La magistrada, que firmó el auto cerca de las dos de la madrugada, no precisa la fianza para el ex alto cargo de la Junta. La Fiscalía solicitó el pago de 933 millones de euros como medida cautelar.
La juez Mercedes Alaya firmó a las dos de la madrugada de hoy un auto ordenando el ingreso en prisión del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, tras tres maratonianas jornadas de declaración con mas de veinte horas de interrogatorio y al cierre del primer día de la campaña electoral de las elecciones andaluzas.
La magistrada no concreta en el auto fianza alguna, aunque en los próximos días especificará las medidas cautelares, según fuentes judiciales. La Fiscalía había solicitado, además del ingreso en prisión, una fianza de 933 millones de euros como responsable de las subvenciones otorgadas de forma fraudulenta. La Fiscalía sumó para hacer esta petición 700 millones de subvenciones que pagó el IFA, más pagos cruzados, más un tercio que prevé la Ley.
Petición de la Fiscalía
La Fiscalía Anticorrupción hizo su solicitud de prisión incondicional sin fianza para Guerrero ante la gravedad de los delitos que se le imputan que podrían suponer una pena de 18 años de prisión, por riesgo de fuga y porque pueda influir en otros imputados. La acusaciones particulares de la Junta de Andalucia, el PP, el Sindicato Manos Limpias y UGT se adhirieron a las peticiones del Ministerio Público mientras que todas las defensas se opusieron. Los delitos que se imputan a Guerrero son prevaricación, cohecho, malversación, dos delitos de falsedad en documento oficial y uno de falsedad en documento mercantil. Una de las preguntas que el Ministerio Público formuló al imputado fue clave: «¿Era consciente de que estaba regalando el dinero de las arcas públicas?» Guerrero no contestó.
Por su parte, la defensa de Guerrero solicitó que la Junta de Andalucia sea expulsada del procedimiento como acusación particular porque considera que el exdirector general cometió los delitos como funcionario y entonces debería ser responsable civil subsidiaria.
La decisión de la juez llegaba después de tres jornadas que concluían ayer pasada la medianoche. Antes de la comparecencia para decidir sobre las medidas cautelares, el imputado respondió a su letrado que solo le formuló dos preguntas. La primera si el consejo de Gobierno tenía conocimiento de la forma de adjudicación y el destino del dinero de la partida 31-L. Dijo que sí. Y las segunda que si los viceconsejeros también lo conocían. Respondió que totalmente.
Tres días de comparecencia ante la juez Alaya del que fuera director general de Trabajo durante casi una década y que ahora es el principal imputado en la trama de los ERE han dado para mucho. Sobre todo para que, tal y como anunció Francisco Javier Guerrero, haya tirado de la manta y haya dejado claro que quieren hacer de él la cabeza de turco pese a que las prácticas supuestamente ilícitas que cometió se prolongaron por espacio de casi una década y con tres gobierno socialistas. Y eso que sólo quiso contestar a las preguntas de la juez rechazando responder al fiscal anticorrupción o a la Junta de Andalucía.
El imputado, que no se ha cortado un pelo ante la magistrada pese a que tiene a sus espaldas seis delitos, ha dejado claro que José Antonio Viera, exconsejero de Empleo; Manuel Chaves, expresidente de la Junta; e incluso Mar Moreno, consejera de Presidencia, «tenían que saber cómo se trabajaba en la Dirección General y en la Junta. Ahora, según dijo, quieren salvar su honorabilidad y por eso, ha dicho, arremeten contra él. Según relató, Viera «va diciendo por ahí que soy un indeseable, Chaves dice que no me conoce y Mar Moreno me pone a caer de un burro». Pero Guerrero hizo hincapié en que todos ellos sabían cómo se trabajaba en la Dirección General.
Pago de abogados
Guerrero también echó en cara a la Junta de Andalucía que le haya pagado el abogado a los otros altos cargos imputados como al actual director general, Daniel Rivera, y no haya hecho lo mismo con él y con el exdelegado de Empleo, Antonio Rivas.
Aunque Guerrero no le contestara, después de las 140 preguntas de la magistrada, el fiscal anticorrupción le formuló las setenta que llevaba preparadas. Una de ellas fue si sabía por qué le cesaron en el cargo en el año 2008 o también si era consciente de que estaba regalando dinero del erario público. También le preguntó si obtuvo algún beneficio de la venta de las empresa de su chófer. Guerrero no quiso contestar a esas cuestiones como tampoco lo hizo a las 140 que le formuló la Junta de Andalucia.
Mientras, la Junta de Andalucía informó ayer que Francisco Javier Guerrero no citó a la consejera de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Mar Moreno, como «conocedora» de lo que hacía la Dirección General de Trabajo en las ayudas investigadas por al juez Mercedes Alaya. Fuentes de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía aclararon en un comunicado tal extremo.
Por su parte, el expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, aseguró ayer que respeta los procedimientos judiciales al máximo, en referencia a las declaraciones del el exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero.
Mientras, Javier Arenas, candidato del PP-A a la Presidencia de la Junta, consideró que el caso de los ERE es «la expresión de la descomposición de un gobierno que dura mucho», y se comprometió a terminar con el reparto indiscriminado de fondos.
