La juez Mercedes Alaya ha situado este viernes al ex consejero de Empleo Antonio Fernández como ideólogo del sistema por el que se concedían unas ayudas que considera "nulas de pleno de derecho" y le imputó formalmente seis delitos en la trama de los ERE.
Durante una hora y media el ex consejero de Empleo ha estado escuchando el relato de la imputación formal que le hacía la instructora -con una extensión de cerca de 90 folios-, en el que le ha atribuido ser el autor intelectual de lo que ha denominado "sistema operativo" por el que se concedían las ayudas, en alusión al convenio marco creado en 2001 cuando Antonio Fernández era viceconsejero de Empleo y presidente del IFA. Según Alaya, ese convenio marco fue redactado por asesores de la propia Consejería, con la ayuda de otros asesores externos y del propio Antonio Fernández, y todas las subvenciones que se concedieron al amparo del mismo son "nulas de pleno derecho", ya que vulneran el artículo 38 -ahora 39- de la ley general de Hacienda Pública de Andalucía, por no tener consignación presupuestaria.
La magistrada ha imputado seis delitos al ex consejero de Empleo, entre ellos cuatro de carácter continuado, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la obtención de ayudas públicas, y negociación prohibida a funcionarios públicos, y otros dos delitos de cohecho y falsedad en documento mercantil.
La juez Mercedes Alaya imputa a Antonio Fernández que era "conocedor" de que las ayudas se concedían de forma irregular y que todas estaban vinculadas a personas relacionadas con la Junta o con el PSOE andaluz. La juez ha puesto como ejemplo que una de las empresas de la Sierra Norte que recibió importantes ayudas y estaba vinculada al empresario José Enrique Rosendo, tuvo contratados a la hija del ex secretario provincial del PSOE de Sevilla José Antonio Viera y al hijo de otro parlamentario socialista.
La magistrada ha explicado que, "con independencia" de que con parte del dinero de las ayudas se comprara cocaína o lucro personal de los destinatarios, el ex consejero tenía conocimiento de que se le dieron a las mismas otros usos ilícitos. Según la instructora, el ex consejero tenía conocimiento de las ayudas porque a veces las "autorizaba", otras las "consentía", en otras era "corresponsable", y en otras también es responsable por "desidia".
El panorama que la juez ha dibujado en su relato de imputación considera a Fernández responsable en una triple vertiente: porque tenía conocimiento de las ayudas, de los "reparos" que la Intervención general de la Junta planteó al sistema, y por su inclusión en el ERE de González Byass cuando era titular de la Consejería.
Sobre este último aspecto, la imputación hace hincapié en que su relación laboral con González Byass estaba extinguida cuando fue incluido en la póliza de prejubilaciones y el ha citado diversa jurisprudencia que corroboraría este extremo. Según la imputación realizada, la aseguradora Vitalicio no tenía constancia de que Fernández había renunciado al cobro de la prejubilación y esa renuncia se produjo cuando el ex consejero tuvo conocimiento del inicio de la investigación judicial de los ERE fraudulentos.
También le sitúa como el máximo responsable de que las ayudas que se concedieron a las empresas del marco de Jerez por importe de varios millones de euros.
Durante una hora y media el ex consejero de Empleo ha estado escuchando el relato de la imputación formal que le hacía la instructora -con una extensión de cerca de 90 folios-, en el que le ha atribuido ser el autor intelectual de lo que ha denominado "sistema operativo" por el que se concedían las ayudas, en alusión al convenio marco creado en 2001 cuando Antonio Fernández era viceconsejero de Empleo y presidente del IFA. Según Alaya, ese convenio marco fue redactado por asesores de la propia Consejería, con la ayuda de otros asesores externos y del propio Antonio Fernández, y todas las subvenciones que se concedieron al amparo del mismo son "nulas de pleno derecho", ya que vulneran el artículo 38 -ahora 39- de la ley general de Hacienda Pública de Andalucía, por no tener consignación presupuestaria.
La magistrada ha imputado seis delitos al ex consejero de Empleo, entre ellos cuatro de carácter continuado, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la obtención de ayudas públicas, y negociación prohibida a funcionarios públicos, y otros dos delitos de cohecho y falsedad en documento mercantil.
La juez Mercedes Alaya imputa a Antonio Fernández que era "conocedor" de que las ayudas se concedían de forma irregular y que todas estaban vinculadas a personas relacionadas con la Junta o con el PSOE andaluz. La juez ha puesto como ejemplo que una de las empresas de la Sierra Norte que recibió importantes ayudas y estaba vinculada al empresario José Enrique Rosendo, tuvo contratados a la hija del ex secretario provincial del PSOE de Sevilla José Antonio Viera y al hijo de otro parlamentario socialista.
La magistrada ha explicado que, "con independencia" de que con parte del dinero de las ayudas se comprara cocaína o lucro personal de los destinatarios, el ex consejero tenía conocimiento de que se le dieron a las mismas otros usos ilícitos. Según la instructora, el ex consejero tenía conocimiento de las ayudas porque a veces las "autorizaba", otras las "consentía", en otras era "corresponsable", y en otras también es responsable por "desidia".
El panorama que la juez ha dibujado en su relato de imputación considera a Fernández responsable en una triple vertiente: porque tenía conocimiento de las ayudas, de los "reparos" que la Intervención general de la Junta planteó al sistema, y por su inclusión en el ERE de González Byass cuando era titular de la Consejería.
Sobre este último aspecto, la imputación hace hincapié en que su relación laboral con González Byass estaba extinguida cuando fue incluido en la póliza de prejubilaciones y el ha citado diversa jurisprudencia que corroboraría este extremo. Según la imputación realizada, la aseguradora Vitalicio no tenía constancia de que Fernández había renunciado al cobro de la prejubilación y esa renuncia se produjo cuando el ex consejero tuvo conocimiento del inicio de la investigación judicial de los ERE fraudulentos.
También le sitúa como el máximo responsable de que las ayudas que se concedieron a las empresas del marco de Jerez por importe de varios millones de euros.
