domingo, 13 de noviembre de 2011

La Junta Electoral veta la propaganda del PSOE en los colegios. La ley pone en su sitio a Mario Jiménez y Cuéllar.

Considera que repartir octavillas denunciando los recortes educativos del PP “desborda los límites”

El eje central de la estrategia del PSOE ante las elecciones generales es denunciar los recortes sociales que, según este partido, están haciendo las comunidades gobernadas por el PP, como Madrid o Valencia. Su acción estrella de la campaña fue el reparto de octavillas en las puertas de los colegios públicos andaluces alertando a los padres de que si gobiernan los populares, la educación pública de sus hijos "irá a la PPapelera". Los populares, que tildaron la campaña de "indecente", la denunciaron ante la Junta Electoral y, de momento, las de Sevilla y Jerez le han dado la razón y han pedido al PSOE que se abstenga de repartir "propaganda" en los colegios.
La Junta Electoral entiende que esta estrategia, que mandó a los dirigentes del PSOE-A hace una semana a repartir 300.000 dípticos en colegios públicos, "desborda los límites" impuestos por el artículo 53.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), referido al periodo que hay entre la convocatoria de elecciones y el inicio de la campaña electoral. Esta campaña fue propuesta por el secretario general del PSOE en Huelva y portavoz parlamentario, Mario Jiménez, y muy aplaudida por la dirección regional. Los socialistas tienen previsto hacer lo mismo en los hospitales y centros de salud el próximo lunes.
Las reacciones a la decisión de la Junta Electoral no se hicieron esperar. El líder del PP-A, Javier Arenas, recomendó al PSOE que "no meta en la confrontación electoral" a los colegios y hospitales haciendo campaña en ellos y sugirió a los socialistas que "si quieren hacer campaña en oficinas públicas, vayan a las colas del INEM y expliquen el escándalo de los ERE" irregulares. La vicesecretaria de Política Electoral, Patricia Navarro, censuró que el PSOE fue a los colegios "a sabiendas de que estaba incumpliendo la Loreg", por lo que ha criticado que los socialistas "se saltan leyes a su antojo", según "les conviene". Manifestó que la resolución de la Junta Electoral es "contundente" con "el incumplimiento" del PSOE "al pedir el voto y repartir propaganda" fuera del periodo establecido, al tiempo que hizo hincapié en que "los colegios y los centros de salud no pueden utilizarse como talleres electorales" porque están para "formar a los alumnos y curar a los ciudadanos".
Por su parte, el secretario de Comunicación del PSOE-A, Miguel Ángel Vázquez, acusó al PP de hacer una "interpretación sesgada y manipulada" de la resolución de la Junta Electoral Provincial de Sevilla. En declaraciones a Europa Press, Vázquez dejó claro que esta resolución "supone una estimación parcial y que no ha conllevado ningún tipo de sanción". Según dijo, "es el único caso de los muchos recursos que ha puesto el PP en Andalucía que ha prosperado parcialmente, ya que en otras Juntas Electorales de Zona ha sido archivado o rechazado, en relación al reparto de dípticos en la puerta de los colegios". En Jaén, por ejemplo, se ha archivado la denuncia del PP.
Vázquez manifestó que el PP pretende "imponer una ley mordaza al PSOE-A, cercenando un derecho constitucional como es la libertad de expresión", y anunció que su partido seguirá adelante con el reparto de folletos previsto para el lunes en hospitales, centros de salud y ambulatorios. Insistió en que el PP está molesto porque ha optado "por una campaña de perfil bajo en la que los ciudadanos no se enteren de lo que quieren hacer si ganaran las elecciones". "De ahí que hayan presentado un programa lleno de vaguedades e inconcreciones y que lo poco que se conoce es para echarse a temblar".
Dos modelos. La propaganda que se repartió a las puertas de los centros públicos asegura que el PP elimina derechos como los libros gratis, las becas de comedor y transporte y los ordenadores. Además, acusa a los populares de reducir profesores (como ha hecho en Madrid). El díptico contrapone las cifras del gasto educativo andaluz con decisiones de Madrid, Galicia o Castilla-La Mancha.