El traspaso de poderes entre el Ejecutivo saliente y el nuevo Gobierno del Partido Popular (PP) podría tener una sorpresa para Mariano Rajoy. Además de la puesta en marcha del último tramo en la denominada Ley Sinde, los últimos Consejos de Ministros podrían aprobar un recorte significativo del salario de los funcionarios de la Administración.
El recorte, en concreto, constaría de tres posibles puntos, según informa hoy La Razón. El primero de todo ellos sería la prórroga en la congelación de su salarios.
El recorte, en concreto, constaría de tres posibles puntos, según informa hoy La Razón. El primero de todo ellos sería la prórroga en la congelación de su salarios. Con la inflación situada en el 3%, esto supondría una pérdida adquisitiva con la que se podrían ahorrar hasta 2.000 millones de euros. El objetivo es que también se aplicase esta medida a las Comunidades Autónomas.
En segundo lugar, la Ministra en funciones, Elena Salgado, podría impulsar un recorte en el salario de los trabajadores públicos cercano al 5%, lo que haría que se ahorrasen cerca de 3.000 millones de euros.
El tercer 'tijeretazo' llegaría en forma de rebaja sustancial en los complementos y pluses que cobran estos empleados, si bien se trataría de la medida con menor impacto de las anteriormente explicadas.
Además, según el citado diario, se produciría una reducción y congelación de la oferta de empleo público. Las fuentes consultadas por este diario afirman que se trataría de una norma de carácter temporal, esto es, que se recuperaría progresivamente hasta volver al escenario presente en los próximos años.
jueves, 24 de noviembre de 2011
Un hijo de José Caballos también trabajó en una empresa de los ERE
Coincidió con la hija de Viera en Marco de Estudios, que recibió 900.000 euros cuando su padre era consejero
Copia de las nóminas que los hijos de Viera y Caballos percibieron en abril de 2004 como trabajadores de la firma Marco de Estudios y Proyección Siglo XXI SL, subvencionada con 900.000 euros de la partida 31L
Lo que el PSOE sevillano separó lo ha vuelto a unir el «fondo de reptiles». Los hijos del actual secretario provincial del partido José Antonio Viera y el parlamentario andaluz del PSOE José Caballos —quien en 2004 le disputó el control de la agrupación— trabaron durante 2004 para la empresa Marco de Estudios y Proyección Siglo XXI SL, que recibió en julio de 2003 y enero de 2004 dos ayudas de 450.759 euros cada una procedentes de la partida creada por la Junta para pagar prejubilaciones.
Marco de Estudios formaba parte de una red de empresas vinculadas a los exconcejales socialistas de El Pedroso (Sevilla) José Enrique Rosendo y José María Sayago. Ambos administraron un conglomerado de nueve sociedades que recibió con cargo a la citada partida más de 12 millones repartidas en 17 subvenciones que son investigadas por el juzgado de instrucción número seis de Sevilla dentro de las diligencias abiertas por la trama de los ERE fraudulentos.
El PP remitió ayer a este periódico copias de las nóminas que la referida sociedad abonó a Sonia Viera y Jesús Caballos correspondientes al mes de abril de 2004. Tal y como avanzó ABC, el exconsejero de Empleo José Antonio Viera autorizó la concesión de 900.000 euros en total a la firma donde estaba trabajando su primogénita cuando él presidente del consejo rector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), el ente instrumental que pagaba las ayudas sociolaborales. El salario bruto de Sonia Viera ascendía a 3.984,83 euros brutos al mes (2.815,17 euros netos).
La situación del hijo de Caballos es distinta. Empezó a trabajar para la empresa meses después de que se aprobaran las ayudas. En concreto, según ha podido saber ABC, formó parte de su plantilla desde marzo a octubre de 2004 con un sueldo de 1.752,95 euros brutos. En julio de ese mismo año, su padre, José Caballos, que ejercía de portavoz del grupo socialista en el Parlamento andaluz, perdió por 50 votos de diferencia un congreso para renovar la dirección del PSOE hispalense. Caballos se presentó en contra del designio del secretario regional del partido, Manuel Chaves, lo que provocó su ostracismo en el grupo parlamentario hasta que Griñán lo «repescó» en 2009 como portavoz en la comisión de Hacienda.
miércoles, 23 de noviembre de 2011
La Junta de Andalucía entrega al juez el listado con 'enchufados' sólo tras ser amenazada
El Gobierno andaluz ha dado su brazo a torcer y ha entregado finalmente a un juez de Sevilla el listado de "efectivos reales" de todos los organigramas de consejerías, delegaciones provinciales y organismos dependientes de la Administración General de la Junta de Andalucía.
En esa lista también aparecen datos de trabajadores "enchufados" o que están disfrutando de algún "nombramiento irregular", según el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta (Safja), impulsor de este pleito contra el Gobierno andaluz, como viene informando EL MUNDO de Andalucía.
Finalmente, durante la mañana del lunes, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Sevilla recibió dos cedés enviados por la Junta, en los que deben estar los listados de «efectivos reales» en la Administración andaluza, según explicó ayer el letrado del Sindicato de Funcionarios. El juzgado lleva desde el 9 de febrero reclamando repetidas veces esta información a la Junta «por correo ordinario y mediante fax».
Ante los incumplimientos de la Administración, el juzgado envió un escrito el pasado 8 de noviembre en el que amenaza a la Junta con multarla con 600 euros cada veinte días hasta que cumpla con lo ordenado. Si no envía la documentación, «se deducirá testimonio fiscal para la exigencia de las responsabilidades penales que pudieran corresponder», señala el escrito del juez.
Ante este requerimiento, la Junta finalmente envió la documentación el lunes, cuando se cumplen nueve meses y trece días de la primera solicitud del juzgado. El objetivo del juez era que el listado llegara a la sede judicial quince días antes del juicio en el que se verá la demanda interpuesta contra la Junta por el Safja por una serie de nombramientos provisionales irregulares de funcionarios, a través de artículos 27, también conocidos como los puestos de libre designación (PLD) de los «pobres».
Sin embargo, la información requerida llegó cuando faltaban apenas 24 horas para que se celebrara el juicio, que está fijado para hoy miércoles.
Pese a los evidentes retrasos, fuentes oficiales de la Consejería de Hacienda y Administración Pública que dirige la consejera Carmen Martínez Aguayo indicaron ayer a este diario que la petición del juez se había atendido «en tiempo y forma». Las fuentes no quisieron ofrecer ningún otro detalle sobre el asunto ni tampoco aclarar los motivos de los retrasos.
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/11/23/andalucia/1322033300.html
En esa lista también aparecen datos de trabajadores "enchufados" o que están disfrutando de algún "nombramiento irregular", según el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta (Safja), impulsor de este pleito contra el Gobierno andaluz, como viene informando EL MUNDO de Andalucía.
Finalmente, durante la mañana del lunes, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Sevilla recibió dos cedés enviados por la Junta, en los que deben estar los listados de «efectivos reales» en la Administración andaluza, según explicó ayer el letrado del Sindicato de Funcionarios. El juzgado lleva desde el 9 de febrero reclamando repetidas veces esta información a la Junta «por correo ordinario y mediante fax».
Ante los incumplimientos de la Administración, el juzgado envió un escrito el pasado 8 de noviembre en el que amenaza a la Junta con multarla con 600 euros cada veinte días hasta que cumpla con lo ordenado. Si no envía la documentación, «se deducirá testimonio fiscal para la exigencia de las responsabilidades penales que pudieran corresponder», señala el escrito del juez.
Ante este requerimiento, la Junta finalmente envió la documentación el lunes, cuando se cumplen nueve meses y trece días de la primera solicitud del juzgado. El objetivo del juez era que el listado llegara a la sede judicial quince días antes del juicio en el que se verá la demanda interpuesta contra la Junta por el Safja por una serie de nombramientos provisionales irregulares de funcionarios, a través de artículos 27, también conocidos como los puestos de libre designación (PLD) de los «pobres».
Sin embargo, la información requerida llegó cuando faltaban apenas 24 horas para que se celebrara el juicio, que está fijado para hoy miércoles.
Pese a los evidentes retrasos, fuentes oficiales de la Consejería de Hacienda y Administración Pública que dirige la consejera Carmen Martínez Aguayo indicaron ayer a este diario que la petición del juez se había atendido «en tiempo y forma». Las fuentes no quisieron ofrecer ningún otro detalle sobre el asunto ni tampoco aclarar los motivos de los retrasos.
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/11/23/andalucia/1322033300.html
martes, 22 de noviembre de 2011
lunes, 21 de noviembre de 2011
sábado, 19 de noviembre de 2011
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