La dinámica de gobierno implantada por el PSOE en Andalucía en los últimos años parece empecinada en demostrar la veracidad del clásico aserto de Lord Acton: el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente. La sólida hegemonía socialista en Andalucía, donde ha gobernado ininterrupidamente durante tres décadas, ha favorecido el progresivo deterioro de su gestión, un lento pero imparable proceso caracterizado por la desvirtuación de los mecanismos administrativos de autocontrol y el uso de las ayudas públicas para alimentar una red clientelar cada vez más extensa y corrupta.
Los abusos en la administración de los fondos públicos parecen haberse extendido por la Junta de Andalucía como una metástasis que amenaza con terminar con uno de los aparatos de poder más compactos de España y que contaba con un fuerte arraigo social gracias a una cuidada maraña de entidades ciudadanas de todo tipo afines al Gobierno.
La enfermedad, sin embargo, mantiene hoy al Gobierno andaluz en un estado casi agónico, aquejado por disidencias políticas internas, procesos judiciales y conflictos funcionariales. Los males que ahora se manifiestan llevaban años gestándose entre las bambalinas del poder omnímodo socialista, pero solo han podido ser diagnosticados gracias a la investigación de los medios de comunicación, una labor lenta pero eficaz en la que ABC ha desempeñado un rol fundamental.
Esta crónica de la trastienda del poder andaluz, hilvanada con material oculto bajo las alfombras de los despachos, arranca inevitablemente el 22 de abril de 2009, cuando ABC publica en exclusiva la grabación en la que el director y el subdirector de Mercasevilla —empresa gestionada por la estatal Mercasa y el Ayuntamiento de Sevilla—, Fernando Mellet y Daniel Ponce, respectivamente, exigían a un empresario sevillano 450.000 euros como contrapartida a la concesión de una escuela de hotelería que iba a poner en marcha la Fundación Mercasevilla gracias a una subvención de 900.000 euros concedida por la Junta de Andalucía. Aquella grabación es la piedra «Rosetta» de la corrupción del socialismo andaluz, el texto que permite descifrar los códigos ocultos de los abusos en la administración. Allí los directivos de la empresa municipal hablan de trato de favor —«la Junta colabora con los que colaboran»—, financiación del partido —«la Junta dice que \[el dinero\] es para los niños saharauis y yo me tengo que creer que es para los niños saharauis; luego será para carteles de Felipe González»— y comisiones ilegales —«de todas las subvenciones que habitualmente recibimos hay que desviar una parte a donde la Junta en cada momento nos dice»—. El escándalo motivó la dimisión del delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, y un progresivo deterioro de imagen de la coalición de PSOE e IU en el Ayuntamiento de Sevilla, rematada con las imágenes que ABC ofreció en exclusiva del viaje —mariscada incluida— del primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos, a Bruselas con los responsables de la Fundación Mercasevilla —que terminaría disolviéndose con un agujero financiero de 1,1 millones de euros—. En las elecciones municipales, el PSOE perdía la alcaldía de Sevilla tras doce años en el poder.
Aparecen los ERE
La grabación del intento de extorsión fue el primer trueno de una tormenta que amenaza con inundar toda la Junta de Andalucía. De la trama de Mercasevilla se derivaron cuatro líneas de investigación: el pago de comisiones, la extraña venta de una parcela de Mercasevilla a la oferta más baja, un presunto delito societario y los dos expedientes de regulación de empleo (ERE) casi consecutivos que había acometido la empresa para, al final del costoso proceso, terminar con el mismo número de empleados. Cuando la titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, abrió una carpeta con las letras «ERE» en su tapa, a alguien debió de correrle un escalofrío por la espalda en su despacho de la Consejería de Empleo.
En la grabación de Mellet y Ponce se aludía a un nombre que en un primer momento pasó inadvertido: Juan Lanzas. Lanzas, citado como «conseguidor», había mediado para que la empresa de su cuñado, Maginae Solutions, asesorara en los ERE de Mercasevilla. En agosto de 2009 ABC revelaría la insólita, onerosa e ineficaz aplicación de dos ERE en Mercasevilla. Pero no sería hasta noviembre de 2010 cuando el PP denunciase la aparición en uno de los ERE de Mercasevilla de una persona, Antonio Garrido Santoyo, que cobraba la prejubilación sin haber trabajado nunca en la empresa. La figura del «intruso» se incorporaba así al decorado de la corrupción andaluza.
Garrido Santoyo resultó ser amigo de Ismael Sierra, dirigente del PSOE de Baeza, cuñado de Juan Lanzas y dueño de la empresa Maginae Solutions, que había gestionado el ERE. Comenzó entonces un goteo de descubrimientos de «intrusos» en ERE que obligó a la juez a abrir una pieza separada en el caso y a la Policía Judicial a llamar a declarar, en diciembre de 2010, al que fuera director general de Trabajo durante la concesión de dichos ERE. Un tal Francisco Javier Guerrero.
Guerrero había sido destituido de su cargo en la Consejería de Empleo en abril de 2008, una decisión que pasó inadvertida en plena resaca de las elecciones generales y autonómicas. Pero se trataba de una persona clave en la Consejería de Empleo, donde había trabajado con tres consejeros diferentes. Durante su declaración, realizada en un contexto relajado, los agentes se miran atónitos: había confesado la existencia en la Consejería de un fondo de 647 millones de euros para financiar ERE a empresas seleccionadas caprichosamente por la Junta y al margen de los controles administrativos, ya que se realizaba a través de una empresa pública, el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posteriormente denominada Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
La revelación detonó el «caso ERE» y provocó la imputación en abril de 2011 de uno de los tres consejeros de Empleo con los que trabajó Guerrero, Antonio Fernández —cuya empresa resultó a su vez beneficada por uno de los ERE fraudulentos—. Es el único alto cargo, además de Guerrero, imputado en la causa.
La evidencia del escándalo hizo cambiar de estrategia a la Junta de Andalucía, que abrió una investigación interna para desmarcarse del escándalo. Los funcionarios de la propia administración autonómica detectaron 183 prejubilaciones en 5.982 casos analizados. Más difícil resultó para la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, explicar el 21 de marzo de 2011, por qué no había atendido los informes de la Intervención General en los que advertía reiteradamente de la irregularidad del procedimiento de los ERE. La cuestión no es baladí, porque en los años en que recibió dichos informes —2005, 2006 y 2007— Martínez Aguayo era viceconsejera de Economía, y el consejero era ni más ni menos que José Antonio Griñán, el actual presidente de la Junta. Aguayo aseguró que no informó a Griñán del contenido de los informes.
Pero los escándalos estaban lejos de terminar. El 4 de marzo ABC informaba en exclusiva de otro fraude en la Consejería de Empleo, relativos a fondos de la UE gestionados por la Junta de Andalucía. Y el pasado 22 de diciembre este periódico también revelaba otra investigación judicial por presunto fraude en la concesión de ayudas para la contratación de minusválidos, también en Empleo.
La confesión del chófer de Guerrero, beneficiado con 900.000 euros de subvenciones que ambos dedicaron en parte a adquirir cocaína, reactivó el escándalo con una enorme repercusión social y abocando al Gobierno andaluz a una delicada situación.
Cercado por los escándalos, debilitado por la tensión interna del PSOE y rechazado por gran parte de sus propios funcionarios, Griñán afronta la inminente campaña electoral con una fragilidad insólita en un candidato socialista. La revelación en este periódico, esta misma semana, de un subterfugio contable para ocultar facturas y disminuir el déficit compromete aún más el futuro de un dirigente que aparece atrapado por la inmundicía acumulada después de treinta años sin levantar las alfombras.
