miércoles, 15 de agosto de 2012
jueves, 2 de agosto de 2012
Vuelve la confrontación.Hacienda amenaza a Griñán con suspender la autonomía: "No hay hueco para la insumisión”.
LA SECRETARIA DE HACIENDA RECUERDA EL ART.155 DE LA CONSTITUCIÓN.
Hacienda lanzó ayer un mensaje categórico a
Andalucía y Cataluña: una cosa es la posición política que ambas
regiones quieran teatralizar ante los medios de comunicación y otra,
llevar esas posturas hacia un choque de trenes en el que se planteen no
ejecutar los últimos requerimientos aprobados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con la mayoría abrumadora de las comunidades en manos del PP. El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, habló ayer de un panorama apocalíptico por el que el Plan de Montoro supondría, a corto plazo, el cierre de 19 hospitales, de la mitad de los colegios y el despido de hasta 60.000 funcionarios. Hacienda, sin embargo, no recula: “No hay hueco para la insumisión”.
La
encargada de dejar claro que el nuevo techo de déficit autonómico no
tiene marcha atrás fue la número dos de Hacienda, la secretaria de
Estado de Presupuestos, Marta Fernández Curras, que, en una entrevista a la Radio Galega, dejó claro que las autonomías rebeldes no tienen posibilidad de plantarse, “entre otras cosas porque no tienen financiación”.
Curras recordó, de hecho, que Hacienda tiene a su disposición “fortísimos” mecanismos
de los que se podrían echar mano para cumplir con la Ley de Estabilidad
en el caso de que Andalucia, Canarias, Asturias o Cataluña planteen una
insumisión más allá de los gestos políticos. “Desde recuperar las
competencias en cesión de tributos, hasta llegar a la situación del artículo 155
de la Constitución. Tenemos todo ese abanico, por lo tanto, la
insumisión no es posible, ni para las Comunidades Autónomas ni para
nadie, tampoco para el Estado”, explicó.
El artículo aludido de la Carta Magna sería la vía más radical pues faculta al Gobierno para obligar a una comunidad autónoma a cumplir forzosamente con las obligaciones
de la Constitución y de otras leyes como la de la Estabilidad
Presupuestaria si incurre en un incumplimiento o actuare de forma que
atenta gravemente contra el interés general de España.
Griñán habla de “maltrato”
La reacción más airada a los nuevos límites de gasto llegó ayer del propio Griñán, que calificó de “maltrato” la actitud del Gobierno central con su comunidad
y justificó su posición en que cumplir con una deuda máxima del 13,2%
del PIB para 2013 equivaldría a cerrar los 19 hospitales públicos
andaluces, la mitad de los colegios y despedir a 60.000 empleados
públicos.
La propia Generalitat
de Cataluña, que el martes plantó a Montoro en la reunión del CPFF para
criticar la falta de dialogo del ministro, reconocía ayer que tendrá que cumplir con el objetivo de déficit. “Una cosa es que la Generalitat exprese su malestar no asistiendo a la reunión,
algo que es lícito y comprensible, y otra que se intente confundir a la
opinión pública diciendo que no queremos cumplir”, explicó el consejero
de Territorio y Sostenibilidad, Lluis Recoder.
El
Gobierno asturiano también ha mostrado su voluntad de cumplir, pero
denunció que el Gobierno penaliza a las comunidades que menos se han
endeudado, mientras que el presidente canario, Paulino Rivero, dijo que el recorte de 120 millones de euros en sus cuentas “estrangula, asfixia y maltrata” a las islas.
El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba,
incidió también en esa falta de diálogo del Ejecutivo con las
Comunidades Autónomas y pidió a Montoro que deponga el “ordeno y mando” y la política de “esto son lentejas”.
En el lado opuesto, los populares, que tras la reunión del lunes con Rajoy han aparcado sus reservas a los ajustes de Montoro, criticaron ayer por “irresponsables” las posiciones de las comunidades críticas. El valenciano Alberto Fabra,
que dirige la segunda comunidad más endeudada, pidió a Cataluña y
Andalucía que sean “responsables” porque “nadie va a salir por sí solo
de la crisis” y porque “no puede haber unas comunidades que cumplan y
otras que no porque al final el conjunto es lo que va a ser evaluado”.
El Confidencial.
Los recortes de Griñan. El impago de la Junta a Generali deja a los mineros prejubilados sin su nómina.
Los afectados reciben una carta de la empresa en la que les explica que la Administración autonómica no ha solventado aún el pago de las primas del seguro · Es la segunda misiva que reciben en menos de un mes.
Los prejubilados de Minas de Riotinto han vuelto a recibir una carta de su aseguradora, Generali, SA de Seguros y Reaseguros, en la que se les comunica que no abonarán las rentas correspondientes de sus pólizas debido al impago de sus primas por parte de la Junta de Andalucía.
"Continuando con nuestro anterior escrito del 6 de julio, lamentamos comunicarle que la situación de impago de las primas de la póliza del seguro de referencia no se ha solventado por parte de la Junta de Andalucía. Consecuentemente, muy a pesar nuestro, debido al impago de primas por parte de la Junta de Andalucía nos vemos obligados a no abonar las rentas correspondientes a esta póliza desde este mes de julio", señala la compañía en la misiva, remitida con fecha 24 de julio.
Tal y como reconoce Generali Seguros, esta no es la primera (ni seguramente será la última vez) en la que los exmineros tengan que recibir este tipo de cartas, ya que se trata de la segunda que reciben en poco menos de un mes. Así, a primeros de julio la aseguradora les advirtió que la Administración autonómica aún no ha había hecho efectivos sus compromisos de pago. La compañía, en todo caso, se autoexime de cualquier responsabilidad y se pone a disposición de sus asegurados para aclarar cualquier situación.
La Junta de Andalucía debería haber finiquitado el total de su prima en el quinquenio 2003-2008, tal y como lo hicieron en su momento el Gobierno central y los propios trabajadores a través de las indemnizaciones a las que renunciaron de forma voluntaria con la intención de destinarlo al fondo creado a raíz del cierre de los establecimientos mineros en 2002.
Desde hace un par de años los problemas de liquidez de la Administración regional han hecho a la Junta tener que renegociar en varias ocasiones la póliza que garantiza el abono de las prejubilaciones de los exmineros. De hecho, un caso similar a éste se produjo a final del año pasado y desde entonces se hace cada vez más irregular el pago de estas pólizas, aunque finalmente siempre terminan cobrando.
En la Cuenca Minera de Riotinto alrededor de unos 200 exmineros de los más de 300 que se prejubilaron hace ya diez años se encuentran afectados por esta medida, que intentarán desbloquear los representantes del sindicato CCOO y la Dirección General de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía en la reunión que mantendrán en Sevilla esta misma mañana.
El pasado mes de enero la aseguradora suspendió la póliza de los prejubilados correspondiente a la mensualidad de diciembre de 2011, suspensión motivada "por el impago de las primas de seguro por parte de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía".
A mediados de enero, la compañía comunicó a los rentistas y prejubilados por expedientes de regulación de empleo (ERE) en Andalucía la transferencia en sus cuentas corrientes del importe correspondiente a la renta del mes de diciembre derivada de la póliza de referencia, aunque comunicó a dichos prejubilados que "si se mantienen los retrasos" por parte de la Junta, Generali "podría verse obligada a proceder nuevamente según lo previsto en la póliza y certificado de seguro", esto es, volver a suspender los pagos a los prejubilados.
La situación volvió a repetirse en plena campaña de las elecciones al Parlamento de Andalucía.
viernes, 29 de junio de 2012
El PSOE elude apoyar el Jubileo como Acontecimiento de Excepcional Interés
El Grupo Socialista se abstiene en la votación del Congreso que
modificaba los Presupuestos del Estado · El Ayuntamiento recuerda que
Zapatero prestó apoyo y dio beneficios fiscales a Caravaca Jubilar 2010.
La enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para declarar
Acontecimiento de Excepcional Interés Público el Año Santo Jubilar
declarado por Benedicto XVI para la venida y estancia de la Virgen del
Rocío en el pueblo de Almonte y la celebración del Bicentenario del
Rocío Chico en la aldea ha contado con el voto mayoritario del Congreso
de los Diputados en su paso definitivo por la Cámara, tras el consenso
previamente alcanzado en el Senado. Esta decisión conlleva exenciones
fiscales de un 95 % a las empresas que colaboren en el acontecimiento.
Según el portavoz del equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento, José Joaquín de la Torre, "nos ha sorprendido más allá de la abstención del grupo socialista, el voto no favorable de los diputados del PSOE de Huelva: Javier Barrero y María José Rodríguez. En su afán por posicionarse frente al Gobierno de España y Almonte, no han dudado en ir en contra de buenas decisiones tomadas por el Partido Popular, que favorecen los intereses de los ciudadanos de Huelva y el conjunto de Andalucía".
De la Torre remarcó la contradicción existente en una decisión económica que han celebrado todos los empresarios, "incluidos algunos miembros del PSOE de Almonte, eso sí, en privado. Ahora, los socialistas se han posicionado en contra de las decisiones más convenientes para la provincia. Una actitud que ya hemos comprobado esta misma semana, cuando hemos solucionado la depuración de aguas en Matalascañas con el respaldo del tejido social y económico de la zona, y hemos encontrado por respuesta mentiras y olvidos de su nefasta gestión".
El portavoz popular pidió al PSOE que "abandone el sectarismo, ya que no se puede ir contra el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento pasando por encima de lo que sea. El caudal de oportunidades, la generación de riqueza y empleo que ofrece la declaración de Acontecimiento de Excepcional Interés Público realizada por el Gobierno de España debería hacerles reflexionar que los problemas y las expectativas de los ciudadanos de la provincia de Huelva están por encima de la demagogia y la política de salón".
José Joaquín de la Torre recordó que la actitud de los socialistas sobre el Año Santo Jubilar rociero contrasta con el apoyo que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero prestó a celebraciones similares no hace demasiado tiempo.
De hecho, aprobó beneficios fiscales para el evento Caravaca Jubilar 2010 en Murcia, mediante la misma fórmula utilizada ahora por el Partido Popular. Es decir, declarándolo Acontecimiento de Excepcional Interés Público. Durante dos años, 2009 y 2010, se aplicaron medidas de beneficio fiscal a las empresas que promocionaron el acontecimiento religioso.
Por su parte, el PP de Huelva lamentó también que el PSOE no haya apoyado en el Congreso de los Diputados la enmienda presentada por el Senado a los Presupuestos Generales del Estado, e impulsada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, para declarar el Año Santo Jubilar Mariano de El Rocío como Acontecimiento de Excepcional Interés Público.
El presidente provincial del PP cree que el PSOE ha demostrado que "no está con Huelva ni quiere el beneficio para esta provincia que tan mal lo está pasando por la crisis".
"Siempre que algo es bueno para Huelva, el PSOE o no lo respalda o se opone", añadió el popular. González dijo que al no apoyar esta iniciativa "el PSOE se opone a la creación de empleo y a la generación de riqueza".
Según el portavoz del equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento, José Joaquín de la Torre, "nos ha sorprendido más allá de la abstención del grupo socialista, el voto no favorable de los diputados del PSOE de Huelva: Javier Barrero y María José Rodríguez. En su afán por posicionarse frente al Gobierno de España y Almonte, no han dudado en ir en contra de buenas decisiones tomadas por el Partido Popular, que favorecen los intereses de los ciudadanos de Huelva y el conjunto de Andalucía".
De la Torre remarcó la contradicción existente en una decisión económica que han celebrado todos los empresarios, "incluidos algunos miembros del PSOE de Almonte, eso sí, en privado. Ahora, los socialistas se han posicionado en contra de las decisiones más convenientes para la provincia. Una actitud que ya hemos comprobado esta misma semana, cuando hemos solucionado la depuración de aguas en Matalascañas con el respaldo del tejido social y económico de la zona, y hemos encontrado por respuesta mentiras y olvidos de su nefasta gestión".
El portavoz popular pidió al PSOE que "abandone el sectarismo, ya que no se puede ir contra el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento pasando por encima de lo que sea. El caudal de oportunidades, la generación de riqueza y empleo que ofrece la declaración de Acontecimiento de Excepcional Interés Público realizada por el Gobierno de España debería hacerles reflexionar que los problemas y las expectativas de los ciudadanos de la provincia de Huelva están por encima de la demagogia y la política de salón".
José Joaquín de la Torre recordó que la actitud de los socialistas sobre el Año Santo Jubilar rociero contrasta con el apoyo que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero prestó a celebraciones similares no hace demasiado tiempo.
De hecho, aprobó beneficios fiscales para el evento Caravaca Jubilar 2010 en Murcia, mediante la misma fórmula utilizada ahora por el Partido Popular. Es decir, declarándolo Acontecimiento de Excepcional Interés Público. Durante dos años, 2009 y 2010, se aplicaron medidas de beneficio fiscal a las empresas que promocionaron el acontecimiento religioso.
Por su parte, el PP de Huelva lamentó también que el PSOE no haya apoyado en el Congreso de los Diputados la enmienda presentada por el Senado a los Presupuestos Generales del Estado, e impulsada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, para declarar el Año Santo Jubilar Mariano de El Rocío como Acontecimiento de Excepcional Interés Público.
El presidente provincial del PP cree que el PSOE ha demostrado que "no está con Huelva ni quiere el beneficio para esta provincia que tan mal lo está pasando por la crisis".
"Siempre que algo es bueno para Huelva, el PSOE o no lo respalda o se opone", añadió el popular. González dijo que al no apoyar esta iniciativa "el PSOE se opone a la creación de empleo y a la generación de riqueza".
Huelva Información
jueves, 21 de junio de 2012
Actualidad de los ERE's. Alaya imputa al ex diputado del PSOE Ramón Díaz y cita a declarar al ex viceconsejero Agustín Barberá.
La magistrada cita a declarar a los ex directores de Trabajo Juan
Márquez y Daniel Alberto Rivera los días 3 y 11 de julio, y el día 6 a
la que fuera asesora de Empleo María José Rofa.
La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha imputado en la causa al ex asesor de la Consejería de Empleo y ex diputado autonómico del PSOE Ramón Díaz Alcaraz y ha citado también a declarar el próximo 27 julio al que fuera viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, que ya estaba imputado en la causa.
La instructora también ha acordado citar a declarar a los dos ex directores de Trabajo y Seguridad Social que sustituyeron a Francisco Javier Guerrero –actualmente en prisión provisional por esta causa- y que comparecerán el día 3 en el caso de Juan Márquez Contreras, mientras que el día 11 lo hará Daniel Alberto Rivera, que fue cesado recientemente por la Junta. El calendario de comparecencias fijado por la juez se completa con la declaración, el día 6 de julio, de María José Rofa, la que fuera asesora de la Consejería de Empleo y que aportó abundante documentación a los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cuando prestó declaración.
En el auto, la juez ha realizado un total de cinco nuevas imputaciones, entre las que se incluyen la de Antonio Diz-Lois Ruiz, el que fuera jefe de servicio de la dirección general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta y que en mayo de 2008 pasó a ser director del departamento de Administración y Finanzas de la agencia IDEA; la de María José Rofa; la de la responsable de la secretaría de la dirección general de Trabajo y Seguridad Social Ángeles Gala Martín; y la tramitadora de los expedientes de las ayudas, Rocío Sayago Gómez.
La magistrada también ha decidido requerir a la Junta para que "identifique al autor" del informe del gabinete del consejero de Empleo, en el que se hablaba –a raíz de un informe de un despacho de abogados- sobre el carácter “discrecional” de las subvenciones y a obligación de publicarlas, y reclama igualmente los informes que pudiera haber elaborado el gabinete jurídico de la Junta en relación con las cuestiones que pudieran haber planteado las Consejerías de Empleo y de Innovación, Ciencia y Empresa en su relación con el IFA entre los años 1999 y 2000, teniendo en cuenta el antecedente de los reparos que planteó la Intervención General a las ayudas de Cárnicas Molina.
La imputación del ex diputado socialista Ramón Díaz Alcaraz se produce, según detalla el auto, por su "activa participación" en la inclusión de al menos cinco intrusos en los ERE de las empresas Calderinox, Saldauto y A-Novo (Málaga), entre los que descatan el ex delegado de Trabajo en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés, incluido en la primera empresa en la que nunca trabajó, o el caso de Manuel Jiménez de Miguel, que fue incluido en A-Novo porque Ramón Díaz “podría haber tenido interés” dado que esta persona pertenecía a la agrupación socialista de Nervión, en Sevilla.
La juez también le imputa su "presunta implicación" en la ayuda sociolaboral concedida a la SAT Virgen del Espino para ocho trabajadores y por importe de 450.000 euros, cuando dicha empresa “sólo tenía dos trabajadores y parece ser que en realidad era para pago de parte de subvenciones anteriores” que estaban pendientes de abonar. , por
En el auto notificado en la mañana de este miércoles a las partes personadas, la juez señala que tras el último atestado remitido por la Guardia Civil, en el que se hacía un "exhaustivo estudio" de la investigación y de la forma de actuar de la Dirección General de Trabajo, “comienzan a consolidarse las bases de la presente causa” y añade que la parte "verdaderamente novedosa" del atestado es la que se refiere a la "segunda época" que se abre en la Consejería de Empleo con el cese en 2008 de Francisco Javier Guerrero Benítez como director general de Trabajo, cargo en el que le sucedieron los también imputados Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera.
A la vista de ese informe policial, la magistrada ha decidido ampliar las imputaciones precisamente contra estos dos ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social y contra el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.
En cuanto a la imputación de Juan Márquez, la juez Alaya le imputa que continuara haciendo uso del convenio marco por el que se concedían las ayudas mediante el sistema de transferencias de financiación, a pesar de que tuvo "importantes dudas sobre la legalidad del procedimiento" y de haber tomado con posterioridad conciencia de las consecuencias de su aplicación: la ausencia de fiscalización previa y de justificación del uso de las ayudas. Y todo ello, precisa la juez, a pesar de los informes que ordenó hacer respecto a las ayudas concedidas a las empresas del chófer de Guerrero y las concedidas a los empresarios de la Sierra Norte José Enrique Rosendo y José María Sayago. La magistrada considera que Márquez dio "continuidad al instrumento que había permitido la adjudicación irregular de las ayudas que él fue constatando, pese a conocer también la existencia de intrusos en determinadas pólizas", como el caso de Rafael Rosendo, ex alcalde de El Pedroso (Sevilla) y padre del empresario mencionado. La juez achaca a Márquez haber mantenido una “conducta omisiva”, al no ordenar el reintegro de las cantidades que hubiesen sido ilícitamente percibidas, y también una “activa participación” en la inclusión de nuevos intrusos en Calderinox, entre ellos el ex director de Trabajo Juan Rodríguez Cordobés. Por último, Alaya cree que Márquez era “pleno conocedor” de que se estaba incumpliendo la normativa comunitaria en materia de ayudas sociolaborales y directas.
En el caso de Daniel Alberto Rivera, la extensión de la imputación procede de haber utilizado el mismo sistema para la concesión de las ayudas que sus predecesores, a través de las transferencias de financiación, si bien mediante un “nuevo diseño jurídico”: la orden del consejero de Empleo, Manuel Recio, de 27 de abril de 2010, por la que se formalizaba el “acuerdo de encomienda con la agencia IDEA” para el pago de las ayudas. Dice la juez que con este acuerdo persistía la “misma ausencia en el trámite de concesión”, así como en la fiscalización previa del gasto y en el control de las ayudas, además de omitir el resto de los requisitos del “exigente sistema de subvenciones”, y añade que la orden del consejero “no había pasado el filtro de la autorización del Consejo de Gobierno” que requiere el artículo 105.3 de la ley 9/2007 de 22 de octubre.
La instructora considera también relevante el acuerdo que Daniel Rivera realizó con el Consorcio de Compensación de Seguros el 16 de noviembre de 2010, tras la quiebra de la aseguradora Fortia, por el que se acordó el pago de varias pólizas a pesar de que conocía "indiciariamente la existencia de intrusos" entre ellos el ex alcalde de El Pedroso Rafael Rosendo y el ex jugador de fútbol José Antonio Gómez Romón, Pizo Gómez, con lo que Rivera “comprometió el uso de fondos públicos para el pago de las ayudas ilegítimas”. También le imputa haber dado continuidad a las actuaciones presuntamente irregulares de Guerrero, como ocurrió en las ayudas a Surcolor.
En el caso del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, la juez ha decidido ampliar la imputación por su “activa participación” en la inclusión de los intrusos de Intersur, al haber remitido un fax a Vitalia adjuntando una copia de la cartilla bancaria del intruso Ricardo Medina Barrios, vecino de Camas (Sevilla), localidad donde fue alcalde Rivas durante años. Junto a este intruso fueron incluidos en la misma póliza José Antonio García Prieto, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de la localidad, y José Acevedo López, éste último concuñado del propio Rivas.
La imputación de María José Rofa deriva, según el auto, de que a pesar de sus "intentos" ante Juan Márquez para que se produjera un cambio en el procedimiento a seguir ante las dudas sobre la legalidad del mismo, llegando a plantearse la "anulabilidad" de los actos administrativos de Guerrero, "lo cierto es que ella, mano derecha de Juan Márquez, termina trabajando con las mismas herramientas aunque fuera por indicación de sus superiores, pero teniendo ella conocimiento de la presunta ilegalidad que todo ello suponía". La juez le atribuye además que conocía la existencia de intrusos, como el caso de Juan Rodríguez Cordobés.
Al que fuera jefe de servicio de la dirección general de Trabajo Antonio Diz-Lois Ruiz la juez le imputa que era la persona que se encargaba de "realizar el seguimiento de los pagos" de la ayudas en la época de Francisco Guerrero, y por consiguiente, “debía conocer y participar, dado su cargo, en el sistema de pagos cruzados, o lo que es lo mismo pagos sin convenio, en la concentración de ayudas a las mismas empresas, en el incumplimiento de la normativa en materia de subvenciones y en el incumplimiento de los filtros establecidos en el reglamento del IFA o el estatuto de IDEA”. La instructora le atribuye además, tras su nombramiento como director del departamento de Administración y Finanzas de IDEA en mayo de 2008, ser presuntamente uno de los “promotores del mantenimiento del procedimiento específico a través del mencionado convenio, aunque su vigencia estaba concluida, considerándolo prorrogado tácitamente, y ello pese a ser consciente en tal momento de las dudas que existía sobre la legalidad del procedimiento en sus diferentes facetas”.
En cuanto a María Ángeles Gala Martín, que fue responsable de la secretaría de la dirección general de Trabajo en la época de Guerrero y preparaba las resoluciones y órdenes de pago de las ayudas, la magistrada cree que "tuvo presuntamente que conocer por razón de su trabajo la total ausencia de procedimiento de numerosos expedientes, el sistema de pagos cruzados, la acumulación de ayudas a las mismas empresas y la concesión supuestamente arbitraria de ayudas sociolaborales, ya mediante intrusos, ya mediante la concesión de ayudas individuales". La misma imputación se realiza con respecto a Rocío Sayago Gómez, que fue tramitadora de los expedientes de ayuda junto a la anterior, y además la empresa Coflosur, de su marido y de su cuñado, recibió 60.000 euros como ayuda directa por parte de Guerrero, "presuntamente por la influencia" de esta imputada, precisa el auto.
La instructora también ha acordado citar a declarar a los dos ex directores de Trabajo y Seguridad Social que sustituyeron a Francisco Javier Guerrero –actualmente en prisión provisional por esta causa- y que comparecerán el día 3 en el caso de Juan Márquez Contreras, mientras que el día 11 lo hará Daniel Alberto Rivera, que fue cesado recientemente por la Junta. El calendario de comparecencias fijado por la juez se completa con la declaración, el día 6 de julio, de María José Rofa, la que fuera asesora de la Consejería de Empleo y que aportó abundante documentación a los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cuando prestó declaración.
En el auto, la juez ha realizado un total de cinco nuevas imputaciones, entre las que se incluyen la de Antonio Diz-Lois Ruiz, el que fuera jefe de servicio de la dirección general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta y que en mayo de 2008 pasó a ser director del departamento de Administración y Finanzas de la agencia IDEA; la de María José Rofa; la de la responsable de la secretaría de la dirección general de Trabajo y Seguridad Social Ángeles Gala Martín; y la tramitadora de los expedientes de las ayudas, Rocío Sayago Gómez.
La magistrada también ha decidido requerir a la Junta para que "identifique al autor" del informe del gabinete del consejero de Empleo, en el que se hablaba –a raíz de un informe de un despacho de abogados- sobre el carácter “discrecional” de las subvenciones y a obligación de publicarlas, y reclama igualmente los informes que pudiera haber elaborado el gabinete jurídico de la Junta en relación con las cuestiones que pudieran haber planteado las Consejerías de Empleo y de Innovación, Ciencia y Empresa en su relación con el IFA entre los años 1999 y 2000, teniendo en cuenta el antecedente de los reparos que planteó la Intervención General a las ayudas de Cárnicas Molina.
La imputación del ex diputado socialista Ramón Díaz Alcaraz se produce, según detalla el auto, por su "activa participación" en la inclusión de al menos cinco intrusos en los ERE de las empresas Calderinox, Saldauto y A-Novo (Málaga), entre los que descatan el ex delegado de Trabajo en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés, incluido en la primera empresa en la que nunca trabajó, o el caso de Manuel Jiménez de Miguel, que fue incluido en A-Novo porque Ramón Díaz “podría haber tenido interés” dado que esta persona pertenecía a la agrupación socialista de Nervión, en Sevilla.
La juez también le imputa su "presunta implicación" en la ayuda sociolaboral concedida a la SAT Virgen del Espino para ocho trabajadores y por importe de 450.000 euros, cuando dicha empresa “sólo tenía dos trabajadores y parece ser que en realidad era para pago de parte de subvenciones anteriores” que estaban pendientes de abonar. , por
En el auto notificado en la mañana de este miércoles a las partes personadas, la juez señala que tras el último atestado remitido por la Guardia Civil, en el que se hacía un "exhaustivo estudio" de la investigación y de la forma de actuar de la Dirección General de Trabajo, “comienzan a consolidarse las bases de la presente causa” y añade que la parte "verdaderamente novedosa" del atestado es la que se refiere a la "segunda época" que se abre en la Consejería de Empleo con el cese en 2008 de Francisco Javier Guerrero Benítez como director general de Trabajo, cargo en el que le sucedieron los también imputados Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera.
A la vista de ese informe policial, la magistrada ha decidido ampliar las imputaciones precisamente contra estos dos ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social y contra el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.
En cuanto a la imputación de Juan Márquez, la juez Alaya le imputa que continuara haciendo uso del convenio marco por el que se concedían las ayudas mediante el sistema de transferencias de financiación, a pesar de que tuvo "importantes dudas sobre la legalidad del procedimiento" y de haber tomado con posterioridad conciencia de las consecuencias de su aplicación: la ausencia de fiscalización previa y de justificación del uso de las ayudas. Y todo ello, precisa la juez, a pesar de los informes que ordenó hacer respecto a las ayudas concedidas a las empresas del chófer de Guerrero y las concedidas a los empresarios de la Sierra Norte José Enrique Rosendo y José María Sayago. La magistrada considera que Márquez dio "continuidad al instrumento que había permitido la adjudicación irregular de las ayudas que él fue constatando, pese a conocer también la existencia de intrusos en determinadas pólizas", como el caso de Rafael Rosendo, ex alcalde de El Pedroso (Sevilla) y padre del empresario mencionado. La juez achaca a Márquez haber mantenido una “conducta omisiva”, al no ordenar el reintegro de las cantidades que hubiesen sido ilícitamente percibidas, y también una “activa participación” en la inclusión de nuevos intrusos en Calderinox, entre ellos el ex director de Trabajo Juan Rodríguez Cordobés. Por último, Alaya cree que Márquez era “pleno conocedor” de que se estaba incumpliendo la normativa comunitaria en materia de ayudas sociolaborales y directas.
En el caso de Daniel Alberto Rivera, la extensión de la imputación procede de haber utilizado el mismo sistema para la concesión de las ayudas que sus predecesores, a través de las transferencias de financiación, si bien mediante un “nuevo diseño jurídico”: la orden del consejero de Empleo, Manuel Recio, de 27 de abril de 2010, por la que se formalizaba el “acuerdo de encomienda con la agencia IDEA” para el pago de las ayudas. Dice la juez que con este acuerdo persistía la “misma ausencia en el trámite de concesión”, así como en la fiscalización previa del gasto y en el control de las ayudas, además de omitir el resto de los requisitos del “exigente sistema de subvenciones”, y añade que la orden del consejero “no había pasado el filtro de la autorización del Consejo de Gobierno” que requiere el artículo 105.3 de la ley 9/2007 de 22 de octubre.
La instructora considera también relevante el acuerdo que Daniel Rivera realizó con el Consorcio de Compensación de Seguros el 16 de noviembre de 2010, tras la quiebra de la aseguradora Fortia, por el que se acordó el pago de varias pólizas a pesar de que conocía "indiciariamente la existencia de intrusos" entre ellos el ex alcalde de El Pedroso Rafael Rosendo y el ex jugador de fútbol José Antonio Gómez Romón, Pizo Gómez, con lo que Rivera “comprometió el uso de fondos públicos para el pago de las ayudas ilegítimas”. También le imputa haber dado continuidad a las actuaciones presuntamente irregulares de Guerrero, como ocurrió en las ayudas a Surcolor.
En el caso del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, la juez ha decidido ampliar la imputación por su “activa participación” en la inclusión de los intrusos de Intersur, al haber remitido un fax a Vitalia adjuntando una copia de la cartilla bancaria del intruso Ricardo Medina Barrios, vecino de Camas (Sevilla), localidad donde fue alcalde Rivas durante años. Junto a este intruso fueron incluidos en la misma póliza José Antonio García Prieto, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de la localidad, y José Acevedo López, éste último concuñado del propio Rivas.
La imputación de María José Rofa deriva, según el auto, de que a pesar de sus "intentos" ante Juan Márquez para que se produjera un cambio en el procedimiento a seguir ante las dudas sobre la legalidad del mismo, llegando a plantearse la "anulabilidad" de los actos administrativos de Guerrero, "lo cierto es que ella, mano derecha de Juan Márquez, termina trabajando con las mismas herramientas aunque fuera por indicación de sus superiores, pero teniendo ella conocimiento de la presunta ilegalidad que todo ello suponía". La juez le atribuye además que conocía la existencia de intrusos, como el caso de Juan Rodríguez Cordobés.
Al que fuera jefe de servicio de la dirección general de Trabajo Antonio Diz-Lois Ruiz la juez le imputa que era la persona que se encargaba de "realizar el seguimiento de los pagos" de la ayudas en la época de Francisco Guerrero, y por consiguiente, “debía conocer y participar, dado su cargo, en el sistema de pagos cruzados, o lo que es lo mismo pagos sin convenio, en la concentración de ayudas a las mismas empresas, en el incumplimiento de la normativa en materia de subvenciones y en el incumplimiento de los filtros establecidos en el reglamento del IFA o el estatuto de IDEA”. La instructora le atribuye además, tras su nombramiento como director del departamento de Administración y Finanzas de IDEA en mayo de 2008, ser presuntamente uno de los “promotores del mantenimiento del procedimiento específico a través del mencionado convenio, aunque su vigencia estaba concluida, considerándolo prorrogado tácitamente, y ello pese a ser consciente en tal momento de las dudas que existía sobre la legalidad del procedimiento en sus diferentes facetas”.
En cuanto a María Ángeles Gala Martín, que fue responsable de la secretaría de la dirección general de Trabajo en la época de Guerrero y preparaba las resoluciones y órdenes de pago de las ayudas, la magistrada cree que "tuvo presuntamente que conocer por razón de su trabajo la total ausencia de procedimiento de numerosos expedientes, el sistema de pagos cruzados, la acumulación de ayudas a las mismas empresas y la concesión supuestamente arbitraria de ayudas sociolaborales, ya mediante intrusos, ya mediante la concesión de ayudas individuales". La misma imputación se realiza con respecto a Rocío Sayago Gómez, que fue tramitadora de los expedientes de ayuda junto a la anterior, y además la empresa Coflosur, de su marido y de su cuñado, recibió 60.000 euros como ayuda directa por parte de Guerrero, "presuntamente por la influencia" de esta imputada, precisa el auto.
Huelva Información
jueves, 14 de junio de 2012
Fomento dice que iniciará la redacción de las vías del AVE, adjudicada en 2009
El Ministerio asegura al alcalde que no hay ninguna constancia del
proyecto de trazado · El Gobierno socialista asignó por 7,3 millones de
euros unos trabajos que debieron finalizarse a mediados de 2010
El alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, presentó ayer a bombo y platillo
el compromiso del Ministerio de Fomento para redactar el proyecto de
trazado del AVE entre Huelva y Sevilla. Pero lo que es vendido como un
avance más hacia la consecución de la infraestructura ha vuelto a
envolver en una nebulosa la realidad. Y es que mientras la ministra Ana
Pastor asegura que la redacción comenzará en breve, estos trabajos ya
fueron adjudicados por el anterior Gobierno en junio de 2009 por valor
de 7,3 millones y deberían estar muy próximos a su conclusión. Con dos
años de retraso, eso sí.
Desde el Ayuntamiento de Huelva se asegura que el Ministerio no tiene constancia de la redacción de ningún proyecto. Dicen que no hay papeles y que, por tanto, habrá que empezar de cero. El compromiso es firme. El alcalde lo considera "una buena noticia", un paso clave, "histórico", para lograr más pronto que tarde la llegada del AVE.
Sin embargo, las noticias previas a este anuncio apuntan a otra dirección. El pasado mes de abril, en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para la provincia onubense, se dejaba constancia de una partida de 2,4 millones de euros este año, según aclaró el subdelegado del Gobierno, para la finalización de la redacción del proyecto de trazado de vía que unirá Huelva con Sevilla.
Los trámites administrativos de Fomento se iniciaron en febrero de 2009 con la licitación de una línea que se dividió entonces en cinco tramos para la redacción de sus respectivos proyectos y la posterior ejecución de obras.
Posteriormente, en junio de ese mismo año, los cinco proyectos del trazado fueron adjudicados por valor de 7,3 millones de euros. La redacción de los mismos iba referida a la plataforma de la línea e incluían el cumplimiento y comprobación del condicionado establecido en la redacción de la Declaración de Impacto Ambiental.
El plazo de ejecución era de un año, pero a mediados de 2010 nada se sabía de los cinco proyectos y se daba por hecho que se produciría un retraso.
Un año más tarde, en junio de 2011, aún con Gobierno socialista, un documento interno del Ministerio de Fomento recogía la redacción de los proyectos seguía su curso con fecha 30 de mayo. La finalización de alguno de los cinco tramos se señalaba entonces para "el segundo semestre del año 2011".
Casi un año y medio después, tampoco hubo noticias de los mismos. Fuentes del proyecto indicaron entonces a este diario que dos de los tramos tuvieron que ser redactados de nuevo por problemas ambientales, pero no hubo comunicación oficial.
El ministro José Blanco se fue de Fomento sin que se hiciera ningún anuncio al respecto ni se informara sobre el estado de una actuación que tuvo consignación presupuestaria cada año, pero para la que no se cumplieron los plazos.
Ahora la nueva titular del Ministerio, Ana Pastor, dice que no tiene constancia de ningún proyecto. Su compromiso con Pedro Rodríguez es poner en marcha todo el proceso desde el principio. Pero tampoco aporta fechas ni detalles sobre la licitación y adjudicación de una redacción que anuncia inminente.
El propio alcalde de Huelva evitó ayer hablar de plazos. Ni para la redacción de los proyectos ni mucho menos para un posible inicio de obras. "Lo primero que tenemos que saber -apuntó en rueda de prensa- es por dónde va a ir el trazado, porque sólo así se podrán expropiar luego los terrenos para que comiencen las obras dentro de un año, dos o los que sean".
A este anuncio que el regidor capitalino aplaude, la oposición socialista critica y que añade un poco más de confusión a la situación real del AVE con Huelva, se une una verdadera novedad, muy destacada por el Gobierno municipal: la Comisión de Seguimiento del convenio entre Ayuntamiento y Adif se reunirá en julio, después de ocho años de vacío. Junto a esto, la visita del secretario general técnico de Fomento, Gonzalo Ferré, impulsará la otra pata que falta: la estación.
Desde el Ayuntamiento de Huelva se asegura que el Ministerio no tiene constancia de la redacción de ningún proyecto. Dicen que no hay papeles y que, por tanto, habrá que empezar de cero. El compromiso es firme. El alcalde lo considera "una buena noticia", un paso clave, "histórico", para lograr más pronto que tarde la llegada del AVE.
Sin embargo, las noticias previas a este anuncio apuntan a otra dirección. El pasado mes de abril, en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para la provincia onubense, se dejaba constancia de una partida de 2,4 millones de euros este año, según aclaró el subdelegado del Gobierno, para la finalización de la redacción del proyecto de trazado de vía que unirá Huelva con Sevilla.
Los trámites administrativos de Fomento se iniciaron en febrero de 2009 con la licitación de una línea que se dividió entonces en cinco tramos para la redacción de sus respectivos proyectos y la posterior ejecución de obras.
Posteriormente, en junio de ese mismo año, los cinco proyectos del trazado fueron adjudicados por valor de 7,3 millones de euros. La redacción de los mismos iba referida a la plataforma de la línea e incluían el cumplimiento y comprobación del condicionado establecido en la redacción de la Declaración de Impacto Ambiental.
El plazo de ejecución era de un año, pero a mediados de 2010 nada se sabía de los cinco proyectos y se daba por hecho que se produciría un retraso.
Un año más tarde, en junio de 2011, aún con Gobierno socialista, un documento interno del Ministerio de Fomento recogía la redacción de los proyectos seguía su curso con fecha 30 de mayo. La finalización de alguno de los cinco tramos se señalaba entonces para "el segundo semestre del año 2011".
Casi un año y medio después, tampoco hubo noticias de los mismos. Fuentes del proyecto indicaron entonces a este diario que dos de los tramos tuvieron que ser redactados de nuevo por problemas ambientales, pero no hubo comunicación oficial.
El ministro José Blanco se fue de Fomento sin que se hiciera ningún anuncio al respecto ni se informara sobre el estado de una actuación que tuvo consignación presupuestaria cada año, pero para la que no se cumplieron los plazos.
Ahora la nueva titular del Ministerio, Ana Pastor, dice que no tiene constancia de ningún proyecto. Su compromiso con Pedro Rodríguez es poner en marcha todo el proceso desde el principio. Pero tampoco aporta fechas ni detalles sobre la licitación y adjudicación de una redacción que anuncia inminente.
El propio alcalde de Huelva evitó ayer hablar de plazos. Ni para la redacción de los proyectos ni mucho menos para un posible inicio de obras. "Lo primero que tenemos que saber -apuntó en rueda de prensa- es por dónde va a ir el trazado, porque sólo así se podrán expropiar luego los terrenos para que comiencen las obras dentro de un año, dos o los que sean".
A este anuncio que el regidor capitalino aplaude, la oposición socialista critica y que añade un poco más de confusión a la situación real del AVE con Huelva, se une una verdadera novedad, muy destacada por el Gobierno municipal: la Comisión de Seguimiento del convenio entre Ayuntamiento y Adif se reunirá en julio, después de ocho años de vacío. Junto a esto, la visita del secretario general técnico de Fomento, Gonzalo Ferré, impulsará la otra pata que falta: la estación.
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