¿Quién será el próximo?

El escándalo de los ERE alcanza de lleno al PSOE de Huelva tras ser imputado por la juez el socialista onubense Juan Márquez.

La provincia de Huelva ha quedado definitivamente alcanzada por el escándalo de los ERE tras ser imputado por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, encargada de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo tramitados por la Junta de Andalucía, Juan Márquez, ex director general de Trabajo, ex delegado provincial de Empleo y destacado líder del PSOE de Huelva durante muchos años. De hecho, fue apartado como cabeza de la lista socialista a la Alcaldía de Lucena del Puerto en las pasadas municipales cuando se conoció que podría estar implicado en el escándalo de las prejubilaciones fraudulentas. Márquez ha sido imputado por ordenar pagos a favor de los prejubilados del laboratorio fotográfico Surcolor, póliza donde se han detectado intrusos.

Juan Márquez no es la primera que se le relaciona con escándalos. De hecho, El Mundo Huelva Noticias publicó en su momento varias informaciones que relacionaban al socialista con supuestas prácticas irregulares cuando se hallaba al frente de la Delegación Provincial de Empleo de Huelva. Esas prácticas se referían a la celebración de fiestas en la Residencia de Tiempo Libre de Punta Umbría, dependiente de Empleo, o pago de elevadas facturas por conceptos tan sorprendentes como estilográficas de lujo Montblanc.

En el nuevo auto que ha dictado la juez Alaya, según ha publicado El Mundo.es en una información firmada por los periodistas Antonio Salvador y Sebastián Torrres, también se imputa en la causa, entre otros, al actual director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera.

En la noticia de El Mundo.es también consta que el caso cobra así una nueva dimensión, toda vez que salpica a la gestión del actual consejero de Empleo, Manuel Recio. Fue éste el que lo postuló para ocupar la dirección general de Trabajo en sustitución del onubense Juan Márquez, otro de los nuevos imputados. Tras el auto de ayer, son ya cinco altos cargos de la Junta -sólo uno de ellos sigue en el puesto- los imputados por el fraude de los ERE. A los ex directores generales Márquez y Guerrero se suma ahora Rivera. La lista la completan el ex consejero de Empleo Antonio Fernández y el antiguo delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

Asegura la información que, según ha podido conocer El Mundo.es en fuentes del caso, Alaya imputa a Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera por ordenar pagos a favor de los prejubilados del laboratorio fotográfico Surcolor, póliza donde se han detectado intrusos. La instructora no le imputa delitos concretos sino hechos.

También está imputado el que fuera delegado provincial en Sevilla de la Consejería de Trabajo y asuntos Sociales Juan Rodríguez Cordobés, en este caso como beneficiario de una póliza de prejubilación en un ERE de la empresa Calderinox, en la que nunca trabajó.

Además de éstos, también han sido imputados por la juez Alaya el responsable de la intermediaria Uniter y abogados de los despachos Garrigues y Estudio Jurídico Villasís. Y también sindicalistas como el responsable de acción sindical de CCOO en Andalucía, Enrique Manuel Jiménez García, y Juan Antonio Caravaca, secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Sevilla, y empresarios, como Jorge Andrés Morell, propietario de la empresa Aglomerados Morell, o la presidenta del consejo de administración de Acyco, Encarnación Poto.

Por otro lado, el auto cita a Francisco Javier Guerrero, que este jueves prestó declaración ante la Guardia Civil durante seis horas en el acuartelamiento de Eritaña en Sevilla, para prestar declaración judicial el próximo 23 de febrero. Será la primera vez que preste declaración en sede judicial desde que fuera imputado por la juez Alaya.

Fuente: www.huelvaya.es

 

La herencia del Psoe 5,2 millones de parados.

Huelva acabó 2011 como la segunda provincia con más parados de toda España



http://huelvaya.es/category/a-tema-del-dia/

Guerrero y sus íntimos amigos

La mayoría de los imputados son conocidos del exdirector general de Trabajo que firmaba las ayudas

Un plan perfecto. Eso es lo que parece que habían trazado el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y su chófer, Juan Francisco Trujillo Blanco, para hacerse con 1,5 millones de euros en ayudas destinadas a empresas en crisis. Perfecto si no se hubieran topado con la Agencia Tributaria. Trujillo no declaró las ayudas recibidas y Hacienda detectó el fraude que puso en conocimiento de la Justicia. De no ser por ello, la única irregularidad que había sido denunciada por parte de la afectada, la Junta de Andalucía, es el cobro de 150.000 euros de una póliza a nombre de la madre de Trujillo tras haber sido incluida de forma fraudulenta en el expediente de regulación de empleo (ERE) de Hitemasa. El caso ya está en manos de la jueza Mercedes Alaya, que investiga la supuesta trama fraudulenta de los ERE, después de que Trujillo confesara que gran parte de lo cobrado lo dedicó a "comprar cocaína" para él y para su jefe, con el que le unía una "relación de amistad", al igual que gran parte de los beneficiados de los ERE fraudulentos.

La pregunta del millón, nunca mejor dicho, es cómo pudieron llevar a cabo semejante estafa. Trujillo era chófer de Guerrero, el principal imputado en el caso ERE al ser el que disponía de las ayudas, después de que en 1989 lograra su plaza como laboral fijo de la Junta de Andalucía. En 2002 comenzó a desempeñar su trabajo junto al exdirector general, que según han declarado varios imputados, y el propio chófer, iba ofreciendo estas ayudas a sus amigos. "Conocía a Guerrero de tomar unas cervecitas en el bar desde hace 40 años. Le pedí ayuda para que me informara de unas ayudas" o "recurrí a Guerrero porque mis ingresos sólo alcanzaban los 700 euros", son algunas de las explicaciones vertidas por varios amigos del ex alto cargo imputados por aparecer como intrusos en los ERE.

De todos los amigos de Guerrero, Trujillo fue el que más se benefició. En su caso, según los informes policiales que constan en los sumarios judiciales, a los que tuvo acceso este periódico, las ayudas fueron entregadas a través de empresas en las que éste constaban como "administrador único" de cuatro de ellas, además de "apoderado" de una quinta entidad con sede social en Barcelona y dedicada a los negocios inmobiliarios. Empresas que se crearon con posterioridad a que Guerrero diera el visto bueno a concederle a tres de ellas sendas ayudas de 450.000 euros cada una, es decir, 1.350.000 euros. Hasta las cuentas bancarias en las que se ingresaron estas cantidades fueron abiertas días después de conocerse que la ayuda había sido aprobada.

Guerrero era el que disponía del que él mismo denominó "fondo de reptiles", con lo que firmó en el mismo día, el 16 de febrero de 2004, tres convenios distintos con las empresas de su exchófer, que también eran firmados por el director del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), organismo dependiente de la Consejería de Empleo y que, en la actualidad, ha sido sustituida por la Agencia de Innovación y Desarrollo (IDEA). Lógica Estratégica Empresarial e Iniciativas Turísticas Sierra Morena, cuyos convenios se firmaron a su nombre, y Ave Nueva S.L., que se firmó a nombre de Isidoro Ruz, una tercera persona que aparece como autorizado en una de las dos cuentas bancarias de esta entidad. Esta persona, según denunció el PP, era el marido de la que fuera alcaldesa del PSOE de Llanos del Sotillo, una pedanía de Andújar (Jaén), de la que es natural el exchófer.

Ninguna de las tres empresas registró actividad alguna, "ni contrató a trabajadores". Trujillo, según el sumario, dispone de 19 cuentas corrientes, 16 de ellas como titular. Entre ellas movía todo el dinero que recibía de la Junta, que se abonó durante 2005 y en varios pagos, haciendo constar las retiradas de dinero a nombre de las diferentes empresas. Otros movimientos solo constan a su nombre o como retirada, pero casi todo eran cantidades superiores a 1.000 y 3.000 euros. Según reconoció el exchófer a la Policía, él era el que sacaba el dinero que luego gastaba en cocaína para él y Guerrero, al que además compraba otros objetos como antigüedades o relojes. Es más, Cajasol, a solicitud de Hacienda, remitió un informe en el que hacía constar que no había facturas asociadas a las cuentas de las empresas.

Trujillo, además, destinó 213.000 euros a la compra de un piso en la calle San Luis de Sevilla, que luego perdería por no pagar la hipoteca, y otros 70.000 euros en un terreno en Andújar que compró en marzo de 2005 y que vendió en junio de 2008 por 213.359 euros. Una de las ayudas, de hecho, iba destinada a la compra de un terreno para levantar una casa rural, pero, según certificó el Ayuntamiento de Andújar, Trujillo no llegó a solicitar nunca la licencia de obra.

Hacienda destapó el fraude y lo denunció. Sin embargo, la causa abierta por la ayuda concedida a Lógica Estratégica Empresarial estuvo a punto de archivarse porque tanto el juez como la Fiscalía creían que el delito había prescrito. El caso se reabrió al estimar el magistrado las alegaciones de la Agencia Tributaria, que destacaban un error en el cómputo que había realizado el juzgado. Trujillo, además, tiene pendiente el pago de 129.000 euros de fianza impuestos en la causa abierta por la empresa Iniciativas Turísticas. Ambos casos están ahora en manos de la jueza Alaya.

Como a Trujillo, Guerrero supuestamente ayudó a otros amigos, muchos de ellos militantes socialistas o exalcaldes, la mayoría de ellos de su localidad natal, El Pedroso. Vecinos, amigos de toda la vida, gente que conocía en fiestas patronales a los que, según han relatado ellos en sus declaraciones, les prometía ayudas que él mismo otorgaba.
Según Trujillo, ambos se "aficionaron" a ir a un bar de copas donde Guerrero le comentó "su potestad para otorgar subvenciones indiscriminadamente y sin necesidad de justificar nada" y que "o tenía que darle unos nombres para concederles las ayudas o crear unas empresas". Sólo hacía falta la documentación que los beneficiados entregaban en su despacho. Al tiempo eran llamados para firmar. "No pasa nada", le ha afirmado Guerrero cuando alguno le ha llamado tras saltar el escándalo.


http://www.elcorreoweb.es/andalucia/138825/guerrero/intimos/amigos

Los delitos de la Junta de Andalucía

Otorgó a Burguillos una ayuda para «reparar» una instalación que ni es municipal ni estaba construida, la Junta aceptó informenes falsos para subvencionar un ayuntamiento socialista.

Las irregularidades en subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía no sólo han afectado a las ayudas al empleo, a privados, a empresas o a organizaciones afines al partido en el poder. El sistema establecido también ha beneficiado con ayudas arbitrarias a ayuntamientos liderados por el PSOE, para los que los criterios de concesión del dinero público no han sido precisamente estrictos. Un ejemplo más que ilustrativo en este sentido es el de Burguillos, a cuyo Ayuntamiento echó un cable económico la Administración andaluza cuando los socialistas aún gobernanban el municipio y éste estaba ya en la ruina tras dilapidar una ingente cantidad de millones procedentes de los convenios urbanísticos. En 2010, ya con Mariana Pérez como alcaldesa en lugar del inhabilitado José Juan López, la Junta anunció que iba a «volcarse» con Burguillos y su ya delicada situación. Y a fe que lo hizo.

La delegada del Gobierno de la Junta en Sevilla, Carmen Tovar, se entrevistó en mayo de 2009 con la recién llegada regidora y le trasladó todo el apoyo de la institución ante el grito de socorro de un municipio depauperado y sin opciones ni para pagar nóminas. Tovar le prometió ayudas y, ya con cargo a 2010, Burguillos recibió sólo desde la Delegación del Gobierno de la Junta 194.250 euros del fondo de nivelación, 13.000 del plan provincial de cooperación con municipios o 141.800 del Plan Proteja para alguna obra. Pero no fue suficiente. En abril de 2010, la delegada ordenó mediante resolución que se concediese una subvención al Ayuntamiento burguillero de 100.000 euros para «obras de reparación de infraestructuras» a causa de «los daños causados por las lluvias torrenciales». Concretamente, se trataba de las instalaciones de la planta de biomasa.

Se otorgó la ayuda «con carácter urgente» para una «ejecución inmediata». Se trata de una subvención que puede dar cada delegado de forma directa merced a sus atribuciones. En dicha resolución, Tovar menciona la «grave situación creada», por lo que «resulta obligado prestar cooperación y asistencia», aludiendo a la Ley General de Subvenciones y a un apartado de un artículo que permite dar «con carácter excepcional subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública».

El dinero, así, se dio sin que mediara presentación de proyecto alguno. Se concedió, además, a un consistorio que cargaba ya con enormes deudas con Hacienda y con la Seguridad Social, algo que la Ley impide. Y, lo que es incluso peor, se otorgó la ayuda al Ayuntamiento cuando ni la planta de biomasa ni el recinto donde se encuentra eran propiedad municipal sino de la sociedad Burguillos Natural; la cual, encima, estaba ya en ese momento en concurso de acreedores. De hecho, las máquinas siempre han sido de una empresa, Eneryet Energías Renovables S. L. ¿Se subvencionó por tanto a un privado? ¿Desconocía todo esto la Delegación del Gobierno de la Junta? De una forma u otra, dio los 100.000 euros.

La misma Administración

Pero hay más, desde otro de sus departamentos —en concreto la Agencia Andaluza de la Energía—, la Junta había concedido en noviembre de 2007 hasta 1,1 millones de euros precisamente para montar esa instalación de biomasa y en abril de 2010 esta agencia constató con visitas que dicha infraestructura se encontraba sin ejecutar, por lo que pidió a Burguillos Natural la devolución del dinero, algo que sigue reclamando. Nunca hubo planta de biomasa funcionando en Burguillos, como comprobó la misma Junta. ¿Por qué, entonces, concedió una subvención desde otro departamento para la «reparación» de una infraestructura que ni siquiera se había llegado a montar? ¿No conocía Tovar que la planta era una ficción? ¿Ha habido fraude en las subvenciones?

Pese a todo, la Junta firmó, declarando el «carácter excepcional» de la subvención y el «carácter urgente y preferente de la tramitación del expediente». Dinero rápido. El 75% y el resto una vez se justifique el empleo del importe en los fines previstos. Como era imposible justificar nada, el 20 de diciembre de ese mismo 2010 Tovar firmó otra resolución que rebajó las condiciones aún más modificando tras puntos de la resolución de meses antes. De un lado, se estableció un pago único del total de la subvención con una «justificación diferida» en virtud de un acuerdo del Consejo de Gobierno, que dio su respaldo a esta variación días antes. O sea, «sin necesidad de justificación previa» y, además, con un plazo de ejecución que finalizaba una vez pasadas las elecciones municipales. Patadón hacia adelante. Sólo haría falta, y a posteriori, un certificado del interventor municipal que acredite el empleo correcto de la subvención. Por supuesto, ese dinero no se ha empleado en la planta de biomasa sino que cubrió gastos corrientes del Consistorio. Ahora, ya con el PP al mando del Ayuntamiento, la Junta reclama el dinero o que se justifique la concesión del mismo, mientras la empresa que empezó a montar la planta de biomasa, Eneryet, ha solicitado al Juzgado Mercantil la recuperación de la maquinaria que dispuso y que sigue siendo suya.

http://www.abcdesevilla.es/20120127/sevilla/sevi-junta-acepto-informes-falsos-201201262338.html

Refranero Popular. "Dura la mentira hasta que llega la verdad".

“Cuando gobernemos, el pueblo verá cómo bajan los impuestos en 2012”

En la presentación de su candidatura, usted se marca el reto de la creación inmediata de empleo ¿Cómo plantea conseguirlo?
–En Moguer y Mazagón existen varios sectores de actividad con un gran potencial para la generación de riqueza y empleo, y que el PP ha olvidado por completo o no ha sabido tener en cuenta. Por un lado, el turismo. Sin embargo, para aprovechar ese potencial y convertirlo en fuente de ingresos, nuestro pueblo y su núcleo costero precisan de un plan de actuación que los haga más habitables y accesibles. A esto hay que añadir la imperiosa necesidad de trabajar en la conversión de los recursos existentes en nuestra localidad en productos turísticos, como son el Descubrimiento de América, el Premio Nobel de Juan Ramón Jiménez, el entorno moguereño de Doñana, así como las playas y su luz, mediante el diseño de un plan de promoción adecuado. La ejecución de un proyecto como este conllevaría la creación de más de 400 puestos de trabajo. Por otro lado, somos el primer pueblo de europa en producción de fresas, pero aún queda dar un paso más, transformar este recurso en productos elaborados, para ello vamos a tomar cuantas medidas sean necesarias para ubicar en Moguer una industria agroalimentaria, lo que generaría 350 empleos directos, y un elevado número de puestos indirectos. También es necesario revitalizar el sector de la construcción, con obras municipales y el plan de vivienda de protección oficial, que permitiría la creación de 300 puestos de trabajo.

¿Cuenta su programa con medidas anticrisis?
–De manera prioritaria y ante la desastrosa situación económica del Ayuntamiento, en el programa del PSOE de Moguer hemos puesto especial interés en formular medidas en este sentido. Hemos propuesto la reducción de los sueldos y dietas de los cargos políticos y de confianza, así como el de los asesores. Igualmente, hemos considerado necesario reducir el coste de la propaganda institucional y del consumo energético de los edificios públicos. Es preciso, por otro lado, evitar los gastos que acarrean los arrendamientos actuales, que son absolutamente innecesarios. La situación crediticia de nuestro Ayuntamiento hace necesaria la renegociación de los préstamos con las entidades de crédito. También en este sentido se incluye una propuesta para poner en marcha un plan de aprovechamiento del patrimonio público y la reinversión de los recursos obtenidos.

¿Qué le ofrece a los moguereños ante el 22 de mayo?
–Le ofrecemos seriedad, pluralidad e igualdad, pero, sobre todo, le ofrecemos el compromiso de trabajar por los intereses plurales o generales, y no por intereses partidistas y particulares como lo está haciendo en la actualidad el PP. Seremos el partido que cuente con la gente y trabaje por ella y para ella, dando respuestas a las necesidades y solucionando los problemas generados en estos 8 años.

¿Y los moguereños ¿qué le piden?
–Tanto los vecinos y vecinas de Moguer como los de Mazagón piden un gobierno que se deje de tanta foto, y tanta promoción política, y que dé soluciones a los problemas de empleo, de infraestructura, de limpieza de las vías públicas, que se presten servicios públicos en igualdad de condiciones. Pero, sobre todo, nos piden compromiso y seriedad. Nos piden que estemos pendientes de los moguereños y moguereñas los cuatro años de legislatura, porque el PP sólo se ha acordado de ellos 3 meses antes de las elecciones. Nosotros gobernaremos y daremos respuestas los 365 días de los cuatro años de gobierno.

Su partido ha sido muy crítico con la cesión de la gestión del agua a Aqualia ¿Qué ha supuesto este cambio para el municipio?
–Ha generado desconcierto, inseguridad e incertidumbre, tanto en la facturación, como en el cobro de los servicios. Esto es producto de la falta de seriedad y de programación del PP, que ha actuado por impulso, atendiendo sólo a intereses partidistas.
También ha plantado batalla contra la subida de impuestos municipales ¿Qué consecuencias tiene esta subida para Moguer? ¿Los bajará si gana el 22 de mayo? –Somos el pueblo que paga los impuestos más elevados de la provincia de Huelva, con una subida en tan sólo un año del 40 % y del 60 %. Hay familias que no han podido pagar sus impuestos. Pero lo más preocupante es que el dinero recaudado no ha mejorado la situación de nuestro municipio ¿Qué han hecho con nuestro dinero? Cuando gobernemos, el pueblo verá cómo a partir del 2012 bajarán lo impuestos paulatinamente.

03/05 · 13:08 · Teresa Montaño

 Fuente: www.andaluciainformacion.es

 

"Fondos de Reptiles" desde 1999

La portavoz del PP-A, Rosario Soto, situó ayer en el año 1999 el embrión de lo que se conoce como «fondo de reptiles» de los ERE fraudulentos, una partida presupuestaria de 647 millones de euros aprobada en 2001, ajena al control administrativo, y dedicada por la Junta a ayudar a empresas en crisis, con la que supuestamente se cometieron numerosas irregulares que ahora investiga la juez Mercedes Alaya. Según Soto, fue en el 99 cuando por primera vez la Consejería de Empleo, siendo su responsable Guillermo Gutiérrez, firmó un convenio con el entonces presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), Salvador Durbán, para transferir 686.0000 euros destinados a las prejubilaciones de trabajadores de la empresa Cárnicas Molinas. En el año 2000, el sucesor de Gutiérrez, José Antonio Viera, suscribió otro acuerdo con el IFA por importe de 3,2 millones de euros del que se beneficiaron los mismos operarios.

Rosario Soto manifestó en rueda de prensa que el «escándalo» de los ERE tiene su germen en esos dos convenios, que pueden considerarse el «prólogo» del «fondo de reptiles». Son acuerdos en los que el IFA hace las veces de intermediario entre la Consejería de Empleo y los trabajadores de la empresa en crisis. Como conseguidor de las subvenciones, recordó la portavoz del PP-A, intervino Juan Lanzas, que también aparece vinculado a otros ERE polémicos, como el de Mercasevilla.

Según Soto, la Junta impulsó esta fórmula en periodos preelectorales y para acallar las protestas de los trabajadores afectados por prejubilaciones. El «fondo de reptiles», que surge en 2001, «nace en el Gobierno, que era conocedor de su origen, de la existencia de estos convenios. Por tanto, proclamó, todos los gobiernos en los últimos doce años están vinculados al fondo de reptiles, y han utilizado este dinero para apagar conflictos laborales y para beneficiar al mundo cercano al PSOE, algo que no digo yo, sino la juez en un auto».

Para Rosario Soto, se demuestra que esto «no es una cosa de tres o cuatro golfos, es una cuestión que se origina en el Gobierno socialista de Chaves y que continúa Griñán», permitiendo «un escándalo mayúsculo», con el que «se ha expoliado cerca de mil millones de euros». En este punto, indicó Soto que es así como se daña la imagen de Andalucía, con los ERE fraudulentos y con el paro. «Que no miren fuera, porque en la Junta saben que tienen un Gobierno a la deriva, que ni gestiona ni controla».

http://www.abcdesevilla.es/20120124/andalucia/sevi-situa-1999-embrion-fondo-201201232341.html