jueves, 1 de diciembre de 2011
Interior cesa al jefe de la Udyco de Sevilla que investigaba los ‘negocios’ del hijo de Chaves
El jefe superior de Policía de Andalucía Occidental, Antonio Jesús Figal, cesó el pasado lunes al jefe de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado de Sevilla (Udyco) de su puesto, que ahora ha pasado a ocupar otro cargo dentro del cuerpo.
Uno de los grupos policiales dirigidos por este inspector jefe estaba investigando los negocios de Iván Cháves, hijo del ex presidente de la Junta de Andalucía y vicepresidente del Gobierno en funciones Manuel Chaves.
Tras el cese, el jefe superior de Policía de Andalucía recolocó al ya ex responsable de la Udyco de Sevilla en la Unidad de Prevención y Reacción, departamento desde el que no podrá continuar las pesquisas.
Según fuentes policiales consultadas por LA GACETA, el grupo de la Udyco de Sevilla llevaba un tiempo recibiendo presiones políticas para no continuar con la investigación o poner trabas a su desarrollo. A pesar de estas piedras en el camino, las pesquisas avanzaron al ritmo marcado por los agentes.
El hijo de Chaves ha sido investigado en el marco de una información desvelada por los periodistas Melchor Miralles y Javier Chicote, que le acusaba de concertar reuniones entre altos cargos del Gobierno andaluz y representantes de cajas de ahorros. El Partido Popular andaluz ha criticado reiteradamente la actitud de Iván Chaves que se desprende de estas informaciones. “Podría ser una coincidencia, pero cuando las coincidencias se repiten dejan de ser coincidencias y son cuestiones planificadas”, acusó el concejal del PP de Sevilla Beltrán Pérez.
Miralles y Chicote denunciaron que el hijo de Chaves contabilizó hasta una veintena de reuniones que mantuvo él mismo con representantes del Gobierno andaluz y altos cargos de las cajas de ahorros. Según esa información, Iván Chaves anotaba en su agenda las cantidades de dinero que conseguía después de cada reunión y las comisiones por el trabajo de mediación alcanzaban en ocasiones hasta el 45% de la operación.
Tras las revelaciones de los citados periodistas, el pasado 8 de marzo Iván Chaves presentó una denuncia ante la Comisaría de Policía de Nervión (Sevilla), que la derivó al Juzgado de Instrucción número 17 de la capital hispalense, por el supuesto robo de varios documentos que el hijo del ex presidente andaluz mantenía en su despacho. La magistrada del juzgado abrió diligencias con objeto de aclarar los hechos denunciados por Iván Chaves y ordenó a la Udyco investigar el caso, momento en el que entró en juego el equipo dirigido por el Policía cesado.
Las informaciones que han sido publicadas apuntaban a que el hijo del vicepresidente del Gobierno se reunió con la ex consejera de Obras Públicas Concha Gutiérrez; el ex consejero de Turismo Sergio Moreno; con el consejero delegado de la empresa pública Desarrollo Agrario y Pesquero, Manuel Sánchez Jurado; con el viceconsejero de Cultura, José María Rodríguez; o con el ex portavoz del Ejecutivo regional Enrique Cervera.
Pero las polémicas de la familia Chaves no se limitan a su hijo varón. Su hija Paula Chaves era apoderada de la empresa Matsa cuando la compañía recibió más de 10 millones de euros en subvenciones de la Junta. El incentivo lo aprobó el Consejo de Gobierno andaluz, que estaba presidido por Manuel Chaves. Sobre esta última polémica, de hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenó que se le abriera un expediente sancionador al ex presidente de la Junta.
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/interior-cesa-jefe-udyco-sevilla-que-investigaba-los-‘negocios’-hijo-chaves
Uno de los grupos policiales dirigidos por este inspector jefe estaba investigando los negocios de Iván Cháves, hijo del ex presidente de la Junta de Andalucía y vicepresidente del Gobierno en funciones Manuel Chaves.
Tras el cese, el jefe superior de Policía de Andalucía recolocó al ya ex responsable de la Udyco de Sevilla en la Unidad de Prevención y Reacción, departamento desde el que no podrá continuar las pesquisas.
Según fuentes policiales consultadas por LA GACETA, el grupo de la Udyco de Sevilla llevaba un tiempo recibiendo presiones políticas para no continuar con la investigación o poner trabas a su desarrollo. A pesar de estas piedras en el camino, las pesquisas avanzaron al ritmo marcado por los agentes.
El hijo de Chaves ha sido investigado en el marco de una información desvelada por los periodistas Melchor Miralles y Javier Chicote, que le acusaba de concertar reuniones entre altos cargos del Gobierno andaluz y representantes de cajas de ahorros. El Partido Popular andaluz ha criticado reiteradamente la actitud de Iván Chaves que se desprende de estas informaciones. “Podría ser una coincidencia, pero cuando las coincidencias se repiten dejan de ser coincidencias y son cuestiones planificadas”, acusó el concejal del PP de Sevilla Beltrán Pérez.
Tras las revelaciones de los citados periodistas, el pasado 8 de marzo Iván Chaves presentó una denuncia ante la Comisaría de Policía de Nervión (Sevilla), que la derivó al Juzgado de Instrucción número 17 de la capital hispalense, por el supuesto robo de varios documentos que el hijo del ex presidente andaluz mantenía en su despacho. La magistrada del juzgado abrió diligencias con objeto de aclarar los hechos denunciados por Iván Chaves y ordenó a la Udyco investigar el caso, momento en el que entró en juego el equipo dirigido por el Policía cesado.
Las informaciones que han sido publicadas apuntaban a que el hijo del vicepresidente del Gobierno se reunió con la ex consejera de Obras Públicas Concha Gutiérrez; el ex consejero de Turismo Sergio Moreno; con el consejero delegado de la empresa pública Desarrollo Agrario y Pesquero, Manuel Sánchez Jurado; con el viceconsejero de Cultura, José María Rodríguez; o con el ex portavoz del Ejecutivo regional Enrique Cervera.
Pero las polémicas de la familia Chaves no se limitan a su hijo varón. Su hija Paula Chaves era apoderada de la empresa Matsa cuando la compañía recibió más de 10 millones de euros en subvenciones de la Junta. El incentivo lo aprobó el Consejo de Gobierno andaluz, que estaba presidido por Manuel Chaves. Sobre esta última polémica, de hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenó que se le abriera un expediente sancionador al ex presidente de la Junta.
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/interior-cesa-jefe-udyco-sevilla-que-investigaba-los-‘negocios’-hijo-chaves
miércoles, 30 de noviembre de 2011
Mientras los políticos andaluces roban a manos llenas, más de 10.000 trabajadores municipales no cobran en Andalucía
La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT-Andalucía se reunió ayer con el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, y le presentó un estudio de la situación que viven los trabajadores de ayuntamientos, mancomunidades y empresas públicas municipales, ante la falta de fondos de estas administraciones y los expedientes de regulación de empleo presentados a nivel municipal. Eso se traduce, según este informe, en que 51 ayuntamientos están incumpliendo “sistemáticamente” su obligación de pagar la nómina a sus empleados públicos, circunstancia que afecta a 10.153 trabajadores locales. A esto se suman 760 despidos, incluyéndose en este número despidos individuales y colectivos, y no renovación de contratos.
Según UGT, su intención es que Chamizo sepa de primera mano y que interceda ante el Gobierno andaluz, FAMP, Consejo Andaluz de Concertación Local, Administración central y FEMP. “Nuestro principal objetivo es frenar esta masacre y se promueva una solución a este recorte de servicios públicos a la ciudadanía”, dijo al término del encuentro el secretario general FSP UGT-A, Antonio Tirado.
El Defensor del Pueblo andaluz se ha comprometido en entregar este estudio las consejerías de Gobernación, Empleo y Hacienda y Administración Pública. Según UGT, Chamizo manifestó su coincidencia en la idea de que “hace falta una nueva Ley de Financiación y crear un protocolo de actuación que regule la gestión de los recursos humanos en las administraciones locales”.
Según UGT, su intención es que Chamizo sepa de primera mano y que interceda ante el Gobierno andaluz, FAMP, Consejo Andaluz de Concertación Local, Administración central y FEMP. “Nuestro principal objetivo es frenar esta masacre y se promueva una solución a este recorte de servicios públicos a la ciudadanía”, dijo al término del encuentro el secretario general FSP UGT-A, Antonio Tirado.
El Defensor del Pueblo andaluz se ha comprometido en entregar este estudio las consejerías de Gobernación, Empleo y Hacienda y Administración Pública. Según UGT, Chamizo manifestó su coincidencia en la idea de que “hace falta una nueva Ley de Financiación y crear un protocolo de actuación que regule la gestión de los recursos humanos en las administraciones locales”.
martes, 29 de noviembre de 2011
El ‘número 2’ del PSOE por Sevilla ordenó pagos a alcaldes de los ERE falsos
Se estrecha el cerco. José Antonio Viera, número 2 del PSOE por Sevilla al Congreso de los Diputados, ordenaba pagos de convenios con ayuntamientos vinculados al fondo de reptiles de 700 millones de euros de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo, quien destapó este fondo en febrero, ejecutaba las órdenes directas de Viera, según denuncia el PP de Andalucía.
En un protocolo de colaboración, firmado el 17 de noviembre de 2003, al que ha tenido acceso El Confidencial, entre el consejero de Empleo José Antonio Viera y el alcalde de Coria del Río, José Vicente Franco, se concedía una ayuda económica de 72.121 euros “para la confección del estudio de viabilidad del desarrollo de la actividad productiva y el empleo” en esta localidad. El argumento se basa en el “importante crecimiento de población y de actividad productiva” de Coria del Río.
El otro documento, fechado apenas un día después, recoge un convenio de colaboración suscrito por Francisco Javier Guerrero y el director general del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), Francisco Mencía Morales, en el que se encomienda a Mencía la gestión del otorgamiento de ayuda al Consistorio de Coria del Río.
La Dirección General de Trabajo y Seguridad Social que capitaneaba Guerrero incluía entre sus actuaciones el impulso de los planes de viabilidad empresarial que conllevaban la solución de crisis con pérdida de puestos de trabajo, “así como aquellos proyectos que generen empleo y refuercen el tejido industrial”, según el protocolo firmado entre la Junta y este ayuntamiento sevillano.
El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, destaca que en 2003 el entonces consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta y actual secretario provincial del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, y el alcalde de Coria del Río (Sevilla), José Vicente Franco Palencia, demuestra que los convenios firmados por el director general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería, Francisco Javier Guerrero, para pagar ayudas con cargo a la partida 31L, “eran mandatos de Viera".
Sanz anuncia que pondrá este protocolo de colaboración a disposición de la juez Mercedes Alaya, que instruye en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla el caso de las falsas prejubilaciones de la Junta de Andalucía. A su juicio esta denuncia supone un nuevo salto en esta investigación y un “cambio radical en la responsabilidad política" del caso de los ERE, pues "es directamente Viera quien inicia el trámite del fondo de reptiles”.
Como ya publicó El Confidencial el pasado 5 de octubre, Alaya señaló a Viera como culpable de una trama de ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla y de Chiclana de la Frontera y la pedanía jerezana de La Barca de la Florida, en la provincia de Cádiz. Se trata de los 21 expedientes recogidos en el acta del Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), fechado el 30 de enero de 2004 y firmado por Viera cuando era presidente del IFA, actual Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), dependiente de la Consejería de Trabajo.
En un protocolo de colaboración, firmado el 17 de noviembre de 2003, al que ha tenido acceso El Confidencial, entre el consejero de Empleo José Antonio Viera y el alcalde de Coria del Río, José Vicente Franco, se concedía una ayuda económica de 72.121 euros “para la confección del estudio de viabilidad del desarrollo de la actividad productiva y el empleo” en esta localidad. El argumento se basa en el “importante crecimiento de población y de actividad productiva” de Coria del Río.
El otro documento, fechado apenas un día después, recoge un convenio de colaboración suscrito por Francisco Javier Guerrero y el director general del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), Francisco Mencía Morales, en el que se encomienda a Mencía la gestión del otorgamiento de ayuda al Consistorio de Coria del Río.
El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, destaca que en 2003 el entonces consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta y actual secretario provincial del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, y el alcalde de Coria del Río (Sevilla), José Vicente Franco Palencia, demuestra que los convenios firmados por el director general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería, Francisco Javier Guerrero, para pagar ayudas con cargo a la partida 31L, “eran mandatos de Viera".
Sanz anuncia que pondrá este protocolo de colaboración a disposición de la juez Mercedes Alaya, que instruye en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla el caso de las falsas prejubilaciones de la Junta de Andalucía. A su juicio esta denuncia supone un nuevo salto en esta investigación y un “cambio radical en la responsabilidad política" del caso de los ERE, pues "es directamente Viera quien inicia el trámite del fondo de reptiles”.
Como ya publicó El Confidencial el pasado 5 de octubre, Alaya señaló a Viera como culpable de una trama de ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla y de Chiclana de la Frontera y la pedanía jerezana de La Barca de la Florida, en la provincia de Cádiz. Se trata de los 21 expedientes recogidos en el acta del Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), fechado el 30 de enero de 2004 y firmado por Viera cuando era presidente del IFA, actual Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), dependiente de la Consejería de Trabajo.
El ex alcalde de Valverde y Delegado de Obras Públicas del Psoe, Miguel A. Domínguez.
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