miércoles, 5 de octubre de 2011

La Audiencia Provincial reabre el caso Hiconsa, que investiga una presunta corrupción urbanística de los socialistas Millán y Novoa en Cartaya.


La Audiencia Provincial de Huelva ha reabierto el caso Hiconsa mediante un auto que estima el recurso presentado por IU, PA, PP e ICAR el pasado mes de abril contra el archivo del mismo dictado por el juez instructor. IU, PA, PP e ICAR expresan su satisfacción por la decisión de la Audiencia, que profundizará la investigación de este caso de posible corrupción urbanística, en cuya trama estarían implicados el ex alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán; el ex primer teniente de alcalde, Miguel Novoa; el arquitecto Francisco Benítez Galán; el administrador de Hiconsa, Juan Márquez Rodríguez; y la esposa de Novoa, María Dolores Contreras Santana. Los delitos por los que se presentó la denuncia en 2009 son prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho, contra el territorio, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionario. La Audiencia considera que podríamos estar ante “una cadena de concesiones o favores”.
La reapertura del caso Hiconsa permitirá investigar, entre otros aspectos, si era correcta o no la valoración de los terrenos donde Hiconsa ha construido un centenar de viviendas en la barriada de El Almendral, junto al centro de la población. Dicha valoración fue hecha por el arquitecto denunciado y ha sido cuestionada por otra alternativa encargada por la IU, PA, PP e ICAR a otro profesional de la arquitectura. Según esta última valoración, el Ayuntamiento de Cartaya habría perdido 3,5 millones de euros en esa operación urbanística.
La reapertura del caso llega en un mal momento para el PSOE, que ha incluido a Juan Antonio Millán en sus listas para el Senado y que, aunque ha quitado a Miguel Novoa de presidente de la empresa provincial de servicios MAS, lo ha dejado como máximo responsable en materia de gestión de la empresa.
Del contenido del auto emitido por la Audiencia Provincial de Huelva y de las investigaciones realizadas antes de que el juez instructor archivase de forma provisional el caso, se desprende lo siguiente:
1.- Ha quedado demostrado que el arquitecto denunciado trabajaba al mismo tiempo para el Ayuntamiento, Hiconsa y la familia Novoa durante el tiempo en que se produjeron los hechos denunciados.
2.- El arquitecto denunciado reconoció ante el juez que la valoración de los terrenos en El Almendral la hizo para que las viviendas que iba a construir Hiconsa pudiesen salir a la venta con un precio competitivo. Esto quiere decir que la valoración se hizo atendiendo a los intereses de esa empresa en lugar de los intereses del Ayuntamiento, que fue el que le encargó al arquitecto la valoración de unos terrenos por los que debía cobrar dinero con destino a las arcas municipales. Estamos ante un claro caso de conflicto de intereses en el cual el arquitecto actúa como juez y parte, pero en contra del interés del Ayuntamiento, que es quien le encarga un trabajo técnico.
3.- Ha quedado probado que el gobierno municipal del PSOE otorgó de forma ilegal licencia de obras a Hiconsa para la construcción de las viviendas, pues no estaba aprobado de forma definitiva el planeamiento urbanístico de esa zona del municipio, normativa cuyo autor es el arquitecto denunciado.
4.- Ha quedado también demostrado que el gobierno municipal del PSOE benefició a Hiconsa adjudicándole los aprovechamientos urbanísticos de la zona donde construyó las viviendas sin que mediase concurso público.
5.- Ha quedado demostrado que Novoa debió abstenerse de participar en las negociaciones con Hiconsa para el desarrollo urbanístico de esa zona del municipio, pues en el momento de iniciarse las mismas, el primer teniente de alcalde ya sabía que esa empresa y el arquitecto denunciado iban a hacerle su vivienda familiar.
6.- Ha quedado acreditado documentalmente que Novoa tiene desde hace más de cuatro años una deuda con Hiconsa por la construcción de su vivienda que supera los 100.000 euros, deuda que jamás esa empresa le ha reclamado judicialmente.
7.- Ha quedado demostrado que Novoa, que entonces era concejal de urbanismo, se concedió a sí mismo de forma ilegal licencia de obras para la construcción de su vivienda, a sabiendas de que los informes de los servicios técnicos municipales eran contrarios porque invadía un viario público y excedía el volumen de edificabilidad permitido.
8.- Ha quedado demostrado que el responsable último de la concesión ilegal de licencias de obra a Hiconsa y a la familia Novoa es el ex alcalde, Juan Antonio Millán. La Audiencia Provincial de Huelva en su auto llega a asegurar que las relaciones y actuaciones llevadas a cabo por la empresa, el ex alcalde, Novoa y su esposa “examinadas en conjunto, pondrían de manifiesto una cadena de concesiones o favores”.
IU, PA, PP e ICAR confian en que la reapertura de las investigaciones permita aclarar este caso, por lo que expresan su absoluta confianza en la Justicia, a cuya disposición se ponen para suministrar la información y los datos que estén a su alcance, así como proponer nuevas pruebas y diligencias.

Fuente: www.huelvaya.es

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