El dinero de los parados se lo gasta el Psoe en juergas y cocaína

El chófer del exdirector general de Empleo de Andalucía dice que gastaban las ayudas en cocaína
En el texto de su declaración, a la que ha tenido acceso Efe, Juan Francisco T.B. asegura que recibió 900.000 euros en subvenciones de Francisco Javier Guerrero.

El chófer del exdirector general de Empleo de la Junta Francisco Javier Guerrero, imputado en el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos, ha dicho a la Policía que parte de los 900.000 euros que cobró los destinó a comprar cocaína para su jefe y a "ir de fiestas y copas".

En el texto de su declaración, a la que ha tenido acceso Efe, Juan Francisco T.B. manifiesta que en 2004 recibió dos subvenciones de 450.000 euros cada una para dos proyectos de su propiedad, denominados Iniciativas Turísticas Sierra Morena y Lógica Estratégica Empresarial S.L., la primera destinada a crear una empresa de muebles y la segunda para un negocio de casas rurales en la sierra de Andújar.

Con el dinero de la primera se compró un terreno en la sierra destinado a casas rurales, y con el segundo un piso en la calle San Luis de Sevilla que iba a ser destinado a sede de la empresa.
El chófer declaró ante la Policía en Andújar (Jaén) y aseguró que parte del dinero se lo dio en mano a su jefe y también, a solicitud suya, le compró "varios efectos como material de telefonía, artículos de música, antigüedades y ropa". "La mayor parte del dinero lo dedicó a comprar cocaína para su jefe y para él" y para "otros gastos como ir de fiestas y de copas", afirma en su declaración.
El chófer explicó a la Policía que desde el año 1989 era personal laboral fijo de la Junta como conductor de altos cargos y en 2002 empezó a hacerlo con Guerrero, con el que llegó a entablar una relación de amistad. Una tarde, en un local de copas "al que era muy aficionado Guerrero" y al que él mismo llegó a aficionarse, el ex director general le comentó "la potestad que tenía como director general para conceder subvenciones indiscriminadamente y sin necesidad de justificar nada". Guerrero le pidió que le diera unos nombres "para concederle unas subvenciones" o bien que él mismo creara unas empresas para podérselas conceder a él", por lo que el chófer creó entonces las dos compañías citadas.
Los documentos que preparó según esas directrices consistieron "en un par de folios en cada uno de los expedientes, que teóricamente contenían un plan de viabilidad del negocio", y poco después, entre unos meses y un año después, le ingresaron el dinero de ambas subvenciones, sin que la Junta le exigiera ningún tipo de justificante de haber presentado la solicitud.

El chófer también entregó a la Policía una pistola que, según declaró, le dio un guardia civil hace cuatro o cinco años y le dijo que estaba inutilizada. El conductor declaró voluntariamente ante la Policía, a raíz de una entrada y registro en su domicilio, y fue imputado de presuntos delitos de fraude en subvenciones. Francisco Javier Guerrero es el principal imputado en la investigación de la juez de instrucción 6 de Sevilla por los ERE fraudulentos y otras subvenciones de la Junta, que hasta el momento acumulan más de un centenar de ayudas irregulares.

http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/chofer-exdirector-general-andalucia-dice-que-gastaban-ayudas-cocaina-201201

ERE QUE ERE

El presidente de la Junta de Andalucía ha hecho balance de su gestión desde que el dedo de Chaves lo eligiera

Hablará del paro, del despilfarro, de la corrupción, del nepotismo, de la ruina de miles autónomos, de la destrucción de miles de empresas, de la manipulación presupuestaria, del enchufismo, de la desviación de subvenciones para desempleados???...

La Junta de Griñán, el santuario del derroche autonómico.

José Antonio Griñán -lo de Pepe Griñán no ha calado en la ciudadanía- se jacta del escaso déficit de la comunidad andaluza: porcentualmente, es el noveno en cuanto a su comparación con el PIB regional: 1,11%; eso sí, éste se eleva a 146.983 millones de euros, el tercero mayor de las comunidades autónomas en cuanto a su importe, tras los de Cataluña y Madrid. Pero Griñán y sus consejeros olvidan un rosario de desajustes presupuestarios que confirman al único territorio español aún gobernado por el PSOE como el santuario del despilfarro autonómico nacional.

La deuda andaluza está desbocada. Entre enero de 2008 y el último trimestre de 2001 la deuda andaluza se ha disparado de 166 a 693 millones de euros. ¿Consecuencia? El nivel de endeudamiento se elevó al 8%. Las malas noticias proceden del estudio de la firma internacional de auditoría y consultoría Russell Bedford, que se basa en datos del Ministerio de Economía y del Banco de España, el 3,8% de su deuda total (13.740 millones de euros).

Las empresas públicas andaluzas no sólo no han disminuido, sino que han aumentado. A principios de 2008 el número de entes públicos era de 258 hasta los 361 actuales, con un aumento del 40%. El endeudamiento de la comunidad se incrementó en 6.561 millones de euros, de los que el 8% vienen de las empresas públicas. Andalucía es, además, la tercera comunidad en la que más se ha incrementado la deuda de estos entes (317,5%).

El ‘maná’ para Canal Sur

Canal Sur es una de las más beneficiadas del maná público de la Junta de Andalucía. En el presupuesto de 2012 se detalla que en la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) prevé un déficit en 2012 de 30,5 millones de euros, a pesar de que el ente autonómico no para de recibir ayudas del Gobierno andaluz. En 2011 recibió 155 millones de los presupuestos de la Junta. Aun así, la empresa quiere tener mayor capacidad de endeudamiento y ya avisa que los 122 millones de euros que inyectará la Junta en 2012 resultarán insuficientes para evitar los números rojos. Y eso que los directivos de Canal Sur pasan de la crisis. Un grupo de máximo ejecutivos de la televisión autonómica andaluza gastó un cuarto de millón de euros, de ellos, 27.403 en el hotel Wynn de Las Vegas.

Las embajadas de la Junta de Andalucía en el exterior también forman parte indispensable del capítulo del despilfarro autonómico andaluz. Estas oficinas diplomáticas han consumido ya un presupuesto de 11 millones de euros y su mantenimiento supone cuatro millones al año. La primera oficina que echará el cierre será la de Madrid, ubicada en el Paseo de la Castellana y con un coste anual superior a los 170.000 euros. El director de la oficina, Julián Martínez, novio de la exministra Bibiana Aído, fue nombrado por Gaspar Zarrías, exvicepresidente de la Junta. Martínez, como adelantó El Confidencial, cobra 42.000 euros anuales.

Los planes de Javier Arenas si llega a gobernar tras las elecciones autonómicas de marzo pasan por suprimir la mayoría de las 21 oficinas de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), el antiguo IFA (Instituto de Fomento de Andalucía), que se encargan de captar inversiones para Andalucía. El Gobierno andaluz también cuenta con cinco centros de promoción de negocios ubicados en Tokio, Shanghai, Londres, Bruselas y Moscú).

La rehabilitación del Palacio de San Telmo, la sede del Gobierno Griñán, estrenada en septiembre de 2010, el más lujoso de las sedes autonómicas en España, ya causa hasta sonrojo a los propios miembros del Ejecutivo socialista. En una reciente entrevista concedida a la edición andaluza de El Mundo, la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno, Mar Moreno, ha reconocido que el Ejecutivo socialista no hubiera empezado unas obras de un palacio, de 22.000 metros cuadrados, equipado con cuarenta lámparas a 8.000 euros la pieza y diseñado con mármol de Carrara.

EREs falsos, 300 coches oficiales, 38.000 móviles…

El escándalo de las prejubilaciones fraudulentas en la Junta de Andalucía, también conocido como el caso de los EREs falsos, es quizá el más claro ejemplo de interminable crónica del despilfarro en Andalucía. El fondo de reptiles de 700 millones de euros es un pozo sin fondo. La juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, publicará nuevos autos antes de los comicios autonómicos que podrían acabar por destapar nuevas irregularidades que podrían poner contras las cuerdas al Gobierno socialista sureño.

El PP de Andalucía ya inauguró en septiembre de 2010 el buzón del despilfarro destapando el sistema de sobresueldos creado por el anterior equipo de la Diputación de Granada, controlado entonces por el PSOE e Izquierda Unida, con gastos en los últimos cuatro años de 228.000 euros (102.000 en dietas y 126.000 en transporte).  Los delegados provinciales socialistas cobraban dietas de 40 euros en horario de mañana y 90 euros en horario nocturno “simplemente por hacer su trabajo” a través de la partida llamada “atención a la delegación”, cuando en realidad se trataba de pagos al margen de la nómina.

Si la Junta de Andalucía, que cuenta con una nómina de 300 coches oficiales y 38.000 teléfonos móviles, se gasta 165.000 euros al día en publicidad institucional, la comunidad cuenta con infraestructuras inutilizadas como el tranvía de Jaén que cuesta seis millones de euros al año a la ciudad andaluza, 16.438 euros al día. El Ayuntamiento se gasta 1,7 millones anuales por el arrendamiento de los cinco vagones. La Junta inyectó 100 millones de euros en el tranvía que apenas funcionó unos días.

Fuente: www.elconfidencial.com

El “ejemplar traspaso de poderes” ya suma dos engaños por 20.668 millones.

El “traspaso de poderes ejemplar” entre el PSOE y PP del mes pasado ya es la mejor operación de imagen del Gobierno Zapatero con el beneplácito del entrante de Rajoy: un gran y millonario engaño denunciado por Consejo de Ministros. El viernes 30 “faltaban” dos puntos de déficit público (20.000 millones de euros) y una semana después unas décimas en el balance de la Seguridad Social: otros 668 millones. Soraya Sáenz de Santamaría, que dirigió ese traspaso por parte del partido vencedor, es ahora la encargada cada semana de explicar las caídas del guindo del nuevo Ejecutivo.

La terquedad de los datos reales y el hecho de que el Gobierno de Zapatero había hecho unas previsiones económicas a la medida de la campaña del PSOE (como sostuvo siempre el PP en la oposición) ha tornado en palabras de escándalo y lamento lo que en diciembre eran elogios sobre “la transparencia” y buena disposición de los socialistas salientes.

“Esto no nos lo habían contado”, “lo pedimos por escrito y no nos respondieron” o “nos dijeron que habría una pequeña desviación, pero no tanto”. Esas son las frases que ahora repiten en los ministerios económicos y en la Vicepresidencia del Gobierno para explicar el romance invernal que vivieron con Ramón Jáuregui y los secretarios de Estado que le acompañaban en fotos y posados de televisión para “el mejor proceso de traspaso de poderes de la democracia” que se debía instituir para futuros relevos.

Como reconocía ya por entonces uno de los actuales ministros económicos, ajeno a la operación de imagen, “el traspaso de verdad empieza cuando el nuevo ministro llega a su despacho y pide las cuentas al auditor”. A la semana de jurar los cargos fue cuando el nuevo Ejecutivo empezó a conocer la situación real de la economía, que el déficit era “del entorno del 8%” y no del 6 como dejó dicho Elena Salgado.

Esta semana le ha llegado el turno a la Seguridad Social. El secretario de Estado responsable, Octavio Granado, había empezado por sostener que las cuentas estaban equilibradas. Cuando el PSOE perdió las elecciones pasó a comentar que igual había un cierto desfase. El nuevo Ejecutivo ya ha puesto cifra: los 668 millones anunciados ayer por Soraya Sáenz de Santamaría. Otro problema añadido del previsto desastre de la herencia económica

En el “ejemplar traspaso de poderes” faltaron tantos datos que en fuentes gubernamentales reconocen que Cristóbal Montoro ha presentado su primer informe para el recorte del sector empresarial público sin saber bien por dónde empezar porque el Gobierno saliente carece de datos actualizados. El ministro de Hacienda ha tenido que recurrir a un documento de la Intervención General del Estado que daba en 2009 el dato sobre la existencia de 4.000 empresas públicas y fundaciones en el conjunto de las tres Administraciones: la central, la autonómica y la local.

Barra libre autonómica desde 2004

Los gobiernos autonómicos llevaban desde 2004 en régimen de barra libre en materia de creación de empresas públicas o semipúblicas para intervenir en la economía o para ocultar déficit. Se aplicaba al detalle la política general de Zapatero en la materia: el Estado entraba en una segunda fase de desarrollo de las autonomías con los estatutos “de nueva generación”, el estatuto catalán por encima del marco constitucional, más los cambios “jurídico-políticos” que se empezaron a negociar con ETA para el País Vasco.

Ahora resulta, según se lamentan en los citados medios gubernamentales, que el Gobierno desconoce cuántas empresas públicas o participadas y fundaciones hay en el Estado (salvo las dependientes de la Administración central), a qué se dedican de verdad, qué plantilla tienen, el régimen de personal de sus trabajadores (funcionarios, contratados, eventuales, subcontratados…). “Y por supuesto que no sabemos cuánto ganan ni sus directivos ni sus empleados”, remachan.

Ante la magnitud del problema de ese sector público incontrolable (los “entes” autonómicos generaron una deuda de 5.000 millones en los últimos tres años), el Gobierno convoca al Consejo de Política Fiscal y Financiera para estudiar con los ejecutivos autonómicos el recorte urgente de todo ese sector. Como explicó Soraya Sáenz de Santamaría, sin faltar a los principios fundamentales del Estado autonómico, es al Gobierno central a quien corresponde dar explicaciones y cumplir los compromisos adquiridos por el Estado o Reino de España ante las instituciones europeas de reducción del déficit público a un 4,4% cuando acabe el presente ejercicio.

Fuente: www.elconfidencial.com

Báñez asegura que "nos han dejado un país en ruina económica y social"

El Gobierno pide un "sacrificio" general del que eximirá a "pensionistas y parados" · Asegura que con las medidas "difíciles" que se han tomado, "Rajoy coge el toro de la crisis por los cuernos", contando "la verdad"

El futuro empieza diciendo la verdad, y a veces es muy dura. No os podéis imaginar la semana que llevamos en el Gobierno. Nos han dejado un país en ruina económica y social". El primer desembarco oficial de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en su Huelva natal llegó este sábado 31 en plena resaca de recortes, achacando los imprevistos (con el plato fuerte de la subida de impuestos) a las "mentiras" del PSOE sobre el déficit público, e incidiendo en que la salud económica del país es mucho más grave de lo que llegaron a admitir los socialistas.

Una revelación que, para el Gobierno de Rajoy, viene a reforzar la "responsabilidad y el compromiso" con el que se han tomado las riendas nacionales, lanzando un mensaje que el PSOE sigue tachando de apocalíptico y de todo punto inconveniente para arrojar confianza a los mercados internacionales. Así lo puso de manifiesto ayer el ex secretario de Estado para la Unión Europea y diputado socialista Diego López Garrido, advirtiendo de que las declaraciones de la ministra sobre esa herencia ruinosa son "disparatadas" y "están fuera de lugar" para un país que es la cuarta economía de la eurozona, culpando a Báñez de lanzar un mensaje "irresponsable" que puede inhibir inversiones y financiación.

Pero el PP pisa el ruedo justificando su debut en esta deriva forzosa y avisando de que habrá dosis extra de realismo de cara a la opinión pública española. Es la única salida argumental en la pedagogía que se dispone a aplicar el partido de la gaviota para hacer entender sus primeras decisiones.

Entre las secuelas anunciadas para 2012, una subida del IRPF por dos años, lo que el gabinete de Rajoy denomina "recargo temporal de solidaridad", no contemplado en el programa electoral. Se anuncian tiempos de sacrificio, pero también un mensaje de determinación y respuestas "contundentes" para organizar la salida del túnel. Al mando, un presidente "que está dando la cara desde el primer día -enfatizó la ministra Báñez- para coger al toro por los cuernos y sacar a España de la crisis".

En el acto convocado en la capital onubense, en el que Báñez estuvo acompañada por el presidente del PP-A, Javier Arenas, entre otros dirigentes populares -entre ellos, el senador Matías Conde; la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo; el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González; el secretario general, David Toscano, y el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez- la ministra aseguró que en estas turbulencias "ni parados ni pensionistas deben temer nada con el Gobierno del PP", porque ambos colectivos son "una prioridad" para el nuevo Ejecutivo. "Los más débiles no pagarán la salida de la crisis". De ahí que, dentro del primer paquete de medidas que el viernes aprobó el Consejo de Ministros, viera luz verde la revalorización de las pensiones, recuperando el Pacto de Toledo. Igualmente se aprobó la prórroga del Plan Prepara, con seis meses más de ayuda mensual de 400 euros a los desempleados.

Respecto a la medida más impopular, la subida de impuestos -que afecta al IRPF y al IBI-, Báñez esgrimió que este paso no se habría dado si el déficit público hubiera sido del 6%, como apuntaron los socialistas, y no del 8%. El desfase "ha obligado" al Gobierno a programar este incremento "temporal", insistió, como una medida "excepcional, ante una situación excepcional. Algo temporal, equitativo y justo, ya que hay que tener en cuenta la capacidad adquisitiva de los ciudadanos". Esta subida, según anunció Báñez, redundará en mayores ingresos para "las comunidades autónomas y los ayuntamientos, aunque el coste político lo tenga el Gobierno central".

El gasto público se recortará en 8.900 millones de euros, pero la ministra avanza que "no se va a tocar nada de primera necesidad". Se meterá la tijera para "acabar con los excesos y vendrá la estabilidad presupuestaria. Ninguna administración -indicó Báñez- gastará más de lo que ingresa".

Por su parte, Javier Arenas calificó esta primera hornada de medidas -la antesala de las reformas- como "transparente", un paso adelante con el que el Gobierno está "diciendo la verdad" a los españoles, tras "el gran engaño del PSOE. "Medidas -recalcó Arenas- que han sido programadas pensando exclusivamente en el futuro, el empleo y las oportunidades. Ante esta difícil situación, todos tenemos que hacer esfuerzos y sacrificios, menos las personas mayores y los parados".

Una línea de acción que, a juicio de los populares, contrasta con la política de recortes "fáciles" que venía ensayando el PSOE. Así, Arenas hizo hincapié en que el Gobierno del PP ha empezado reduciendo el gasto corriente de las administraciones, la burocracia y los cargos políticos, bajando un 20% las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales porque "no se puede pedir un solo sacrificio a la sociedad sin que previamente no se dé un clarísimo ejemplo desde el Gobierno y las administraciones públicas".

El presidente del PP-A puso de relieve la congelación del recibo de la luz, el mantenimiento del IVA reducido para la adquisición de viviendas, la recuperación de su desgravación fiscal y la puesta en marcha de una serie de reformas que "nada tienen que ver con los recortes anteriores. En la etapa socialista, -añadió- los parados y los pensionistas eran las víctimas y se rebajó el sueldo de los funcionarios, reduciéndose en educación y en sanidad, donde se han llevado a cabo los mayores recortes". El líder del PP andaluz aseguró que con el cambio político estos dos ámbitos están garantizados "al 100%". A su juicio, los hechos tumbarán los vaticinios de Rubalcaba.