El centro de sistemas no tripulados que el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial quiere construir en Moguer empieza a sufrir retrasos en algunos de sus plazos. Mientras el INTA tramita la Declaración de Impacto Ambiental ante el Ministerio de Medio Ambiente (un proceso largo), el Ayuntamiento de Moguer ha hecho lo propio con la descatalogación de los montes públicos en los que se ubicaría una instalación pionera en Europa, que aspira a convertirse en centro de referencia en el ensayo y montaje de estos sistemas. Sin embargo, la tramitación de este cambio de uso del terreno parece haberse atascado en la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que casi tres meses después de recibir la documentación todavía está en la fase de estudios previos del procedimiento.
Según informan fuentes del departamento dirigido por Carmen Lloret, aún se están recabando los informes de los distintos servicios para la descatalogación de 75 hectáreas de monte público de propiedad municipal solicitada por el Ayuntamiento de Moguer. El proyecto, en el que colaboran el INTA, el Ministerio de Empleo y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) de la Junta, prevé la construcción y equipamiento de un centro para ensayos científicos, entrenamiento y montaje de sistemas autónomos no tripulados (CEUS) de grandes prestaciones. Para ello, se ha seleccionado un suelo en Moguer perteneciente al Catálogo de Montes Públicos de Andalucía, un espacio forestal que tiene que ser excluido de dicho catálogo y desafectado (así lo prevé la legislación para casos excepcionales) para que la actuación pueda llevarse a cabo.
El Pleno moguereño aprobó el 31 de enero por unanimidad la solicitud de descatalogación de terrenos a la Delegación Territorial, que es la que tiene que tramitar un expediente declarando la prevalencia del interés público científico-tecnológico sobre el forestal. Moguer aseveraba entonces que el proyecto "se presenta como uno de los más importantes para los próximos años en el término municipal"; además de la clave local, los impulsores la instalación destacan que esta convertiría a España en pionera en este tipo de establecimientos en un sector emergente de alta tecnología "muy singular en el mundo". Una vez tramitado el expediente por parte de la Delegación, es el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el que tendrá que resolver a favor o en contra de la desafectación de los terrenos.
Pero el expediente sigue por ahora en el departamento de Huelva, que aún tiene que elaborar el informe preceptivo e incluso someterlo a información pública según prevé la legislación. Los plazos van al límite, hasta el punto de que han saltado las alarmas entre los promotores sobre el retraso en la tramitación de un proyecto cuya financiación depende en más de un 50% de fondos europeos, condicionados al final del marco presupuestario actual: el Estado español tiene hasta diciembre de 2015 para ejecutarlos. En total, 40 millones de euros a abonar entre Gobierno central y Junta de Andalucía, que servirían para crear 250 empleos fijos de alta cualificación en la primera fase de operación del centro y hasta 500 en la segunda, amén de convertir a Huelva en punto clave del mapa aeronáutico europeo.
En paralelo a la tramitación en la Delegación Territorial, el Ministerio de Medio Ambiente está tramitando la Declaración de Impacto Ambiental, en fase de traslado al promotor de las respuestas a las consultas previas para que remita su estudio de impacto ambiental y sacarlo a información pública. Según la normativa vigente, también se tiene que formular una declaración de interés autonómico, tramitar un plan especial para la utilización del suelo y obtener la preceptiva Autorización Ambiental Unificada, el permiso verde imprescindible para el funcionamiento de la instalación. La intención inicial de los promotores del proyecto era comenzar las obras a finales de este mismo año para poder finalizarlas dentro de las fechas estipuladas. Los plazos, pues, ya están más que ajustados.
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