miércoles, 18 de enero de 2012

El fiscal actúa contra tres nuevos fraudes en ayudas a Andalucía

Pide que declaren funcionarios de la Junta para explicar el desvío de las subvenciones

Los tribunales parecen no dar abasto para investigar el descontrol que había en la Consejería de Empleo andaluza a la hora de repartir subvenciones. La Fiscalía de Sevilla ha presentado tres nuevas querellas para que se investiguen otros tantos casos de fraudes en las ayudas otorgadas por la Junta de Andalucía para contratar a trabajadores discapacitados.
Según explicaron fuentes de la Fiscalía de Delitos Económicos, después de que la Guardia Civil haya realizado numerosas pesquisas, a finales del pasado año se presentaron tres querellas, dos en Sevilla y una en Cádiz, por nuevos casos de fraude en las citadas subvenciones, todas ellas en el seno del mismo departamento en el que ocurrió el ya trístemente famosos fraude de los ERE.
Al parecer, las empresas que están siendo investigadas por esos supuestos hechos delictivos son Centro de Trabajo Andalucía Centro, Frioconfit y Puerto Júpiter. Mientras que la investigación de esta última será llevada a cabo por un juzgado de Cádiz y la empresa está en fase concursal, la otras dos han ido a parar a dos juzgados de Instrucción de Sevilla.
De las tres investigaciones, la más voluminosa es la de Centro de Trabajo Andalucía Centro, la entidad que, como adelantó ABC el pasado 22 de diciembre, fue subvencionada por la Consejería de Empleo para contratar a un tetrapléjico para repartir prensa. La citada entidad, que tenía su sede en Archidona, era gestionada por Juan Jesús Cruz y su esposa María de Gracia Ábalos. La empresa recibía las ayudas para la inserción laboral de trabajadores discapacitados, pero luego, antes de que concluyera el período de prueba, los despedía o los trasladaba a otra empresa, Editorial Andaluza de Prensa, que gestionaba la mujer. Ésta solicitaba entonces una nueva ayuda, sin que además se hubieran abonado todos los salarios.
De hecho, según confirmaron fuentes judiciales, la Inspección de Trabajo también advirtió algunos movimientos extraños, como el traspaso de trabajadores de unas sociedades a otras. Además, esta empresa siguió recibiendo subvenciones de la Junta en 2010 cuando algunos trabajadores habían presentado denuncias por impagos de nóminas o incumplimientos de contrato. Por todo ello, el fiscal ha solicitado la declaración de varios altos funcionarios para que den explicaciones sobre el procedimiento y los criterios a la hora de repartir el dinero público.
En cualquier caso, la Junta de Andalucía, que descubrió el fraude cuando revisaba los papeles tras el escándalo de los ERE fraudulentos en la Consejería de Empleo, inició hace algún tiempo los trámites para que las citadas empresas devolvieran el dinero. Concretamente, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del pasado 6 de julio hay constancia de las solicitudes de expediente de reintegro de las citadas subvenciones tanto a Frioconfit como a Centro de Trabajo Andalucía Centro.

 

 

Se multiplica el escándalo

Aunque la Fiscalía de Delitos Económicos ha archivado las investigaciones que emprendió con respecto a otras dos empresas, éste no es el único caso que afecta a la Consejería de Empleo que dirige Manuel Recio, en la que surgió el mayor escándalo, el de los ERE fraudulentos que tiene contra las cuerdas al Ejecutivo que preside José Antonio Griñán.
En otro juzgado de Sevilla hay una investigación por estafa en las ayudas del mismo departamento a discapacitados que se concedieron a la empresa MKF que, según publicó ABC, llegó a contratar a sordos para coger el teléfono. Y a ello también hay que unir otro supuesto fraude en las ayudas subvencionadas por la UE y que se investiga en las Fiscalías de Sevilla y Cádiz, ya que las empresas recibían las ayudas para crear puestos de trabajo y después esos empleos no se mantenían. O el caso que hay en un juzgado de Loja, que provocó hace un mes la detención de nueve personas por defraudar 480.000 euros en subvenciones a discapacitados.

El escándalo de los ERE engulle a Griñán

Un viceconsejero denunciado, tres empresas para discapacitados investigadas y los dineros de las embajadas, nuevos escándalos de los ERE.

El caso de los ERE, además de perjudicar con claridad el futuro político del PSOE andaluz y de su frágil líder, José Antonio Griñán, sigue su curso judicial. De momento y a lo ya conocido hay que añadir que ha sido denunciado por tres jubilados un viceconsejero de la Consejería de Empleo, Justo Mañas, por haber cortado el pago de sus mensualidades. Además, se ha sabido que algunas "embajadas" andaluzas en el exterior han sido financiadas con el "fondo de reptiles". Por último, tres nuevos fraudes han sido descubiertos en la Consejería de Empleo cuyas subvenciones han ido a parar a empresas que contrataban a discapacitados.

Tres nuevas querellas
A finales del pasado año se presentaron tres nuevas querellas, dos en Sevilla y una en Cádiz, por nuevos casos de fraude en las citadas subvenciones, todas ellas en el seno del mismo departamento que ocurrió el fraude de los ERE, el de la Consejería de Empleo cuyos niveles de irregularidad y corrupción son cuando menos, clamorosos.
Según ABC, las empresas investigadas por esos supuestos hechos delictivos son Centro de Trabajo Andalucía Centro, Frioconfit y Puerto Júpiter. La investigación de Puerto Júpiter será llevada a cabo por un juzgado de Cádiz pero las otras serán tratados en dos juzgados de instrucción de
Centro de Trabajo Andalucía Centro fue subvencionada por la Consejería de Empleo para contratar un tetrapléjico para repartir prensa. La citada entidad, que tenía su sede en Archidona, era gestionada por Juan Jesús Cruz y su esposa, María de Gracia Ábalos.
Esta empresa recibía las ayudas para la inserción laboral de trabajadores discapacitados pero luego, antes de que concluyera el período de pruebas de estos, los despedía o los traspasaba a otra empresa, Editorial Andaluza de Prensa, que gestionaba en este caso la mujer, solicitando una nueva ayuda y sin abonar todos los salarios a los trabajadores. Entre las dos empresas llegaron a recibir tres millones de euros a través de fondos europeos gestionados por la Junta de Andalucía.
En otro juzgado de Sevilla hay otra investigación por estafa en las ayudas del mismo departamento a discapacitados y que se concedieron a la empresa MKF que contrató a sordos para coger el teléfono.
Quedan pendientes el fraude en las ayudas subvencionadas por la Unión Europea que se investiga en las Fiscalías de Sevilla y Cádiz y el caso que hay en un juzgado de Loja y que provocó hace un mes la detención de nueve personas por defraudar 480.000 euros en subvenciones a discapacitados.




"Embajadas" pagadas con el fondo de reptiles
También se ha usado el dinero para el paro de los "fondos de reptiles" para financiar las "embajadas" que la Junta de Andalucía tiene en Madrid y Bruselas. La consejería de Presidencia, cuyo titular era Gaspar Zarrías, desvió dinero al antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) —que luego pasó a llamarse Agencia IDEA— para sufragar los gastos de funcionamiento de las delegaciones institucionales del Gobierno andaluz.
Antonio Sanz, número dos del PP-A calcula que entre los años 2004 y 2006 Presidencia, que entonces estaba bajo el mando del consejero Gaspar Zarrías, destinó 1,35 millones de euros a la Delegación de Bruselas y 650.880 euros a la de Madrid desviándolos a través del IFA.
Además, se ha sabido que siete consejerías usaron la fórmula de pago, según estimó el PP en un escrito remitido al juzgado. El desembolso superó los 4.300 millones de euros entre 2001 y 2010.

Viceconsejero de Empleo denunciado
La agencia EFE ha informado de que la juez de instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, investiga una nueva denuncia por prevaricación contra el viceconsejero de Empleo de la Junta, Justo Mañas, un director general y dos funcionarios, presentada por tres prejubilados de la empresa Mercasevilla por dejar de cobrar sus mensualidades.
La denuncia se dirige contra el viceconsejero Mañas, el director general de Empleo, Daniel Alberto Rivera, y dos sucesivos jefes del servicio de Ordenación y Coordinación Laboral, R.A. y P.F. Los denunciantes son tres de los 74 trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE del 2003 del mercado central sevillano, que imputan un delito de prevaricación porque desde el pasado mayo, a raíz de la investigación sobre los ERE fraudulentos, dejaron de cobrar sus prejubilaciones.
La Consejería de Empleo aseguró ayer que los tres prejubilados de Mercasevilla que han denunciado por prevaricación a cuatro cargos de la Consejería de Empleo no cumplían los requisitos aprobados en el ERE.


http://www.libertaddigital.com/nacional/2012-01-18/el-escandalo-de-los-ere-engulle-a-grinan-1276447242/