Las irregularidades en subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía no sólo han afectado a las ayudas al empleo, a privados, a empresas o a organizaciones afines al partido en el poder. El sistema establecido también ha beneficiado con ayudas arbitrarias a ayuntamientos liderados por el PSOE, para los que los criterios de concesión del dinero público no han sido precisamente estrictos. Un ejemplo más que ilustrativo en este sentido es el de Burguillos, a cuyo Ayuntamiento echó un cable económico la Administración andaluza cuando los socialistas aún gobernanban el municipio y éste estaba ya en la ruina tras dilapidar una ingente cantidad de millones procedentes de los convenios urbanísticos. En 2010, ya con Mariana Pérez como alcaldesa en lugar del inhabilitado José Juan López, la Junta anunció que iba a «volcarse» con Burguillos y su ya delicada situación. Y a fe que lo hizo.
La delegada del Gobierno de la Junta en Sevilla, Carmen Tovar, se entrevistó en mayo de 2009 con la recién llegada regidora y le trasladó todo el apoyo de la institución ante el grito de socorro de un municipio depauperado y sin opciones ni para pagar nóminas. Tovar le prometió ayudas y, ya con cargo a 2010, Burguillos recibió sólo desde la Delegación del Gobierno de la Junta 194.250 euros del fondo de nivelación, 13.000 del plan provincial de cooperación con municipios o 141.800 del Plan Proteja para alguna obra. Pero no fue suficiente. En abril de 2010, la delegada ordenó mediante resolución que se concediese una subvención al Ayuntamiento burguillero de 100.000 euros para «obras de reparación de infraestructuras» a causa de «los daños causados por las lluvias torrenciales». Concretamente, se trataba de las instalaciones de la planta de biomasa.
Se otorgó la ayuda «con carácter urgente» para una «ejecución inmediata». Se trata de una subvención que puede dar cada delegado de forma directa merced a sus atribuciones. En dicha resolución, Tovar menciona la «grave situación creada», por lo que «resulta obligado prestar cooperación y asistencia», aludiendo a la Ley General de Subvenciones y a un apartado de un artículo que permite dar «con carácter excepcional subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública».
El dinero, así, se dio sin que mediara presentación de proyecto alguno. Se concedió, además, a un consistorio que cargaba ya con enormes deudas con Hacienda y con la Seguridad Social, algo que la Ley impide. Y, lo que es incluso peor, se otorgó la ayuda al Ayuntamiento cuando ni la planta de biomasa ni el recinto donde se encuentra eran propiedad municipal sino de la sociedad Burguillos Natural; la cual, encima, estaba ya en ese momento en concurso de acreedores. De hecho, las máquinas siempre han sido de una empresa, Eneryet Energías Renovables S. L. ¿Se subvencionó por tanto a un privado? ¿Desconocía todo esto la Delegación del Gobierno de la Junta? De una forma u otra, dio los 100.000 euros.
La misma Administración
Pero hay más, desde otro de sus departamentos —en concreto la Agencia Andaluza de la Energía—, la Junta había concedido en noviembre de 2007 hasta 1,1 millones de euros precisamente para montar esa instalación de biomasa y en abril de 2010 esta agencia constató con visitas que dicha infraestructura se encontraba sin ejecutar, por lo que pidió a Burguillos Natural la devolución del dinero, algo que sigue reclamando. Nunca hubo planta de biomasa funcionando en Burguillos, como comprobó la misma Junta. ¿Por qué, entonces, concedió una subvención desde otro departamento para la «reparación» de una infraestructura que ni siquiera se había llegado a montar? ¿No conocía Tovar que la planta era una ficción? ¿Ha habido fraude en las subvenciones?
Pese a todo, la Junta firmó, declarando el «carácter excepcional» de la subvención y el «carácter urgente y preferente de la tramitación del expediente». Dinero rápido. El 75% y el resto una vez se justifique el empleo del importe en los fines previstos. Como era imposible justificar nada, el 20 de diciembre de ese mismo 2010 Tovar firmó otra resolución que rebajó las condiciones aún más modificando tras puntos de la resolución de meses antes. De un lado, se estableció un pago único del total de la subvención con una «justificación diferida» en virtud de un acuerdo del Consejo de Gobierno, que dio su respaldo a esta variación días antes. O sea, «sin necesidad de justificación previa» y, además, con un plazo de ejecución que finalizaba una vez pasadas las elecciones municipales. Patadón hacia adelante. Sólo haría falta, y a posteriori, un certificado del interventor municipal que acredite el empleo correcto de la subvención. Por supuesto, ese dinero no se ha empleado en la planta de biomasa sino que cubrió gastos corrientes del Consistorio. Ahora, ya con el PP al mando del Ayuntamiento, la Junta reclama el dinero o que se justifique la concesión del mismo, mientras la empresa que empezó a montar la planta de biomasa, Eneryet, ha solicitado al Juzgado Mercantil la recuperación de la maquinaria que dispuso y que sigue siendo suya.
