martes, 15 de junio de 2010

El PP abre la vía judicial para anular el contrato de alquiler del Hotel París.


El Partido Popular de Huelva ha dado el primer paso para reclamar por la vía judicial la anulación de los dos contratos de alquiler del edificio del Hotel París, que suscribió la Diputación Provincial en 2008 y 2009 por un importe superior a los siete millones de euros.

Después de que el órgano provincial rechazara revisar de oficio los acuerdos de la junta de gobierno, en los que se dio carta blanca a los arrendamientos del edificio de la Plaza de las Monjas, el PP hace firme su aviso y acude a los tribunales, donde ayer presentó un recurso contecioso-administrativo para tratar de desbaratar precisamente el acuerdo de la Diputación por el que se hizo oídos sordos a la petición del grupo popular (la referida revisión de oficio).

El grupo popular solicita al juzgado (una vez que el Decanato reparta el asunto) que reclame a la Diputación el expediente administrativo del Hotel París y, una vez que tenga en sus manos el documento, presentará una demanda para solicitar que los acuerdos queden sin efecto.

El portavoz de la formación en el organismo provincial, Jesús Toronjo, señaló que el equipo de gobierno del PSOE cerró ambos contratos "sin el control de la oposición y ocultando información", razón por la que su grupo ha tenido que acudir a los tribunales. "Que sea un juez el que lleve a cabo ese control, revise los contratos -dijo- y anule este despropósito".

Toronjo criticó la actuación de la presidenta de la Diputación, Petronila Guerrero, en este asunto ya que -argumentó- "mientras pide austeridad a los ciudadanos y el PSOE recorta derechos, la presidenta no tiene problema alguno en gastarse ese dinero", millones de euros en un alquiler que supone para Guerrero "un capricho". "Es un peligro -subrayó- para el bolsillo de los ciudadanos".

El portavoz del grupo popular agregó que en este expediente no hay ningún informe ni de la Secretaría ni de la Intervención del órgano provincial y afirmó que al menos uno de los alquileres "está inflado a conciencia" .

Los populares mantienen, por otra parte, que el importe pactado en el contrato de las obras que se realizaron en el edificio para adaptarlo a las necesidades del arrendamiento asciende a 90.000 euros, de los que 45.000 correspondieron al propietario y la cantidad restante (mas el exceso) a la Diputación. Por ello, consideran que se debió tramitar el correspondiente procedimiento de contratación de obras conforme a ley, "del que se prescindió absolutamente".

En este punto, añade el PP que en el expediente de presupuesto (28 de enero de 2.008), emitido por uno de los propietarios, Promociones Pablo Carrasco S.L. por importe de 266.000 euros (mas IVA), consta que no se incluyen las acometidas de agua, electricidad y telecomunicaciones.

El principal grupo de la oposición en la Diputación asegura desconocer el importe efectivo que fue abonado, cuyas facturas, informes de fiscalización y mandamientos de pago solicitaron que incluyera en el expediente, y que "sin duda -señalan- excede en mucho el 50% del importe del precio del contrato de opción", por lo que "estaríamos ante un vicio de nulidad de pleno derecho en la contratación de las obras referidas, al haberse prescindido absolutamente del procedimiento legalmente establecido al efecto".

Fuente: Huelva Información.