Recorte de más de 7.000 sanitarios y otros 7.400 profesores, pero también en Administración General y Justicia. Sólo Murcia supera el tijeretazo en la región, al nivel de Castilla-La Mancha.
La prioridad por el mantenimiento del empleo, la educación y la sanidad reiterada como un soniquete por los dirigentes de la Junta de Andalucía (PSOE-IU) cae en saco roto con la lectura de los datos oficiales.
Andalucía ha perdido en un año 16.343 empleados en su Administración, sin contar a las empresas públicas, el 88% de ellos en educación y sanidad. El recorte (-6,4%) no tiene parangón en otra comunidad, salvo en Murcia (-12,7%) y Castilla-La Mancha (-6,4%). El ajuste es tal que uno de cada tres empleados públicos de las autonomías que perdieron su trabajo el año pasado fue andaluz.
Los datos pertenecen al Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, con fecha a 1 de enero de 2013. Esta publicación semestral del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas recopila los efectivos de las distintas instituciones desde 1990.
Hasta este año la Junta de Andalucía había mantenido un ascenso equilibrado en el número de sus servidores públicos. La Administración autonómica inició su andadura en 1982 con 21 funcionarios y 16 laborales; en 2012 superó los 255.000 empleados.
El descenso más brusco en la historia de la Administración autonómica se registra el pasado año, ya que a 1 de enero de 2013 las estadísticas anotan 238.909 trabajadores en la Junta.
El personal de Educación y Sanidad es el más perjudicado. En la docencia no universitaria la Junta ha pasado de 115.567 empleados a 108.153, un 6,4% menos. La Junta mantuvo intacta la ratio de escolares ante el aumento del horario lectivo del Gobierno central, pero sacrificó a más de 4.500 interinos. Otras plazas por jubilaciones o excedencias no se repusieron: el Ministerio de Educación bloqueó la convocatoria de 2.389 plazas para Secundaria e instó a la Junta a que se ciñera al 10% de la tasa de reposición.
La Junta protestó, pero se ahorró la convocatoria. Este año sí ha convocado 592 plazas en Primaria.
En sanidad el recorte ha sido de un 7,3%. El pasado jueves el senador del PP Jesús Aguirre aludió a un informe laboral de los ministerios de Empleo y Sanidad que recogía estos mismos datos. La Consejería de Salud replicó que era una información "tendenciosa" que ignoraba los profesionales que tienen contratos de corta duración, tanto eventuales como interinos sustitutos.
Los datos oficiales añaden que el tijeretazo se completa con 1.328 trabajadores en consejerías y organismos autónomos y 574 en personal de Justicia.
Este recorte no es sólo inédito en la historia de la autonomía, sino que es singular de la comunidad autónoma. Porque las restricciones del Gobierno central han sido comunes para todas las autonomías pero, salvo Murcia, Andalucía es la que acomete mayor recorte de empleo público, junto a Castilla-La Mancha y seguida de Cataluña (-1,9%), Madrid (-1,6%) o Valencia (-1,3%).
El ajuste del pasado año pone a la Junta entre la que más empleo público ha destruido desde que comenzó la crisis, un 7,3% menos de personal desde 2009. La supera de nuevo Murcia (-8,3%), pero también, Madrid (-8%) y País Vasco (-9,2%), la única que creció un poco en 2012. También disminuye Cataluña (13,4%), pero esta comunidad alega una adecuación en la metodología de su área sanitaria. Las restantes autonomías no han recortado tanto empleo.
Tampoco el Estado. De hecho en la comunidad ascendieron en 2012 por el regreso de las competencias del Guadalquivir. En 2013 la bajada de efectivos fue de un 1,7% y se quedan en 92.577.
Más abrupta fue la bajada del personal dependiente de ayuntamientos y diputaciones, de un 12% en el conjunto del país y de un 10,8% en Andalucía. De hecho, los últimos ERE en los municipios andaluces han recortado el personal local un 7,1% y son 113.369.
Justo lo contrario ha pasado en el personal al servicio de las universidades, que desde 2009 se ha incrementado hasta los 25.571 este año, un incremento de un 31,6% en la comunidad, inferior no obstante al conjunto de las universidades españolas (49,6%).
De las administraciones públicas presentes en Andalucía dependen 470.426 empleados públicos, el 18,2% de los ocupados.
Huelva Información.
lunes, 12 de agosto de 2013
jueves, 4 de julio de 2013
sábado, 4 de mayo de 2013
Volante acusa a la Junta de ralentizar la aprobación del centro de aviones no tripulados.
El Partido Popular de Huelva ha denunciado las trabas que está poniendo la Junta de Andalucía para el desarrollo del denominado proyecto CEUS, el que puede ser el primer centro español de experimentación de aviones no tripulados de grandes dimensiones y que pretende instalarse en la provincia de Huelva.
Como ha subrayado Volante, “parece que el PSOE, que apostó por este proyecto cuando estaba en el Gobierno central, y que no puso trabas al mismo desde el principio en la Junta de Andalucía, vuelve a sucumbir a la radicalidad de IU y ahora pretende obstaculizarlo”
En este sentido, el popular ha destacado que, “después de mucho esfuerzo, conseguimos que este proyecto se quedara en Huelva, y no queremos pensar que, por culpa de la Junta de Andalucía, perdamos una inversión de casi 60 millones y 750 empleos por las tensiones internas en el bipartito entre IU y PSOE, como han evidenciado ya con el gasoducto de Doñana”.
Por todo ello, ha exigido a la Junta responsabilidad y celeridad en su tramitación al gobierno andaluz.
Huelvaya.es
El PP exige a la Junta celeridad para el centro de aviones no tripulados.
Los populares acusan a la Administración regional de "poner en riesgo" el proyecto ante el retraso de la tramitación.
Huelva Información
El Partido Popular de Huelva denunció ayer las trabas que está poniendo la Junta de Andalucía para el desarrollo del denominado proyecto CEUS, el que puede ser el primer centro español de experimentación de aviones no tripulados de grandes dimensiones que pretende instalarse en la provincia de Huelva.
Tras la noticia publicada por Huelva Información en la que se alertaba de la lentitud en la tramitación administrativa, el diputado provincial y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Moguer, Juan José Volante, aseguró que "tanto el Gobierno, que está elaborando la Declaración de Impacto Ambiental, como el Ayuntamiento de Moguer, están cumpliendo su parte de la tramitación, menos la Junta de Andalucía, que está ralentizando el proceso y poniendo en riesgo una inversión global que ronda los 60 millones y que podría traer a Huelva unos 250 empleos directos y en torno a 500 indirectos". Por ello, pidió celeridad a la Administración regional.
Este centro está previsto que se ubique en los aledaños de las actuales instalaciones del Arenosillo en Moguer, dependientes del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), una zona consensuada por todas las administraciones. Además, éste es un proyecto que cuenta, con el beneplácito de la Estación Biológica de Doñana. Se trata de un proyecto de referencia internacional, en el que participan la Junta, el Gobierno y el INTA, y que es una "enorme oportunidad para el empleo en la provincia que no se puede dejar pasar".
Según Volante, "parece que el PSOE, que apostó por este proyecto cuando estaba en el Gobierno central, y que no puso trabas al mismo desde el principio en la Junta de Andalucía, vuelve a sucumbir a la radicalidad de IU y ahora pretende obstaculizarlo" En este sentido, el popular recordó que, "después de mucho esfuerzo, conseguimos que este proyecto se quedara en Huelva, y no queremos pensar que, por culpa de la Junta de Andalucía, perdamos una inversión de casi 60 millones y 750 empleos por las tensiones internas en el bipartito entre IU y PSOE, como han evidenciado ya con el gasoducto de Doñana".
Volante recordó que la fecha tope para que este centro de aviones no tripulados sea una realidad es el 31 de diciembre de 2015, fecha en la que caduca la consignación de la UE porque los fondos llegan en unas anualidades "que hay que utilizar en ese periodo de tiempo para que no se pierdan".
Por todo ello, exigió "responsabilidad" y "celeridad" en su tramitación al Gobierno andaluz.
Huelva Información
miércoles, 1 de mayo de 2013
El centro de sistemas no tripulados se 'atasca' en la tramitación autonómica. La Junta lo atasca todo.
Medio Ambiente tiene que impulsar la desafectación de los suelos El proyecto va a contrarreloj para no perder los fondos europeos.
El centro de sistemas no tripulados que el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial quiere construir en Moguer empieza a sufrir retrasos en algunos de sus plazos. Mientras el INTA tramita la Declaración de Impacto Ambiental ante el Ministerio de Medio Ambiente (un proceso largo), el Ayuntamiento de Moguer ha hecho lo propio con la descatalogación de los montes públicos en los que se ubicaría una instalación pionera en Europa, que aspira a convertirse en centro de referencia en el ensayo y montaje de estos sistemas. Sin embargo, la tramitación de este cambio de uso del terreno parece haberse atascado en la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que casi tres meses después de recibir la documentación todavía está en la fase de estudios previos del procedimiento.
Según informan fuentes del departamento dirigido por Carmen Lloret, aún se están recabando los informes de los distintos servicios para la descatalogación de 75 hectáreas de monte público de propiedad municipal solicitada por el Ayuntamiento de Moguer. El proyecto, en el que colaboran el INTA, el Ministerio de Empleo y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) de la Junta, prevé la construcción y equipamiento de un centro para ensayos científicos, entrenamiento y montaje de sistemas autónomos no tripulados (CEUS) de grandes prestaciones. Para ello, se ha seleccionado un suelo en Moguer perteneciente al Catálogo de Montes Públicos de Andalucía, un espacio forestal que tiene que ser excluido de dicho catálogo y desafectado (así lo prevé la legislación para casos excepcionales) para que la actuación pueda llevarse a cabo.
El Pleno moguereño aprobó el 31 de enero por unanimidad la solicitud de descatalogación de terrenos a la Delegación Territorial, que es la que tiene que tramitar un expediente declarando la prevalencia del interés público científico-tecnológico sobre el forestal. Moguer aseveraba entonces que el proyecto "se presenta como uno de los más importantes para los próximos años en el término municipal"; además de la clave local, los impulsores la instalación destacan que esta convertiría a España en pionera en este tipo de establecimientos en un sector emergente de alta tecnología "muy singular en el mundo". Una vez tramitado el expediente por parte de la Delegación, es el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el que tendrá que resolver a favor o en contra de la desafectación de los terrenos.
Pero el expediente sigue por ahora en el departamento de Huelva, que aún tiene que elaborar el informe preceptivo e incluso someterlo a información pública según prevé la legislación. Los plazos van al límite, hasta el punto de que han saltado las alarmas entre los promotores sobre el retraso en la tramitación de un proyecto cuya financiación depende en más de un 50% de fondos europeos, condicionados al final del marco presupuestario actual: el Estado español tiene hasta diciembre de 2015 para ejecutarlos. En total, 40 millones de euros a abonar entre Gobierno central y Junta de Andalucía, que servirían para crear 250 empleos fijos de alta cualificación en la primera fase de operación del centro y hasta 500 en la segunda, amén de convertir a Huelva en punto clave del mapa aeronáutico europeo.
En paralelo a la tramitación en la Delegación Territorial, el Ministerio de Medio Ambiente está tramitando la Declaración de Impacto Ambiental, en fase de traslado al promotor de las respuestas a las consultas previas para que remita su estudio de impacto ambiental y sacarlo a información pública. Según la normativa vigente, también se tiene que formular una declaración de interés autonómico, tramitar un plan especial para la utilización del suelo y obtener la preceptiva Autorización Ambiental Unificada, el permiso verde imprescindible para el funcionamiento de la instalación. La intención inicial de los promotores del proyecto era comenzar las obras a finales de este mismo año para poder finalizarlas dentro de las fechas estipuladas. Los plazos, pues, ya están más que ajustados.
Huelva Información
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