sábado, 24 de septiembre de 2011

Arenas reúne a su equipo económico para ultimar su "programa de gobierno" .

Se rodea de un grupo de profesionales afines al PP e independientes liderados por Cristóbal Montoro · Entre las ideas centrales está la remodelación de la Administración andaluza y una reforma presupuestaria.
El PP-A reunió ayer por vez primera al grupo de trabajo para ultimar la que será la piedra angular de su programa, no ya electoral, sino "de gobierno", y que es la economía. Este equipo aglutina a una serie de profesionales afines al partido e independientes, liderado por el coordinador en materia económica del PP a nivel nacional, Cristóbal Montoro, situado en la carrera como ministrable del ramo de Mariano Rajoy, siempre y cuando logre la victoria electoral en la cita del próximo 20 de noviembre.

Con el carné del PP, aparte de Montoro, hay otros nombres destacados en materia económica como Julio Sánchez Fierro, que fue secretario general técnico del Ministerio de Trabajo en la etapa en que el presidente del PP-A, Javier Arenas, ostentaba esta cartera; la diputada onubense Fátima Báñez o Fernando Sicre, que fuera concejal de Fomento y mano derecha de la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, entre 1999 y 2003.

La parte financiera estará cubierta con el asesoramiento del ex presidente de la caja de ahorros El Monte, Isidoro Beneroso, y la empresarial con Eustasio Cobreros -dirigió la cadena de supermercados familiar Cobreros y preside el patronato de San Telmo-, que ya se habían sumado con anterioridad a otras iniciativas similares del PP-A, como los Foros por el Cambio puestos en marcha en otoño de 2010.

El sello de independencia le llega al PP con su guiño a uno de los sectores más sensibles a la crisis, como el de los autonómos, con el fichaje del presidente a nivel nacional de la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, y en el agrícola con el secretario general de Asaja-Cádiz, Cristóbal Cantos. En esta línea están también el ex andalucista Rafael Carmona, que fue delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla y profesor de la Universidad Hispalense, al igual que Rafael Salgueiro, profesor de Administración de Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados, y del presidente de Isotrol -consultora de ingeniería vinculada a las nuevas tecnologías-, José Luis Calvo. Las propuestas que este grupo de trabajo consensúen no acabarán directamente en el programa "de gobierno" del PP, sino que pasarán un filtro ciudadano a través de su debate en internet. Este esquema responde a la premisa de Arenas de que para ganar la crisis hacen "falta reformas profundas y diálogo social permanente".

A pesar de que este grupo acaba de reunirse por vez primera, ya hay un guión impuesto por Arenas y con dos ideas centrales: la "reforma profunda" de la Administración, con la eliminación de duplicidades y burocracia, potenciando a los funcionarios y reduciendo el entramado paralelo de empresas públicas, y una reforma fiscal. En el capítulo de empleo, Arenas dijo tras esta primera reunión que su programa "no será una cuantificación de puestos de trabajo" que pretende crear como partido, ya que "el empleo no lo crean los políticos, sino las pymes y los autónomos". De ahí, la apuesta por potenciar la internacionalización de las empresas, unido a la apuesta por sectores tradicionales y un plan de empleabilidad para Andalucía.

Las aportaciones de este grupo económico al programa no serán las únicas, ya que en esta "etapa final" de su redacción intervendrán otros equipos que, entre todos, suman un centenar de profesionales.
 
Fuente: Huelva Información

Guerrero entregó medio millón de euros a un militante del PSOE y a un amigo.


El socialista Alejandro Millán, que fue beneficiario de casi 400.000 euros, alega ante la juez Alaya que la ayuda fue legal y que en su caso se "hizo justicia" después de trabajar más de 30 años como electricista.
El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta y uno de los principales imputados en la causa de los ERE, Francisco Javier Guerrero, entregó ayudas por importe de más de medio millón de euros a dos personas, un militante del PSOE y otro amigo, ambos vinculados a la localidad sevillana de El Pedroso, donde residía este alto cargo de la Junta.

Los dos beneficiarios de estas ayudas, Alejandro Millán Torres y Rafael Ruiz García, comparecieron ayer como imputados ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, a la que reconocieron la percepción de las ayudas de supervivencia de la Junta, que consideraban del todo legales y que se unieron a otras cantidades que percibían por incapacidad y desempleo, respectivamente. En el caso de Millán, también compatilizó esos ingresos con los que recibió de una empresa de electricidad que creó con un cuñado suyo.

Según la juez, ambos tienen en común que no solicitaron a la Consejería de Empleo ni ante ninguna Administración la concesión de la ayuda ni tenían derecho a la misma, dado que sólo la recibieron "por su vinculación personal" con el entonces director de Trabajo.

Alejandro Millán, al que la instructora imputó haber recibido 455.508,01 euros, reconoció que cobró una renta de 1.803 euros mensuales durante unos tres años (de 2007 a 2010) y que con posterioridad, al quebrar la aseguradora Fortia, recibió otro pago único de 272.612 euros. Este militante socialista desde 1990 explicó que vivía en el mismo inmueble que Guerrero y que fue éste quien se ofreció  a ayudarle cuando tuvo conocimiento de que le había quedado una pensión de invalidez de 545 euros mensuales después de 33 años trabajando como electricista y haber sufrido un infarto en 2005.

El imputado declaró que Guerrero se presentó en su casa y se ofreció a ayudarle, para lo cual le pidió que le llevara cierta documentación y, al cabo de unos meses le llamaron para que fuera a firmar la póliza. En cuanto a la legalidad de la ayuda, que según el imputado "le dio la vida y desde entonces considera amigo y más que amigo" a Guerrero, no tiene ninguna duda, porque se la estaba ofreciendo "un alto cargo de la Junta". Alejandro Millán dijo que se sorprendió al ver la cantidad, pero "pensó que en ese momento se estaba haciendo Justicia" porque era lo que cobraba en su empresa. Con el dinero que recibió, Millán afirmó a la instructora que compró su casa en El Pedroso, que tiene 120 metros cuadrados, dos plantas y un patio, y que arregló su vivienda en Sevilla y el resto lo tiene ahorrado.

La juez le preguntó, como está haciendo a todos los beneficiados, qué es lo que le diferenciaba del resto de personas en similares o peores condiciones económicas, a lo que Millán dijo que sólo sabe que "Javier [por el ex director general de Trabajo] le ofreció la ayuda y él la aceptó". Además de esta póliza por esa "renta de superviviencia" en la que aparecía como beneficiario, Alejandro Millán figura como asegurado en otra póliza en la que aparece como beneficiario la empresa FCC, en relación a los pagos a los que se comprometió la Junta ante un conflicto laboral que se había producido en una empresa de limpieza de Granada.

A la salida de los juzgados, una persona que acompañaba a Alejandro Millán provocó un altercado con un fotógrafo de prensa, al que zancadilleó y ambos cayeron al suelo, hechos que el reportero ha denunciado en el juzgado.

El segundo imputado que declaró ayer, Rafael Ruiz, admitió que percibió 153.439 euros y dijo que conocía desde hace cinco o seis años a Guerrero, con el que coincidió en las fiestas de El Pedroso y al que definió como una persona "muy habladora y que charla con todo el mundo". La ayuda se la pidió mediante una "conversación teléfonica" informal después de quedarse en paro -trabajaba como comercial-. Rafael Ruiz es padre de la ex gerente de la Fundación Promi, Cristina Ruiz, que se retiró de las listas del PP al Ayuntamiento de Córdoba después de que se le atribuyeran supuestas implicaciones en los ERE, no demostradas, por haberse reunido con Guerrero.
 
Fuente: Huelva Información