El PP presentará mociones para que la Junta aclare las consecuencias de la ampliación de Doñana.

El PP de Huelva presentará mociones en los ayuntamientos que se ven afectados por la intención de la Consejería de Medio Ambiente de ampliar la zona tampón de la Reserva de la Biosfera de Doñana y la nueva demarcación de una zona de transición al objeto de que la administración regional explique los efectos de estas medidas.

   En declaraciones a Europa Press, el diputado provincial del PP y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Moguer, Juan José Volante, ha explicado que estas mociones llegan ante "la falta de información" de la Junta a los consistorios de la comarca sobre las consecuencias que podría acarrear a estas localidades y a sus actividades socioeconómicas.

   A su juicio, "el proyecto de ampliación supone incorporar más de 30.000 hectáreas del Parque Natural a la zona tampón de la Reserva de la Biosfera, y la inclusión, por primera vez, de una zona de transición de 155.000 hectáreas en la que se sitúan los núcleos de población y se desarrolla la mayor parte de las actividades socioeconómicas de la comarca. Todo ello supone pasar de las actuales 77.260 hectáreas a más de 255.000 hectáreas".

   En este sentido, ha explicado que "no tenemos constancia que desde determinados municipios se hayan realizado alegación al respecto", por lo que quieren que la Junta aclare "las consecuencias que pueda tener esta ampliación en estos pueblos".

   Según ha afirmado Volante, "con esta propuesta la Consejería de Medio Ambiente se puede ver restringida la actividad socioeconómica de toda la zona afectada" y, además, "el sector que más puede sufrir las consecuencias es el de la fresa, que es en estos momentos de dificultades económicas, es el que está minimizando los efectos de la crisis en toda nuestra comarca".

   Por ello, ha considerado que el PP está a favor de la protección ambiental, pero compatibilizándola con el desarrollo socioecónomico, por lo que ha pedido a la Junta que no se convierta en "un freno" para los pueblos.

   Volante, igualmente, ha señalado que "habrá que tener en cuenta que detrás de esta ampliación podrían venir otras, que sí podrían incluir una mayor superficie de plantación de la que actualmente se está explotando en nuestros cultivos de primor, lo que supondría un riesgo futuro y una gran incertidumbre para el sector agrícola".

"UN FUERTE ESCOLLO"

   Para el dirigente 'popular', algunas organizaciones agrarias ya se han pronunciado al respecto y, por ejemplo, Asaja-Huelva "se opone a una ampliación que considera absurda, innecesaria y tremendamente injusta para los habitantes de la zona, que verán tremendamente limitadas sus posibilidades de desarrollo a partir de este momento".

   Del mismo modo, el diputado provincial ha considerado que "esta medida podría suponer un fuerte escollo para el desarrollo y consolidación turística de la comarca".

   Por último, ha destacado que en su municipio la zona de Mazagón es la que se vería más afectada, ya que este incremento de protección medioambiental podría conllevar "la puesta en peligro de proyectos turísticos para el núcleo costero". Es más, "tenemos serias dudas de cómo afectaría a todo el desarrollo urbanístico de Mazagón que llevamos tramitando durante estos últimos años", ha concluido.

Fuente: www.europapress.es

Protestas de UGT y CCOO por los recortes de la Junta.

Alrededor de 500 personas -según fuentes sindicales- se han concentrado este viernes frente a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía convocados por los sindicatos CCOO y UGT, para protestar por las políticas que está desarrollando el gobierno andaluz para el reequilibrio de sus cuentas, afectando principalmente al sector público.

El secretario general de CCOO Huelva, Emilio Fernández, ha destacado que “queremos iniciar una campaña de movilizaciones contundentes contra el plan de ajuste y de reequilibrio que ha puesto en marcha el gobierno andaluz, ya que entendemos que es tremendamente agresivo con los empleados y empleadas públicos, regresivos en cuando a servicios públicos”.

Fernández, ha asegurado que “el gobierno andaluz tiene que rectificar” y ha criticado que “el Partido Popular está gobernando de manera diferida la Junta de Andalucía”. “Queremos mostrar nuestro más firme rechazo a este tipo de medidas, en un contexto en el que además la reforma laboral fue empeorada aún más en su trámite parlamentario por las distintas enmiendas que presentó CiU”, ha recordado el líder de CCOO Huelva.

Fernández ha explicado además que “se quiere poner en marcha una banca pública para salvar a la banca privada que se encuentra al borde de la quiebra, y para la que se van a destinar 20.000 millones de euros”, un hecho que viene a demostrar “que sí hay recursos públicos, y que estos se tienen que gestionar de otra manera, no rescatando la banca, y sí manteniendo la calidad de los servicios públicos”.

Por su parte, el secretario general de UGT Huelva, Jorge Puente, ha destacado que “el gobierno central está ejecutando una intervención de la economía y de las administraciones locales y autonómicas en Andalucía”. Puente ha insistido en que “se pueden llevar a cabo otro tipo de políticas contrarias a los ajustes que recaen principalmente sobre las espaldas de los empleadas y empleados públicos”.

Puente ha recordado que desde 2010 ya se están ejecutando medidas contra los empleados públicos como “la rebaja salarial del 5 por ciento de 2010, la no actualización de la renta, la congelación del salario, el IPC que aún no se ha consolidado, y ahora con los nuevos recortes se empuja a muchos empleados y empleadas públicos a vivir en el umbral de la pobreza, aún teniendo un empleo”.

El líder de UGT Huelva ha insistido además, respecto a la modificación de la reforma laboral en su trámite parlamentario que “restar un año a la aplicación de la ultraactividad en la negociación colectiva es poner un límite excesivo, y abrir la puerta para que no haya un solo Convenio Colectivo que salga adelante, y máxime cuando la mayoría de los convenios que están sin negociar llevan prorrogados más de un año”.

Las centrales sindicales se han vuelto a concentrar este viernes desde la 13:00 horas en la puerta del Hospital Infanta Elena, reuniendo a 150 trabajadores y trabajadoras de este centro del SAS, para protestar contra las medidas de recorte en la Sanidad pública andaluza.

UGT y CCOO han anunciado además que estas concentraciones continuarán hasta que se retiren las reformas que “castigan injustamente” a los empleados y empleadas de los centros del SAS, así como a los usuarios.

El secretario general del sindicato provincial de Sanidad y sectores Sociosanitarios, Diego Román, ha insistido en que “los recortes en el sector público no pueden recaer sobre la espalda de los trabajadores y trabajadoras”. “Pensábamos que Andalucía tomaría medidas que no afectaran sobre el poder adquisitivo de los empleados y empleadas, pero se ha insistido en lo mismo”, ha criticado.

Los impagos de la Junta se ciernen sobre 17 asociaciones de la provincia.

Peligra el pago de las nóminas de los trabajadores en los servicios concertados para discapacitados intelectuales en Huelva · La deuda se remonta en algunos casos hasta el pasado mes de febrero.

 La situación empieza a ser insostenible para 17 asociaciones en la provincia de Huelva que trabajan con discapacitados intelectuales. La Junta de Andalucía, a través de distintas consejerías, lleva en algunos casos desde febrero con impagos de sus conciertos con estas organizaciones, cuyo futuro, para este próximo mes de junio, se sume en la incertidumbre.

Desde Feaps Andalucía, la Confederación Andaluza de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, se realizó la denuncia el martes pasado, alertando sobre "la situación caótica" generada por unos impagos "que se reiteran y se mantienen". Según apuntan desde algunas asociaciones en Huelva, sólo la posibilidad de que se mantenga un mes más puede dejar graves consecuencias en los servicios.

Matías Rodríguez, delegado de Feaps en la provincia onubense, recuerda que "la gran mayoría" de las asociaciones que representa se financian de las aportaciones realizadas por las consejerías de Salud, Igualdad y Bienestar Social, Empleo y Educación, a través de los diferentes servicios concertados que prestan. "Realmente son las patas financieras de las asociaciones, por lo que cualquier retraso es preocupante", explica.

Desde una de las asociaciones afectadas, Aspapronias, su gerente, Alfonso Real, dice que todas las vías están agotadas. Incluso las que las propias organizaciones habilitan para una mejor gestión de la actividad mientras llegan los fondos.

"Es normal que abramos una línea de crédito con el banco para poder ir atendiendo a los pagos. Pero ahora, al menos en nuestro caso, hace dos meses y medio que agotamos la póliza de créditos y debemos seguir haciendo frente, no sólo a las nóminas de los trabajadores, sino a los suministros, al transporte, a la materia prima y a otros conceptos más", apunta Real. "Ahora -añade- dentro de siete días, cuando llegue junio, realmente no sé qué voy a hacer con la que se avecina".

Desde Feaps no se ha detallado la deuda total en la provincia, aunque Matías Rodríguez asegura que hay asociaciones a las que se les adeuda "entre 150.000 y 400.000 euros, una suma considerable", que se remonta, en algunos casos, al mes de febrero, y que en la totalidad se deben a abril y mayo, y a los que se podría sumar junio.

"Es un problema idéntico en todas las provincias, que se agrava por los problemas financieros para solicitar préstamos", señala Rodríguez. "Tememos que una falta de tesorería en las consejerías nos afecte de manera determinante". Como consecuencia inmediata, apunta, "no vamos a poder pagar las nóminas de esta mensualidad".

Alfonso Real, desde Apapronias, lo confirma: "Lo primero que se verá afectado es el pago de las nóminas a los profesionales, que no es poco". En este caso se refiere a 65 trabajadores con que cuentan en plantilla para atender a 177 personas con discapacidad intelectual en la actualidad.

Según señala Real, a Aspapronias, una de las mayores asociaciones de Feaps Huelva, la Junta de Andalucía le adeuda 260.000 euros, a los que se suman 180.000 más en subvenciones del Ayuntamiento de Huelva y el pago de otros 79.000 euros con cargo municipal correspondiente a facturas. Con ese panorama, asegura, "la situación es insostenible a día de hoy".

No obstante, al menos desde Aspapronias se destaca que los usuarios serán "los últimos afectados" en este conflicto, dado el compromiso de los trabajadores para hacer un esfuerzo y seguir prestando el servicio. "Nuestro grupo humano es consciente de que esto hay que reivindicarlo pero en ningún momento hay que dejar tiradas en la calle ni desatendidas a las personas a las que prestamos servicio".

Y tanto Real como Rodríguez coinciden en que la reivindicación de Feaps no es de ninguna asociación particular: "Las personas con discapacidad son las mismas en una y en otra, con los mismos derechos y consideraciones".

La Junta recorta los sueldos públicos y sube impuestos para cumplir con el objetivo de déficit.

Reduce un 5% el salario de altos cargos y los complementos y retribuciones variables de los trabajadores públicos, cuya jornada laboral pasa a 37,5 horas. Sube el tramo autonómico del IRPF pero no aumenta el número de alumnos por aula.

El recorte de los 2.500 millones de euros del presupuesto de la Junta de 2012 aprobado por el Gobierno andaluz para cumplir con el objetivo de déficit del 1,5% supondrá una reducción de los sueldos de los funcionarios y altos cargos, y una subida de impuestos para paliar la reducción de ingresos. El drástico ajuste, el mayor de la autonomía, viene recogido en el Plan Económico Financiero de Reequilibrio (2012-2014) aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta, que lo enviará de inmediato al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y representa el 12% del presupuesto andaluz de 2012, que asciende a 32.020 millones de euros.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha justificado en rueda de prensa el plan en la idea de que Andalucía tendrá una aminoración de ingresos de 3.500 millones de los presupuestos estatales. Por ello, se plantea la puesta en marcha de medidas que posibiliten mayores ingresos por 1.000 millones y reducir el gasto en 2.500 millones, ha señalado.

El Gobierno andaluz sitúa los principios del plan en preservar el sistema educativo público, por lo que no aumentará la ratio de alumnos por aula; en no contribuir a la destrucción de empleo y en pedir un esfuerzo "temporal y solidario" al conjunto de empleados públicos, proveedores, sindicatos y organizaciones empresariales.

En el capítulo de gastos, la Junta llevará a cabo una reducción de altos cargos y delegados (seis por provincia) como consecuencia de la reducción de consejerías, así como la suspensión de la equiparación retributiva de los altos cargos andaluces con su homólogos en la Administración del Estado, lo que conllevará una reducción del 5% en las retribuciones del presidente de la Junta, consejeros, viceconsejeros y personal asimilado.

En aplicación de la normativa estatal, se aumentará de manera "flexible" la jornada laboral a 37,5 horas de los empleados públicos, a los que se les reducirán las horas extraordinarias. Martínez Aguayo ha calcula que la reducción salarial de los empleados públicos oscilará entre el 0 al 6,5% según las categorías, aunque el personal laboral funcionario interino y laboral temporal verá reducida su jornada y por tanto el salario en un 15%. Además, se eliminarán los complementos adicionales de las pagas extraordinarias de junio y diciembre y se reducirá en el sector público instrumental aquellos complementos no formen parte del salario básico. También disminuirán un 10% las percepciones vinculadas a las retribuciones de carácter variable.

Respecto a los ingresos, destacan las medidas de ajuste en materia fiscal de forma que se modifica en los últimos tramos la tarifa autonómica del IRPF, que pasará del 23,5% en el caso de rentas entre 60.000 a 120.000 euros, y al 25,5% para rentas de 120.000 euros en adelante. La presión fiscal "aumentará" ha reconocido la consejera, que también prevé multiplicar por 1,10 la tarifa actual del Impuesto de Patrimonio y por 2 el tipo de gravamen autonómico del impuesto de hidrocarburos hasta agotar la banda máxima permitida, exceptuando el gasóleo agrícola. Otras medidas son la subida del tipo de gravamen general en Actos Jurídicos Documentados (del 1,2 al 1,5%) y el aumento de la tasa fiscal sobre el juego en la tarifa para máquinas.

El plan, que será presentado a los sindicatos el sábado, incide en la eficiencia y el ahorro pero manteniendo la calidad de los servicios con lo que recoge una reducción del 10% de gasto operativo en bienes y servicios mediante la reducción del 50% de la flota de vehículos de altos cargos; eliminar la partida de protocolo de altos cargos y directivos de empresas públicas salvo presidente y consejeros; bajar un 50% la partida de información y publicidad y en un 15% en arrendamiento y en indemnizaciones por locomoción, traslado y dietas.

Avanza en el programa de plataforma de compras sanitarias, con un ahorro de 100 millones, y recoge la "reprogramación" de unos 570 millones de euros en inversión pública, de forma que no se realizará ninguna obra pública nueva salvo casos muy excepcionales. Son medidas "equilibradas, justas y equitativas", según la consejera, que ha comentado que si el Estado cumpliera con la Disposición Adicional Tercera del Estatuto y reconociera los 1.504 millones que no se han invertido en Andalucía en 2008 y 2009 el ajuste en gasto habría sido de 1.000 millones.

Recurrirán al Constitucional el copago y el aumento de la jornada de los docentes

La Junta de Andalucía ha confirmado que presentará recurso ante el Tribunal Constitucional tanto contra el aumento de la jornada lectiva de los profesores como el decreto que establece el copago en el ámbito farmacéutico, decisiones del Gobierno del PP que ha rechazado el Ejecutivo autonómico. La Junta, ha informado Martínez Aguayo, no incrementará la ratio de alumnos por aula en los centros educativos andaluces, aunque aplicará por "imposición" el decreto del Gobierno central sobre racionalización del sector público educativo que aumenta la jornada laboral de los docentes.

"Les anuncio que la Junta va a recurrir al Tribunal Constitucional tanto este decreto como el que establece los copagos en el ámbito sanitario porque entendemos que invaden competencias autonómicas y son inconstitucionales", ha señalado. Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía preparan, además, alegaciones a la decisión el Constitucional de admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno central contra la resolución de la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que ejecutó la subasta de fármacos. El Gobierno decidió presentar ante el Alto Tribunal un conflicto positivo de competencia al entender que se invadía la legislación estatal y reducía la oferta de prestaciones. El planteamiento de este conflicto conllevó la suspensión de esta norma andaluza.

Según ha explicado el portavoz del Ejecutivo Autonómico, Miguel Ángel Vázquez, la Junta aún no ha recibido la providencia del Constitucional, con lo que procederá a su estudio jurídico cuando la reciba. "Mantenemos la misma posición que al principio. La subasta de medicamentos es un buen instrumento para el ahorro de gasto y permite no cargar más sobre los usuarios y sí que tengan menos beneficios las empresas farmacéuticas, por lo que seguiremos peleando con este modelo", ha manifestado. La Junta hizo la primera de estas subastas públicas el pasado 19 de marzo y con ella pretendía rebajar el precio que la sanidad pública paga a las farmacéuticas por los medicamentos. Con la primera de las subastas, el Gobierno andaluz trataba de adjudicar mediante subasta pública determinados medicamentos genéricos para que fueran los que se tienen que dispensar cuando el paciente llega con una receta que sólo incluya los principios activos, y de esta forma ahorrar en la factura farmacéutica. 

Fuente: www. huelvainformación.es

Foto: canalsu.blogspot.com

Procesan al ex alcalde del PSOE de Bollullos por prevaricación. Otro más y van....

El ex alcalde de Bollullos Par del Condado, el socialista Carlos Sánchez, y cuatro de sus concejales serán procesados por un presunto delito de prevaricación al adjudicar en 2006 el contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza de contenedores de la localidad a la empresa Cespa, supuestamente "sin tener consignación presupuestaria" para ello. En el auto, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La Palma del Condado notifica el procesamiento de estas cinco personas -el ex alcalde, más los concejales Rosario Rosado, Davinia Palacios, David Benjumea y Dolores Ramos- acordando a su vez dar traslado de las diligencias al Ministerio Fiscal y a la Acusación, para formular escrito de acusación y solicitar, en su caso, la apertura de juicio oral. 

Tanto el ex alcalde como los concejales declararon el pasado mes de marzo por estos hechos, por los que Cespa le reclama una deuda que asciende a 327.485,41 euros correspondientes a las facturas de contratación de los citados servicios, los cuales se contrataron pese "al informe del Interventor en el que indicaba la insuficiencia de crédito disponible para hacer frente al contrato", según reza en el auto judicial. Pese a que el anterior equipo de gobierno a estas últimas elecciones municipales, conformado por una coalición de ex concejales de IU y del PP, alzó un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) después de que este tribunal ordenara al juzgado de la Palma a abrir diligencias penales por el pleito que la empresa contra el Ayuntamiento ante la deuda de más de 327.000 euros, el recurso fue desestimado.

Se trata de la tercera causa en la que se ordena el procesamiento de Carlos Sánchez, tras la del caso del Parque Ramos Mantis y el del recinto ferial de la localidad, estando imputado también por presuntos delitos de prevaricación y estafa en otro asunto por el derribo de una vivienda para la construcción de una plaza, a raíz de la denuncia de una vecina del municipio.  

Fuente: www.huelvainformacion.es

Un incendio trunca el comienzo de la romería de Montemayor.

Varios chozos salieron ardiendo aunque no hubo que lamentar daños personales · Los indicios apuntan a que el origen del fuego fue un fallo en el tendido eléctrico.

La primera jornada de la Romería de Montemayor de Moguer se vio truncada ayer por un incendio fortuito acaecido tan solo dos horas antes de que comenzara oficialmente este festejo. Muchos moguereños ya disfrutaban del primer almuerzo en sus chozos cuando unas pequeñas explosiones los alarmó, un sombrajo había comenzado a arder. Los primeros indicios apuntan a que el origen del fuego fue un fallo en el tendido eléctrico. El incendio se propagó rápidamente a los chozos colindantes ya que estos están construidos con troncos y ramas de eucaliptos secas y el sol sofocante del mediodía hizo el resto. En total, cinco sombrajos han salido ardiendo y más de 100 personas se han visto afectadas.

Efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y Bomberos se personaron rápidamente en el lugar de los hechos para sofocar el incendio. Una vez extinto, los trabajadores de Emvisur (Empresa Municipal de Gestión de Suelo y Vivienda) comenzaron las labores de limpieza y restauración del terreno.

En las calles del pueblo imperaba el desconcierto. Los romeros no sabían si emperifollarse con sus vestidos de flamenca y sus trajes de corto o ataviarse con un chandal y ponerse a recoger palos carbonizados. A las 18:30 estaba previsto que comenzara el recorrido hacia la ermita pero la Hermandad de Montemayor creyó conveniente posponerlo para hoy a las 21:00, tal como se hacía hace unos años. El hermano mayor de la entidad, Joaquín Luis Domínguez, muy conmocionado por los hechos, aseguró a Huelva Información que "entre todos ayudaremos a las reuniones afectadas para que puedan disfrutar de la Romería como si no hubiese pasado nada". Y es que en el interior de los chozos ya se resguardaban toda la comida y bebida, así como frigoríficos, sillas, mesas y demás utensilios necesarios para la celebración de esta romería.

Los concejales del Ayuntamiento y el alcalde de la localidad, Gustavo Cuéllar, se encontraban en el lugar de los hechos e informaron a los allí presentes que el Consistorio iba a poner todo de su parte para solucionar ese contratiempo cuanto antes. Así, los trabajadores de Emvisur acondicionaron unas casetas de feria junto con sillas y mesas para que los de los chozos quemados pudieran continuar con la conmemoración de este tradicional festejo. Además, estaban barajando la posibilidad de contratar un servicio de catering para ellos y suplir así toda la comida calcinada.

Hace ahora 20 años, en 1992, otro incendio soslayó la Romería de Montemayor de Moguer. Esta vez fue más ingente ya que arrasó con todo, incluso con la gran masa de eucaliptos que subsistían en la zona, pero no causó grandes perjuicios en lo referido a la celebración ya que tuvo lugar el último día de romería.

Fuente: Huelva Información.