La presidenta de Invercaria, Laura Gómiz Nogales, reconoció en una reunión interna las numerosas irregularidades en la gestión de esta empresa pública y el reparto discrecional de ayudas, y confesó que las más altas autoridades de la Junta estaban al tanto de las mismas.
Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía (Invercaria) es una empresa pública perteneciente a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, participada al 100% por la Agencia IDEA. Según su propia página web, la misión de Invercaria es «contribuir al fortalecimiento del tejido empresarial y al cambio de modelo productivo de nuestra región».
Sin embargo, según denunció la Cámara de Cuentas en enero, su gestión está trufada de irregularidades, incluyendo la existencia de un fondo para repartir dinero público entre empresas de forma discrecional y al margen de los procedimientos administrativos. Invercaria imitaba el mecanismo por el que la Agencia IDEA repartía las ayudas de la partida 31L del caso de los ERE, lo que ha motivado que se refiera a este dinero —hasta el momento se han detectado más de ocho millones de euros— como «segundo fondo de reptiles». Como ha venido denunciando ABC, Invercaria repartió dinero a empresas que no lo solicitaban, a otras vinculadas con exaltos cargos del PSOE y a entidades que cerraban a las pocas semanas de recibir el dinero.
Su presidenta, Laura Gómiz Nogales, fue designada por el presidente andaluz, José Antonio Griñán, el 29 de julio de 2010. El 26 de abril de 2011 mantuvo una reunión con el entonces director de Promoción de Invercaria, Cristóbal Cantos Sánchez, a quien le solicitó que elaborase diversos expedientes con informes falsos y fecha del pasado para justificar ayudas que se habían concedido sin cumplir los requisitos legales, dado que la Cámara de Cuentas estaba realizando una auditoría. En esta reunión, de la que existe una grabación que ha sido incorporada como prueba judicial al caso de los ERE y a la que ha tenido acceso ABC, Gómiz reconoce las irregularidades, presiona a su subordinado y, cuando este muestra reparos deontológicos a las peticiones de la presidenta, zanja la cuestión con una máxima contundente: «Si me comprometiera con la ética no estaría trabajando con esta organización».
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