Por qué no quiere declarar el Director de Trabajo?

Daniel Rivera, imputado por la juez Alaya en el caso de los ERE, no ha querido responder esta mañana a los investigadores

La investigación por el fraude de los ERE que salpica a la Junta de Andalucía sigue adelante. El actual director general de Empleo, Daniel Rivera, ya imputado en el caso por la juez Mercedes Alaya, se ha negado esta mañana a declarar ante los agentes de la Guardia Civil que querían interrogarlo sobre nuevas informaciones encontradas, entre otras una supuesta ayuda irregular concedida a una empresa y otros extremos sobre los que se continúa indagando. Según ha podido saber ABC, los investigadores lo llamaron a declarar como imputado, pero Rivera tras desplazarse a la Comandancia de Sevilla se ha negado a responder a las preguntas de los agentes.

Hace solo unos días la Consejería de Empleo de la Junta andaluza respaldó a Rivera y aseguró que gracias a su labor ha sido posible abrir un proceso para recuperar el dinero cobrado indebidamente en pólizas y ayudas.

En un comunicado en respuesta a varios informaciones publicadas, en la que se afirma que Rivera dio una ayuda irregular que ocultó a la juez que investiga el caso, la Consejería aseguró que es «absolutamente falso» que la Junta ocultara una ayuda a la empresa Industrias Elizana.

La nota de Empleo añadió que solo tienen conocimiento a través de los medios de la grabación de una conversación entre Rivera y la asesora de la Consejería María José Rofa, en la que el director general habría admitido la ayuda irregular.

 

Más de 200.000 folios

La Consejería precisó que desconocen si la conversación «está manipulada, alterada o fraccionada para sacar de contexto su contenido», y agregó que Rivera se reserva el derecho a iniciar acciones jurídicas. «El juzgado número 6 que investiga la causa tiene en su poder información sobre todas las ayudas concedidas con cargo a la partida 31L, entre la extensa documentación que se ha aportado, que suma más de 200.000 folios», indicó la Consejería.

La grabación se habría realizado el 15 de marzo de 2011, indica Empleo, antes de recordar que cuatro meses antes, el 19 de noviembre de 2010, en un escrito enviado al juzgado, Rivera se ponía a disposición de la juez para colaborar en la investigación.

Las fuentes consultadas por ABC no han especificado si es sobre esta información sobre la que se quería interrogar a Rivera, aunque sí aclararon que han aparecido «nuevos flecos».

http://www.abc.es/20120328/espana/abci-director-trabajo-junta-andalucia-201203281522.html

Trabajando en los expedientes laborales «con las persianas bajadas»

Las cajas heredadas de la etapa Guerrero se guardaron «de forma discreta»


La ex asesora de la Dirección General de Trabajo María José Rofa recoge también en el documento aportado a la Guardia Civil los vaivenes que ha sufrido la custodia de los expedientes laborales después de la salida de Francisco Javier Guerrrero. «Los expedientes los tenían organizados por visitas, compromisos» o «prejubilaciones». «Hay dos cajas verdes como de tarjetas donde están los datos de cómo tenían organizado el archivo y cada vez que llega algo que no suena o que parezca antiguo hay que ir a dichas cajas para poder encontrar si hay expediente o ha habido alguna relación anterior con la Dirección General de Trabajo». «Siempre han estado bajo control de las secretarias de forma discreta y discrecional». Por tanto, desde «noviembre de 2010, en el despacho del actual director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera», que también ha sido imputado por la juez Mercedes Alaya.
Estas cajas contenían la desordenada labor de Guerrero y la han heredado los posteriores directores de Trabajo. Era la reclamación de algún perjudicado la que activaba poner en marcha una tarea de reconstrucción u ordenamiento. «Después de varios fallos con expedientes sobre los que venían a reclamarnos, me daban todo lo que encontraban que pudiera estar relacionado para tener una visión global y se creaba un solo expediente que pasaba a ser ‘vivo’ porque había una reclamación. El resto de expedientes sobre los que no se ha hecho reclamación o pedido informe no se han tocado, por eso se les llama ‘muertos’».

Señala Rofa que los expedientes grandes, de compañías como Altadis o Pickman, estaban al principio «siempre» en el despacho de Javier Guerrero y «en el despacho de la secretaria el resto en varios armarios». Ramón Díaz cogía los que necesitaba y otro periodista los que estimaba convenientes para elaborar las preguntas parlamentarias. «Andaban por las mesas y despachos».
El procedimiento cambió tras el caso Mercasevilla, antes incluso de que estallara definitivamente la trama de los ERE en febrero de 2011, con la riada de intrusos en expedientes laborales. «Desde el domingo 21 de noviembre de 2011 (se refiere probablemente a 2010, el 21 de noviembre de 2011 era demás lunes) los expedientes han estado bajo el control de la Dirección General –con Daniel Alberto Rivera al frente–, se vaciaron armarios, se tenían bajo llave con permiso de acceso de la asesora del consejero y de la secretaria». Esta última le comentó que «era una locura», ya que «unos días tenían permiso y llaves y otros se las quitaban. Todo esto desde finales de noviembre de 2010. Estuvo trabajando hasta altas horas de la madrugada». Se da la circunstancia de que, según publicó «El Mundo», el actual consejero de Empleo, Manuel Recio y el viceconsejero habrían estado presuntamente el fin de semana del 20 y 21 de noviembre de 2010, antes de que saltara el escándalo, revisando a espaldas de los funcionarios los ERE irregulares y podrían haber destruido información. «Desde mi entrevista del jueves 25 de noviembre había un equipo de personas que no conocíamos trabajando con los expedientes en la sala del fondo, con las persianas bajadas, parecían equipo del gabinete del consejero», detalló. El 30 de noviembre se tomó la decisión de que «trabajaría desde Huelva e iría a Sevilla sólo puntualmente».
En febrero de 2011 fue un equipo de funcionarios el que se encargó de los expedientes, una vez que la Junta inició la investigación interna. Documentación que ha ido aportando a la juez instructora del caso. Pero estos funcionarios –según su relato– «fueron desplazados por un grupo de otras personas del gabinete o confianza del consejero». El actual titular de Empleo, Manuel Recio.

En poder de la Guardia Civil
La ex asesora de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, María José Rofa, aportó a la Guardia Civil, al ser llamada para declarar, la «radiografía» de la Consejería de Empleo cuando entró a partir de julio de 2008, después de que, a finales de abril de ese año, se produjera el cese de Javier Guerrero.

http://www.larazon.es/noticia/4285-trabajando-en-los-expedientes-laborales-con-las-persianas-bajadas

Continuan los delitos de Griñán

Como consejero de Economía, el actual presidente firmó traspasos de 6 y de 7,4 millones para financiar IDEA con dinero de partidas de fomento del empleo

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PSOE a la reelección, José Antonio Griñán, no sólo firmó la modificación presupuestaria adelantada por este periódico ayer para mandar el 16 de diciembre de 2008 hasta 1,2 millones al fondo desde el que se financiaron los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos; un dinero que luego sirvió para financiar la trama de Cádiz, la del Plan Bahía Competitiva. El dirigente dio su visto bueno más veces a operaciones de este tipo rubricándolas de su puño y letra. Al menos, en dos ocasiones más. ABC ha tenido acceso a otras dos transferencias de partidas de los presupuestos ordinarios de la administración firmadas por Griñán para incrementar la partida 31L, aquella bautizada por el exdirector de Trabajo Javier Guerrero, ahora entre rejas, como «fondo de reptiles». Además, bastante más cuantiosas. Sumando, más de 13 millones de euros al fondo de los ERE.

Un día antes de la transferencia avanzada ayer, esto es, el 15 de diciembre de 2008, el entonces consejero de Economía y Hacienda firmó otra modificación presupuestaria que sirvió para incrementar la 31L en 6.011.836 bajo el epígrafe «transferencia de financiación AIDA», o sea, a la agencia IDEA. En este traspaso de crédito se incorporaron también, como curiosidad, un par de partidas de 900 y 300 euros para «dietas» y «locomoción». De esa forma, y como es sabido, el dinero pasa de estar bajo el control los controles oficiales de la administración al ente que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla y desde el que se financiaron ERE fraudulentos o se pagaron ayudas arbitrarias a empresas «amigas» o personas afines al PSOE. Para realizar esa modificación —que ese día sumó hasta 13,9 millones de euros— se dieron de baja diversas partidas de la Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), además de una de 3,6 millones precisamente de la 31L para el plan Bahía Competitiva de Cádiz; paradójicamente, un día después, como este diario publicó ayer, se transfirieron 1,2 millones para reforzar ese plan en la provincia gaditana.

 

Prácticamente en un año estampó su firma al menos en tres transferencias

Algo más de un año antes, el 15 de noviembre de 2007, Griñán estampa también su firma en otra importante modificación presupuestaria, ésta por un importe total de 11,4 millones de euros. En esa operación de crédito se incluye una aportación de 7.448.503 euros a la agencia IDEA y al investigado programa 31L. Ese dinero se detrae, según la documentación oficial a la que el que fuera consejero de Economía puso rúbrica, de diversos programas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), entre ellos de fomento del autoempleo, de «ayudas a acciones que generen empleo» o de formación profesional. Dinero para la creación de empleo, evidentemente, que se mandó al fondo de los ERE.

En prácticamente un año, el actual presidente de la Junta en funciones firmó, por tanto, al menos tres modificaciones de crédito que suman 14,6 millones de euros que se enviaron al programa 31L para que fueran gestionados por el ente público IDEA. La última fue la que acabó destinándose al plan de desarrollo empresarial de la Bahía de Cádiz que ahora está siendo investigado por la Policía ante los indicios de desvíos a paraísos fiscales y fondos bursátiles. Todas estas resoluciones tramitadas por la Consejería de Economía de ese momento recibieron el respaldo del consejo de Gobierno que presidía Manuel Chaves.

El papel de Intervención

Las propuestas de modificaciones presupuestarias rubricadas por Griñán para traspasar el dinero a IDEA, ya sin los controles propiamente administrativos, estaban acompañadas del preceptivo informe de la Intervención General. Éste se limitaba en todo momento a señalar la legalidad de las operaciones y la disponibilidad presupuestaria para llevarlas a cabo. Nada más. Si había dinero suficiente para cubrir la transferencia, ésta recibía el plácet del interventor, pero el alto funcionario no tenía potestad alguna para valorar el uso o destino de los fondos ni mucho menos prohibir las modificaciones. Había dinero para hacerlo y era legal. Punto. Las consideraciones sobre el método ya las expuso la Intervención General de la Junta en varios informes, el primero de ellos de 2005 sobre la gestión en 2003 del IFA, luego IDEA. En dicho informe, el máximo fedatario de la administración autonómica es contundente y recalca la falta de cobertura presupuestaria y, sobre todo, que el procedimiento administrativo «no es adecuado» para conceder las ayudas. Ese nítido informe se trasladó a las consejerías de Empleo (Antonio Fernández), Innovación (Francisco Vallejo) y Economía (José Antonio Griñán). Se hizo caso omiso.

http://www.abcdesevilla.es/20120315/andalucia/sevi-grinan-transfirio-otros-millones-201203142237.html

Griñán desvió 1,2 millones al fondo de los ERE para financiar la trama de Cádiz; la firma de Griñán

Guerrero implica a Chaves en el escándalo de los ERE

La Trama de los EREs, II

Griñan, tocado y hundido

Los escándalos de Mercasevilla, Sanma, los ERE y el fondo de reptiles, ayudas a discapacitados e Invercaria salpican a la Junta andaluza

Mercasevilla, la matriz del caso

Fue la piedra angular del escándalo que se inició cuando ABC publicó una grabación en la que los directivos de Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce, pedían a los dueños del restaurante La Raza una comisión a cambio de otorgarle la concesión de la escuela de hostelería. El caso, matriz de los demás, está pendiente de un puñado de recursos antes de fijar la fecha del juicio. Al banquillo, además de los directivos del Merca, irá el exdelegado de Empleo en la Junta, Antonio Rivas y otra funcionaria.

Sanma, la trama que toca a Torrijos

De esa primera pieza se desgajó la trama que hacía referencia a la venta fraudulenta de suelos por parte de Mercasevilla a la constructora Sanma. Fue imputado el concejal comunista de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos, además del exgerente de Urbanismo, Manuel Marchena, y 14 personas entre directivos de Mercasevilla y empresarios. Tirando del hilo apareció a un delito societario en la gestión de la lonja y supuestas irregularidades en el concurso para enajenar los suelos de Mercasevilla.

Los ERE y el fondo de reptiles

Es el macroproceso iniciado por la juez Alaya a principios de 2011 tras descubrir a un falso prejubilado (intruso) en un ERE de Mercasevilla. Se investiga el destino de una partida de la Consejería de Empleo para empresas en apuros, la 31-L, que el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, bautizó como «fondo de reptiles». Tiene multitud de tramas y más de 41 tomos. Entre el medio centenar de imputados está el exconsejero Antonio Fernández, un exviceconsejero y tres directores generales (incluido el actual).

Ayudas a los discapacitados

Varios juzgados de Sevilla, Málaga y Granada investigan a media docena de empresas que se lucraron con fondos públicos para emplear a discapacitados. Recibían las subvenciones de Empleo para contratarlos y a continuación los despedían sin otra causa que el no haber superado la fase la prueba. Pero no devolvían las ayudas. Algunas de ellas pusieron a sordos a coger el teléfono o tetrapléjicos a repartir el periódico.Otra vía que investiga la Fiscalía es el fraude en las ayudas otorgadas por la Unión Europea.



Invercaria y otras consejerías

Mientras la juez Alaya decidía ampliar sus pesquisas a otras ayudas dadas por las Consejerías de Presidencia, Innovación, Turismo y Medio Ambiente mediante a transferencias de financiación a través de IDEA, el último escándalo es el de Invercaria. El asunto, que la juez Alaya ha enviado a otro juzgado de instrucción, hace referencia a las supuestas irregularidades en la concesión de ayudas a proyectos de inversión y créditos. En este nueva trama también hay una importante prueba: una escandalosa grabación.

"Todos los que están por encima saben lo que hay en Invercaria"

La presidenta de Invercaria reconoce en una grabación las irregularidades de la empresa pública e implica al Gobierno andaluz. Repartía dinero con informes falsos y sin control

La presidenta de Invercaria, Laura Gómiz Nogales, reconoció en una reunión interna las numerosas irregularidades en la gestión de esta empresa pública y el reparto discrecional de ayudas, y confesó que las más altas autoridades de la Junta estaban al tanto de las mismas.

Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía (Invercaria) es una empresa pública perteneciente a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, participada al 100% por la Agencia IDEA. Según su propia página web, la misión de Invercaria es «contribuir al fortalecimiento del tejido empresarial y al cambio de modelo productivo de nuestra región».

Sin embargo, según denunció la Cámara de Cuentas en enero, su gestión está trufada de irregularidades, incluyendo la existencia de un fondo para repartir dinero público entre empresas de forma discrecional y al margen de los procedimientos administrativos. Invercaria imitaba el mecanismo por el que la Agencia IDEA repartía las ayudas de la partida 31L del caso de los ERE, lo que ha motivado que se refiera a este dinero —hasta el momento se han detectado más de ocho millones de euros— como «segundo fondo de reptiles». Como ha venido denunciando ABC, Invercaria repartió dinero a empresas que no lo solicitaban, a otras vinculadas con exaltos cargos del PSOE y a entidades que cerraban a las pocas semanas de recibir el dinero.

Su presidenta, Laura Gómiz Nogales, fue designada por el presidente andaluz, José Antonio Griñán, el 29 de julio de 2010. El 26 de abril de 2011 mantuvo una reunión con el entonces director de Promoción de Invercaria, Cristóbal Cantos Sánchez, a quien le solicitó que elaborase diversos expedientes con informes falsos y fecha del pasado para justificar ayudas que se habían concedido sin cumplir los requisitos legales, dado que la Cámara de Cuentas estaba realizando una auditoría. En esta reunión, de la que existe una grabación que ha sido incorporada como prueba judicial al caso de los ERE y a la que ha tenido acceso ABC, Gómiz reconoce las irregularidades, presiona a su subordinado y, cuando este muestra reparos deontológicos a las peticiones de la presidenta, zanja la cuestión con una máxima contundente: «Si me comprometiera con la ética no estaría trabajando con esta organización».

http://www.abc.es/20120305/espana/abcp-todos-estan-encima-saben-20120305.html 

Todo sobre los ERE

Los delitos del Psoe en Andalucía

Guerrero y sus íntimos amigos

La mayoría de los imputados son conocidos del exdirector general de Trabajo que firmaba las ayudas

Un plan perfecto. Eso es lo que parece que habían trazado el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y su chófer, Juan Francisco Trujillo Blanco, para hacerse con 1,5 millones de euros en ayudas destinadas a empresas en crisis. Perfecto si no se hubieran topado con la Agencia Tributaria. Trujillo no declaró las ayudas recibidas y Hacienda detectó el fraude que puso en conocimiento de la Justicia. De no ser por ello, la única irregularidad que había sido denunciada por parte de la afectada, la Junta de Andalucía, es el cobro de 150.000 euros de una póliza a nombre de la madre de Trujillo tras haber sido incluida de forma fraudulenta en el expediente de regulación de empleo (ERE) de Hitemasa. El caso ya está en manos de la jueza Mercedes Alaya, que investiga la supuesta trama fraudulenta de los ERE, después de que Trujillo confesara que gran parte de lo cobrado lo dedicó a "comprar cocaína" para él y para su jefe, con el que le unía una "relación de amistad", al igual que gran parte de los beneficiados de los ERE fraudulentos.

La pregunta del millón, nunca mejor dicho, es cómo pudieron llevar a cabo semejante estafa. Trujillo era chófer de Guerrero, el principal imputado en el caso ERE al ser el que disponía de las ayudas, después de que en 1989 lograra su plaza como laboral fijo de la Junta de Andalucía. En 2002 comenzó a desempeñar su trabajo junto al exdirector general, que según han declarado varios imputados, y el propio chófer, iba ofreciendo estas ayudas a sus amigos. "Conocía a Guerrero de tomar unas cervecitas en el bar desde hace 40 años. Le pedí ayuda para que me informara de unas ayudas" o "recurrí a Guerrero porque mis ingresos sólo alcanzaban los 700 euros", son algunas de las explicaciones vertidas por varios amigos del ex alto cargo imputados por aparecer como intrusos en los ERE.

De todos los amigos de Guerrero, Trujillo fue el que más se benefició. En su caso, según los informes policiales que constan en los sumarios judiciales, a los que tuvo acceso este periódico, las ayudas fueron entregadas a través de empresas en las que éste constaban como "administrador único" de cuatro de ellas, además de "apoderado" de una quinta entidad con sede social en Barcelona y dedicada a los negocios inmobiliarios. Empresas que se crearon con posterioridad a que Guerrero diera el visto bueno a concederle a tres de ellas sendas ayudas de 450.000 euros cada una, es decir, 1.350.000 euros. Hasta las cuentas bancarias en las que se ingresaron estas cantidades fueron abiertas días después de conocerse que la ayuda había sido aprobada.

Guerrero era el que disponía del que él mismo denominó "fondo de reptiles", con lo que firmó en el mismo día, el 16 de febrero de 2004, tres convenios distintos con las empresas de su exchófer, que también eran firmados por el director del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), organismo dependiente de la Consejería de Empleo y que, en la actualidad, ha sido sustituida por la Agencia de Innovación y Desarrollo (IDEA). Lógica Estratégica Empresarial e Iniciativas Turísticas Sierra Morena, cuyos convenios se firmaron a su nombre, y Ave Nueva S.L., que se firmó a nombre de Isidoro Ruz, una tercera persona que aparece como autorizado en una de las dos cuentas bancarias de esta entidad. Esta persona, según denunció el PP, era el marido de la que fuera alcaldesa del PSOE de Llanos del Sotillo, una pedanía de Andújar (Jaén), de la que es natural el exchófer.

Ninguna de las tres empresas registró actividad alguna, "ni contrató a trabajadores". Trujillo, según el sumario, dispone de 19 cuentas corrientes, 16 de ellas como titular. Entre ellas movía todo el dinero que recibía de la Junta, que se abonó durante 2005 y en varios pagos, haciendo constar las retiradas de dinero a nombre de las diferentes empresas. Otros movimientos solo constan a su nombre o como retirada, pero casi todo eran cantidades superiores a 1.000 y 3.000 euros. Según reconoció el exchófer a la Policía, él era el que sacaba el dinero que luego gastaba en cocaína para él y Guerrero, al que además compraba otros objetos como antigüedades o relojes. Es más, Cajasol, a solicitud de Hacienda, remitió un informe en el que hacía constar que no había facturas asociadas a las cuentas de las empresas.

Trujillo, además, destinó 213.000 euros a la compra de un piso en la calle San Luis de Sevilla, que luego perdería por no pagar la hipoteca, y otros 70.000 euros en un terreno en Andújar que compró en marzo de 2005 y que vendió en junio de 2008 por 213.359 euros. Una de las ayudas, de hecho, iba destinada a la compra de un terreno para levantar una casa rural, pero, según certificó el Ayuntamiento de Andújar, Trujillo no llegó a solicitar nunca la licencia de obra.

Hacienda destapó el fraude y lo denunció. Sin embargo, la causa abierta por la ayuda concedida a Lógica Estratégica Empresarial estuvo a punto de archivarse porque tanto el juez como la Fiscalía creían que el delito había prescrito. El caso se reabrió al estimar el magistrado las alegaciones de la Agencia Tributaria, que destacaban un error en el cómputo que había realizado el juzgado. Trujillo, además, tiene pendiente el pago de 129.000 euros de fianza impuestos en la causa abierta por la empresa Iniciativas Turísticas. Ambos casos están ahora en manos de la jueza Alaya.

Como a Trujillo, Guerrero supuestamente ayudó a otros amigos, muchos de ellos militantes socialistas o exalcaldes, la mayoría de ellos de su localidad natal, El Pedroso. Vecinos, amigos de toda la vida, gente que conocía en fiestas patronales a los que, según han relatado ellos en sus declaraciones, les prometía ayudas que él mismo otorgaba.
Según Trujillo, ambos se "aficionaron" a ir a un bar de copas donde Guerrero le comentó "su potestad para otorgar subvenciones indiscriminadamente y sin necesidad de justificar nada" y que "o tenía que darle unos nombres para concederles las ayudas o crear unas empresas". Sólo hacía falta la documentación que los beneficiados entregaban en su despacho. Al tiempo eran llamados para firmar. "No pasa nada", le ha afirmado Guerrero cuando alguno le ha llamado tras saltar el escándalo.


http://www.elcorreoweb.es/andalucia/138825/guerrero/intimos/amigos

Los delitos de la Junta de Andalucía

Otorgó a Burguillos una ayuda para «reparar» una instalación que ni es municipal ni estaba construida, la Junta aceptó informenes falsos para subvencionar un ayuntamiento socialista.

Las irregularidades en subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía no sólo han afectado a las ayudas al empleo, a privados, a empresas o a organizaciones afines al partido en el poder. El sistema establecido también ha beneficiado con ayudas arbitrarias a ayuntamientos liderados por el PSOE, para los que los criterios de concesión del dinero público no han sido precisamente estrictos. Un ejemplo más que ilustrativo en este sentido es el de Burguillos, a cuyo Ayuntamiento echó un cable económico la Administración andaluza cuando los socialistas aún gobernanban el municipio y éste estaba ya en la ruina tras dilapidar una ingente cantidad de millones procedentes de los convenios urbanísticos. En 2010, ya con Mariana Pérez como alcaldesa en lugar del inhabilitado José Juan López, la Junta anunció que iba a «volcarse» con Burguillos y su ya delicada situación. Y a fe que lo hizo.

La delegada del Gobierno de la Junta en Sevilla, Carmen Tovar, se entrevistó en mayo de 2009 con la recién llegada regidora y le trasladó todo el apoyo de la institución ante el grito de socorro de un municipio depauperado y sin opciones ni para pagar nóminas. Tovar le prometió ayudas y, ya con cargo a 2010, Burguillos recibió sólo desde la Delegación del Gobierno de la Junta 194.250 euros del fondo de nivelación, 13.000 del plan provincial de cooperación con municipios o 141.800 del Plan Proteja para alguna obra. Pero no fue suficiente. En abril de 2010, la delegada ordenó mediante resolución que se concediese una subvención al Ayuntamiento burguillero de 100.000 euros para «obras de reparación de infraestructuras» a causa de «los daños causados por las lluvias torrenciales». Concretamente, se trataba de las instalaciones de la planta de biomasa.

Se otorgó la ayuda «con carácter urgente» para una «ejecución inmediata». Se trata de una subvención que puede dar cada delegado de forma directa merced a sus atribuciones. En dicha resolución, Tovar menciona la «grave situación creada», por lo que «resulta obligado prestar cooperación y asistencia», aludiendo a la Ley General de Subvenciones y a un apartado de un artículo que permite dar «con carácter excepcional subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública».

El dinero, así, se dio sin que mediara presentación de proyecto alguno. Se concedió, además, a un consistorio que cargaba ya con enormes deudas con Hacienda y con la Seguridad Social, algo que la Ley impide. Y, lo que es incluso peor, se otorgó la ayuda al Ayuntamiento cuando ni la planta de biomasa ni el recinto donde se encuentra eran propiedad municipal sino de la sociedad Burguillos Natural; la cual, encima, estaba ya en ese momento en concurso de acreedores. De hecho, las máquinas siempre han sido de una empresa, Eneryet Energías Renovables S. L. ¿Se subvencionó por tanto a un privado? ¿Desconocía todo esto la Delegación del Gobierno de la Junta? De una forma u otra, dio los 100.000 euros.

La misma Administración

Pero hay más, desde otro de sus departamentos —en concreto la Agencia Andaluza de la Energía—, la Junta había concedido en noviembre de 2007 hasta 1,1 millones de euros precisamente para montar esa instalación de biomasa y en abril de 2010 esta agencia constató con visitas que dicha infraestructura se encontraba sin ejecutar, por lo que pidió a Burguillos Natural la devolución del dinero, algo que sigue reclamando. Nunca hubo planta de biomasa funcionando en Burguillos, como comprobó la misma Junta. ¿Por qué, entonces, concedió una subvención desde otro departamento para la «reparación» de una infraestructura que ni siquiera se había llegado a montar? ¿No conocía Tovar que la planta era una ficción? ¿Ha habido fraude en las subvenciones?

Pese a todo, la Junta firmó, declarando el «carácter excepcional» de la subvención y el «carácter urgente y preferente de la tramitación del expediente». Dinero rápido. El 75% y el resto una vez se justifique el empleo del importe en los fines previstos. Como era imposible justificar nada, el 20 de diciembre de ese mismo 2010 Tovar firmó otra resolución que rebajó las condiciones aún más modificando tras puntos de la resolución de meses antes. De un lado, se estableció un pago único del total de la subvención con una «justificación diferida» en virtud de un acuerdo del Consejo de Gobierno, que dio su respaldo a esta variación días antes. O sea, «sin necesidad de justificación previa» y, además, con un plazo de ejecución que finalizaba una vez pasadas las elecciones municipales. Patadón hacia adelante. Sólo haría falta, y a posteriori, un certificado del interventor municipal que acredite el empleo correcto de la subvención. Por supuesto, ese dinero no se ha empleado en la planta de biomasa sino que cubrió gastos corrientes del Consistorio. Ahora, ya con el PP al mando del Ayuntamiento, la Junta reclama el dinero o que se justifique la concesión del mismo, mientras la empresa que empezó a montar la planta de biomasa, Eneryet, ha solicitado al Juzgado Mercantil la recuperación de la maquinaria que dispuso y que sigue siendo suya.

http://www.abcdesevilla.es/20120127/sevilla/sevi-junta-acepto-informes-falsos-201201262338.html

La Junta destina 15 millones de euros a un instituto de investigación que no existe

http://eeppautenticosgranada.wordpress.com/2012/01/24/la-junta-destina-15-millones-de-euros-a-un-instituto-de-investigacion-que-no-existe/

Mercasevilla detecta dos millones en comisiones 'de dudosa licitud'

El mercado confirma que en 2007 constaba como asegurado Juan Lanzas

El ex sindicalista de UGT nunca había trabajado en la empresa

Los actuales responsables de Mercasevilla han detectado que en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 2007 del mercado central se pagaron 1.904.982 euros en concepto de "gastos externos" de "dudosa licitud", por lo que ha puesto los datos en conocimiento de la juez que instruye el caso.
En un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, el actual presidente de Mercasevilla, el concejal Gregorio Serrano (PP), pide que la juez Mercedes Alaya investigue tales extremos "para medir el importe de la deuda legítima por primas que debería haberse pagado y para proponer, en su caso, una solución a la aseguradora y a la Junta de Andalucía".

Tras la llegada del PP al Ayuntamiento de Sevilla, los actuales responsables del mercado central han elaborado un informe sobre los compromisos del ERE de 2007 y una de sus conclusiones es que su pago corresponde a la Junta de Andalucía y no a Mercasevilla, pese a la negativa del Gobierno andaluz.
Respecto a los casi dos millones de euros en "gastos externos", el informe indica que "es evidente que ello refuerza el criterio de que deben investigarse la finalidad real y beneficiarios de dicha cantidad, porque no nos consta documento alguno que fije el devengo de esas cantidades ni sus perceptores".
Mercasevilla dice a la juez que "es esencial" que tales gastos se investiguen en el proceso penal abierto, "si no lo ha sido ya", porque "no sería legítimo abonar esas cifras" y en todo caso deberían restarse a la hora de medir "el importe de la deuda legítima por primas".
Además, el mercado confirma que en el ERE de 2007 constaba como asegurado Juan Lanzas, ex sindicalista de UGT e intermediario en varios de los ERE que investiga la juez, pese a que nunca trabajó en la empresa, si bien el informe añade que posteriormente la aseguradora Generali "no recibió prima alguna para el mismo".
De la misma forma, informa de que en los cálculos de la consultora Vitalia y en las pólizas correspondientes se incluyó a Antonio Garrido Santoyo -miembro de la Ejecutiva del PSOE de Baeza (Jaén)- que "no es ni ha sido trabajador de Mercasevilla" y que ha percibido indebidamente 102.171 euros.

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/24/andalucia_sevilla/1327418872.html

Guerrero pagó del "fondo de reptiles" a una empresa que luego lo contrató

El «padre» del fraude en los ERE fue director de Gestifesa tras cesar como director general de Trabajo en la Junta
El que fuera director general de Trabajo de la Junta Javier Guerrero, imputado ahora por ser el gestor de las ayudas mediante el llamado «fondo de reptiles», concedió subvenciones desde su puesto en la administración autonómica a una empresa que después, cuando el alto cargo fue cesado en Empleo en 2008, lo fichó como director general. Así reza incluso en la tarjeta de visita que Guerrero entregó a buena parte de los intermediarios que habían trabajado con él durante su etapa como director de Trabajo. Se trata de la consultora Gestión de Infraestructuras Financieras de Europa S. A., Gestifesa, firma especializada en gestión de subvenciones y en líneas de financiación para grandes empresas y Pymes, la cual contrató al que fuera también alcalde socialista de El Pedroso unos meses después de abandonar la Junta tras haber gestionado millones de euros en ayudas a empresas que ahora se investigan por vía judicial. Guerrero pidió la excedencia por dos años de la Administración cuando fue llamado por el responsable de Gestifesa, firma a la que el primero había subvencionado anteriormente con cantidades muy importantes, alguna de las cuales procedía del «fondo de reptiles» que ahora la Justicia fiscaliza.

Así lo refrenda al documentación a la que ha tenido acceso ABC, en la que se comprueba que desde la Junta de Andalucía, concretamente desde el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), se concedieron diversas ayudas a la consultora radicada en Sevilla —antes en Nervión, ahora en la Avenida de la Constitución— entre 2002 y 2003 en la que luego trabajó Guerrero. Esas ayudas venían refrendadas y firmadas por el director de Trabajo y suman, como mínimo, 138.700 euros, recibidos por trabajos de asesoramiento a varias sociedades, entre las que aparece alguna vinculada a la trama de los ERE fraudulentos financiados con dinero público. Entre julio y agosto de 2002, por ejemplo, se ordenó el pago de 69.020,24 euros a Gestifesa por dos estudios de viabilidad, cada uno de los cuales se facturó en 34.510,12 euros: uno para la empresa malagueña Hitemasa —de las principales implicadas en el fraude por la presencia de «intrusos»— y otro para la cordobesa Azahara Textil. Al año siguiente, desde el IFA se utilizó la famosa partida 31L, la del «fondo de reptiles», para pagar a Gestifesa otros 69.717,42 euros; primero, 34.858,71 en marzo y después la misma cantidad en noviembre, ambas por «estudios generales» —un documento de menos de 40 folios— para la empresa Refractarios y Derivados de Guadalcanal, en la Sierra Norte sevillana. Al menos de esas ayudas hay documentación fehaciente y en la misma es el propio Guerrero el que firma las concesiones.

Una vez fue éste cesado de su cargo como director de Trabajo, Guerrero estuvo varios meses en el Servicio Andaluz de Empleo, SAE, para poco después ser contratado por Gestifesa. Para ello, pidió una excedencia «por interés particular», que venció hace aproximadamente un mes, por lo que reclamó su regreso a la Consejería de Empleo, donde tiene plaza de funcionario. Aprovechó Guerrero para acceder a ese puesto de trabajo su buena relación con el entonces administrador único de Gestifesa, José Ángel Martín Moreno, junto al que se presentaba ante los posibles clientes. El responsable de la empresa que lo fichó, por cierto, había sido condenado en firme en 2005 por un delito de estafa y falsedad documental, por lo que fue inhabilitado a contratar durante cinco años con las administraciones públicas. Antes que en Gestifesa, Martín operaba en una sociedad también dedicada a la tramitación de subvenciones (Bussiness Server S.L.), donde, según la Justicia, confeccionó un documento falso para simular ante una tercera empresa que había recibido una ayuda con fondos europeos.

Con este condenado empezó a trabajar Guerrero tras abandonar la Administración andaluza. Pero, además, cabe resaltar que Gestifesa había tenido antes en nómina durante cuatro años a la propia esposa de Guerrero, Lourdes O.M., que trabajó en esta consultora desde febrero de 2004 hasta diciembre de 2007 con la categoría de periodista y mientras su marido era director general en la consejería que concedió ayudas a esta sociedad intermediaria. Mientras Guerrero era alto cargo de la Junta, su mujer, que se encontraba en paro en El Pedroso, fue contratada por la consultora que obtuvo subvenciones del ejecutivo andaluz. El PP preguntó por este asunto en el Parlamento andaluz en marzo de 2009, justo un año después de salir Guerrero de la dirección que ocupaba en Empleo. La juez Mercedes Alaya le acusa de malversación, prevaricación y tráfico de influencias por la supuesta tramitación irregular de los ERE, al igual que a otros altos mandos de la Junta.

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