El ‘clan Chaves’ subvencionó con 20 millones a empresas fantasma

La concesión de 21,5 millones de euros a tres empresas en la provincia de Cádiz ha puesto en la picota al clan político que lidera Manuel Chaves, mientras desde la Junta de Andalucía se pide la acción contundente de la Justicia en lo que parece ser una vendetta más entre las familias que pugnan dentro del PSOE-A. El dinero se le concedió a Alejandro Dávila Ouviña quien, sin precedente empresarial alguno, presentó tres proyectos de empresas y convenció a Antonio Perales, gerente del Plan Bahía Competitiva, para que le tramitara más de 20 millones de subvención que ni siquiera necesitaban la presentación de avales.
El Plan para la Mejora de la Competitividad y el Desarrollo en la Bahía de Cádiz se puso en marcha para paliar la sangría laboral derivada del cierre de Delphi, y alumbrar alternativas de desarrollo en una zona andaluza castigada por un profundo declive laboral. La idea era captar inversiones de empresas a las que se les conceden subvenciones del Ministerio de Industria. Al frente del proyecto se puso a Antonio Perales, hermano del fallecido Alfonso Perales, una de las personas de mayor confianza de Manuel Chaves y cuya hija, Ofelia Perales, fue colocada en la única empresa de Dávila Ouviña que se constituyó, ubicada en el Puerto de Santa María y hoy ya inactiva.

Todo queda en familia
Aunque las investigaciones judiciales del caso se remontan al primer trimestre del presente año, fue en julio cuando el Ministerio de Industria descubrió que Dávila Ouviña no había puesto en marcha las empresas para las que se le concedió la subvención y le exigió la devolución del dinero, mientras que un juzgado lo mandaba directamente a prisión. Dos de estas sociedades se iban a abrir en la localidad de Alcalá de los Gazules, epicentro del clan de Alcalá o clan Chaves, de donde es natural, entre otros, Luis Pizarro, familia también de los Perales, para lo que el propio Antonio Perales acompañó al supuesto empresario gallego a visitar un polígono industrial al que podría acceder.
Tanto Antonio Perales como su sobrina Ofelia ya han prestado declaración ante la Policía y están pendientes de que el juzgado de instrucción número 4 de Cádiz decida sobre su situación procesal. El caso mereció incluso una denuncia del actual presidente de la Diputación de Cádiz, el popular José Loaiza, que sustituyó en las pasadas elecciones municipales a González Cabaña, otra de las piezas claves del clan Chaves. Y el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado hoy que va a pedir un pleno en el Parlamento autonómico para que se debata ese asunto y sus repercusiones en los planes de reindustrialización de la Junta.
El caso de Ouviña provocó el cese de Antonio Perales como gerente del Plan Bahía Competitiva, que pasó a ser controlado por la Agencia IDEA, con lo que el Gobierno de Griñán le quitaba al clan Chaves el control de un instrumento del que dependía la concesión de decenas de millones de euros a las empresas que presentaran proyectos en el territorio de los principales enemigos internos del actual presidente de la Junta.

A degüello contra el enemigo interno
El interés judicial tanto del Gobierno de Griñán como del PSOE-A es tal que desde ambas instancias se han tirado a degüello cuando Antonio Perales ha prestado declaración ante la Policía para aportar información sobre su intervención en la concesión del dinero a Ouviña, pidiendo contundencia, sobre todo por parte de la secretaria de Organización del partido, Susana Díaz.
Entre los ERE y el caso Bahía Competitiva, el grupo de políticos que se ha movido durante lustros a la sombra de Chaves, desde el consejero Antonio Fernández a la familia Perales, en vez de encontrar el amparo del partido, como hasta ahora ocurría, ha chocado con la sentencia del entorno de Griñán, que los ha abandonado a su suerte, de tal forma que, en unos meses, los tribunales pueden hacerle al actual presidente andaluz el trabajo que contra sus enemigos internos no ha podido desarrollar por su falta de liderazgo


http://www.elconfidencial.com/espana/2011/12/20/el-clan-chaves-subvenciono-con-20-millones-a-empresas-fantasma-89623/

Griñán subvenciona a los sindicatos con otros 9,7 millones en pleno debate sobre recortes

SÓLO EN LO QUE VA DE AÑO HAN RECIBIDO 70 MILLONES

La Junta de Andalucía ha aprobado una subvención de 9,7 millones a UGT y CCOO con destino a las unidades de orientación laboral que controlan estas centrales dentro de la Red Andalucía Orienta. Sólo días después de que el líder de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana, asegurase que su sindicato no recibe “subvenciones”, la portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, anuncia que la próxima a los sindicatos será de casi diez millones. En lo que va de año, y sólo en programas recogidos en el Boletín Oficial de la Junta, los sindicatos han recibido más de setenta millones contando esta última partida.
En plena precampaña electoral y de un debate que en Andalucía ha puesto en cuestión el dinero que va a sindicatos y partidos, después de que el líder del PP, Javier Arenas, anunciara que los recortará si llega a la Junta, la subvención aprobada ahora por el Gobierno de Griñán va dirigida a las 56 unidades de orientación laboral que controlan los sindicatos mayoritarios andaluces, dentro de la denominada Red Andalucía Orienta: 31 de UGT y 25 de CCOO. El dinero será distribuido prácticamente a partes iguales entre ambos sindicatos, y la consejera de Presidencia, Mar Moreno, pone de relieve la labor que está desarrollando esta red para formar a desempleados, en una comunidad que ya supera el millón de parados.

304 colocados en la red
En las unidades controladas por los sindicatos, UGT y CCOO tienen colocados a 304 personas, y estos centros han asesorado ya a 27.442 parados, según datos de la Junta. Y a juzgar por la evolución del empleo en Andalucía, no parece que esta red haya servido para mucho, aunque el goteo mensual de miles y miles de nuevos parados sí puede formar una amplia masa de posibles usuarios de las unidades bajo control sindical.
Según los datos que se reflejan en los boletines oficiales de la Junta (BOJA), a lo largo del ejercicio en curso los sindicatos mayoritarios en Andalucía, UGT y CCOO, han recibido más de setenta millones de euros, sumando la partida que ahora se anuncia desde la Junta. Este dinero se refiere a planes sectoriales de formación a cargo de los sindicatos, con un montante de 11,1 millones; planes intersectoriales de formación, con 23,3 millones, y acciones relacionadas con la formación profesional para el empleo, con 33 millones para UGT y CCOO. Los 9,7 millones que ahora se conceden a los sindicatos, se suman a los más de cuarenta millones que se han dado ya por parte de la Junta a esta red de servicios.



http://www.elconfidencial.com/espana/2011/10/12/grinan-subvenciona-a-los-sindicatos-con-otros-97-millones-en-pleno-debate-sobre-recortes-85766/

La Junta ve difícil solicitar ayudas para Huelva por la crisis de la 'E. Coli'

El viceconsejero de Agricultura apuesta por recuperar la demanda en los mercados internacionales · Los productores onubenses reclaman subvenciones para 43 hectáreas de frambuesa

La Junta de Andalucía considera que solicitar ayudas a la Unión Europea (UE) para los productos hortofrutícolas onubenses es complicado porque demostrar la afectación de la crisis del pepino por el tema de los precios es una cuestión "muy sutil" y sujeta a las fluctuaciones del mercado. Así lo apuntó ayer el viceconsejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, José Ignacio Serrano, por lo que incidió en la importancia de "articular una medida" para la recuperación de la demanda en el mercado.

La UE subvenciona tanto la destrucción de productos como la recogida en verde de los mismos. Serrano explicó que en la comunidad andaluza, bajo este parámetro, los productores han comunicado un total de 17 millones de kilos destruidos -no exclusivamente entre los cinco establecidos para recibir subvenciones- y que se han visto afectadas 1.670 hectáreas recogidas en verde, entre ellas las 43 hectáreas de frambuesa señaladas con anterioridad.

Sobre la posibilidad de emprender acciones legales contra Alemania por las "falsas acusaciones" hacia los productos andaluces, Serrano recordó que el mercado alemán es fundamental para el sector y que es preciso contar con las pruebas pertinentes por lo que hizo hincapié en la necesidad de "reforzar la presencia" de los productos andaluces en el exterior y lamentó la postura de Rusia que cerró sus fronteras a la producción, ya que esta actuación no está dentro de la ortodoxia del mercado internacional, porque la producción hortofrutícola de Andalucía "no entraña ningún riesgo".

El gerente de Freshuelva, Rafael Domínguez Guillén, resaltó la necesidad de revisar el sistema de activación de alertas y señaló que las grandes superficies se han aprovechado del más débil con la anulación inmediata de pedidos o con una bajada excesiva de los precios.

Domínguez indicó que la crisis ha afectado al sector fresero, ya que con el cierre de las fronteras de Rusia camiones con rumbo a ese país del Este tuvieron que destruir la mercancía e insistió en la importancia de diferenciar entre "la negligencia" de Alemania a la hora de señalar a los productos españoles, y la actuación por parte de la Unión Europea, la cual decretó la alerta "de manera inmediata" sin contar con todos los argumentos.

En cuanto a las 43 hectáreas de frambuesa afectadas por su recogida en verde, tal y como estableció el viceconsejero, el gerente de Freshuelva matizó que por la naturaleza propia del producto, el cual "se está dando casi todo el año, de noviembre a junio, no hay posibilidad de contabilizar cosecha en verde", por lo que en este sentido "no es equiparable" a los productos hortofrutícolas.

Mientras la FITAG-UGT Huelva ha solicitado medidas complementarias por parte de las administraciones españolas a las establecidas por la UE para las producciones no contempladas. El sindicato considera que se preciso acometer un plan urgente de imagen e información pública sobre las prácticas saludables de la agro industria onubense en los mercados europeos y medidas para eliminar o minimizar el perjuicio a los trabajadores afectados.