domingo, 15 de enero de 2012
Las 10 mentiras de los ERE
La Junta ha fabricado un discurso con coartadas, excusas y medias verdades para eludir su responsabilidad en el fraude. ABC rebate con datos objetivos sus argumentos más recurrentes
Desde que hace un año se descubrió que bajo las alfombras de la Junta existía una poza oculta infectada de ayudas a falsos prejubilados (intrusos), la maquinaria de propaganda del Gobierno andaluz se puso a trabajar. Sin descanso. Fabricó un discurso exculpatorio para escurrir el bulto de las responsabilidades políticas. A remolque de la investigación policial, judicial y periodística, el Ejecutivo de José Antonio Griñán reaccionó, primero, ofreciendo unas pocas cabezas de turco en escalones intermedios de la Consejería de Empleo. Después, se vio forzado a abrir una investigación interna que no mostró el saqueo público en toda su magnitud. Y con estas coartadas, agravios y medias verdades como material levantó un dique de contención que no ha logrado tapar la evidencia de su fracaso: que creó, alimentó y no evitó durante una década el fraude social con ayudas al empleo en la región más golpeada por el paro.
ABC rebate con argumentos su decálogo de «trampas» en la crisis de los ERE.
1. La Junta destapó el fraude
No fue la Junta la que abrió la caja de pandora del fraude, mantra que repiten Griñán o el propio Rubalcaba presumiendo de haber llevado la iniciativa. Está personada como acusación en el proceso desde marzo, pero todo arrancó antes, en diciembre de 2010, gracias al empeño de la Policía y, sobre todo, de la juez Mercedes Alaya que investigaba por entonces el supuesto cobro de comisiones ilegales en la empresa municipal Mercasevilla a cambio de favores urbanísticos, un caso que tuvo su origen en una grabación que publicó en exclusiva ABC. Tirando del hilo, Alaya, a la que el PSOE quiso apartar del caso, se topó con un escándalo de dimensiones aún mayores en la Consejería de Empleo. La llave que abrió la caja fue el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que autorizó un ERE irregular en Mercasevilla. Fue él y no la Junta quien reveló a la Policía que había un «fondo de reptiles» de 647 millones para ayudar empresas en crisis al margen de los controles legales.
2. La culpa, de «cuatro golfos»
Desde el primer minuto, el Gobierno andaluz ha intentado minimizar el caso a medida que los indicios de irregularidad se acumulaban. Los urdidores de la trama eran «cuatro golfos», insistió, para cargar el pesado fardo de la ley sobre los hombros de Guerrero como muñidor de las ayudas. Luego, la cuadrilla de «golfos» creció. La jueza imputó al exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el delegado del ramo en Sevilla Antonio Rivas fue llamado al banquillo por Mercasevilla. La «onda expansiva» de los ERE atrapó a una concejal socialista de Camas, al regidor de Cazalla de la Sierra, al alcalde de El Pedroso y a su hijo exedil, sin olvidar a la nutrida tropa de aseguradoras, conseguidores, bufetes, sindicatos, empresas, familiares y amigos del «entorno» del PSOE que tomaron parte en el «botín». Y la lista no para de crecer.
3. Guerrero actuó solo
Este axioma se desmonta con otra verdad incontrovertible: Javier Guerrero, imputado en el caso, permaneció nada menos que nueve años (1999/2008) al frente de la Dirección de Trabajo, con tres consejeros distintos que lo ratificaron en el cargo porque era muy resolutivo, como admitió el exconsejero de Empleo José Antonio Viera (2000/2004). Guerrero despachaba sus gestiones en reuniones periódicas con sus superiores. Sus tejemanejes pasaron el filtro del consejo del IFA o la Agencia IDEA, que ponía el dinero con una asignación anual del presupuesto.
4. El Gobierno no firmó nada
«Los consejeros decidían las ayudas directas a empresas», confesó el exdirector en una entrevista. El Gobierno lo negó, pero no tardaron en salir a la luz actas del IFA aprobando ayudas irregulares a ayuntamientos y sociedades con las comprometedoras firmas de Viera y Fernández. Y trascienden escritos incorporados al sumario alertando al expresidente de la Junta Manuel Chaves de que había falsos prejubilados en el ERE de la Faja Pirítica de Huelva y Sevilla.
5. Objetivo: agilizar ayudas
El «fondo de reptiles» nació el 17 de julio de 2001 de un convenio oficial firmado por José Antonio Viera y el presidente del IFA, Antonio Fernández. Esta fórmula se ideó en teoría, según el Ejecutivo, para «agilizar» los incentivos a empresas en crisis. En la práctica, supuso ocultar al control 647 millones durante una década. Se montó un sistema opaco para repartir subvenciones a dedo, se le enchufó una manguera de dinero público y, sólo a posteriori y al socaire de una investigación policial y judicial, se descubrió que estaba plagado de «fugas».
6. Griñán, sin responsabilidad
El Gobierno que colocó a Guerrero en un alto cargo y lo dejó actuar imbuido de impunidad nueve años no ha depurado aún ninguna responsabilidad política. Para eludirla, se abona a la tesis de que no sabía nada, lo que contrasta con el dato objetivo de que hasta ocho veces, con Chaves de presidente, fue advertido por la Intervención General de Hacienda —que dependía de Griñán siendo consejero de Economía entre 2004 y 2009— de que el procedimiento administrativo utilizado para financiar los ERE era irregular. Lo cambió después de estallar el fraude. Griñán se escuda en que el órgano fiscalizador no emitió informes de actuación ni detectó «el menoscabo a las arcas públicas». Su consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, viceconsejera entonces, aseguró que nunca le entregó los avisos al actual presidente andaluz. Pero su afán por salvarle la cara no evitó que Alaya lo implicara en dos autos por la autorización de créditos a 21 empresas con el «fondo de reptiles» y ampliaciones del presupuesto de esta partida que llevan su firma. No fueron una ni dos sino trece las veces que se infló el polémico fondo, según reveló la Junta a la magistrada.
7. Luz y taquígrafos
El consejero de Empleo, Manuel Recio, ha blasonado de transparencia al mismo tiempo que su partido ponía sordina al caso en el Parlamento andaluz vetando diez veces la creación de una comisión de investigación y la comparecencia del interventor para aclararlo, pedida por el PP. Tampoco fue su empeño voluntarista por poner «luz y taquígrafos» sobre la red fraudulenta la razón de que abriera en febrero un proceso de información reservada. Encargó una investigación interna forzado por la instrucción de la juez, que requirió a la Junta los expedientes subvencionados. Las pesquisas se publicaron por entregas. Recio colgó en Twitter y Facebook el resultado final: 72 intrusos y 111 «discordancias» administrativas —así las llamó— en 68 empresas analizadas. Luego se supo que se había quedado corto, pues la juez detectó a más «polizones» colados en ERE de empresas donde nunca trabajaron.
8. Colaboración con la juez
La denominada «colaboración proactiva» con la Justicia se ha convertido en un eslógan-comodín del Ejecutivo andaluz, pero el año transcurrido desde que arrancó la investigación ha estado jalonado de hechos objetivos que lo desmienten. De hecho, no le han dolido prendas en manifestarlo cuando el severo escrutinio de la juez puso la lupa sobre las 480 actas de los Consejos del Gobierno de la última década. El Gabinete de Griñán se negó a dárselas en un principio y planteó un conflicto de competencias que el Tribunal Supremo resolvió a favor de Alaya, quien había defendido su relevancia para indagar en el fondo que transfirió la Consejería de Empleo al IFA destinado a ayudas sociolaborales. Mientras los dos poderes chocaban, el aparatoso armario blindado que contenía once sobres lacrados con las actas iba y venía de la Junta al juzgado, dejando una secuencia propia de una película de Berlanga.
Pero si no había quedado ya acreditado con este episodio que su colaboración, en gran parte, era pura fachada, el PSOE y la Junta emprendieron una campaña de acoso y derribo contra la juez con acusaciones zafias de Alfonso Guerra que fueron reprobadas por el Consejo General del Poder Judicial. Alaya reaccionó poniendo bajo sospecha al mismísimo presidente en dos autos que, fueron recurridos por la Junta de Andalucía.
9. Fraude de 9 millones
Atendiendo a los 72 intrusos incrustados en ERE, Empleo calculó que el agujero dejado en sus arcas fue «sólo» de 9 millones. «Representa el 1,39 por ciento del fondo de 647 millones de euros destinado a los ERE en diez años», proclamó Recio en un intento por rebajar el eco mediático de un caso que escandaliza a la opinión pública. Pero había más cera de la que ardía. Aparte de los 580 millones gastados en despidos y expedientes de regulación, se repartieron 65 millones del «fondo de reptiles» en ayudas directas y arbitrarias a empresas que muchas veces no estaban en crisis. Alcaldes del PSOE también recibieron favores en forma de cheques para proyectos «fantasma». Como guinda del pastel, el fraude dejó una hipoteca cercana a 300 millones correspondiente al crédito de aseguradoras.
10. Recuperación del dinero
El mismo Gobierno que se ha comprometido a «recuperar hasta el último céntimo» cobrado de forma ilícita tardó nueve meses en pedir por su cuenta a los falsos prejubilados que devolvieran el dinero. Se tomó su tiempo para iniciar, al margen de la vía penal, un proceso administrativo de reintegro con pocas posibilidades de éxito, ya que las primeras ayudas ya han prescrito. El tiempo dirá cuántos céntimos retornan a las arcas y cuántos se pierden por el camino.
Griñán, paradigma del despilfarro
La concesión de subvenciones ideológicas y revanchistas con tintes electoralistas se ha sucedido a lo largo de su mandato. El Partido Socialista intenta poner ahora a esta región como ejemplo de austeridad.
Dicen que las comparaciones son odiosas y eso debió pensar más de un socialista cuando el pasado miércoles el portavoz parlamentario de su grupo, José Antonio Alonso, provocó la carcajada de la bancada popular. Con tal de atacar a la Comunidad Valenciana, no tuvo otra idea que enfrentarla a Andalucía y subrayar así que esta autonomía, en poder de los socialistas, “no ha despilfarrado”. Sin embargo, la realidad es bien distinta. Aunque Alonso defendió que, según sus cuentas, el gasto no financiero se ha reducido en esta región un 7,5% entre 2008 y 2010, el amplio número de subvenciones ideológicas e innecesarias que ha otorgado la Junta de Andalucía en estos años habría supuesto una rebaja mayor. Los beneficiarios han sido variopintos; y a la vista de los últimos acontecimientos, con unas elecciones a la vuelta de la esquina, todo apunta a que el Gobierno de José Antonio Griñán piensa apurar al máximo su mandato (quizás también un hipotético traspaso de poderes) para contentar a sus afines a costa del erario público. Al margen de todo lo que ha desviado en el caso de los ERE irregulares, estos son sólo algunos de los derroches que desdibujan esa imagen de austeridad que algunos se empeñan en atribuir al Ejecutivo andaluz.
La vertiente sindical
Los agasajos a las delegaciones de CC OO y UGT han sido continuos. El Gobierno regional no ha logrado frenar la sangría del paro, pero sí que ha inyectado dinero público a los sindicatos amigos para fomentar la “orientación laboral”. El pasado octubre, a menos de 40 días para las generales del 20-N, el Ejecutivo de Griñán, a través de la Consejería de Empleo que encabeza Manuel Recio, aprobó otorgar 4,75 millones de euros para 31 unidades orientativas de UGT y otros 4,79 millones para 25 de CC OO. Por otro lado, la misma consejería regaló la friolera de 54 millones a las centrales el pasado miércoles, un día después del anuncio de la convocatoria de comicios autonómicos para el próximo 25 de marzo. Esta vez, las ayudas fueron dirigidas a costear “acciones de formación adecuadas a las necesidades del mercado de trabajo”.
Cooperación
Los sindicatos también se han visto agraciados a nivel autonómico en el campo de la cooperación internacional, una competencia más propia del Estado. De los Presupuestos de 2009, obtuvieron 2,1 millones. De todo este montante, UGT destinó 625.000 euros a unas jornadas en América Latina sobre “Cooperación sindical al desarrollo: sindicato, globalización y trabajo decente”, mientras que CC OO recibió 291.036 euros para el proyecto “Incorporación de colectivos excluidos en la agenda sindical de la CDT del Norte de Marruecos”.
‘Embajadas’
Siendo una de las comunidades autónomas con mayor número de embajadas (Cataluña está a la cabeza), Andalucía gastó en 2010 más de tres millones de euros en sostener toda su estructura en el exterior. Este organigrama cuenta con 21 oficinas de negocios presentes en 19 países diferentes y dos delegaciones principales, ubicadas en Madrid y Bruselas. Para 2012, el Gobierno andaluz apenas piensa recortar aquí y ya ha aprobado un gasto presupuestario de 2,5 millones. La partida para el funcionamiento de la oficina de la Junta andaluza en la capital de España se mantiene prácticamente igual que en el ejercicio anterior: 195.782 euros. El presidente de los populares andaluces, Javier Arenas, ha prometido que, en caso de llegar al Palacio de San Telmo tras la cita con las urnas, la primera delegación que suprimirá será la de Madrid.
Aborto
Los impuestos de los andaluces fueron a parar en 2010 y 2011, entre otros destinos, a financiar la compra de preservativos de sabores, lubricantes y otros objetos de carácter sexual que se repartieron entre asociaciones y centros que abordan esta materia. La Consejería de Salud derrochó, con la suma de los dos años, alrededor de 300.000 euros en la adquisición de estos elementos. Este departamento, cuya responsable es María Jesús Montero, también hizo uso de los recursos públicos al publicar dos guías para estudiantes de ESO y Bachillerato, con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años, tituladas “Sexualidad y Anticonceptivos”. En estos libretos, que se distribuyeron en colegios e institutos andaluces, se hacía referencia a la píldora poscoital y se alababan todas sus supuestas ventajas, sin limitación alguna. Por otra parte, el Gobierno de Griñán desembolsó en 2011, con licitaciones en Huelva, Córdoba, Jaén y Campo de Gibraltar, más de 1,6 millones de euros en la “gestión del Servicio Público de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que no implique alto riesgo para la mujer embarazada y no supere las 14 semanas de gestación”.
El sesgo mediático
Para su influencia ideológica en las escuelas, el Ejecutivo autonómico también se ha servido de medios de comunicación. Los socialistas otorgaron el pasado octubre 330.000 euros a El País con la finalidad de difundir el periódico “en los Centros Públicos de Educación Secundaria y de Adultos de las ocho provincias andaluzas”. Esta adjudicación se hizo de forma “excepcional” por parte de la Consejería de Educación, es decir, sin que existieran ni publicidad ni concurrencia, por lo que no hubo opción para otras cabeceras nacionales o autonómicas de acceder a la obtención de dicha cuantía.
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/grinan-paradigma-despilfarro-20120114
Dicen que las comparaciones son odiosas y eso debió pensar más de un socialista cuando el pasado miércoles el portavoz parlamentario de su grupo, José Antonio Alonso, provocó la carcajada de la bancada popular. Con tal de atacar a la Comunidad Valenciana, no tuvo otra idea que enfrentarla a Andalucía y subrayar así que esta autonomía, en poder de los socialistas, “no ha despilfarrado”. Sin embargo, la realidad es bien distinta. Aunque Alonso defendió que, según sus cuentas, el gasto no financiero se ha reducido en esta región un 7,5% entre 2008 y 2010, el amplio número de subvenciones ideológicas e innecesarias que ha otorgado la Junta de Andalucía en estos años habría supuesto una rebaja mayor. Los beneficiarios han sido variopintos; y a la vista de los últimos acontecimientos, con unas elecciones a la vuelta de la esquina, todo apunta a que el Gobierno de José Antonio Griñán piensa apurar al máximo su mandato (quizás también un hipotético traspaso de poderes) para contentar a sus afines a costa del erario público. Al margen de todo lo que ha desviado en el caso de los ERE irregulares, estos son sólo algunos de los derroches que desdibujan esa imagen de austeridad que algunos se empeñan en atribuir al Ejecutivo andaluz.
La vertiente sindical
Los agasajos a las delegaciones de CC OO y UGT han sido continuos. El Gobierno regional no ha logrado frenar la sangría del paro, pero sí que ha inyectado dinero público a los sindicatos amigos para fomentar la “orientación laboral”. El pasado octubre, a menos de 40 días para las generales del 20-N, el Ejecutivo de Griñán, a través de la Consejería de Empleo que encabeza Manuel Recio, aprobó otorgar 4,75 millones de euros para 31 unidades orientativas de UGT y otros 4,79 millones para 25 de CC OO. Por otro lado, la misma consejería regaló la friolera de 54 millones a las centrales el pasado miércoles, un día después del anuncio de la convocatoria de comicios autonómicos para el próximo 25 de marzo. Esta vez, las ayudas fueron dirigidas a costear “acciones de formación adecuadas a las necesidades del mercado de trabajo”.
Cooperación
Los sindicatos también se han visto agraciados a nivel autonómico en el campo de la cooperación internacional, una competencia más propia del Estado. De los Presupuestos de 2009, obtuvieron 2,1 millones. De todo este montante, UGT destinó 625.000 euros a unas jornadas en América Latina sobre “Cooperación sindical al desarrollo: sindicato, globalización y trabajo decente”, mientras que CC OO recibió 291.036 euros para el proyecto “Incorporación de colectivos excluidos en la agenda sindical de la CDT del Norte de Marruecos”.
‘Embajadas’
Siendo una de las comunidades autónomas con mayor número de embajadas (Cataluña está a la cabeza), Andalucía gastó en 2010 más de tres millones de euros en sostener toda su estructura en el exterior. Este organigrama cuenta con 21 oficinas de negocios presentes en 19 países diferentes y dos delegaciones principales, ubicadas en Madrid y Bruselas. Para 2012, el Gobierno andaluz apenas piensa recortar aquí y ya ha aprobado un gasto presupuestario de 2,5 millones. La partida para el funcionamiento de la oficina de la Junta andaluza en la capital de España se mantiene prácticamente igual que en el ejercicio anterior: 195.782 euros. El presidente de los populares andaluces, Javier Arenas, ha prometido que, en caso de llegar al Palacio de San Telmo tras la cita con las urnas, la primera delegación que suprimirá será la de Madrid.
Aborto
Los impuestos de los andaluces fueron a parar en 2010 y 2011, entre otros destinos, a financiar la compra de preservativos de sabores, lubricantes y otros objetos de carácter sexual que se repartieron entre asociaciones y centros que abordan esta materia. La Consejería de Salud derrochó, con la suma de los dos años, alrededor de 300.000 euros en la adquisición de estos elementos. Este departamento, cuya responsable es María Jesús Montero, también hizo uso de los recursos públicos al publicar dos guías para estudiantes de ESO y Bachillerato, con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años, tituladas “Sexualidad y Anticonceptivos”. En estos libretos, que se distribuyeron en colegios e institutos andaluces, se hacía referencia a la píldora poscoital y se alababan todas sus supuestas ventajas, sin limitación alguna. Por otra parte, el Gobierno de Griñán desembolsó en 2011, con licitaciones en Huelva, Córdoba, Jaén y Campo de Gibraltar, más de 1,6 millones de euros en la “gestión del Servicio Público de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que no implique alto riesgo para la mujer embarazada y no supere las 14 semanas de gestación”.
El sesgo mediático
Para su influencia ideológica en las escuelas, el Ejecutivo autonómico también se ha servido de medios de comunicación. Los socialistas otorgaron el pasado octubre 330.000 euros a El País con la finalidad de difundir el periódico “en los Centros Públicos de Educación Secundaria y de Adultos de las ocho provincias andaluzas”. Esta adjudicación se hizo de forma “excepcional” por parte de la Consejería de Educación, es decir, sin que existieran ni publicidad ni concurrencia, por lo que no hubo opción para otras cabeceras nacionales o autonómicas de acceder a la obtención de dicha cuantía.
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/grinan-paradigma-despilfarro-20120114
sábado, 14 de enero de 2012
El ex ministro Gómez repartió 150 millones a sindicatos y patronales 9 días antes de dejar Trabajo
UGT, sindicato del que es afiliado el dirigente socialista, recibió 9,2 millones de euros, los mismos que CC.OO. Miguel Sebastián, cuatro días antes de las elecciones generales, CERRÓ un contrato de casi 3 millones de euros con un despacho de abogados
LA PIÑATA SOCIALISTA
- Fundación del Metal para la Formación, Cualificación y Empleo ........................................ 30 millones de euros
- UGT ................................................................ 9,2 millones
- CC.OO. ............................................................ 9,2 millones
- Cepyme ........................................................... 6,7 millones
- CEOE ............................................................... 6,6 millones
- Otras asociaciones empresariales .......... 2,5 millones
- Diputación de Cádiz .................................. 13,6 millones
- Municipios de Jaén .................................... 15,1 millones
- Municipios de Córdoba .................................. 9 millones
- Cieza (Murcia) ............................................... 1,1 millones
- Jódar (Jaén) ................................................. 990.571 euros
- Loja (Granada) ........................................... 828.622 euros
- Puerto Serrano (Cádiz) ............................ 686.954 euros
- Alcalá la Real (Jaén) .................................. 650.542 euros
- Olvera (Cádiz) ............................................. 551.542 euros
- Pinos Puente (Granada) .......................... 532.709 euros
- Motril (Granada) ....................................... 456.183 euros
- Ministerio de Cultura .................................. 2,1 millones
- Consejería de Economía de Melilla .......... 1,5 millones
http://www.periodistadigital.com/economia/empleo/2012/01/14/el-ex-ministro-gomez-repartio-150-millones-a-sindicatos-y-patronales-9-dias-antes-de-dejar-trabajo.shtml
Guerrero pagó del "fondo de reptiles" a una empresa que luego lo contrató
El «padre» del fraude en los ERE fue director de Gestifesa tras cesar como director general de Trabajo en la Junta
El que fuera director general de Trabajo de la Junta Javier Guerrero, imputado ahora por ser el gestor de las ayudas mediante el llamado «fondo de reptiles», concedió subvenciones desde su puesto en la administración autonómica a una empresa que después, cuando el alto cargo fue cesado en Empleo en 2008, lo fichó como director general. Así reza incluso en la tarjeta de visita que Guerrero entregó a buena parte de los intermediarios que habían trabajado con él durante su etapa como director de Trabajo. Se trata de la consultora Gestión de Infraestructuras Financieras de Europa S. A., Gestifesa, firma especializada en gestión de subvenciones y en líneas de financiación para grandes empresas y Pymes, la cual contrató al que fuera también alcalde socialista de El Pedroso unos meses después de abandonar la Junta tras haber gestionado millones de euros en ayudas a empresas que ahora se investigan por vía judicial. Guerrero pidió la excedencia por dos años de la Administración cuando fue llamado por el responsable de Gestifesa, firma a la que el primero había subvencionado anteriormente con cantidades muy importantes, alguna de las cuales procedía del «fondo de reptiles» que ahora la Justicia fiscaliza.
Así lo refrenda al documentación a la que ha tenido acceso ABC, en la que se comprueba que desde la Junta de Andalucía, concretamente desde el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), se concedieron diversas ayudas a la consultora radicada en Sevilla —antes en Nervión, ahora en la Avenida de la Constitución— entre 2002 y 2003 en la que luego trabajó Guerrero. Esas ayudas venían refrendadas y firmadas por el director de Trabajo y suman, como mínimo, 138.700 euros, recibidos por trabajos de asesoramiento a varias sociedades, entre las que aparece alguna vinculada a la trama de los ERE fraudulentos financiados con dinero público. Entre julio y agosto de 2002, por ejemplo, se ordenó el pago de 69.020,24 euros a Gestifesa por dos estudios de viabilidad, cada uno de los cuales se facturó en 34.510,12 euros: uno para la empresa malagueña Hitemasa —de las principales implicadas en el fraude por la presencia de «intrusos»— y otro para la cordobesa Azahara Textil. Al año siguiente, desde el IFA se utilizó la famosa partida 31L, la del «fondo de reptiles», para pagar a Gestifesa otros 69.717,42 euros; primero, 34.858,71 en marzo y después la misma cantidad en noviembre, ambas por «estudios generales» —un documento de menos de 40 folios— para la empresa Refractarios y Derivados de Guadalcanal, en la Sierra Norte sevillana. Al menos de esas ayudas hay documentación fehaciente y en la misma es el propio Guerrero el que firma las concesiones.
http://www.abcdesevilla.es/20120114/andalucia/sevi-guerrero-pago-fondo-reptiles-201201132233.html#.TxF4z7T7icc.facebook
El que fuera director general de Trabajo de la Junta Javier Guerrero, imputado ahora por ser el gestor de las ayudas mediante el llamado «fondo de reptiles», concedió subvenciones desde su puesto en la administración autonómica a una empresa que después, cuando el alto cargo fue cesado en Empleo en 2008, lo fichó como director general. Así reza incluso en la tarjeta de visita que Guerrero entregó a buena parte de los intermediarios que habían trabajado con él durante su etapa como director de Trabajo. Se trata de la consultora Gestión de Infraestructuras Financieras de Europa S. A., Gestifesa, firma especializada en gestión de subvenciones y en líneas de financiación para grandes empresas y Pymes, la cual contrató al que fuera también alcalde socialista de El Pedroso unos meses después de abandonar la Junta tras haber gestionado millones de euros en ayudas a empresas que ahora se investigan por vía judicial. Guerrero pidió la excedencia por dos años de la Administración cuando fue llamado por el responsable de Gestifesa, firma a la que el primero había subvencionado anteriormente con cantidades muy importantes, alguna de las cuales procedía del «fondo de reptiles» que ahora la Justicia fiscaliza.
Así lo refrenda al documentación a la que ha tenido acceso ABC, en la que se comprueba que desde la Junta de Andalucía, concretamente desde el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), se concedieron diversas ayudas a la consultora radicada en Sevilla —antes en Nervión, ahora en la Avenida de la Constitución— entre 2002 y 2003 en la que luego trabajó Guerrero. Esas ayudas venían refrendadas y firmadas por el director de Trabajo y suman, como mínimo, 138.700 euros, recibidos por trabajos de asesoramiento a varias sociedades, entre las que aparece alguna vinculada a la trama de los ERE fraudulentos financiados con dinero público. Entre julio y agosto de 2002, por ejemplo, se ordenó el pago de 69.020,24 euros a Gestifesa por dos estudios de viabilidad, cada uno de los cuales se facturó en 34.510,12 euros: uno para la empresa malagueña Hitemasa —de las principales implicadas en el fraude por la presencia de «intrusos»— y otro para la cordobesa Azahara Textil. Al año siguiente, desde el IFA se utilizó la famosa partida 31L, la del «fondo de reptiles», para pagar a Gestifesa otros 69.717,42 euros; primero, 34.858,71 en marzo y después la misma cantidad en noviembre, ambas por «estudios generales» —un documento de menos de 40 folios— para la empresa Refractarios y Derivados de Guadalcanal, en la Sierra Norte sevillana. Al menos de esas ayudas hay documentación fehaciente y en la misma es el propio Guerrero el que firma las concesiones.
Una vez fue éste cesado de su cargo como director de Trabajo, Guerrero estuvo varios meses en el Servicio Andaluz de Empleo, SAE, para poco después ser contratado por Gestifesa. Para ello, pidió una excedencia «por interés particular», que venció hace aproximadamente un mes, por lo que reclamó su regreso a la Consejería de Empleo, donde tiene plaza de funcionario. Aprovechó Guerrero para acceder a ese puesto de trabajo su buena relación con el entonces administrador único de Gestifesa, José Ángel Martín Moreno, junto al que se presentaba ante los posibles clientes. El responsable de la empresa que lo fichó, por cierto, había sido condenado en firme en 2005 por un delito de estafa y falsedad documental, por lo que fue inhabilitado a contratar durante cinco años con las administraciones públicas. Antes que en Gestifesa, Martín operaba en una sociedad también dedicada a la tramitación de subvenciones (Bussiness Server S.L.), donde, según la Justicia, confeccionó un documento falso para simular ante una tercera empresa que había recibido una ayuda con fondos europeos.
Con este condenado empezó a trabajar Guerrero tras abandonar la Administración andaluza. Pero, además, cabe resaltar que Gestifesa había tenido antes en nómina durante cuatro años a la propia esposa de Guerrero, Lourdes O.M., que trabajó en esta consultora desde febrero de 2004 hasta diciembre de 2007 con la categoría de periodista y mientras su marido era director general en la consejería que concedió ayudas a esta sociedad intermediaria. Mientras Guerrero era alto cargo de la Junta, su mujer, que se encontraba en paro en El Pedroso, fue contratada por la consultora que obtuvo subvenciones del ejecutivo andaluz. El PP preguntó por este asunto en el Parlamento andaluz en marzo de 2009, justo un año después de salir Guerrero de la dirección que ocupaba en Empleo. La juez Mercedes Alaya le acusa de malversación, prevaricación y tráfico de influencias por la supuesta tramitación irregular de los ERE, al igual que a otros altos mandos de la Junta.
http://www.abcdesevilla.es/20120114/andalucia/sevi-guerrero-pago-fondo-reptiles-201201132233.html#.TxF4z7T7icc.facebook
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