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domingo, 18 de marzo de 2012

ANDALUCIA “CORRUPCION TOTAL”

EL CASO DE LOS ERES DE ANDALUCIA TIENE MUCHA TELA QUE CORTAR

Esto parece no tener final, según fuentes del periodico “el pais” cuya ideologia tiende hacia la izquierda española el caso de los ERES de Andalucia va a dar para hablar mucho tiempo, pero en mi opinión no solo hablando se soluciona el problema, los implicados tienen que pagar sus consecuencias

El Pedroso, situado en la Sierra Norte, a 68 kilómetros de Sevilla, ha perdido a su primer director general, al vecino que más alto ha volado en esta localidad de casas blancas, cuestas empinadas y 2.200 habitantes dedicados a la agricultura y la ganadería. Francisco Javier Guerrero Benítez, de 55 años, ex director general de Trabajo y Seguridad Social en la Junta de Andalucía, no aparece por su casa desde hace semanas. Su exchófer le acusa de gastar decenas de miles de euros en fiestas, alcohol y cocaína. La juez Mercedes Alaya le ha imputado por conceder ayudas ilegales a decenas de trabajadores e incluirlos en empresas en las que nunca trabajaron, por repartir sin ningún control cientos de millones a compañías en crisis. En la larga cohorte de intrusos, al menos 72, y favorecidos está su suegra, amigos, vecinos, militantes del PSOE y sindicalistas de UGT.




Guerrero, casado en segundas nupcias y padre de tres hijos, no era un tipo discreto, pero ahora se ha recluido en el apartamento de un amigo hasta que pase el temporal. Su última salida fue para declarar ante la Guardia Civil e implicar a los tres consejeros de Empleo con los que trabajó: “Estaban al tanto de las ayudas”. Pero la tormenta, lejos de amainar, se ha transformado en un tornado que amenaza con arrasar al Gobierno andaluz, a pocas semanas de las elecciones autonómicas, para el que este hombre trabajó durante 10 años manejando a su antojo un “fondo de reptiles” —así lo denominó él mismo— de 647 millones de euros para empresas en crisis. Una cifra que se ha disparado hasta los 1.000 millones por los altos intereses que cobraron intermediarios y aseguradoras.

Las cifras del escándalo

* 48 imputados. Entre ellos, intrusos, empresarios, abogados, directivos de aseguradoras, sindicalistas y el actual director general de Trabajo, Daniel Rivera, y su antecesor, Juan Márquez.

* 72 intrusos. Hasta ahora se han detectado, al menos, 72 casos de intrusos en los ERE analizados. Personas que cobraron sin haber trabajado en las empresas subvencionadas.

* 300 empresas. Recibieron ayudas para financiar ERE o reestructurarse. Algunas no existían, otras volvieron a contratar o no estaban en pérdidas.

* 647 millones. 647 millones en ayudas, que ascendieron a 1.000 por los intereses y comisiones que cobraron intermediarios y aseguradoras.

* 121 expedientes. 121 expedientes de ayudas directas analizados por funcionarios de la Junta para descubrir irregularidades y aportar datos al juzgado


La juez Alaya ha imputado a 48 personas, entre ellas, a los dos sucesores de Guerrero en la Dirección General de Trabajo, e investiga a una“trama organizada” en la que han intervenido intermediarios, empresarios, aseguradoras y responsables de la Junta de Andalucía que beneficiaban con dinero público a personas y empresas “por motivaciones de amistad, de compromiso político… a círculos próximos al PSOE o por razones familiares”. “Enormes sumas de dinero que presuntamente se regalaron arbitrariamente y sin control por la Administración autonómica”, asegura. La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción rastrean supuestas cuentas del ex director general en paraísos fiscales.

http://eltrotamundosdeodelot.wordpress.com/2012/02/05/andalucia-corrupcion-total/

lunes, 5 de marzo de 2012

"Todos los que están por encima saben lo que hay en Invercaria"

La presidenta de Invercaria reconoce en una grabación las irregularidades de la empresa pública e implica al Gobierno andaluz. Repartía dinero con informes falsos y sin control
La presidenta de Invercaria, Laura Gómiz Nogales, reconoció en una reunión interna las numerosas irregularidades en la gestión de esta empresa pública y el reparto discrecional de ayudas, y confesó que las más altas autoridades de la Junta estaban al tanto de las mismas.
Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía (Invercaria) es una empresa pública perteneciente a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, participada al 100% por la Agencia IDEA. Según su propia página web, la misión de Invercaria es «contribuir al fortalecimiento del tejido empresarial y al cambio de modelo productivo de nuestra región».





Sin embargo, según denunció la Cámara de Cuentas en enero, su gestión está trufada de irregularidades, incluyendo la existencia de un fondo para repartir dinero público entre empresas de forma discrecional y al margen de los procedimientos administrativos. Invercaria imitaba el mecanismo por el que la Agencia IDEA repartía las ayudas de la partida 31L del caso de los ERE, lo que ha motivado que se refiera a este dinero —hasta el momento se han detectado más de ocho millones de euros— como «segundo fondo de reptiles». Como ha venido denunciando ABC, Invercaria repartió dinero a empresas que no lo solicitaban, a otras vinculadas con exaltos cargos del PSOE y a entidades que cerraban a las pocas semanas de recibir el dinero.
Su presidenta, Laura Gómiz Nogales, fue designada por el presidente andaluz, José Antonio Griñán, el 29 de julio de 2010. El 26 de abril de 2011 mantuvo una reunión con el entonces director de Promoción de Invercaria, Cristóbal Cantos Sánchez, a quien le solicitó que elaborase diversos expedientes con informes falsos y fecha del pasado para justificar ayudas que se habían concedido sin cumplir los requisitos legales, dado que la Cámara de Cuentas estaba realizando una auditoría. En esta reunión, de la que existe una grabación que ha sido incorporada como prueba judicial al caso de los ERE y a la que ha tenido acceso ABC, Gómiz reconoce las irregularidades, presiona a su subordinado y, cuando este muestra reparos deontológicos a las peticiones de la presidenta, zanja la cuestión con una máxima contundente: «Si me comprometiera con la ética no estaría trabajando con esta organización».


viernes, 10 de febrero de 2012

Recio también ha concedido 850.000 euros a las peluquerías del ex alto cargo

El Grupo Gálvez reclama a la Junta los 287.500 euros que no le ha pagado del «fondo de reptiles»

Sevilla- Gran parte del dinero recibido por la cadena jerezana «Grupo Gálvez Peluqueros»– de la que es copropietario Antonio Jesús Sánchez Megías, ex alto cargo de la Delegación Provincial de Salud de la Junta en Cádiz– lo ha librado el Ejecutivo andaluz a través de la Consejería o de la Delegación Provincial siendo consejero Antonio Fernández (2004-2010), también de Jerez e imputado en la causa de los Expedientes de Regulación de Empleo irregulares por los presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias.

Durante el tiempo que ha estado Fernández en el cargo, la Junta ha otorgado al «Grupo Gálvez» al menos 4,6 millones de euros provenientes de casi todas las partidas posibles de empleo: autónomos, formación profesional, fomento del empleo, talleres de oficio y escuelas de empleo, además de una subvención de 1,15 millones de euros con cargo al «fondo de reptiles» –la partida 31.L– que en este momento está investigando la juez que instruye la causa de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, y de la que informó ayer este periódico. Algunos de los libramientos de mayor cuantía salieron además directamente de la dirección general del Servicio Andaluz de Empleo, que depende de la Consejería y no de la Delegación Provincial, como una ayuda de más de 800.000 euros para el proyecto del taller de oficios «Minerva Peluquería» u otra de 560.730 euros en concepto de «formación para el empleo». En la entrega de diplomas a los alumnos participantes en el proyecto «Minerva» estuvieron presentes en Jerez el propio Fernández y la entonces alcaldesa de la ciudad gaditana, Pilar Sánchez.




Esta empresa fue investigada por la Unidad Contra el Crimen Organizado (Udyco) en 2004 por presunta gestión irregular de 2,7 millones de euros provenientes de otra partida –cursos de formación del Plan de Empleo de Cádiz (Plemca)– tras la denuncia de una empresaria local, aunque el asunto se archivó –hubo incluso un posterior cruce de demandas que quedó en nada–.

Con la llegada del actual consejero, Manuel Recio, ha seguido recibiendo ayudas públicas. Más de 850.000 euros para formación concedidos a través de la delegación de Empleo en Cádiz. Una de ellas, de principios de 2011, de 506.137 euros, según queda recogido en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Fuentes del Grupo Gálvez aseguraron ayer a LA RAZÓN que las subvenciones recibidas están «plenamente justificadas» al tratarse del grupo de peluquerías dedicado a formación «más importante de España». Además, señalan que Antonio Sánchez Megías no fue alto cargo de la Junta, sino que como funcionario de carrera ocupó la secretaría general de la delegación provincial de Salud en Cádiz.

En cuanto a la ayuda recibida del «fondo de reptiles», la empresa asegura que se destinó en su integridad a pagar el salario de sus trabajadores en un momento de crisis –cuenta con 272 personas en plantilla y más de 20 dedicados en exclusiva a la formación– y que puede justificar «hasta el último céntimo». De hecho, ha denunciado a la Junta por el impago de 287.500 euros del 1.150.000 comprometidos con cargo a la partida investigada por el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.

El recorrido de esta reclamación es una incógnita. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya falló en contra de otra empresa que reclamaba a la Administración el cobro de 600.000 euros de una subvención de esta misma partida. El Alto Tribunal rechazó la petición de la sociedad Virgen de Alimentación porque con la resolución de concesión de las ayudas del «fondo de reptiles» no se efectuó ninguno de los trámites exigidos por la ley y que, por tanto, es «nula de pleno derecho porque se realizó prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido».

El Ejecutivo de Griñán ha iniciado meses más tarde un procedimiento de reintegro de estas cantidades concedidas de manera arbitraria y sin publicidad. La ayuda al Grupo Gálvez es una de las más de cien que se han dado desde 2001 y cuya suma ronda los 70 millones de euros.



«Han hecho lo que han querido, sin ningún control»
El responsable del Área Económica del PP andaluz, Rafael Carmona, se refirió ayer a las subvenciones para formación y del «fondo de reptiles» recibidas por la empresa del ex alto cargo de la Junta: «Concurren las mismas circunstancias en el fondo de reptiles y en los cursos de formación. En los dos fondos hay irregularidades». «Aunque suene mal decirlo, han hecho lo que han querido, sin control, sin ningún procedimiento». «El PSOE se ríe de esto, ésta es la pena», atajó

viernes, 13 de enero de 2012

Otro del Psoe, al banquillo! Francisco Fernández ex-concejal de Sevilla

Ha renunciado a la secretaría general de la agrupación socialista de los barrios del Cerro del Águila y Amate
El exconcejal socialista del Ayuntamiento hispalense Francisco Fernández ha renunciado, a todos los efectos, a la secretaría general de la agrupación socialista Julián Besteiro, correspondiente a los barrios del Cerro del Águila y Amate. Esta decisión, formalizada la noche de este miércoles en el seno de la Comisión Ejecutiva Local de tal agrupación socialista, deriva de un reciente auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla que ha resuelto incoar procedimiento abreviado, esto es, procesar, a este exconcejal por un presunto delito de prevaricación.
Francisco Fernández reunió la noche del miércoles a la Comisión Ejecutiva de su agrupación socialista, al objeto de hacer efectiva su renuncia a la Secretaría General de la misma. Fuentes de la propia Comisión Ejecutiva de la agrupación socialista 'Julián Besteiro', tal extremo deriva de la decisión del Juzgado de Instrucción número cuatro de Sevilla de procesar a Fernández por un presunto delito de prevaricación a cuenta de la adquisición al grupo Iturri de materiales valorados por 644.485 euros mediante reconocimientos de crédito cuando él ostentaba el área de Gobernación en el Ayuntamiento de Sevilla.

 

Las contrataciones con Iturri

La causa judicial deriva de la denuncia promovida en su momento por la Fiscalía ante el reconocimiento extrajudicial de crédito mediante el que el Consistorio adquirió, al Grupo Iturri, diversos materiales y equipamientos con destino al cuerpo de bomberos y por valor de 644.485 euros. La adquisición de los equipos, según la denuncia del Ministerio Público, no se atuvo "en absoluto" a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por lo que la Fiscalía atisbaba la comisión de un posible delito de prevaricación.

En estas diligencias también figuró como imputadala también exconcejal socialista Nieves Hernández, quien fue exculpada tras haber prestado declaración ante el juez el pasado 5 de septiembre. Ese mismo día, Francisco Fernández declaraba también como imputado y defendía que las contrataciones respondieron a un intento de resolver una "situación de emergencia" ante la necesidad de que el servicio municipal de Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios contase con los equipos adquiridos.