El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PSOE a la reelección, José Antonio Griñán, no sólo firmó la modificación presupuestaria adelantada por este periódico ayer para mandar el 16 de diciembre de 2008 hasta 1,2 millones al fondo desde el que se financiaron los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos; un dinero que luego sirvió para financiar la trama de Cádiz, la del Plan Bahía Competitiva. El dirigente dio su visto bueno más veces a operaciones de este tipo rubricándolas de su puño y letra. Al menos, en dos ocasiones más. ABC ha tenido acceso a otras dos transferencias de partidas de los presupuestos ordinarios de la administración firmadas por Griñán para incrementar la partida 31L, aquella bautizada por el exdirector de Trabajo Javier Guerrero, ahora entre rejas, como «fondo de reptiles». Además, bastante más cuantiosas. Sumando, más de 13 millones de euros al fondo de los ERE.
Un día antes de la transferencia avanzada ayer, esto es, el 15 de diciembre de 2008, el entonces consejero de Economía y Hacienda firmó otra modificación presupuestaria que sirvió para incrementar la 31L en 6.011.836 bajo el epígrafe «transferencia de financiación AIDA», o sea, a la agencia IDEA. En este traspaso de crédito se incorporaron también, como curiosidad, un par de partidas de 900 y 300 euros para «dietas» y «locomoción». De esa forma, y como es sabido, el dinero pasa de estar bajo el control los controles oficiales de la administración al ente que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla y desde el que se financiaron ERE fraudulentos o se pagaron ayudas arbitrarias a empresas «amigas» o personas afines al PSOE. Para realizar esa modificación —que ese día sumó hasta 13,9 millones de euros— se dieron de baja diversas partidas de la Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), además de una de 3,6 millones precisamente de la 31L para el plan Bahía Competitiva de Cádiz; paradójicamente, un día después, como este diario publicó ayer, se transfirieron 1,2 millones para reforzar ese plan en la provincia gaditana.
Prácticamente en un año estampó su firma al menos en tres transferencias
Algo más de un año antes, el 15 de noviembre de 2007, Griñán estampa también su firma en otra importante modificación presupuestaria, ésta por un importe total de 11,4 millones de euros. En esa operación de crédito se incluye una aportación de 7.448.503 euros a la agencia IDEA y al investigado programa 31L. Ese dinero se detrae, según la documentación oficial a la que el que fuera consejero de Economía puso rúbrica, de diversos programas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), entre ellos de fomento del autoempleo, de «ayudas a acciones que generen empleo» o de formación profesional. Dinero para la creación de empleo, evidentemente, que se mandó al fondo de los ERE.
En prácticamente un año, el actual presidente de la Junta en funciones firmó, por tanto, al menos tres modificaciones de crédito que suman 14,6 millones de euros que se enviaron al programa 31L para que fueran gestionados por el ente público IDEA. La última fue la que acabó destinándose al plan de desarrollo empresarial de la Bahía de Cádiz que ahora está siendo investigado por la Policía ante los indicios de desvíos a paraísos fiscales y fondos bursátiles. Todas estas resoluciones tramitadas por la Consejería de Economía de ese momento recibieron el respaldo del consejo de Gobierno que presidía Manuel Chaves.
El papel de Intervención
Las propuestas de modificaciones presupuestarias rubricadas por Griñán para traspasar el dinero a IDEA, ya sin los controles propiamente administrativos, estaban acompañadas del preceptivo informe de la Intervención General. Éste se limitaba en todo momento a señalar la legalidad de las operaciones y la disponibilidad presupuestaria para llevarlas a cabo. Nada más. Si había dinero suficiente para cubrir la transferencia, ésta recibía el plácet del interventor, pero el alto funcionario no tenía potestad alguna para valorar el uso o destino de los fondos ni mucho menos prohibir las modificaciones. Había dinero para hacerlo y era legal. Punto. Las consideraciones sobre el método ya las expuso la Intervención General de la Junta en varios informes, el primero de ellos de 2005 sobre la gestión en 2003 del IFA, luego IDEA. En dicho informe, el máximo fedatario de la administración autonómica es contundente y recalca la falta de cobertura presupuestaria y, sobre todo, que el procedimiento administrativo «no es adecuado» para conceder las ayudas. Ese nítido informe se trasladó a las consejerías de Empleo (Antonio Fernández), Innovación (Francisco Vallejo) y Economía (José Antonio Griñán). Se hizo caso omiso.
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