jueves, 24 de enero de 2013

El socialista Luciano Gómez, secretario provincial de FITAG-UGT, declara ante la Guardia Civil por los ERE de la Faja Pirítica.

Uno de los expedientes bajo sospecha es el de Juan Manuel Serrano, alcalde pedáneo de La Zarza y miembro de la comisión ejecutiva de MCA-UGT Huelva.



El secretario general de la Federación de Industrias de UGT en la provincia de Huelva, el socialista Luciano Gómez, prestó declaración la pasada semana ante la Guardia Civil en relación con los polémicos expedientes de regulación de empleo (ERE) de la Faja Pirítica onubense, que se concretaron tanto en la zona de Minas de Riotinto como en la parte de Tharsis-La Zarza, según ha publicado ABC de Sevilla.es.
La declaración del ugetista está vinculada, entre otras cuestiones, con la prejubilación como intruso del alcalde del PSOE de La Zarza-El Perrunal –entidad local autónoma perteneciente al municipio onubense de Calañas–, Juan Manuel Serrano García, cuando tan sólo tenía 44 años, información adelantada por El Mundo de Andalucía hace prácticamente un año en una noticia firmada por el periodista José Carlos Aguado.
Serrano, también sindicalista de UGT, fue uno de los beneficiarios de la póliza 1.096 de la compañía Vitalicio Seguros que fue financiada con cargo al ‘fondo de reptiles’, insertada entre los expedientes de regulación de empleo (ERE) de la Faja Pirítica de Huelva y cuyo tomador es la Federación Estatal de Industrias y Afines de UGT.
Se trata de la misma póliza de rentas en la que están inscritos los ‘mineros de Chaves’, cinco trabajadores que en diciembre de 2003 informaron al entonces presidente andaluz, a través de un fax, de la existencia de intrusos en los ERE de la crisis de la minería onubense. Concretamente, en su escrito advertían a Chaves de prejubilados que “no han visto la mina ni por dentro ni por fuera”, al tiempo que exigían el mismo trato, objetivo que consiguieron estos ex mineros al obtener la prejubilación pese a que un informe de la Consejería de Empleo determinó que no podía hacerlo porque no tenían derecho.
El alcalde socialista, nacido el 16 de julio de 1960, empezó a cobrar la póliza en febrero de 2005, pese a que el Instituto Nacional de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, advirtió de que le correspondía una bonificación de “cero días”, una vez comprobados los “antecedentes y la documentación” aportada por el propio Juan Manuel Serrano “de acuerdo con su solicitud sobre aplicación de coeficientes reductores”.
El primer edil socialista iba a cobrar un importe total de 244.987,44 euros hasta febrero de 2020, fecha en la que concluye la póliza de Vitalicio Seguros cuando Serrano no habrá cumplido aún los 60 años. En la actualidad, el regidor del PSOE percibe una renta mensual de 1.342,64 euros y hasta enero de este año ya ha cobrado 105.617,60 euros de esta póliza de 15 años financiada con cargo a la partida presupuestaria 31L, bautizada por el ex director general de Trabajo de la Junta y principal imputado en la trama de los ERE como ‘fondo de reptiles’.
Serrano entró a trabajar en las oficinas de Insersa -Ingeniería de Suelos y Explotación de Recursos, S.A.- el 1 de octubre de 1997, una contrata que explotaba desde 1996 el yacimiento de Aguas Teñidas en Almonaster la Real (Huelva) propiedad de Almagrera y cuyos algunos de sus mineros fueron acogidos dentro de los protocolos y acuerdos firmados por la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico en 2003 para paliar los efectos del cierre de los yacimientos. En esta empresa, especializada en sondeos y perforaciones mineras, estuvo trabajando de forma intermitente hasta julio de 2004. En total, acumuló poco más de siete años en Insersa.
Sindicalista de UGT
Fue en esta compañía donde Juan Manuel Serrano empezó a ganar peso dentro de la estructura provincial de UGT, sindicato por el que estuvo contratado un par de meses a principios de los 90. Durante las movilizaciones de 2002 emprendidas por los mineros de Insersa, Serrano actuó como portavoz de los trabajadores y delegado sindical en la empresa.
Años más tarde y ya prejubilado, entró a formar parte de la comisión ejecutiva elegida en el tercer congreso provincial de la Federación del Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT-Huelva celebrado en el verano de 2006 como secretario ejecutivo. Actualmente, sigue ocupando el mismo puesto.
Serrano fue elegido alcalde de La Zarza-El Perrunal en las pasadas elecciones municipales del 22 de mayo de 2011 con el 64% de los votos. Relevó a su compañero del PSOE Francisco Martín Macías, uno de los nueve alcaldes y ex munícipes que están imputados por un supuesto delito de malversación de caudales públicos en una causa abierta contra la Mancomunidad del Andévalo Minero.
La póliza de UGT
La póliza de rentas, en la que están incluidos al menos 61 beneficiarios y cuyo tomador es la Federación Estatal de Industrias y Afines de UGT, parece un caso claro de ilegalidad en el manejo del ‘fondo de reptiles’. Así se desprende de un informe fechado el 14 de marzo de 2011 por funcionarios de la Consejería de Empleo en la investigación interna por el escándalo de los ERE.
Los funcionarios que la analizaron dicen que, “aunque aparece el listado de beneficiarios, no constan los acuerdos en virtud de los que se suscribió la póliza y donde se supone que deben contenerse los criterios para la determinación de los beneficiarios”. Los autores del informe pidieron esa información y sólo recibieron una copia de la póliza “pero no los referidos acuerdos que aún desconocemos”.
Fuentes de toda solvencia han explicado que dicha póliza se abrió con parte del dinero que la empresa sueca Boliden pagara a la Junta en reparación por el vertido de 1998 en la mina de Aznalcóllar. Otras fuentes que participaron en aquellas negociaciones señalaron que esa póliza sirvió para “incluir a los que se quedaron fuera” de las prejubilaciones.
En este sentido, llama la atención que el tomador de esta póliza sea Federación Estatal de Industrias y Afines de UGT, cuando en 2003 se creó ex profeso la Asociación Faja Pirítica de Huelva con el fin de gestionar el pago de las rentas acordadas con las administraciones a raíz del cierre de los yacimientos mineros, asociación en donde están representados los sindicatos UGT y CCOO.


   Reacciones
Esta información provocó en su día una oleada de reacciones. El portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz y actual vicesecretario general del PSOE andaluz, Mario Jiménez, dijo que la prejubilación como intruso en un ERE pagado con el ‘fondo de reptiles’ del alcalde socialista de la pedanía onubense de La Zarza-El Perrunal, Juan Manuel Serrano, cuando éste tan sólo tenía 44 años, se otorgó “en cumplimiento de la legislación y no por ser alcalde del PSOE”, pese a que el propio Instituto Nacional de la Seguridad Social advirtió que no reunía las condiciones y le dio ‘cero días’ a efectos de la jubilación.
Jiménez se limitó a afirmar que Serrano “accedió a esa prejubilación como lo hicieron miles de trabajadores de la provincia de Huelva” que se vieron afectados por el cierre de las minas de la Faja Pirítica. Serrano realizaba labores de oficina y acumuló poco más de siete años de trabajo intermitente en una contrata que explotaba el yacimiento de Aguas Teñidas.
En esa comparecencia, el portavoz del PSOE en la Cámara autonómica insistió en que las prejubilaciones concedidas a raíz de la crisis de la Faja Pirítica de Huelva fueron otorgadas “de forma absolutamente legal”, si bien apuntó que en el caso de que hubiera que reclamar alguna responsabilidad los que tendrían que responder son el ex ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana; el ex ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas; el ex delegado del Gobierno en Andalucía, Juan Ignacio Zoido; y el ex subdelegado del Gobierno en Huelva, Carmelo San Martín.
“Ellos fueron los responsables que establecieron los listados de prejubilados y los trabajadores no tienen ninguna responsabilidad”, recalcó Jiménez antes de dar media vuelta y no permitir más preguntas de los periodistas.
“Tenía la edad”
Por su parte, el máximo responsable de la Federación de Industria de UGT en Huelva, Luciano Gómez, afirmó que el alcalde socialista de La Zarza-El Perrunal “tenía la edad” para acogerse a la prejubilación, pese a que Juan Manuel Serrano tan sólo tenía 44 años cuando empezó a cobrar la póliza1.096 de la compañía Vitalicio Seguros que fue financiada con cargo al ‘fondo de reptiles’, insertada entre los ERE de la Faja Pirítica de Huelva y cuyo tomador es, precisamente, la Federación Estatal de Industrias y Afines (FIA-UGT).
Según Gómez, el regidor del PSOE “es un trabajador de la mina” al que se aplicó sus correspondientes coeficientes reductores y que, por lo tanto, cumplía “los requisitos que se pidieron en ese momento”. Así, para el sindicalista la póliza de prejubilación de Serrano “tiene toda la legalidad del mundo”, ya que “no es nadie ajeno a lo que se negoció”.
Preguntado, entonces, por qué el Instituto Nacional de la Seguridad Social advirtió que no reunía las condiciones para concederle la prejubilación, Gómez se limitó a contestar que “no tengo esos datos”.
Por último y respecto a los motivos por el cual la FIA-UGT aparece como tomador de la póliza pese a que este sindicato forma parte de la Asociación Faja Pirítica de Huelva creada ‘ex profeso’ para gestionar el pago de las prejubilaciones, Gómez explicó que FIA-UGT asumió ser el tomador de “una póliza determinada” como consecuencia de su participación en los acuerdos de la crisis minera y al objeto de “poderlas aplicar a los trabajadores”.
Los ERE: “Un manantial de corrupción que no cesa”
Por su parte, el coordinador andaluz de IU y actual vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, apostó en su momento por investigar “hasta las últimas consecuencias” para averiguar “qué elementos justificaron” la prejubilación concedida al actual alcalde del PSOE en la pedanía onubense de La Zarza-El Perrunal, una póliza de rentas por la cual el regidor cobra actualmente una mensualidad de 1.342 euros y que hasta su finalización, en el año 2020, recibirá cerca de 245.000 euros.
Valderas señaló que, a su juicio, se trata de una prejubilación “que no parece tener ningún sentido”, ya que el primer edil tan sólo tenía 44 años cuando se le fue concedida.
En esta línea, el dirigente izquierdista aseguró que la trama de los ERE “parece ser un manantial de corrupción y de intrusos que no cesa”, por lo que “hay que seguir profundizando” al objeto de “acabar con el mangoneo, el enchufismo y el despotismo con el que se ha ejercido la política”.
“Ahora se entiende cada vez más que el PSOE se opusiera a una comisión de investigación en el Parlamento sobre los ERE como pidió IU, porque no se trata solo de establecer responsabilidades penales y administrativas, se trataba también de plantear responsabilidades de carácter político”, indicó.
Por lo que se refiere al PP, acusó directamente al PSOE de utilizar el “dinero de los parados y de los mineros honrados” para pagar casi 245.000 euros al alcalde socialista con el ‘fondo de reptiles’, al tiempo que exigió a los socialistas que “dejen de manchar el honor de los mineros y no los utilice para tapar sus vergüenzas”.
Asimismo, el secretario general del PP de Huelva, David Toscano, reclamó al portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, que no se esconda “y aclare de una vez por todas la implicación del PSOE de Huelva en los ERE fraudulentos”.
“El cerco de corrupción de los ERE se estrecha sobre el PSOE de Huelva y sigue salpicando a este partido”, concluyó el dirigente ‘popular’.

Huelvaya.es

viernes, 18 de enero de 2013

Recortes de la Junta en Sanidad.Salud no renueva el contrato a un médico y el Virgen de la Cinta anula todas las citas del servicio de Dermatología

Los usuarios reciben llamadas telefónicas para cancelar las consultas programadas.

La decisión de la Delegación Provincial de Salud de no renovar el contrato a un médico dermatólogo, que estaba cubriendo la baja maternal  de la titular del servicio en el ambulatorio Virgen de la Cinta, ha obligado a este centro a llamar telefónicamente a todas aquellas que tenían cita para anularlas.
En la comunicación que se ha realizado a las personas en lista de espera con cita ya concedida no se ha pospuesto la misma para otra fecha, sino que simple y llanamente se ha informado que el servicio no dispone de médico y todas las consultas previstas quedaban anuladas.
El servicio de Dermatología lo estaba cubriendo en los últimos meses el doctor Enrique Jorquera Barquero, en sustitución de la titular de la plaza que se encuentra de baja maternal. El contrato que se le realizó a Jorquera ha concluido sin que la titular se haya reincorporado a su plaza todavía y continúe de baja.
A pesar de ello, Salud no ha renovado el contrato al dermatólogo, lo que ha provocado una situación que está provocando una alarma muy importante entre los usuarios, ya que la anulación de las citas es total y no se tiene en cuenta la posible gravedad de algunos casos. La madre de un joven afectado por esta situación ha comentado a HuelvaYa que su hijo toma unas pastillas que requieren una analítica periódica y que no podrá seguir consumiendo si no existe un control médico sobre su situación.
La preocupación es entendible cuando algunas de las citas anuladas podrían estar relacionadas con casos de presuntos cáncer de piel. Además, a las personas a las que se ha llamado para anularles la cita no se les ha explicado en ningún momento cuándo se resolverá la situación ni para cuándo tendrán una nueva cita, ya que tampoco han sido desviados al hospital.

Huelvaya.es

El Supremo acaba con el sueño independentista de Mazagón


El incumplimiento de la distancia mínima entre los núcleos es el principal argumento del rechazo El Tribunal desestima el recurso de Avema y avala la decisión del TSJA.

La demarcación municipal impuesta en Andalucía y que establece que debe cumplirse una distancia mínima de 7.500 metros entre los núcleos principales, en este caso, Palos de la Frontera y Moguer, es el principal argumento esgrimido por el Tribunal Supremo (TS) para desestimar el recurso de casación interpuesto por la Asociación de Vecinos de Mazagón (Avema) contra la sentencia de 20 de julio de 2009 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), por lo que rechaza la aspiración de la organización para conseguir la segregación del enclave costero. Con esta sentencia se da carpetazo a la pretensión segregacionista de los vecinos de Mazagón que iniciaron en diciembre de 2004, cuando presentaron ante la Junta de Andalucía la solicitud.

De los cuatro motivos de casación formulados por Avema el Alto Tribunal inadmitió por auto de 13 de mayo de 2010 los dos primeros y ha desestimado en esta sentencia los otros dos.

En sus fundamentos de derecho la sentencia del Supremo, avala la del TSJA en cuanto a que no se cumple el requisito impuesto por la ley 7/1993 de demarcación municipal de Andalucía de distancia mínima entre los núcleos principales como se desprende de una prueba practicada. Así el informe técnico suscrito por el ingeniero de Caminos y Canales y Puertos José Antonio determina que con respecto a Moguer podría entenderse cumplido el requisito (aunque también existen pequeños núcleos a distancia inferior) pero no ocurre lo mismo con respecto a Palos de la Frontera. Así, el polígono industrial Nuevos Puerto se erige en un "obstáculo insalvable pues tratándose de suelo industrial urbano por tanto se halla a menos de 4.000 del núcleo principal de Mazagón".

Lo mismo cabe decir, indica la sentencia, sobre el incumplimiento de distancias mínimas respecto a la zona de servicio de Puerto de Huelva distante menos de un kilómetro de Mazagón.

La sentencia señala que "cualquiera que sea el criterio que se escoja para la medición, lo cierto es que la distancia entre los núcleos principales de una y otra población no están separados por más de 7.500 metros". Se trata, añade, por las pruebas aportadas de "un hecho objetivo, cierto y que no ha sido desvirtuado, pese a lo manifestado" en el recurso de Avema. "La pruebas aportadas, practicadas por la Administración en el expediente merecen una especial consideración, a los efectos de sus valoración, en este particular, por referirse a hechos fácilmente constatables, poco sujetos a particulares o interesadas valoraciones subjetivas; estos es la distancia o existe o no existe. Y no se ha probado que se haya producido error en la medición efectuadas por los técnicos de la Administración", agrega el escrito.

Además, respecto al argumento de Avema sobre la violación del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, el Supremo dice que "es inviable por varias razones, entre ellas porque se fundamenta en una mera hipótesis". En cuanto al cuarto motivo que se basa en la violación del derecho fundamental a la igualdad de todos los españoles (artículo 14 de la Constitución), el TS señala que "tampoco es apreciable dicha infracción por la mera falta de coincidencia de las normas autonómicas sobre segregación de municipios".

El TS reconoce que las condiciones de prestación de servicio a los vecinos "está por debajo de lo exigible", aunque explica que las desigualdades entre los habitantes de Mazagón y los de Moguer y Palos no es consecuencia necesaria de la falta de segregación y puede ser corregida. "Las fórmulas exploradas hasta el momento no han dado resultado. Quizás sería conveniente iniciar otras, cual la modificaciones de los términos de Moguer y Palos con el fin de distribuir mejor la carga objetiva que supone la prestación de servicios al núcleo de Mazagón. Lo que resulta indudable, a la vista de los exigentes requisitos establecidos por la legislación autonómica y estatal, es que los mismos no concurren y por ello el recurso no puede prosperar", puntualiza la sentencia.

La asociación presentó un recurso contra la sentencia del TSJA convencida de que el núcleo costero cumple el 85% de los requisitos que marca la ley. Avema alegó un informe preceptivo para la segregación de la Secretaría General del Territorio de la Consejería de Obras Públicas que establece que una franja de suelo no urbanizable con Palos es de 7,7 kilómetros y de 14 con Moguer.

La asociación entiende que los informes realizados por los ayuntamiento sobre las mediciones se han realizado desde el punto más favorable a Palos y Moguer, esto es desde la parte más occidental de Mazagón cuando "la normativa establece que se debe llevar a cabo entre los dos núcleos principales, estos es desde el centro urbano de ambos".

Por parte de Avema se presentaron dos mediciones, una desde la urbanización Pino del Odiel al polígono San Jorge de Palos entre las cuales hay una distancia de 7,7 kilómetros y otra desde los dos puntos céntricos que fija la distancia de 9,9 kilómetros, por lo que ambas superan el requisito. 

Huelva Información

domingo, 13 de enero de 2013

Hacienda transfirió a la Junta otros 500 millones antes del final de 2012 .

El Gobierno central intenta que las autonomías con más problemas cierren el ejercicio con el déficit del 1,5% Ninguna de las dos administraciones han hecho público el acuerdo del FLA.


El Ministerio de Hacienda ha aumentado, al final, el dinero que la Junta de Andalucía recibió en el año 2012 con cargo al llamado Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), una suerte de rescate en forma de préstamos con el que las autonomías están logrando resolver el gran problema de sus pagos de facturas a los proveedores y, además, acudir al vencimiento de las deudas con los bancos. Hasta ahora, la Junta había recibido 2.133 millones de euros de los 4.096 millones solicitados, lo que provocó no pocas quejas por parte del Gobierno andaluz hacia el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro, toda vez que otras comunidades, como Cataluña, habían obtenido casi el 100% de lo reclamado. De hecho, Hacienda cerró la entrega del FLA en diciembre sin gastar todo lo previsto, lo que aumentó el tono de las protestas.

Sin embargo, según ha sabido este medio, al final hubo pedrea. El Ministerio de Hacienda realizó una emisión extraordinaria de 3.000 millones de euros para aumentar el FLA, de los cuales unos 500 millones de euros le han correspondido a Andalucía, e irán destinados básicamente a seguir ganando liquidez y, en especial, a intentar cerrar 2012 con el objetivo de déficit del 1,5%. Esto se consiguió gracias a un acuerdo entre la Junta y el Ministerio de Hacienda que no ha trascendido por voluntad de ambas administraciones. Varias fuentes del Gobierno andaluz sí confirmaron que hubo un aumento del fondo, pero no quisieron precisar la cuantía de lo recibido, mientras que en Hacienda se abstuvieron de dar cualquier información. Este medio, sin embargo, ha sabido que oscila entre los 500 y los 600 millones de euros, con lo que la Junta habría recibido a lo largo de 2012 un total de 2.633 millones de euros, muy lejos aún de los 4.906 millones solicitados si bien esta cifra iba un tanto inflada. No obstante, las diferencias con Cataluña son evidentes, puesto que esta comunidad, una de las que se encuentra en peor situación financiera, ha recibido casi el 100% de sus peticiones. El porcentaje fue del 98,8%, pero eso fue antes de la pedrea final del FLA.

Y es que este reparto final no sólo ha ido a Andalucía, sino a aquellas comunidades acogidas al FLA y con problemas para cerrar el año con un déficit del 1,5%. El acuerdo final entre el Ministerio de Hacienda y las comunidades entraña cierto misterio por cuanto ninguno de los actores lo ha revelado. Sólo en el caso de la Comunidad Valenciana, su Ejecutivo informó que habían llegado otros 400 millones de euros más, aunque el objetivo final de su presidente eran 900 millones.

Con esta cantidad recibida, la Junta comenzó a resolver los graves problemas de liquidez que había acumulado en el último semestre del año 2012: pagó los vencimientos de deudas y, en especial, a los proveedores con mayores problemas, caso de los de la sanidad y la educación. Sin embargo, la Consejería de Hacienda, que dirige Carmen Martínez Aguayo, nunca ha negado que el problema de liquidez seguirá existiendo, bien hasta que el Gobierno central no envíe más dinero o hasta que los mercados financieros se abran a las comunidades autónomas. El FLA ha sido un by pass financiero que la Administración central le ha colocado a las autonomías: el Estado consigue financiación y cobra un interés a las comunidades, que tienen menos credibilidad entre los prestadores de deuda pública.

El objetivo del Gobierno central es que las comunidades autónomas no se desvíen del 1,5% del déficit en sus cuentas de 2012, aunque Hacienda advirtió hace unas semanas que ocho de ellas, entre las que está Andalucía, estaban teniendo problemas para satisfacer sus planes de ajuste, al menos hasta el tercer trimestre. La cifra final no se sabrá hasta el mes de febrero. El problema del ajuste andaluz es que los ingresos extraordinarios previstos sólo llegaban al 48% del total, y los recortes, al 33%. No obstante, falta el cuarto trimestre, que suele ser bastante corrector en cuanto a estas cifras. Tanto el presidente andaluz, José Antonio Griñán, como su consejera Martínez Aguayo han declarado que el déficit andaluz estará en la media del resto de las comunidades autónomas, aunque ello no conlleva su cumplimiento, aunque sí podría desviarse en sólo unas décimas.

El mayor problema, sin embargo, se situará en el año 2013, porque las comunidades deberán hacer un esfuerzo mayor que la administración central para acercarse al 0,7% exigido. Es un recorte similar sobre lo que se ha debido cumplir en 2012. La administración central, sin embargo, no tendrá que realizar un trabajo tan costoso, lo que ha motivado que Andalucía y Cataluña soliciten una elevación del techo de déficit para 2013.

Huelva Información