Imputado el alcalde de Castilleja por pagar gasolina con avales del ayuntamiento

El socialista Manuel Benítez niega los presuntos hechos, «denunciados en precampaña electoral»con declaraciones de testigos y varias pruebas documentales

El Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla ha citado a declarar en calidad de imputado al alcalde de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), Manuel Benítez (PSOE), tras la denuncia interpuesta por el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) por un presunto delito de malversación de caudales públicos, concretado en el supuesto repostaje de su vehículo particular en una gasolinera con vales del Ayuntamiento de la localidad. Fuentes del caso han señalado a Europa Press que la declaración de Benítez se ha producido este martes tras las gestiones realizadas en la fase de instrucción, en la que se habrían recabado pruebas suficientes para entender que se ha podido producir este supuesto en base a las declaraciones de los testigos y varias pruebas documentales.

En la denuncia se señala cómo el regidor presuntamente se dedicaba a llenar el depósito de gasolina de su vehículo particular entregando como pago vales del Ayuntamiento, en los que se habría puesto la matrícula de los vehículos de obras y servicio de la corporación local, alternando en cada ocasión la matricula, marca y modelo. De hecho, junto con el escrito se aporta documentación consistente en las fotocopias de un vale y una factura. Esta acción judicial, a la que tuvo acceso Europa Press, recoge días, horas y fechas concretas de algunas de las ocasiones en las que el alcalde supuestamente realizó los hechos, habiéndose entregado vales de 60 y 70 euros con cargo a matrículas pertenecientes a vehículos modelo Renault Kangoo. No obstante, el vehículo del alcalde, un Citroen, habría resultado beneficiado del repostaje en ambos casos, según la denuncia.

«La justicia pondrá a cada uno en su lugar»

A todo ello, el alcalde ha indicado a Europa Press que los hechos son "total y rotundamente falsos", recalcando el hecho de que la denuncia fue interpuesta "en precampaña electoral". Y es que Benítez siempre ha entendido que el conflicto que mantiene con la Policía Local ha motivado una "persecución" de tintes políticos. La declaración fue "muy corta y escueta" y el juez no ha interpuesto ninguna medida cautelar al respecto, según el regidor alixeño, que ha lamentado las "calumnias y falsos testimonios" levantados contra su persona. Asimismo, ha expresado su "máximo respeto" hacia la Justicia, "que pondrá a cada uno en su lugar", como "única manera de clarificar las cosas".

Por su parte, los sindicatos con representación en el Cuerpo de Policía Local de Castilleja -cCOO, CSI-F, Sppme y GIF- han señalado a Europa Press que el colectivo "no juega con temas tan serios" y que, en este sentido, el alcalde mantiene el conflicto con los trabajadores policiales, a" los que les niega por sistema cualquier vía de dialogo, anteponiendo sus asuntos personales al interés general de una localidad que ve como crece la inseguridad por momentos". Asimismo, aluden a la "responsabilidad" del PSOE para que "de una vez tome cartas en el asunto, ya que están dando una imagen lamentable, con un conflicto enquistado y un regidor imputado".

http://www.abcdesevilla.es/20120111/provincia/sevi-imputan-alcalde-castilleja-pagar-201201111759.html

Los recortes sociales del Psoe frente al despilfarro en cocaína, putas y subvenciones a pollos...

En 2007 la Junta se comprometió por escrito a concertar el 80% de las plazas

Los ancianos son trasladados a centros alejados de su pueblo y su familia

Los recortes sociales que está aplicando de forma encubierta la Junta de Andalucía provocará el cierre, a finales de este mes, de la residencia de mayores del municipio onubense de El Cerro de Andévalo. Se trata de un centro que abrió sus puertas hace tan sólo nueve meses, cuya construcción en suelo municipal supuso una inversión de cinco millones de euros y que cuenta con un compromiso firmado en 2007 por la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de concertar el 80% de sus 67 plazas, promesa que aún no se ha cumplido "porque no hay dinero".
Este domingo cientos de vecinos se han concentrado en la plaza de España de la localidad para mostrar su rechazo e indignación ante el inminente cierre del geriátrico como consecuencia del incumplimiento de la Junta. Y lo han hecho portando carteles con lemas como "Consejería de Bienestar cumple tu compromiso" o "¿Qué hacemos con nuestros mayores", uniéndose así a la protesta convocada por los trabajadores de Residencia El Andévalo, que gestiona la empresa Promociones Vital Resorts después de lograr en concurso público la concesión administrativa otorgada por el Ayuntamiento por una duración de 50 años.
Según ha explicado en declaraciones a ELMUNDO.es Andalucía Salvador Llévenes, trabajador de la residencia y miembro de la dirección del centro, la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social se comprometió en 2007 a concertar el 80% de las plazas. "Sin embargo, a día de hoy no tenemos ninguna plaza pública y sólo recibimos excusas por parte de la Consejería que lleva meses dándonos largas y diciéndonos que estamos en crisis, que no hay dinero, que si los presupuestos o que Hacienda no libera fondos", ha señalado Llévenes.
El cierre de esta residencia supondrá que aquellos mayores de El Cerro pendientes de una plaza pública tendrán que marcharse a un centro alejado de su localidad y de su familia, ya que las otras dos residencias más cercanas, ubicadas en La Zarza y Calañas, están completas al tratarse de una de las comarcas más deprimidas y envejecidas de Andalucía.
Es el caso de Manuela que el lunes se tendrá que marchar a la capital onubense -a 70 kilómetros de su pueblo- donde le han dado una plaza. "La familia no quiere ni decirle que tiene que irse porque no sabe cómo se lo va a tomar, es un auténtico drama porque aquí sus hijos pueden verla a diario", ha apuntado el portavoz de la residencia.
Desde su apertura en marzo de 2011, este centro de mayores acumula unas pérdidas cercanas a los 500.000 euros. Su actual plantilla, formada por 18 trabajadores –el mínimo que exige el concierto con la Junta–, se ve abocada al paro.
Residencia El Andévalo es uno de los primeros centros de uso público de toda la región en aprovechar la energía geotérmica –el calor del subsuelo– como fuente renovable para uso doméstico en calefacción y agua caliente sanitaria. Por esta innovación, el centro fue premiado a nivel nacional y obtuvo una subvención del Programa de Incentivos para el Desarrollo Energético Sostenible del Gobierno andaluz.

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/09/andalucia/1326109005.html

La Policía acusa a la Junta de Andalucía

Los vicios del Psoe andaluz

El ‘clan Chaves’ subvencionó con 20 millones a empresas fantasma

La concesión de 21,5 millones de euros a tres empresas en la provincia de Cádiz ha puesto en la picota al clan político que lidera Manuel Chaves, mientras desde la Junta de Andalucía se pide la acción contundente de la Justicia en lo que parece ser una vendetta más entre las familias que pugnan dentro del PSOE-A. El dinero se le concedió a Alejandro Dávila Ouviña quien, sin precedente empresarial alguno, presentó tres proyectos de empresas y convenció a Antonio Perales, gerente del Plan Bahía Competitiva, para que le tramitara más de 20 millones de subvención que ni siquiera necesitaban la presentación de avales.
El Plan para la Mejora de la Competitividad y el Desarrollo en la Bahía de Cádiz se puso en marcha para paliar la sangría laboral derivada del cierre de Delphi, y alumbrar alternativas de desarrollo en una zona andaluza castigada por un profundo declive laboral. La idea era captar inversiones de empresas a las que se les conceden subvenciones del Ministerio de Industria. Al frente del proyecto se puso a Antonio Perales, hermano del fallecido Alfonso Perales, una de las personas de mayor confianza de Manuel Chaves y cuya hija, Ofelia Perales, fue colocada en la única empresa de Dávila Ouviña que se constituyó, ubicada en el Puerto de Santa María y hoy ya inactiva.

Todo queda en familia
Aunque las investigaciones judiciales del caso se remontan al primer trimestre del presente año, fue en julio cuando el Ministerio de Industria descubrió que Dávila Ouviña no había puesto en marcha las empresas para las que se le concedió la subvención y le exigió la devolución del dinero, mientras que un juzgado lo mandaba directamente a prisión. Dos de estas sociedades se iban a abrir en la localidad de Alcalá de los Gazules, epicentro del clan de Alcalá o clan Chaves, de donde es natural, entre otros, Luis Pizarro, familia también de los Perales, para lo que el propio Antonio Perales acompañó al supuesto empresario gallego a visitar un polígono industrial al que podría acceder.
Tanto Antonio Perales como su sobrina Ofelia ya han prestado declaración ante la Policía y están pendientes de que el juzgado de instrucción número 4 de Cádiz decida sobre su situación procesal. El caso mereció incluso una denuncia del actual presidente de la Diputación de Cádiz, el popular José Loaiza, que sustituyó en las pasadas elecciones municipales a González Cabaña, otra de las piezas claves del clan Chaves. Y el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado hoy que va a pedir un pleno en el Parlamento autonómico para que se debata ese asunto y sus repercusiones en los planes de reindustrialización de la Junta.
El caso de Ouviña provocó el cese de Antonio Perales como gerente del Plan Bahía Competitiva, que pasó a ser controlado por la Agencia IDEA, con lo que el Gobierno de Griñán le quitaba al clan Chaves el control de un instrumento del que dependía la concesión de decenas de millones de euros a las empresas que presentaran proyectos en el territorio de los principales enemigos internos del actual presidente de la Junta.

A degüello contra el enemigo interno
El interés judicial tanto del Gobierno de Griñán como del PSOE-A es tal que desde ambas instancias se han tirado a degüello cuando Antonio Perales ha prestado declaración ante la Policía para aportar información sobre su intervención en la concesión del dinero a Ouviña, pidiendo contundencia, sobre todo por parte de la secretaria de Organización del partido, Susana Díaz.
Entre los ERE y el caso Bahía Competitiva, el grupo de políticos que se ha movido durante lustros a la sombra de Chaves, desde el consejero Antonio Fernández a la familia Perales, en vez de encontrar el amparo del partido, como hasta ahora ocurría, ha chocado con la sentencia del entorno de Griñán, que los ha abandonado a su suerte, de tal forma que, en unos meses, los tribunales pueden hacerle al actual presidente andaluz el trabajo que contra sus enemigos internos no ha podido desarrollar por su falta de liderazgo


http://www.elconfidencial.com/espana/2011/12/20/el-clan-chaves-subvenciono-con-20-millones-a-empresas-fantasma-89623/