domingo, 29 de enero de 2012

Seis de cada diez andaluces creen que el ‘caso de los ERE’ dará la victoria al PP.

Los populares obtendrían en Andalucía el 43,45% de los votos frente al 36,16% del PSOE.

Los múltiples casos de corrupción que padece Andalucía serán determinantes para la victoria con mayoría absoluta del Partido Popular en las próximas elecciones andaluzas del 25 de marzo, tal y como se desprende de la encuesta elaborada por LC para 'La Gaceta' (2.700 entrevistas desarrolladas entre los pasados días 20 y 26).
En concreto, más de seis de cada diez andaluces, un 63,96%, considera que corrupciones como la de los Expedientes de Regulación de Empleo representarán un factor imprescindible para elevar al vicesecretario de política Autonómica y Municipal del PP y responsable de los populares andaluces a la Presidencia de la Junta de Andalucía.
Tan sólo un 26,6% de los consultados por LC opina que los escándalos que vienen sucediéndose en torno a la Junta de Manuel Chaves no condicionará el resultado de los comicios y un 10,41% no se pronuncia (se alinean en el "no sabe o no contesta").
Entretanto, aumentan los escándalos que salpican al PSOE en aquella comunidad, con el de los ERE tramitados por la Junta como máximo exponente.
Un fondo de reptiles de 647.869.157,45 euros en subvenciones que ya está siendo juzgado en Sevilla con importantes dirigentes y ex dirigentes de la Junta imputados.
Hacia la absoluta
Tal y como establece el sondeo, los populares obtendrían un 43,45% de los votos frente a un 36,16% del PSOE. Esto es, un vuelco en toda regla frente al 48,93% que obtuvieron los socialistas en 2008 y al 38,87% del PP aquel mismo año.
Respecto a las generales, el PP se deja dos puntos (45,57%) y el PSOE arañaría unas décimas (36,57%). Traducido en escaños, se confirma la tendencia ofrecida por otras encuestas.
Mayoría absoluta de Javier Arenas con 56 escaños frente a 44 del PSOE, ambos moviéndose en una horquilla de 54 a 56 en el caso del PP -más cerca de los 56-, y de 44 a 45 en el del PSOE -con más probabilidad hoy de 44-.
Asimismo, Izquierda Unidad confirma su repunte de las pasadas generales y podría subir uno o dos escaños hasta ocho (la tendencia apunta a los ocho), con un 9,17% de los sufragios, mientras que Unión Progreso y Democracia se estrenaría con uno o dos diputados y el 4,72% de los votos (siendo más probable un único diputado). El Partido Andalucista no lograría representación con un 3,16%, aunque roza el escaño.
De esta forma, el PSOE se quedaría sin su último pulmón electoral propio (en Canarias y Navarra gobiernan en coalición y en el País Vasco lo hacen gracias al apoyo del PP), ahondando en la grave crisis que atraviesan frente a un Partido Popular que goza de cotas de poder administrativo inéditas en democracia.
Con 1.248.500 parados según la última oleada de la Encuesta de Población Activa, Andalucía lidera la mayor tasa de paro de toda España con un 31,23% de su población.
Todo, en la única comunidad autónoma del país que aún no ha conocido la alternancia en el poder. Allí permanece instalado el PSOE desde 1978: 34 años consecutivos en el poder.
Los de Javier Arenas se alzarían con la victoria en siete de las ocho provincias. El PSOE aguantaría en Sevilla con cerca de cuatro puntos de diferencia (40,65% frente a un 36,95%) y seguiría en la pelea en otras dos provincias: Huelva y Jaén.
En ambas se impone el PP, pero el margen es muy escaso. En la primera se da menos de un punto de diferencia (41,66% del PP frente a un 40,74% del PSOE) que les iguala en cinco escaños y en la segunda, la diferencia es ligeramente superior.
Así, en Jaén el PP obtendría seis escaños frente a cinco del PSOE con un 41,51% frente a un 39,62% del PP. En las otras cinco provincias la mayoría absoluta de los populares se antoja ya incontestable.
Almería se lleva la palma con cerca de 25 puntos de diferencia: 54,83% del PP frente a un 29,68% que hace que los de Arenas doblen en escaños a los de José Antonio Griñán, ocho frente a cuatro.
En Málaga los populares se adelantan al PSOE con una distancia que roza los 16 puntos (nueve diputados frente a seis), y es donde UPyD mantendría opciones de lograr su segundo escaño.
En Cádiz la diferencia se acorta hasta los nueve puntos (ocho frente a seis escaños, y el PP debería afianzar su mayoría para no bajar a siete). Ya en Granada el contraste es de ocho puntos, mientras que en Córdoba la distancia se reduce a siete.
El cambio se presenta imparable a tenor del sondeo. Ni más ni menos que el 70,19% de los consultados considera que el cambio en el Gobierno de la Junta sería positivo para Andalucía, y tan sólo un 16,33% lo entiende como negativo frente a un 10,41% que se muestra ajeno a las consecuencias de la alternancia.

Fuente: www.periodistadigital.com

 

El PP dice que los ERE "han estallado en la cara" al PSOE de Huelva.

Ante la imputación de Juan Márquez, los populares piden una explicación urgente sobre "las ramificaciones en la provincia del mayor escándalo de los últimos 30 años".
 La juez Mercedes Alaya extiende ya la causa de los ERE a medio Gobierno andaluz y, dentro de las novedades que han salido a la palestra, se encuentra la vinculación del socialista onubense Juan Márquez -ex director general de Trabajo de la Junta y ex delegado de Empleo en Huelva- a la concesión de ayudas a intrusos en las empresas.

Ante la imputación del dirigente del PSOE, que además fue candidato a la Alcaldía de Lucena en las pasadas elecciones municipales del 22 de mayo, el presidente del Partido Popular de Huelva y alcalde de Lepe, Manuel Andrés González, exigió ayer al PSOE de Huelva que "no pierda ni un segundo más en aclarar a los onubenses el escándalo de los ERE y sus ramificaciones en la provincia onubense". Según los populares, la trama fraudulenta "le ha estallado en la cara" al PSOE provincial, vinculándose, con la imputación de Márquez, al "mayor escándalo de los últimos años en Andalucía".

En declaraciones a los medios en el mercadillo de Lepe antes de participar en un reparto de folletos para explicar las medidas del Gobierno central, González aseguró que "el PSOE ha traído la trama de los ERE a Huelva y que ya es hora de que sus máximos dirigentes aclaren a la ciudadanía el alcance y el calado de un escándalo en el que los socialistas y sus afines, presuntamente, se han llevado el dinero de los parados".

Tras conocerse la imputación del ex delegado de Empleo, González aseguró que tanto el secretario general del PSOE de Huelva, Mario Jiménez, como el resto de dirigentes del PSOE, "tienen que salir a dar explicaciones en todas sus comparecencias públicas para explicar a dónde ha ido a parar el dinero de los parados onubenses y andaluces".

"Ya veníamos anunciando en las últimas semanas que mucho nos temíamos que el escándalo de los ERE iba a salpicar de lleno a la provincia Huelva, y lamentablemente, se ha confirmado que el PSOE de Huelva está implicado".

Por tanto, el dirigente popular apuntó que el PSOE no puede seguir escondiéndose por más tiempo para seguir engañando a los ciudadanos".

González recordó que "ya le pedimos al dirigente socialista Mario Jiménez que pusiera la mano en el fuego porque en el PSOE de Huelva no hubiera nadie implicado en este escándalo, y ha dado siempre la callada por respuesta".

Por ello, añadió, "ya no se puede ocultar más tiempo el mayor fraude de la historia de Andalucía, y Mario Jiménez tendrá que dar la cara y explicar si esta imputación sólo es la punta del iceberg o no". Asimismo, y por último, el presidente provincial del PP exigió al PSOE que anuncie si va a tomar alguna medida tras conocerse el auto judicial que pone en la diana al PSOE onubense en la trama de los ERE.

En este sentido, González se preguntó "por qué si Mario Jiménez habla de todo, no lo hace ahora sobre los ERE y se mantiene callado".

Por último, el popular ha vuelto a reclamar a la Junta de Andalucía y al PSOE que expliquen "si hay ramificaciones" por este asunto que, a su juicio, huele muy mal, porque "los onubenses se merecen una explicación, en lugar del silencio del Partido Socialista". 

Fuente: www.huelvainformacion.es

sábado, 28 de enero de 2012

¡A robar, que 30 años no son nada!



El actual responsable, Daniel Alberto Rivera, y su predecesor en el cargo, Juan Márquez, figuran entre los 18 nuevos imputados por la juez. Francisco Javier Guerrero declarará el próximo 23 de febrero.
 La juez Mercedes Alaya volvió ayer a dar un nuevo y decisivo impulso a la investigación de las irregularidades relacionadas con los ERE vinculados a empresas en crisis, al acordar la imputación de otras 18 personas, entre las que se destacan el actual director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera, y su antecesor en el cargo, Juan Márquez Contreras.

Pero el auto de la juez va más allá porque, a pesar de que en su día el Gobierno andaluz lo negó, la magistrada ha ampliado la investigación de las ayudas concedidas por el mismo sistema por otras cinco consejerías: Gobernación; Presidencia; Innovación, Ciencia y Empresa; Turismo y Deporte; y Medio Ambiente. En un nuevo auto dictado ayer, la instructora acuerda en concreto requerir a la Agencia IDEA (antiguo IFA) para que remita al juzgado un cuadro resumen de las ayudas abonadas mediante transferencia de financiación correspondientes a estas consejerías en el período comprendido entre 2001 y 2010.

De la misma forma, la instructora ha ordenado a la Junta que aporte las comunicaciones realizadas a la Comisión Europea a la hora de conceder ayudas directas a empresas superiores a 200.000 euros en tres ejercicios fiscales o a 100.000 en el caso del sector de transportes. Con esta petición, que también ha sido cursada al Ministerio de Asuntos Exteriores -para que entregue la relación de ayudas de Estado concedidas a empresas por las diferentes consejerías-, la instructora quiere averiguar si la Junta informó a las autoridades comunitarias porque en caso de que se superen esos umbrales, "es absolutamente necesaria la autorización de la Comisión Europea para su concesión", porque repercuten sobre la competencia y el comercio intracomunitario.

La juez advierte que si estas ayudas directas no han sido notificadas, "deberían ser objeto de recuperación el Estado en virtud del principio de cooperación leal, pudiendo a su vez el Estado incurrir en responsabilidad por inobservancia de la normativa comunitaria".

La imputación del actual director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Alberto Rivera y de su antecesor, Juan Márquez Contreras, se produce en relación con la orden de pago de la póliza de la empresa Surcolor -donde aparecieron dos intrusos además de los 24 trabajadores despedidos- que éstos firmaron con fechas 1 de septiembre de 2010, 21 de diciembre de 2009 y 25 de febrero de 2010. Como consecuencia de las ayudas concedidas a esta empresa, en la que ni siquiera se tramitó el preceptivo ERE, la prima de la póliza ascendió a 2,6 millones de euros, mientras que las indemnizaciones por despido en las conciliaciones del CMAC ascendían a 1,5 millones, lo que supone más de un millón de euros de diferencia, que la juez no duda en calificar como un "dispendio en que habría incurrido intencionadamente la Junta de Andalucía a través de sus altos cargos".

Entre los 18 nuevos imputados por la juez, de los que por el momento sólo ha citado a declarar al ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero para el próximo 23 de febrero, se encuentran empresarios, varios abogados de los bufetes Garrigues y Estudios Jurídicos Villasís, dos responsables de la aseguradora Vitalia, que medió en varios ERE, y representantes sindicales de CCOO como el actual secretario general de la Federación de Industria en la provincia de Sevilla, Juan Antonio Caravaca.

La juez también analiza en este auto el papel de las entidades mediadoras como Vitalia, de la que afirma que "carecía de autorización para actuar como correduría de seguros" y que según Mercedes Alaya cobró 964.204,66 euros en gastos de comisiones superiores a la media del mercado en la tramitación de los ERE de Calderinox, Río Grande y Acyco. "Resulta inaudito que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo admitiera estos sobrecostes [en algún caso de hasta un 20,51%], y que estas entidades además no tenían autorización administrativa para actuar", concluye la magistrada.

Fuente: www.huelvainformacion.es

viernes, 27 de enero de 2012

¿Quién será el próximo?

El escándalo de los ERE alcanza de lleno al PSOE de Huelva tras ser imputado por la juez el socialista onubense Juan Márquez.

La provincia de Huelva ha quedado definitivamente alcanzada por el escándalo de los ERE tras ser imputado por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, encargada de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo tramitados por la Junta de Andalucía, Juan Márquez, ex director general de Trabajo, ex delegado provincial de Empleo y destacado líder del PSOE de Huelva durante muchos años. De hecho, fue apartado como cabeza de la lista socialista a la Alcaldía de Lucena del Puerto en las pasadas municipales cuando se conoció que podría estar implicado en el escándalo de las prejubilaciones fraudulentas. Márquez ha sido imputado por ordenar pagos a favor de los prejubilados del laboratorio fotográfico Surcolor, póliza donde se han detectado intrusos.
Juan Márquez no es la primera que se le relaciona con escándalos. De hecho, El Mundo Huelva Noticias publicó en su momento varias informaciones que relacionaban al socialista con supuestas prácticas irregulares cuando se hallaba al frente de la Delegación Provincial de Empleo de Huelva. Esas prácticas se referían a la celebración de fiestas en la Residencia de Tiempo Libre de Punta Umbría, dependiente de Empleo, o pago de elevadas facturas por conceptos tan sorprendentes como estilográficas de lujo Montblanc.
En el nuevo auto que ha dictado la juez Alaya, según ha publicado El Mundo.es en una información firmada por los periodistas Antonio Salvador y Sebastián Torrres, también se imputa en la causa, entre otros, al actual director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera.
En la noticia de El Mundo.es también consta que el caso cobra así una nueva dimensión, toda vez que salpica a la gestión del actual consejero de Empleo, Manuel Recio. Fue éste el que lo postuló para ocupar la dirección general de Trabajo en sustitución del onubense Juan Márquez, otro de los nuevos imputados. Tras el auto de ayer, son ya cinco altos cargos de la Junta -sólo uno de ellos sigue en el puesto- los imputados por el fraude de los ERE. A los ex directores generales Márquez y Guerrero se suma ahora Rivera. La lista la completan el ex consejero de Empleo Antonio Fernández y el antiguo delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.
Asegura la información que, según ha podido conocer El Mundo.es en fuentes del caso, Alaya imputa a Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera por ordenar pagos a favor de los prejubilados del laboratorio fotográfico Surcolor, póliza donde se han detectado intrusos. La instructora no le imputa delitos concretos sino hechos.
También está imputado el que fuera delegado provincial en Sevilla de la Consejería de Trabajo y asuntos Sociales Juan Rodríguez Cordobés, en este caso como beneficiario de una póliza de prejubilación en un ERE de la empresa Calderinox, en la que nunca trabajó.
Además de éstos, también han sido imputados por la juez Alaya el responsable de la intermediaria Uniter y abogados de los despachos Garrigues y Estudio Jurídico Villasís. Y también sindicalistas como el responsable de acción sindical de CCOO en Andalucía, Enrique Manuel Jiménez García, y Juan Antonio Caravaca, secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Sevilla, y empresarios, como Jorge Andrés Morell, propietario de la empresa Aglomerados Morell, o la presidenta del consejo de administración de Acyco, Encarnación Poto.
Por otro lado, el auto cita a Francisco Javier Guerrero, que este jueves prestó declaración ante la Guardia Civil durante seis horas en el acuartelamiento de Eritaña en Sevilla, para prestar declaración judicial el próximo 23 de febrero. Será la primera vez que preste declaración en sede judicial desde que fuera imputado por la juez Alaya.

Fuente: www.huelvaya.es

 

La herencia del Psoe 5,2 millones de parados.


Huelva acabó 2011 como la segunda provincia con más parados de toda España



http://huelvaya.es/category/a-tema-del-dia/

Guerrero y sus íntimos amigos

La mayoría de los imputados son conocidos del exdirector general de Trabajo que firmaba las ayudas

Un plan perfecto. Eso es lo que parece que habían trazado el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y su chófer, Juan Francisco Trujillo Blanco, para hacerse con 1,5 millones de euros en ayudas destinadas a empresas en crisis. Perfecto si no se hubieran topado con la Agencia Tributaria. Trujillo no declaró las ayudas recibidas y Hacienda detectó el fraude que puso en conocimiento de la Justicia. De no ser por ello, la única irregularidad que había sido denunciada por parte de la afectada, la Junta de Andalucía, es el cobro de 150.000 euros de una póliza a nombre de la madre de Trujillo tras haber sido incluida de forma fraudulenta en el expediente de regulación de empleo (ERE) de Hitemasa. El caso ya está en manos de la jueza Mercedes Alaya, que investiga la supuesta trama fraudulenta de los ERE, después de que Trujillo confesara que gran parte de lo cobrado lo dedicó a "comprar cocaína" para él y para su jefe, con el que le unía una "relación de amistad", al igual que gran parte de los beneficiados de los ERE fraudulentos.




La pregunta del millón, nunca mejor dicho, es cómo pudieron llevar a cabo semejante estafa. Trujillo era chófer de Guerrero, el principal imputado en el caso ERE al ser el que disponía de las ayudas, después de que en 1989 lograra su plaza como laboral fijo de la Junta de Andalucía. En 2002 comenzó a desempeñar su trabajo junto al exdirector general, que según han declarado varios imputados, y el propio chófer, iba ofreciendo estas ayudas a sus amigos. "Conocía a Guerrero de tomar unas cervecitas en el bar desde hace 40 años. Le pedí ayuda para que me informara de unas ayudas" o "recurrí a Guerrero porque mis ingresos sólo alcanzaban los 700 euros", son algunas de las explicaciones vertidas por varios amigos del ex alto cargo imputados por aparecer como intrusos en los ERE.

De todos los amigos de Guerrero, Trujillo fue el que más se benefició. En su caso, según los informes policiales que constan en los sumarios judiciales, a los que tuvo acceso este periódico, las ayudas fueron entregadas a través de empresas en las que éste constaban como "administrador único" de cuatro de ellas, además de "apoderado" de una quinta entidad con sede social en Barcelona y dedicada a los negocios inmobiliarios. Empresas que se crearon con posterioridad a que Guerrero diera el visto bueno a concederle a tres de ellas sendas ayudas de 450.000 euros cada una, es decir, 1.350.000 euros. Hasta las cuentas bancarias en las que se ingresaron estas cantidades fueron abiertas días después de conocerse que la ayuda había sido aprobada.

Guerrero era el que disponía del que él mismo denominó "fondo de reptiles", con lo que firmó en el mismo día, el 16 de febrero de 2004, tres convenios distintos con las empresas de su exchófer, que también eran firmados por el director del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), organismo dependiente de la Consejería de Empleo y que, en la actualidad, ha sido sustituida por la Agencia de Innovación y Desarrollo (IDEA). Lógica Estratégica Empresarial e Iniciativas Turísticas Sierra Morena, cuyos convenios se firmaron a su nombre, y Ave Nueva S.L., que se firmó a nombre de Isidoro Ruz, una tercera persona que aparece como autorizado en una de las dos cuentas bancarias de esta entidad. Esta persona, según denunció el PP, era el marido de la que fuera alcaldesa del PSOE de Llanos del Sotillo, una pedanía de Andújar (Jaén), de la que es natural el exchófer.

Ninguna de las tres empresas registró actividad alguna, "ni contrató a trabajadores". Trujillo, según el sumario, dispone de 19 cuentas corrientes, 16 de ellas como titular. Entre ellas movía todo el dinero que recibía de la Junta, que se abonó durante 2005 y en varios pagos, haciendo constar las retiradas de dinero a nombre de las diferentes empresas. Otros movimientos solo constan a su nombre o como retirada, pero casi todo eran cantidades superiores a 1.000 y 3.000 euros. Según reconoció el exchófer a la Policía, él era el que sacaba el dinero que luego gastaba en cocaína para él y Guerrero, al que además compraba otros objetos como antigüedades o relojes. Es más, Cajasol, a solicitud de Hacienda, remitió un informe en el que hacía constar que no había facturas asociadas a las cuentas de las empresas.

Trujillo, además, destinó 213.000 euros a la compra de un piso en la calle San Luis de Sevilla, que luego perdería por no pagar la hipoteca, y otros 70.000 euros en un terreno en Andújar que compró en marzo de 2005 y que vendió en junio de 2008 por 213.359 euros. Una de las ayudas, de hecho, iba destinada a la compra de un terreno para levantar una casa rural, pero, según certificó el Ayuntamiento de Andújar, Trujillo no llegó a solicitar nunca la licencia de obra.

Hacienda destapó el fraude y lo denunció. Sin embargo, la causa abierta por la ayuda concedida a Lógica Estratégica Empresarial estuvo a punto de archivarse porque tanto el juez como la Fiscalía creían que el delito había prescrito. El caso se reabrió al estimar el magistrado las alegaciones de la Agencia Tributaria, que destacaban un error en el cómputo que había realizado el juzgado. Trujillo, además, tiene pendiente el pago de 129.000 euros de fianza impuestos en la causa abierta por la empresa Iniciativas Turísticas. Ambos casos están ahora en manos de la jueza Alaya.

Como a Trujillo, Guerrero supuestamente ayudó a otros amigos, muchos de ellos militantes socialistas o exalcaldes, la mayoría de ellos de su localidad natal, El Pedroso. Vecinos, amigos de toda la vida, gente que conocía en fiestas patronales a los que, según han relatado ellos en sus declaraciones, les prometía ayudas que él mismo otorgaba.
Según Trujillo, ambos se "aficionaron" a ir a un bar de copas donde Guerrero le comentó "su potestad para otorgar subvenciones indiscriminadamente y sin necesidad de justificar nada" y que "o tenía que darle unos nombres para concederles las ayudas o crear unas empresas". Sólo hacía falta la documentación que los beneficiados entregaban en su despacho. Al tiempo eran llamados para firmar. "No pasa nada", le ha afirmado Guerrero cuando alguno le ha llamado tras saltar el escándalo.


http://www.elcorreoweb.es/andalucia/138825/guerrero/intimos/amigos

Los delitos de la Junta de Andalucía

Otorgó a Burguillos una ayuda para «reparar» una instalación que ni es municipal ni estaba construida, la Junta aceptó informenes falsos para subvencionar un ayuntamiento socialista.
Las irregularidades en subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía no sólo han afectado a las ayudas al empleo, a privados, a empresas o a organizaciones afines al partido en el poder. El sistema establecido también ha beneficiado con ayudas arbitrarias a ayuntamientos liderados por el PSOE, para los que los criterios de concesión del dinero público no han sido precisamente estrictos. Un ejemplo más que ilustrativo en este sentido es el de Burguillos, a cuyo Ayuntamiento echó un cable económico la Administración andaluza cuando los socialistas aún gobernanban el municipio y éste estaba ya en la ruina tras dilapidar una ingente cantidad de millones procedentes de los convenios urbanísticos. En 2010, ya con Mariana Pérez como alcaldesa en lugar del inhabilitado José Juan López, la Junta anunció que iba a «volcarse» con Burguillos y su ya delicada situación. Y a fe que lo hizo.



La delegada del Gobierno de la Junta en Sevilla, Carmen Tovar, se entrevistó en mayo de 2009 con la recién llegada regidora y le trasladó todo el apoyo de la institución ante el grito de socorro de un municipio depauperado y sin opciones ni para pagar nóminas. Tovar le prometió ayudas y, ya con cargo a 2010, Burguillos recibió sólo desde la Delegación del Gobierno de la Junta 194.250 euros del fondo de nivelación, 13.000 del plan provincial de cooperación con municipios o 141.800 del Plan Proteja para alguna obra. Pero no fue suficiente. En abril de 2010, la delegada ordenó mediante resolución que se concediese una subvención al Ayuntamiento burguillero de 100.000 euros para «obras de reparación de infraestructuras» a causa de «los daños causados por las lluvias torrenciales». Concretamente, se trataba de las instalaciones de la planta de biomasa.

Se otorgó la ayuda «con carácter urgente» para una «ejecución inmediata». Se trata de una subvención que puede dar cada delegado de forma directa merced a sus atribuciones. En dicha resolución, Tovar menciona la «grave situación creada», por lo que «resulta obligado prestar cooperación y asistencia», aludiendo a la Ley General de Subvenciones y a un apartado de un artículo que permite dar «con carácter excepcional subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública».
El dinero, así, se dio sin que mediara presentación de proyecto alguno. Se concedió, además, a un consistorio que cargaba ya con enormes deudas con Hacienda y con la Seguridad Social, algo que la Ley impide. Y, lo que es incluso peor, se otorgó la ayuda al Ayuntamiento cuando ni la planta de biomasa ni el recinto donde se encuentra eran propiedad municipal sino de la sociedad Burguillos Natural; la cual, encima, estaba ya en ese momento en concurso de acreedores. De hecho, las máquinas siempre han sido de una empresa, Eneryet Energías Renovables S. L. ¿Se subvencionó por tanto a un privado? ¿Desconocía todo esto la Delegación del Gobierno de la Junta? De una forma u otra, dio los 100.000 euros.

La misma Administración

Pero hay más, desde otro de sus departamentos —en concreto la Agencia Andaluza de la Energía—, la Junta había concedido en noviembre de 2007 hasta 1,1 millones de euros precisamente para montar esa instalación de biomasa y en abril de 2010 esta agencia constató con visitas que dicha infraestructura se encontraba sin ejecutar, por lo que pidió a Burguillos Natural la devolución del dinero, algo que sigue reclamando. Nunca hubo planta de biomasa funcionando en Burguillos, como comprobó la misma Junta. ¿Por qué, entonces, concedió una subvención desde otro departamento para la «reparación» de una infraestructura que ni siquiera se había llegado a montar? ¿No conocía Tovar que la planta era una ficción? ¿Ha habido fraude en las subvenciones?
Pese a todo, la Junta firmó, declarando el «carácter excepcional» de la subvención y el «carácter urgente y preferente de la tramitación del expediente». Dinero rápido. El 75% y el resto una vez se justifique el empleo del importe en los fines previstos. Como era imposible justificar nada, el 20 de diciembre de ese mismo 2010 Tovar firmó otra resolución que rebajó las condiciones aún más modificando tras puntos de la resolución de meses antes. De un lado, se estableció un pago único del total de la subvención con una «justificación diferida» en virtud de un acuerdo del Consejo de Gobierno, que dio su respaldo a esta variación días antes. O sea, «sin necesidad de justificación previa» y, además, con un plazo de ejecución que finalizaba una vez pasadas las elecciones municipales. Patadón hacia adelante. Sólo haría falta, y a posteriori, un certificado del interventor municipal que acredite el empleo correcto de la subvención. Por supuesto, ese dinero no se ha empleado en la planta de biomasa sino que cubrió gastos corrientes del Consistorio. Ahora, ya con el PP al mando del Ayuntamiento, la Junta reclama el dinero o que se justifique la concesión del mismo, mientras la empresa que empezó a montar la planta de biomasa, Eneryet, ha solicitado al Juzgado Mercantil la recuperación de la maquinaria que dispuso y que sigue siendo suya.

jueves, 26 de enero de 2012

Refranero Popular. "Dura la mentira hasta que llega la verdad".


“Cuando gobernemos, el pueblo verá cómo bajan los impuestos en 2012”

En la presentación de su candidatura, usted se marca el reto de la creación inmediata de empleo ¿Cómo plantea conseguirlo?
–En Moguer y Mazagón existen varios sectores de actividad con un gran potencial para la generación de riqueza y empleo, y que el PP ha olvidado por completo o no ha sabido tener en cuenta. Por un lado, el turismo. Sin embargo, para aprovechar ese potencial y convertirlo en fuente de ingresos, nuestro pueblo y su núcleo costero precisan de un plan de actuación que los haga más habitables y accesibles. A esto hay que añadir la imperiosa necesidad de trabajar en la conversión de los recursos existentes en nuestra localidad en productos turísticos, como son el Descubrimiento de América, el Premio Nobel de Juan Ramón Jiménez, el entorno moguereño de Doñana, así como las playas y su luz, mediante el diseño de un plan de promoción adecuado. La ejecución de un proyecto como este conllevaría la creación de más de 400 puestos de trabajo. Por otro lado, somos el primer pueblo de europa en producción de fresas, pero aún queda dar un paso más, transformar este recurso en productos elaborados, para ello vamos a tomar cuantas medidas sean necesarias para ubicar en Moguer una industria agroalimentaria, lo que generaría 350 empleos directos, y un elevado número de puestos indirectos. También es necesario revitalizar el sector de la construcción, con obras municipales y el plan de vivienda de protección oficial, que permitiría la creación de 300 puestos de trabajo.

¿Cuenta su programa con medidas anticrisis?
–De manera prioritaria y ante la desastrosa situación económica del Ayuntamiento, en el programa del PSOE de Moguer hemos puesto especial interés en formular medidas en este sentido. Hemos propuesto la reducción de los sueldos y dietas de los cargos políticos y de confianza, así como el de los asesores. Igualmente, hemos considerado necesario reducir el coste de la propaganda institucional y del consumo energético de los edificios públicos. Es preciso, por otro lado, evitar los gastos que acarrean los arrendamientos actuales, que son absolutamente innecesarios. La situación crediticia de nuestro Ayuntamiento hace necesaria la renegociación de los préstamos con las entidades de crédito. También en este sentido se incluye una propuesta para poner en marcha un plan de aprovechamiento del patrimonio público y la reinversión de los recursos obtenidos.

¿Qué le ofrece a los moguereños ante el 22 de mayo?
–Le ofrecemos seriedad, pluralidad e igualdad, pero, sobre todo, le ofrecemos el compromiso de trabajar por los intereses plurales o generales, y no por intereses partidistas y particulares como lo está haciendo en la actualidad el PP. Seremos el partido que cuente con la gente y trabaje por ella y para ella, dando respuestas a las necesidades y solucionando los problemas generados en estos 8 años.

¿Y los moguereños ¿qué le piden?
–Tanto los vecinos y vecinas de Moguer como los de Mazagón piden un gobierno que se deje de tanta foto, y tanta promoción política, y que dé soluciones a los problemas de empleo, de infraestructura, de limpieza de las vías públicas, que se presten servicios públicos en igualdad de condiciones. Pero, sobre todo, nos piden compromiso y seriedad. Nos piden que estemos pendientes de los moguereños y moguereñas los cuatro años de legislatura, porque el PP sólo se ha acordado de ellos 3 meses antes de las elecciones. Nosotros gobernaremos y daremos respuestas los 365 días de los cuatro años de gobierno.

Su partido ha sido muy crítico con la cesión de la gestión del agua a Aqualia ¿Qué ha supuesto este cambio para el municipio?
–Ha generado desconcierto, inseguridad e incertidumbre, tanto en la facturación, como en el cobro de los servicios. Esto es producto de la falta de seriedad y de programación del PP, que ha actuado por impulso, atendiendo sólo a intereses partidistas.
También ha plantado batalla contra la subida de impuestos municipales ¿Qué consecuencias tiene esta subida para Moguer? ¿Los bajará si gana el 22 de mayo?
–Somos el pueblo que paga los impuestos más elevados de la provincia de Huelva, con una subida en tan sólo un año del 40 % y del 60 %. Hay familias que no han podido pagar sus impuestos. Pero lo más preocupante es que el dinero recaudado no ha mejorado la situación de nuestro municipio ¿Qué han hecho con nuestro dinero? Cuando gobernemos, el pueblo verá cómo a partir del 2012 bajarán lo impuestos paulatinamente.

03/05 · 13:08 · Teresa Montaño

 Fuente: www.andaluciainformacion.es

 


"Fondos de Reptiles" desde 1999

La portavoz del PP-A, Rosario Soto, situó ayer en el año 1999 el embrión de lo que se conoce como «fondo de reptiles» de los ERE fraudulentos, una partida presupuestaria de 647 millones de euros aprobada en 2001, ajena al control administrativo, y dedicada por la Junta a ayudar a empresas en crisis, con la que supuestamente se cometieron numerosas irregulares que ahora investiga la juez Mercedes Alaya. Según Soto, fue en el 99 cuando por primera vez la Consejería de Empleo, siendo su responsable Guillermo Gutiérrez, firmó un convenio con el entonces presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), Salvador Durbán, para transferir 686.0000 euros destinados a las prejubilaciones de trabajadores de la empresa Cárnicas Molinas. En el año 2000, el sucesor de Gutiérrez, José Antonio Viera, suscribió otro acuerdo con el IFA por importe de 3,2 millones de euros del que se beneficiaron los mismos operarios.




Rosario Soto manifestó en rueda de prensa que el «escándalo» de los ERE tiene su germen en esos dos convenios, que pueden considerarse el «prólogo» del «fondo de reptiles». Son acuerdos en los que el IFA hace las veces de intermediario entre la Consejería de Empleo y los trabajadores de la empresa en crisis. Como conseguidor de las subvenciones, recordó la portavoz del PP-A, intervino Juan Lanzas, que también aparece vinculado a otros ERE polémicos, como el de Mercasevilla.
Según Soto, la Junta impulsó esta fórmula en periodos preelectorales y para acallar las protestas de los trabajadores afectados por prejubilaciones. El «fondo de reptiles», que surge en 2001, «nace en el Gobierno, que era conocedor de su origen, de la existencia de estos convenios. Por tanto, proclamó, todos los gobiernos en los últimos doce años están vinculados al fondo de reptiles, y han utilizado este dinero para apagar conflictos laborales y para beneficiar al mundo cercano al PSOE, algo que no digo yo, sino la juez en un auto».
Para Rosario Soto, se demuestra que esto «no es una cosa de tres o cuatro golfos, es una cuestión que se origina en el Gobierno socialista de Chaves y que continúa Griñán», permitiendo «un escándalo mayúsculo», con el que «se ha expoliado cerca de mil millones de euros». En este punto, indicó Soto que es así como se daña la imagen de Andalucía, con los ERE fraudulentos y con el paro. «Que no miren fuera, porque en la Junta saben que tienen un Gobierno a la deriva, que ni gestiona ni controla».

La Junta destina 15 millones de euros a un instituto de investigación que no existe


Mercasevilla detecta dos millones en comisiones 'de dudosa licitud'

  • El mercado confirma que en 2007 constaba como asegurado Juan Lanzas

  • El ex sindicalista de UGT nunca había trabajado en la empresa


  • Los actuales responsables de Mercasevilla han detectado que en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 2007 del mercado central se pagaron 1.904.982 euros en concepto de "gastos externos" de "dudosa licitud", por lo que ha puesto los datos en conocimiento de la juez que instruye el caso.
    En un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, el actual presidente de Mercasevilla, el concejal Gregorio Serrano (PP), pide que la juez Mercedes Alaya investigue tales extremos "para medir el importe de la deuda legítima por primas que debería haberse pagado y para proponer, en su caso, una solución a la aseguradora y a la Junta de Andalucía".




    Tras la llegada del PP al Ayuntamiento de Sevilla, los actuales responsables del mercado central han elaborado un informe sobre los compromisos del ERE de 2007 y una de sus conclusiones es que su pago corresponde a la Junta de Andalucía y no a Mercasevilla, pese a la negativa del Gobierno andaluz.
    Respecto a los casi dos millones de euros en "gastos externos", el informe indica que "es evidente que ello refuerza el criterio de que deben investigarse la finalidad real y beneficiarios de dicha cantidad, porque no nos consta documento alguno que fije el devengo de esas cantidades ni sus perceptores".
    Mercasevilla dice a la juez que "es esencial" que tales gastos se investiguen en el proceso penal abierto, "si no lo ha sido ya", porque "no sería legítimo abonar esas cifras" y en todo caso deberían restarse a la hora de medir "el importe de la deuda legítima por primas".
    Además, el mercado confirma que en el ERE de 2007 constaba como asegurado Juan Lanzas, ex sindicalista de UGT e intermediario en varios de los ERE que investiga la juez, pese a que nunca trabajó en la empresa, si bien el informe añade que posteriormente la aseguradora Generali "no recibió prima alguna para el mismo".
    De la misma forma, informa de que en los cálculos de la consultora Vitalia y en las pólizas correspondientes se incluyó a Antonio Garrido Santoyo -miembro de la Ejecutiva del PSOE de Baeza (Jaén)- que "no es ni ha sido trabajador de Mercasevilla" y que ha percibido indebidamente 102.171 euros.

    http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/24/andalucia_sevilla/1327418872.html

    "Del escándalo de los ERE queda todo por saber; sólo se ha destapado el 20%"

    El número dos de los populares andaluces y cabeza de lista por Cádiz espera que se desvele el destino del dinero del fondo de reptiles y no descarta que se demuestre que ése era el modus operandi global de la Junta.

    Suma usted muchas campañas electorales pero ésta tiene que ser diferente porque todas las encuestas prevén una victoria del PP. ¿Cómo cambia eso la planificación de su partido?

    -Sí, es una campaña diferente, pero la planificación ya la teníamos hecha desde antes del verano porque preveíamos la opción de que se adelantaran las elecciones generales pero no las andaluzas. Y ahora estamos volcados en plantear las medidas de gobierno. Mientras otros dedican el tiempo a dirimir sus diferencias internas, nosotros estamos centrados en buscar soluciones a la crisis, que es el problema principal de los andaluces. Hay gente que dice que el PP puede ganar porque es el PSOE el que va a perder las elecciones pero nosotros queremos ganar ilusionando a los ciudadanos y trasmitiéndoles seguridad. No nos conformamos con que el PSOE merezca perder.

    -¿Cuál va a ser la clave de la próxima campaña electoral?

    -Nuestra clave tiene que ser la humildad, porque los andaluces no están para euforias. Una cosa es partir como favoritos y otra partir como vencedores. Lo importante es que todo lo que vamos a hacer en el Gobierno, si los andaluces posibilitan el cambio, ya lo tenemos planificado. Además, nosotros, a diferencia de otros partidos, sí tenemos un líder sólido como es Javier Arenas.

    -En el PSOE confían en que los recortes de Rajoy les permitan recuperar confianza del electorado.

    -Pues en eso, como en tantas cosas, el PSOE y Griñán se han equivocado, porque se está comprobando que Rajoy es una garantía para Andalucía. Y el ejemplo estuvo en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. La Junta se plantó en la misma con una serie de exigencias y al final de la reunión la consejera [de Hacienda] tuvo que reconocer que sus peticiones habían sido aceptadas. Es decir, que el Gobierno logró que la confrontación durara sólo unos segundos. Además, el PSOE se ha llevado mucho tiempo diciendo que íbamos a bajar las pensiones y que íbamos a suprimir la sanidad pública, la educación pública o las prestaciones por desempleo y nada de eso ha ocurrido. Aquí el único defraudado con Rajoy es Griñán. El PP de Andalucía nunca le va a pedir a Rajoy que paralice una iniciativa del Gobierno o una reforma por motivos electorales. Sería impropio. Lo mejor que nos puede ocurrir es que haya un Gobierno que salve a España, porque eso será bueno para Andalucía.




    -Pero la subida de impuestos, vulnerando una promesa electoral, da argumentos para criticar la falta de coherencia del PP...

    -Esa cuestión la dejó clara Rajoy en su discurso de investidura. Precisó que no se subirían los impuestos si se cumplían las previsiones del Gobierno con un déficit del 6%. Pero luego se descubrió que ese déficit estaba ya al 8%, lo que significa una diferencia de 20.000 millones. Y eso había que abordarlo de alguna manera. Había varias opciones, y el Gobierno se ha inclinado por la por la que menos castiga al conjunto de la sociedad. El PSOE optó en su día por subir el IVA y aquí en Andalucía se ha apostado por incrementar la tasa del agua. El PP, en cambio, sólo ha planteado un esfuerzo temporal de dos años donde los que más tienen se esfuercen más. Con ello se garantizan las prestaciones sociales y por desempleo y se evita tocar la educación o la sanidad públicas. Pero aquí lo realmente importante son las reformas. El PSOE bajaba las pensiones, le quitaba dinero a los funcionarios y castigaba a los ciudadanos subiendo el IVA, pero no aplicaba recetas que funcionara. Y el Gobierno del PP, aparte de la estabilidad presupuestaria, anuncia ahora una reforma laboral, que me inspira confianza porque la última que aplicó generó cinco millones de empleos, y también anuncia para las próximas semanas una reforma financiera, que es lo que la gente espera.

    -¿Y qué reformas piensan aplicar ustedes en Andalucía?

    -Javier Arenas tiene muy claro que la educación, la sanidad y los servicios sociales tienen que ser políticas blindadas. Nuestras reformas, por tanto, irán dirigidas a otros sectores, como por ejemplo en la Administración, donde urge reducir grasa política. No es lógico que en algunas provincias haya hasta 28 delegados de la Junta. Nosotros apostamos por reducir como mínimo a la mitad el número actual de delegados de cada provincia. Y apostamos por devolverle a los funcionarios el papel que les corresponde. Con nosotros, los puestos de directores generales serán asumidos por funcionarios de la Junta.

    -¿Qué queda por descubrirse del escándalo de los ERE?

    -Casi todo. Yo creo que de este caso sólo conocemos el 20%. Todo lo que se ha conocido es muy grave porque han aparecido los intrusos, que nunca habían trabajado en esas empresas y estaban todos vinculados al PSOE, y se han destapado las subvenciones que se daban a los suyos. Pero ahora se ha abierto una nueva etapa para saber dónde ha ido el dinero. Hay una contradicción porque la Fiscalía, por ejemplo, reclama 100.000 euros a un intruso y la Junta le pide 400.000. Entonces, ¿dónde está el resto del dinero? Ya sabemos que parte de ese dinero del fondo de reptiles se gastaba en cocaína, juergas y borracheras, pero lo más grave es que se pueda terminar demostrando que esto constituía el modus operandi global en la Administración andaluza. Nosotros hemos aportado datos que demuestran que había 4.000 millones de euros que utilizaban el mismo procedimiento del fondo de reptiles, pero no sólo la Consejería de Empleo, sino también la de Presidencia, la de Medio Ambiente, la de Agricultura, la de Cultura... Y con ese fondo de reptiles se ha hecho de todo, porque también se han dado préstamos a los amigos de los socialistas que se han terminado condonando, se han dado subvenciones sólo a ayuntamientos del PSOE en plena campaña electoral y se han dado ayudas a empresas vinculadas a los socialistas que ni han creado la empresa, ni han creado un empleo. Y todo esto es gravísimo porque estamos hablando del dinero que tenía que estar destinado a solucionar el problema del paro. Pero es que también queda por saber quiénes eran los actores principales porque los intrusos son simples instrumentos. El hecho de que todos los procedimeintos de ayudas sociolaborales hayan sido desarrollados sólo por dos intermediarios y por dos aseguradoras da mucho que pensar. Y es indigno que Griñán quiera parecer como víctima en este caso primero porque a su despacho de consejero de Economía llegaron como mínimo ocho informes de la Intervención de la Junta denunciando que el procedimiento que se estaba siguiendo era ilegal, y segundo porque en el Consejo de Gobierno él informaba de modificaciones presupuestarias para ampliar las partidas de ese fondo de reptiles.

    http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/1168116/escandalo/los/ere/queda/todo/por/saber/solo/se/ha/destapado.html#opi

    El «fondo de reptiles» financió una empresa «fantasma» de un exasesor de Monteseirín

    La Junta dio 1,2 millones en 2004 a Ibérica de Exportaciones, donde figura Alfonso Seoane, para proyectos mineros que nunca se hicieron

    La trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) pagados con fondos públicos de la Junta sigue sumando nombres propios a una cantera de irregularidades que parece inagotable. El último en engrosar esta lista es Alfonso Seoane Yarza, estrecho colaborador del último alcalde socialista de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín (1999/2011).  La empresa Ibérica de Exportaciones y Transacciones SL, donde este empresario figura como administrador único, recibió en marzo de 2004 una subvención de 1,2 millones de euros procedente de la partida de los ERE para montar plantas energéticas de biomasa y explotar yacimientos mineros de granito.

    Tales proyectos, recogidos en un convenio de colaboración suscrito un mes antes, nunca vieron la luz, según ha podido saber ABC. Prueba de ello es que desde su creación en 2001 y tras recibir 1,2 millones de euros no ha depositado sus cuentas anuales en el Registro Mercantil. Fueron puro humo, igual que otros planes «fantasma» financiados de la misma manera a cargo del «fondo de reptiles», como etiquetó a la polémica partida autonómica en su declaración policial el exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero (1999/2008). Las ayudas se concedían a dedo, eludiendo los controles y las convocatorias públicas, lo que permitió que se montara una trama de ERE trucados e incentivos a empresas de la órbita del PSOE, como indicó en un auto la juez de Sevilla que investiga el caso Mercedes Alaya.



    La concesión de los 1,2 millones de euros a Ibérica de Exportaciones nació de un convenio oficial suscrito el 6 de febrero de 2004 entre Guerrero, uno de los principales imputados en la trama de los ERE falsos, y el exdirector general del IFA, Francisco Mencía Morales. Siguiendo el caótico modus operandi con el que se repartían los fondos, la ayuda se justificó de forma vaga e inconcreta. En el convenio, al que ha tenido acceso ABC, se alude a que la sociedad, fundada el 6 de junio de 2001, «ha presentado proyectos de viabilidad e inversiones para los próximos cinco años, solicitando ayuda ante esta Dirección General de Trabajo».

    La empresa, cuyo objeto social era la explotación de yacimientos de granito y el montaje de plantas de energías renovables, no ha registrado ninguna actividad desde su creación, con lo que es harto difícil que tales proyectos se materializaran. Tampoco consta en el expediente de la ayuda que hubiera solicitud formal de subvención ni plan de viabilidad trazado de antemano.


    Pagos en elecciones

    El dinero se ingresó en una cuenta de La Caixa ligada a la sociedad en dos pagos de 600.000 euros cada uno, se esfumó sin que la Consejería de Empleo o el extinto Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) —ente que utilizaba para abonar las ayudas— se preocuparan de seguir el rastro de los fondos públicos. Los dos ingresos a cuenta se realizaron los días 12 y 15 de marzo de 2004. Con un proceso electoral en medio. Las autonómicas y generales se celebraron el 14 de marzo.

    Seoane, que en 2004 era director de la Oficina de Relaciones Exteriores del Ayuntamiento de Sevilla, asesor de Monteseirín y gestor de dos proyectos fallidos para la candidatura olímpica de la capital, explicó a ABC que desde julio de 2001 está desvinculado de la empresa. Alega que vendió todas sus acciones un mes después de constituirla a Arcadia Emprendedora SL, sociedad ligada a José Enrique Contreras Sáenz de Tejada, un exsocio del exedil socialista de El Pedroso (Sevilla), José Enrique Rosendo.

    Arcadia Emprendedora SL es la piedra angular de un entramado de sociedades que montó Rosendo junto al exedil del mismo municipio de la Sierra Norte de Sevilla José María Sayago. Este holding, montando a golpe de talonario público, se benefició de 18 ayudas directas por un importe total que superó los 13 millones. El Gobierno andaluz pidió en noviembre a la juez la imputación de Seoane, entre otros seis empresarios más.

    El fondo del que se nutrían fue creado por la Consejería de Empleo en la etapa de José Antonio Viera para garantizar una jubilación a parados. Seoane fue miembro de uno de los núcleos de poder más sólidos del PSOE sevillano, el llamado «clan de la Sierra Norte», que tuvo entre sus cabezas más visibles al propio Viera y al parlamentario del PSOE José Caballos.


    http://www.abcdesevilla.es/20120126/andalucia/sevi-fondo-reptiles-financio-empresa-201201252352.html

    Las preguntas que Griñán no quiere responder

    martes, 24 de enero de 2012

    El comité de empresa del Puerto se reunirá de urgencia para “tomar decisiones” ante la contratación del primo de Mario Jiménez

    El comité de empresa del Puerto de Huelva ha convocado una “reunión de urgencia” para el jueves al objeto de “tomar decisiones” ante la reciente contratación como chófer del primo hermano del portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz y secretario general de los socialistas onubenses, Mario Jiménez, según informa José Carlos Aguado en El Mundo.

    En este encuentro, los dos sindicatos con representación en el comité, UGT y CCOO, analizarán las posibles medidas a adoptar, tras denunciar que el contrato realizado al familiar del dirigente socialista se llevó a cabo sin la participación de los representantes de los trabajadores, vulnerando así el convenio colectivo de Puertos del Estado.



    El secretario general de la sección sindical de CCOO en la Autoridad Portuaria y miembro del comité de empresa, Carlos Manga, adelantó ayer que su sindicato propondrá reclamar por escrito a la presidenta del Puerto, Manuela de Paz, que dé explicaciones detalladas sobre este contrato. “En el caso de que no nos conteste, no descartamos emprender medidas legales para llegar hasta el final”, señaló Manga.
    Por su parte, De Paz insistió ayer en asegurar que el procedimiento de esta contratación “ha sido perfectamente legal y transparente"

    EL PP PIDE EXPLICACIONES
    El Partido Popular de Huelva ha exigido hoy al secretario general del PSOE, Mario Jiménez, “que no se esconda más tiempo y que aclare con urgencia el escándalo relacionado con la presunta contratación irregular de su primo como chófer en el Puerto de Huelva”.
    Como ha destacado en rueda de prensa el vicesecretario de Organización del PP de Huelva, Francisco Riquel, “se trata de un posible caso de enchufismo en el que, al parecer, al primo de Mario Jiménez lo colocaron a dedo”.
    Una colocación, ha destacado el popular, realizada, como se ha denunciado, “sin contar con los sindicatos y el comité de empresa a la hora de elaborar las bases del contrato ni el perfil de los aspirantes”.
    Para Riquel, “los onubenses y los 80.000 parados que hay en esta provincia se merecen las explicaciones del portavoz del PSOE en el Parlamento y líder del PSOE onubense, que habla mucho en Sevilla pero que en Huelva da la callada por respuesta”.
    Como ha destacado el dirigente popular, “es escandaloso que se pueda enchufar a un señor sólo por tener lazos de consaguinidad con el secretario general del PSOE”. “Parece – ha añadido Riquel—que el paro en esta provincia es para los onubenses y el pleno empleo para el PSOE”.

    http://huelvaya.es/2012/01/24/el-comite-de-empresa-del-puerto-de-huelva-se-reunira-de-urgencia-para-tomar-decisiones-ante-la-contratacion-del-primo-de-mario-jimenez/

    El comité de empresa del Puerto se reunirá de urgencia para “tomar decisiones” ante la contratación del primo de Mario Jiménez

    El comité de empresa del Puerto de Huelva ha convocado una “reunión de urgencia” para el jueves al objeto de “tomar decisiones” ante la reciente contratación como chófer del primo hermano del portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz y secretario general de los socialistas onubenses, Mario Jiménez, según informa José Carlos Aguado en El Mundo.

    En este encuentro, los dos sindicatos con representación en el comité, UGT y CCOO, analizarán las posibles medidas a adoptar, tras denunciar que el contrato realizado al familiar del dirigente socialista se llevó a cabo sin la participación de los representantes de los trabajadores, vulnerando así el convenio colectivo de Puertos del Estado.




    El secretario general de la sección sindical de CCOO en la Autoridad Portuaria y miembro del comité de empresa, Carlos Manga, adelantó ayer que su sindicato propondrá reclamar por escrito a la presidenta del Puerto, Manuela de Paz, que dé explicaciones detalladas sobre este contrato. “En el caso de que no nos conteste, no descartamos emprender medidas legales para llegar hasta el final”, señaló Manga.
    Por su parte, De Paz insistió ayer en asegurar que el procedimiento de esta contratación “ha sido perfectamente legal y transparente”.


    http://huelvaya.es/2012/01/24/el-comite-de-empresa-del-puerto-de-huelva-se-reunira-de-urgencia-para-tomar-decisiones-ante-la-contratacion-del-primo-de-mario-jimenez/

    La herencia del Psoe; Más de 177.000 empresas han cerrado en España por la crisis

    La crisis económica se ha llevado por delante en España, desde 2008, a un total de 177.336 empresas, la mayoría pymes, mientras que las grandes han demostrado su capacidad de supervivencia hasta el punto de que las que tienen más de 5.000 trabajadores han aumentado incluso su número.

    Estos datos aparecen reflejados en un artículo titulado "¿Cuántas empresas se ha llevado la crisis?", incluido en el número del mes de enero del Informe Económico de la escuela de negocios Esade.
    En cifras absolutas, el número de empresas que ha perdido la economía española desde el inicio de la crisis en 2008, el primer año en el que la tasa de crecimiento del PIB fue sensiblemente inferior al del año anterior, se eleva a 177.336.
    Esta es la diferencia entre las empresas inscritas en la Seguridad Social en diciembre de 2007 y las que aparecían en octubre de 2011.




    El artículo, elaborado por la profesora Anna Laborda, señala que las empresas grandes (más de 500 trabajadores) son las que han demostrado estar más preparadas para aguantar la crisis, según la comparación de los datos extraídos del Directorio de Empresas (DIRCE).
    Mientras que las empresas de tres a cinco trabajadores disminuyen en un 13,7 % y las de seis a nueve lo hacen en un 17,8 %, las que cuentan entre 10 y 25 empleados caen un 21,3 %; las de 26 a 49, en un 23,5%; y las de 50 a 249, en un 14,9%.

    La otra cara de la moneda son las grandes empresas, que han demostrado una gran capacidad de supervivencia: las empresas de 5.000 o más trabajadores han aumentado su número entre 2007 y 2011, pasando de 99 a 107.

    El descenso más importante de empresas se ha centrado en el ámbito de la construcción, el primero en ser golpeado por la crisis, que han pasado de 246.271 en 2006 a 152.562 en 2010, lo que supone una caída del 36,8 %.

    Por detrás, se encuentran el sector industrial al pasar de 145.564 a 122.984 (un 15 % menos); y el de servicios, de 1.005.678 a 956.267 (un 3,6 % menos), según datos del Ministerio de Trabajo, que calcula en un 10,5 % el descenso de empresas por sectores entre 2006 y 2010.

    Dentro del sector servicios, la situación es dispar y cohabitan un descenso de 6,3 % para el sector del comercio al por menor, con incrementos como el 19,2 % para las actividades administrativas, y de un 12,4 % para la educación.

    La crisis inmobiliaria se traduce también en descensos del 23,7 % para la construcción de edificios y del 20,8 % para las actividades de construcción especializadas, lo que contrasta con la parte de actividad relacionada con el sector servicios al aumentar las actuaciones inmobiliarias en un 5,2 %.
    El artículo apunta que, probablemente, este incremento de las actividades inmobiliarias tiene que ver con la necesidad "imperiosa" de vender el remanente de vivienda construida.
    El análisis de estos datos por comunidades revela que las autonomías donde la reducción de empresas está siendo mayor son Murcia y Comunidad Valenciana, por su dependencia del sector de la construcción, según los datos de la Seguridad Social.

    Además, por encima del 13 % se encuentran Canarias, Castilla-La Mancha y Andalucía, mientras que Cataluña y Islas Baleares estarían por encima de la media, con un -12,3 % y un -11,8 %, respectivamente.

    La comunidad de Madrid registra una pérdida de empresas del 8,9 %, porcentaje que podría explicarse, según la autora del estudio, por la mayor concentración de grandes empresas, que son las que resisten mejor la crisis.
    El resto de autonomías muestran pérdidas inferiores a la media nacional, con un comportamiento especialmente bueno para la zona norte: País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias, todas por debajo del 7 %.

    http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/mas-de-177-000-empresas-han-cerrado-en-espana-por-la-crisis_TB8bhPMSoWt0efOf9GKSS2/

    La Junta de Andalucía debe 2.400 millones a los proveedores sanitarios

    Supone el 24,55 por ciento del total de la deuda de las comunidades autónomas. El ejecutivo de Griñán abona los pagos con dos años de retraso

    Las comunidades autónomas se ahogan en deudas. Acuciadas por la falta de ingresos, las autonomías han ido acumulando impagos a proveedores, lo que les ha colocado en una difícil situación. Entre las que peor se encuentran, está Andalucía, presidida por José Antonio Griñán, que debe 2.400 millones de euros a Farmaindustria y Fenin, las principales agrupaciones de proveedores sanitarios.
    Esta cantidad representa el 24,55 por ciento del total de la deuda de las autonomías. Farmaindustria agrupa a los distribuidores farmcéuticos, mientras que Fenin aglutina a los de tecnología sanitaria. La Junta debe a estos últimos los pagos por todo tipo de materiales, desde las gasas, hasta los equipos de resonancia electromagnética. Concretamente, el Ejecutivo andaluz debe 1.284 millones a los distribuidores de material sanitario y cuando abona los pagos, lo hace con 731 días de retraso. Una situación en que la también se ven inmersos los proveedores farmacéuticos.




    Las cifras manejadas por Farmaindustria y Fenin dan cuenta de la delicada situación en la que se encuentran las arcas públicas regionales. Farmaindustria asegura que las comunidades le deben 6.000 millones de euros. Fenin, por su parte, cerró el ejercicio de 2011 con pagos pendientes por valor de 5.230 millones de euros. A esta abultada cantidad, hay que sumarle otros 2.000 millones que las comunidades deben a las farmacias.
    Respecto al tiempo estimado de pago, las principales empresas de proveedores sanitarios lo fijan en una media de 470 días. En conjunto, las administraciones autonómicas tardan unos 162 días en abonar los pagos, según un informe de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, citado por ‘La Razón’. Por regiones, Andalucía sólo es superada por la Comunidad Valenciana, que tarda 800 días en pagar. Después de Andalucía, las regiones que más tardan en abonar los pagos son Cantabria (742 días), Baleares (716 días), Castilla-La Mancha (707 días) y Murcia (693 días). En el extremo opuesto, se sitúan Extremadura, que tarda 128 días en pagar sus deudas, mientras que País Vasco y Ceuta y Melilla tardan 75 y 46 días, respectivamente.
    Debido a esta precaria situación, la presidenta de Fenin, Margarita Alfonsel, ha demandado que la nueva línea ICO que pondrá en marcha el Gobierno suponga “nuevas medidas y planes concretos” que prioricen el pago de las deudas más antiguas.
    El otro sector más afectado por las deudas autonómicas es el de la construcción. La patronal de las grandes empresas de este sector, SEOPAN, fija en 22.300 millones de euros la deuda que de las autonomías con las constructoras. De estos, 15.029 millones de euros están en mora. Según la consultora Deloitte, las comunidades autónomas tardan una media de 155 días en realizar los pagos.

    Por su parte, CEPYME, que agrupa a las pequeñas y medianas empresas, estima que las comunidades autónomas deben 38.000 millones de euros. El Banco de España eleva esa deuda a 45.000 millones. Desde que empezó la crisis, 450.000 empresas han desaparecido por la falta de liquidez derivada de la falta de pagos por parte de las administraciones públicas.

    http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/517513/la-junta-de-andalucia-debe-2400-millones-a-los-proveedores-sanitarios

    domingo, 22 de enero de 2012

    La caída del Régimen Andaluz

    La investigación de ABC durante los tres últimos años ha puesto contra las cuerdas al Gobierno socialista después de treinta años en el poder

    La dinámica de gobierno implantada por el PSOE en Andalucía en los últimos años parece empecinada en demostrar la veracidad del clásico aserto de Lord Acton: el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente. La sólida hegemonía socialista en Andalucía, donde ha gobernado ininterrupidamente durante tres décadas, ha favorecido el progresivo deterioro de su gestión, un lento pero imparable proceso caracterizado por la desvirtuación de los mecanismos administrativos de autocontrol y el uso de las ayudas públicas para alimentar una red clientelar cada vez más extensa y corrupta.
    Los abusos en la administración de los fondos públicos parecen haberse extendido por la Junta de Andalucía como una metástasis que amenaza con terminar con uno de los aparatos de poder más compactos de España y que contaba con un fuerte arraigo social gracias a una cuidada maraña de entidades ciudadanas de todo tipo afines al Gobierno.
    La enfermedad, sin embargo, mantiene hoy al Gobierno andaluz en un estado casi agónico, aquejado por disidencias políticas internas, procesos judiciales y conflictos funcionariales. Los males que ahora se manifiestan llevaban años gestándose entre las bambalinas del poder omnímodo socialista, pero solo han podido ser diagnosticados gracias a la investigación de los medios de comunicación, una labor lenta pero eficaz en la que ABC ha desempeñado un rol fundamental.




    Esta crónica de la trastienda del poder andaluz, hilvanada con material oculto bajo las alfombras de los despachos, arranca inevitablemente el 22 de abril de 2009, cuando ABC publica en exclusiva la grabación en la que el director y el subdirector de Mercasevilla —empresa gestionada por la estatal Mercasa y el Ayuntamiento de Sevilla—, Fernando Mellet y Daniel Ponce, respectivamente, exigían a un empresario sevillano 450.000 euros como contrapartida a la concesión de una escuela de hotelería que iba a poner en marcha la Fundación Mercasevilla gracias a una subvención de 900.000 euros concedida por la Junta de Andalucía. Aquella grabación es la piedra «Rosetta» de la corrupción del socialismo andaluz, el texto que permite descifrar los códigos ocultos de los abusos en la administración. Allí los directivos de la empresa municipal hablan de trato de favor —«la Junta colabora con los que colaboran»—, financiación del partido —«la Junta dice que \[el dinero\] es para los niños saharauis y yo me tengo que creer que es para los niños saharauis; luego será para carteles de Felipe González»— y comisiones ilegales —«de todas las subvenciones que habitualmente recibimos hay que desviar una parte a donde la Junta en cada momento nos dice»—. El escándalo motivó la dimisión del delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, y un progresivo deterioro de imagen de la coalición de PSOE e IU en el Ayuntamiento de Sevilla, rematada con las imágenes que ABC ofreció en exclusiva del viaje —mariscada incluida— del primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos, a Bruselas con los responsables de la Fundación Mercasevilla —que terminaría disolviéndose con un agujero financiero de 1,1 millones de euros—. En las elecciones municipales, el PSOE perdía la alcaldía de Sevilla tras doce años en el poder.



    Aparecen los ERE
    La grabación del intento de extorsión fue el primer trueno de una tormenta que amenaza con inundar toda la Junta de Andalucía. De la trama de Mercasevilla se derivaron cuatro líneas de investigación: el pago de comisiones, la extraña venta de una parcela de Mercasevilla a la oferta más baja, un presunto delito societario y los dos expedientes de regulación de empleo (ERE) casi consecutivos que había acometido la empresa para, al final del costoso proceso, terminar con el mismo número de empleados. Cuando la titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, abrió una carpeta con las letras «ERE» en su tapa, a alguien debió de correrle un escalofrío por la espalda en su despacho de la Consejería de Empleo.
    En la grabación de Mellet y Ponce se aludía a un nombre que en un primer momento pasó inadvertido: Juan Lanzas. Lanzas, citado como «conseguidor», había mediado para que la empresa de su cuñado, Maginae Solutions, asesorara en los ERE de Mercasevilla. En agosto de 2009 ABC revelaría la insólita, onerosa e ineficaz aplicación de dos ERE en Mercasevilla. Pero no sería hasta noviembre de 2010 cuando el PP denunciase la aparición en uno de los ERE de Mercasevilla de una persona, Antonio Garrido Santoyo, que cobraba la prejubilación sin haber trabajado nunca en la empresa. La figura del «intruso» se incorporaba así al decorado de la corrupción andaluza.
    Garrido Santoyo resultó ser amigo de Ismael Sierra, dirigente del PSOE de Baeza, cuñado de Juan Lanzas y dueño de la empresa Maginae Solutions, que había gestionado el ERE. Comenzó entonces un goteo de descubrimientos de «intrusos» en ERE que obligó a la juez a abrir una pieza separada en el caso y a la Policía Judicial a llamar a declarar, en diciembre de 2010, al que fuera director general de Trabajo durante la concesión de dichos ERE. Un tal Francisco Javier Guerrero.
    Guerrero había sido destituido de su cargo en la Consejería de Empleo en abril de 2008, una decisión que pasó inadvertida en plena resaca de las elecciones generales y autonómicas. Pero se trataba de una persona clave en la Consejería de Empleo, donde había trabajado con tres consejeros diferentes. Durante su declaración, realizada en un contexto relajado, los agentes se miran atónitos: había confesado la existencia en la Consejería de un fondo de 647 millones de euros para financiar ERE a empresas seleccionadas caprichosamente por la Junta y al margen de los controles administrativos, ya que se realizaba a través de una empresa pública, el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posteriormente denominada Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
    La revelación detonó el «caso ERE» y provocó la imputación en abril de 2011 de uno de los tres consejeros de Empleo con los que trabajó Guerrero, Antonio Fernández —cuya empresa resultó a su vez beneficada por uno de los ERE fraudulentos—. Es el único alto cargo, además de Guerrero, imputado en la causa.
    La evidencia del escándalo hizo cambiar de estrategia a la Junta de Andalucía, que abrió una investigación interna para desmarcarse del escándalo. Los funcionarios de la propia administración autonómica detectaron 183 prejubilaciones en 5.982 casos analizados. Más difícil resultó para la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, explicar el 21 de marzo de 2011, por qué no había atendido los informes de la Intervención General en los que advertía reiteradamente de la irregularidad del procedimiento de los ERE. La cuestión no es baladí, porque en los años en que recibió dichos informes —2005, 2006 y 2007— Martínez Aguayo era viceconsejera de Economía, y el consejero era ni más ni menos que José Antonio Griñán, el actual presidente de la Junta. Aguayo aseguró que no informó a Griñán del contenido de los informes.
    Pero los escándalos estaban lejos de terminar. El 4 de marzo ABC informaba en exclusiva de otro fraude en la Consejería de Empleo, relativos a fondos de la UE gestionados por la Junta de Andalucía. Y el pasado 22 de diciembre este periódico también revelaba otra investigación judicial por presunto fraude en la concesión de ayudas para la contratación de minusválidos, también en Empleo.
    La confesión del chófer de Guerrero, beneficiado con 900.000 euros de subvenciones que ambos dedicaron en parte a adquirir cocaína, reactivó el escándalo con una enorme repercusión social y abocando al Gobierno andaluz a una delicada situación.
    Cercado por los escándalos, debilitado por la tensión interna del PSOE y rechazado por gran parte de sus propios funcionarios, Griñán afronta la inminente campaña electoral con una fragilidad insólita en un candidato socialista. La revelación en este periódico, esta misma semana, de un subterfugio contable para ocultar facturas y disminuir el déficit compromete aún más el futuro de un dirigente que aparece atrapado por la inmundicía acumulada después de treinta años sin levantar las alfombras.