado en la tramitación de los ERE de Calderinox, Río Grande y Acyco. "Resulta inaudito que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo admitiera estos sobrecostes [en algún caso de hasta un 20,51%], y que estas entidades además no tenían autorización administrativa para actuar", concluye la magistrada.
Fuente: www.huelvainformacion.es
viernes, 27 de enero de 2012
¿Quién será el próximo?
El escándalo de los ERE alcanza de lleno al PSOE de Huelva tras ser imputado por la juez el socialista onubense Juan Márquez.
La provincia de Huelva ha quedado definitivamente alcanzada por el escándalo de los ERE tras ser imputado por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, encargada de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo tramitados por la Junta de Andalucía, Juan Márquez, ex director general de Trabajo, ex delegado provincial de Empleo y destacado líder del PSOE de Huelva durante muchos años. De hecho, fue apartado como cabeza de la lista socialista a la Alcaldía de Lucena del Puerto en las pasadas municipales cuando se conoció que podría estar implicado en el escándalo de las prejubilaciones fraudulentas. Márquez ha sido imputado por ordenar pagos a favor de los prejubilados del laboratorio fotográfico Surcolor, póliza donde se han detectado intrusos.
Juan Márquez no es la primera que se le relaciona con escándalos. De hecho, El Mundo Huelva Noticias publicó en su momento varias informaciones que relacionaban al socialista con supuestas prácticas irregulares cuando se hallaba al frente de la Delegación Provincial de Empleo de Huelva. Esas prácticas se referían a la celebración de fiestas en la Residencia de Tiempo Libre de Punta Umbría, dependiente de Empleo, o pago de elevadas facturas por conceptos tan sorprendentes como estilográficas de lujo Montblanc.
En el nuevo auto que ha dictado la juez Alaya, según ha publicado El Mundo.es en una información firmada por los periodistas Antonio Salvador y Sebastián Torrres, también se imputa en la causa, entre otros, al actual director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera.
En la noticia de El Mundo.es también consta que el caso cobra así una nueva dimensión, toda vez que salpica a la gestión del actual consejero de Empleo, Manuel Recio. Fue éste el que lo postuló para ocupar la dirección general de Trabajo en sustitución del onubense Juan Márquez, otro de los nuevos imputados. Tras el auto de ayer, son ya cinco altos cargos de la Junta -sólo uno de ellos sigue en el puesto- los imputados por el fraude de los ERE. A los ex directores generales Márquez y Guerrero se suma ahora Rivera. La lista la completan el ex consejero de Empleo Antonio Fernández y el antiguo delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.
Asegura la información que, según ha podido conocer El Mundo.es en fuentes del caso, Alaya imputa a Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera por ordenar pagos a favor de los prejubilados del laboratorio fotográfico Surcolor, póliza donde se han detectado intrusos. La instructora no le imputa delitos concretos sino hechos.
También está imputado el que fuera delegado provincial en Sevilla de la Consejería de Trabajo y asuntos Sociales Juan Rodríguez Cordobés, en este caso como beneficiario de una póliza de prejubilación en un ERE de la empresa Calderinox, en la que nunca trabajó.
Además de éstos, también han sido imputados por la juez Alaya el responsable de la intermediaria Uniter y abogados de los despachos Garrigues y Estudio Jurídico Villasís. Y también sindicalistas como el responsable de acción sindical de CCOO en Andalucía, Enrique Manuel Jiménez García, y Juan Antonio Caravaca, secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Sevilla, y empresarios, como Jorge Andrés Morell, propietario de la empresa Aglomerados Morell, o la presidenta del consejo de administración de Acyco, Encarnación Poto.
Por otro lado, el auto cita a Francisco Javier Guerrero, que este jueves prestó declaración ante la Guardia Civil durante seis horas en el acuartelamiento de Eritaña en Sevilla, para prestar declaración judicial el próximo 23 de febrero. Será la primera vez que preste declaración en sede judicial desde que fuera imputado por la juez Alaya.
Fuente: www.huelvaya.es
La herencia del Psoe 5,2 millones de parados.
Huelva acabó 2011 como la segunda provincia con más parados de toda España
http://huelvaya.es/category/a-tema-del-dia/
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