El ‘clan Chaves’ subvencionó con 20 millones a empresas fantasma

La concesión de 21,5 millones de euros a tres empresas en la provincia de Cádiz ha puesto en la picota al clan político que lidera Manuel Chaves, mientras desde la Junta de Andalucía se pide la acción contundente de la Justicia en lo que parece ser una vendetta más entre las familias que pugnan dentro del PSOE-A. El dinero se le concedió a Alejandro Dávila Ouviña quien, sin precedente empresarial alguno, presentó tres proyectos de empresas y convenció a Antonio Perales, gerente del Plan Bahía Competitiva, para que le tramitara más de 20 millones de subvención que ni siquiera necesitaban la presentación de avales.
El Plan para la Mejora de la Competitividad y el Desarrollo en la Bahía de Cádiz se puso en marcha para paliar la sangría laboral derivada del cierre de Delphi, y alumbrar alternativas de desarrollo en una zona andaluza castigada por un profundo declive laboral. La idea era captar inversiones de empresas a las que se les conceden subvenciones del Ministerio de Industria. Al frente del proyecto se puso a Antonio Perales, hermano del fallecido Alfonso Perales, una de las personas de mayor confianza de Manuel Chaves y cuya hija, Ofelia Perales, fue colocada en la única empresa de Dávila Ouviña que se constituyó, ubicada en el Puerto de Santa María y hoy ya inactiva.

Todo queda en familia
Aunque las investigaciones judiciales del caso se remontan al primer trimestre del presente año, fue en julio cuando el Ministerio de Industria descubrió que Dávila Ouviña no había puesto en marcha las empresas para las que se le concedió la subvención y le exigió la devolución del dinero, mientras que un juzgado lo mandaba directamente a prisión. Dos de estas sociedades se iban a abrir en la localidad de Alcalá de los Gazules, epicentro del clan de Alcalá o clan Chaves, de donde es natural, entre otros, Luis Pizarro, familia también de los Perales, para lo que el propio Antonio Perales acompañó al supuesto empresario gallego a visitar un polígono industrial al que podría acceder.
Tanto Antonio Perales como su sobrina Ofelia ya han prestado declaración ante la Policía y están pendientes de que el juzgado de instrucción número 4 de Cádiz decida sobre su situación procesal. El caso mereció incluso una denuncia del actual presidente de la Diputación de Cádiz, el popular José Loaiza, que sustituyó en las pasadas elecciones municipales a González Cabaña, otra de las piezas claves del clan Chaves. Y el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado hoy que va a pedir un pleno en el Parlamento autonómico para que se debata ese asunto y sus repercusiones en los planes de reindustrialización de la Junta.
El caso de Ouviña provocó el cese de Antonio Perales como gerente del Plan Bahía Competitiva, que pasó a ser controlado por la Agencia IDEA, con lo que el Gobierno de Griñán le quitaba al clan Chaves el control de un instrumento del que dependía la concesión de decenas de millones de euros a las empresas que presentaran proyectos en el territorio de los principales enemigos internos del actual presidente de la Junta.

A degüello contra el enemigo interno
El interés judicial tanto del Gobierno de Griñán como del PSOE-A es tal que desde ambas instancias se han tirado a degüello cuando Antonio Perales ha prestado declaración ante la Policía para aportar información sobre su intervención en la concesión del dinero a Ouviña, pidiendo contundencia, sobre todo por parte de la secretaria de Organización del partido, Susana Díaz.
Entre los ERE y el caso Bahía Competitiva, el grupo de políticos que se ha movido durante lustros a la sombra de Chaves, desde el consejero Antonio Fernández a la familia Perales, en vez de encontrar el amparo del partido, como hasta ahora ocurría, ha chocado con la sentencia del entorno de Griñán, que los ha abandonado a su suerte, de tal forma que, en unos meses, los tribunales pueden hacerle al actual presidente andaluz el trabajo que contra sus enemigos internos no ha podido desarrollar por su falta de liderazgo


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