El caso Marta del Castillo tiene una coordinación sin precedentes. De hecho, la Policía da por seguro que es el entorno de Francisco Javier Delgado, hermano de Miguel Carcaño, el que dirige de hecho la defensa jurídica en una estrategia que comenzó el mismo día del asesinato de la infortunada Marta del Castillo. Al hilo de esta información policial, Libertad Digital ha hecho una investigación sobre el entorno jurídico de las defensas del caso y ha encontrado coincidencias llamativas. La novia de Francisco Javier Delgado, igualmente imputada en el caso, es María García Mendaro. García Mendaro es hija de Ángela Mendaro, importante cargo socialista del clan de Lebrija y vinculada a Amparo Rubiales Torrejón, consejera aúlica de Manuel Chaves, expresidente de la Junta de Andalucía y actual vicepresidente tercero del Gobierno, junto con su inseparable amigo Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, con quien además de la amistad, le une el bufete Estudio Jurídico Itálica en Sevilla.
De hecho, Ángela Mendaro es vocal del Foro Clara Campoamor, que preside Amparo Rubiales. El Foro Clara Campoamor tenía la siguiente dirección:
Presidenta: Amparo Rubiales Torrejón, actualmente en el Consejo de Estado por el PSOE
Vicepresidenta: Aurora Atoche Navarro
Secretaria: Nazaria Moreno Sirodey
Tesorera: Rosamar Prieto
Vocales: Carmen Hermosin, Susana Díaz, Elia Maldonado, Isabel Pozuelo, Ángela Mendaro, Marina Cortés y Carmen Calleja.
Todas ellas componen la elite feminista y socialista del PSOE andaluz. Carmen Hermosín es la esposa de Luis Yáñez y es exconsejera de la Junta. Carmen Calleja ha ocupado numerosos cargos en la Junta de Andalucía y el gobierno de España y actualmente preside el Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide. Susana Díaz es la mano derecha de Griñán en el PSOE andaluz. Isabel Pozuelo estuvo en la 'foto de la tortilla', ahora de moda con la resurrección de Felipe González. Rosamar Prieto es íntima de Amparo Rubiales y Aurora Atoche ha sido incluso vicepresidenta de Caja Córdoba antes de su hundimiento.
En la actualidad, Ángela Mendaro ocupa el cargo de Gerente de la casa de la provincia de la Diputación de Sevilla.
Las defensas de los imputados: curiosas coincidencias
La defensa de María García Mendaro la desempeña José Antonio Salazar Murillo. Ha estado vinculado al primer marido de Amparo Rubiales Torrejón, Manuel Ramón Alarcón Caracuel. Lo demuestra esta cita sobre los "subversivos" de la Universidad de Sevilla en la época de Franco, escrita por Santiago Sánchez Traver:
"El Correo de Andalucía sufrirá el primer secuestro de un medio ya en la democracia cuando es retirada su edición de los quioscos el 28 de octubre. El motivo: unas declaraciones del abogado José Antonio Salazar Murillo, al que se ha procesado por la acusación de facilitar propaganda y un muelle a un defendido suyo, al parecer miembro de la COPEL. Las declaraciones no gustan en la Fiscalía y el juzgado de instrucción número siete ordena a la policía retirar todos los ejemplares. El bufete de Salazar, en el que también está el abogado y profesor José Ramón Alarcón, esposo entonces de la socialista Amparo Rubiales, es el que más se destaca en las causas perdidas, en defensa de la naciente democracia. Hay un preso común, Francisco España, que se hace famoso por su capacidad de tragarse cucharillas y muelles de la cama para reivindicar la resolución de su causa. De momento le sirvió aquel año para ser puesto en libertad de forma rápida. Y sale a la calle desde el hospital de San Lázaro, aunque después se verían sus causas pendientes, de carácter menor."
La defensa de su novio y hermano de Miguel Carcaño, Francisco Javier Delgado la desarrolla Juan Manuel Carrión Durán, que tiene un bufete con otro abogado. Carrión es profesor asociado en la Cátedra que dirige Javier Pérez Royo con su cuñado, Pedro Ruiz Villalón y Manuel José Terol. El socio del bufete de Carrión Durán es Antonio Jiménez Almagro que, curiosamente, fue el primer abogado de Miguel Carcaño y que renunció a su defensa cuando Carcaño empezó a distanciarse de la versión oficial de los hechos, al comprobar que el "marrón" recaía de manera casi exclusiva en él y dejaba libres a los demás. Ahora, la defensa de Carcaño la lleva Paloma Gómez Sendino, abogada de oficio en este caso tras haber sido nombrada por el Colegio de Abogados. Está especializada en pequeña delincuencia relacionada con drogas.
La defensa de El Cuco recae en el letrado Fernando María de Pablo Daza, asimismo vinculado al PSOE a través de su esposa, la también letrada María Dolores Mateos Sánchez, que fue nombrada por el exalcalde socialista de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín como responsable del Distrito de Sevilla Este. Hace poco, Mateos Sánchez saltó a la "fama" por encontrarse entre los cuatro cargos de la misma ejecutiva del PSOE, en concreto la que dirigía el diputado autonómico Ramón Díaz en la capital sevillana, que consiguieron el estatus de empleados públicos de la mano de la polémica ley de reordenación del sector público promovida por el Gobierno andaluz. Aparte de su militancia política —todos ellos ocupan secretarías en la agrupación del distrito hispalense Alcosa-Este-Torreblanca—, tenían en común que accedieron a un contrato en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), adscrita a la Consejería de Empleo, sin necesidad de superar ninguna oposición o concurso.
De Pablo Daza llegó a acusar de comportamiento cercano a la prostitución a la joven asesinada, Marta de Castillo, provocando una indignada reacción de los padres.
La única defensa que no parece tener relación alguna con el PSOE es la del imputado Samuel Benítez, ostentada por Manuel Caballero Casado, aunque, por lo que la familia de Marta del Castillo, asegura es evidente que todas las defensas están coordinadas desde el principio.
http://www.libertaddigital.com/sociedad/2011-11-07/las-conexiones-entre-la-defensa-del-caso-marta-y-el-psoe-andaluz-1276440601/
sábado, 14 de enero de 2012
Griñán regala 54 millones a UGT y CC OO un día después del anuncio de elecciones
J. Molina y J. Cordero. El PSOE-A aprovecha sus últimas semanas para repartir ayudas a organizaciones sociales ‘amigas’. Las encuestas dan por hecha la victoria del PP en los comicios de marzo.
El pasado 11 de enero, el mismo día en que el presidente de la Junta anunció en Marbella la convocatoria de elecciones para el próximo día 25 de marzo, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (Boja) publicaba una concesión de 400.000 euros a los sindicatos UGT y CC OO. Al día siguiente, el mismo Boja añadía a esta ayuda la concesión de otros 90,2 millones de euros en distintas ayudas sociales. Gran parte de estas subvenciones se destinaban a los dos sindicatos amigos del PSOE. En concreto, 54 millones, concedidos a pocas semanas de las próximas elecciones autonómicas, para las que todas las encuestas vaticinan un cambio en el Palacio de San Telmo.
Una de las partidas corresponden a subvencionar a UGT de Andalucía y está valorada en más de 14 millones de euros. Se adjudica a través de un convenio de colaboración entre el Servicio Andaluz de Empleo y el sindicato dirigido por Manuel Pastrana (UGT). El Boja justifica esta decisión argumentando que este sindicato “tiene un especial conocimiento del mercado de trabajo y su evolución, lo que le permite impartir acciones de formación adecuadas a las necesidades de dicho mercado y a la creación de empleo”, en virtud de un acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de diciembre de 2011.
A CC OO también se le conceden otros 14 millones destinados a desarrollar acciones de formación profesional para el empleo debido a su “especial connocimiento del mercado de trabajo y su evolución”.
Como se aprecia, muchas ayudas corresponden a personal en activo, y no sólo a desempleados. Según los últimos resultados publicados por la Encuesta de Población Activa correspondiente al tercer trimestre de 2011, Andalucía se sitúa en un 31% de paro, lo que precisa de medidas urgentes destinadas a atajar esta alarmante situación que parece que el Gobierno socialista de José Antonio Griñán no quiere ver. No en vano, como se ha indicado, continúa destinando fondos públicos a políticas prescindibles como si no hubiera crisis. Algo que entronca con la política de subvenciones que ha llevado a cabo durante toda su estancia al frente de la Junta.
Escándalo de los ERE. El PP reclama a la Junta que vaya a los tribunales Estos últimos meses se han publicado multitud de noticias sobre el denominado ‘caso de los ERE’. Presuntamente se utilizaba un ‘fondo de reptiles’ de 648 millones en ERE ficticios. La instrucción la está llevando la juez Mercedes Alaya, que ha acusado a la Junta de entorpecer su investigación por no entregarle 480 actas de los Consejos de Gobierno. Estos escándalos se suman a las últimas declaraciones del chófer del ex director de Empleo, Francisco Javier Guerrero, que se encuentra imputado por el fraude de los ERE. Según este, Guerrero le pidió comprar cocaína con el dinero de las subvenciones. Ayer mismo, el PP pidió a Griñán que ordene reclamar ante los tribunales las cantidades de las ayudas que no fueron para el destino solicitado.
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/grinan-regala-54-millones-ugt-y-cc-oo-un-dia-despues-anuncio-elecciones-201
Informe sobre la calidad de la enseñanza andaluza; las mentiras del Psoe.
Después de bastantes meses, la consejería de educación de la Junta de Andalucía ha dado a conocer los resultados de las pruebas de evaluación de diagnóstico del curso anterior.
Los titulares en "El País": El 20% de los alumnos de ESO arrastra problemas graves de rendimiento.
En "ABC": El 30 por ciento de los alumnos ha repetido curso en 2.º de ESO
En "Canal Sur": Los alumnos andaluces mejoran en idiomas y escalan hasta un notable.
viernes, 13 de enero de 2012
Un beso de !!! 54.006.786 €!!!!
Un beso de !!! 54.006.786 €!!!! Griñan a Pastrana (dirigente regional de UGT y hermano de una de las Jefas de los Informativos de Canal Sur)
Otro del Psoe, al banquillo! Francisco Fernández ex-concejal de Sevilla
Ha renunciado a la secretaría general de la agrupación socialista de los barrios del Cerro del Águila y Amate
El exconcejal socialista del Ayuntamiento hispalense Francisco Fernández ha renunciado, a todos los efectos, a la secretaría general de la agrupación socialista Julián Besteiro, correspondiente a los barrios del Cerro del Águila y Amate. Esta decisión, formalizada la noche de este miércoles en el seno de la Comisión Ejecutiva Local de tal agrupación socialista, deriva de un reciente auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla que ha resuelto incoar procedimiento abreviado, esto es, procesar, a este exconcejal por un presunto delito de prevaricación.
Francisco Fernández reunió la noche del miércoles a la Comisión Ejecutiva de su agrupación socialista, al objeto de hacer efectiva su renuncia a la Secretaría General de la misma. Fuentes de la propia Comisión Ejecutiva de la agrupación socialista 'Julián Besteiro', tal extremo deriva de la decisión del Juzgado de Instrucción número cuatro de Sevilla de procesar a Fernández por un presunto delito de prevaricación a cuenta de la adquisición al grupo Iturri de materiales valorados por 644.485 euros mediante reconocimientos de crédito cuando él ostentaba el área de Gobernación en el Ayuntamiento de Sevilla.
Las contrataciones con Iturri
La causa judicial deriva de la denuncia promovida en su momento por la Fiscalía ante el reconocimiento extrajudicial de crédito mediante el que el Consistorio adquirió, al Grupo Iturri, diversos materiales y equipamientos con destino al cuerpo de bomberos y por valor de 644.485 euros. La adquisición de los equipos, según la denuncia del Ministerio Público, no se atuvo "en absoluto" a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por lo que la Fiscalía atisbaba la comisión de un posible delito de prevaricación.
En estas diligencias también figuró como imputadala también exconcejal socialista Nieves Hernández, quien fue exculpada tras haber prestado declaración ante el juez el pasado 5 de septiembre. Ese mismo día, Francisco Fernández declaraba también como imputado y defendía que las contrataciones respondieron a un intento de resolver una "situación de emergencia" ante la necesidad de que el servicio municipal de Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios contase con los equipos adquiridos.
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