El exconcejal socialista del Ayuntamiento hispalense Francisco Fernández ha renunciado, a todos los efectos, a la secretaría general de la agrupación socialista Julián Besteiro, correspondiente a los barrios del Cerro del Águila y Amate. Esta decisión, formalizada la noche de este miércoles en el seno de la Comisión Ejecutiva Local de tal agrupación socialista, deriva de un reciente auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla que ha resuelto incoar procedimiento abreviado, esto es, procesar, a este exconcejal por un presunto delito de prevaricación.
Francisco Fernández reunió la noche del miércoles a la Comisión Ejecutiva de su agrupación socialista, al objeto de hacer efectiva su renuncia a la Secretaría General de la misma. Fuentes de la propia Comisión Ejecutiva de la agrupación socialista 'Julián Besteiro', tal extremo deriva de la decisión del Juzgado de Instrucción número cuatro de Sevilla de procesar a Fernández por un presunto delito de prevaricación a cuenta de la adquisición al grupo Iturri de materiales valorados por 644.485 euros mediante reconocimientos de crédito cuando él ostentaba el área de Gobernación en el Ayuntamiento de Sevilla.
Las contrataciones con Iturri
La causa judicial deriva de la denuncia promovida en su momento por la Fiscalía ante el reconocimiento extrajudicial de crédito mediante el que el Consistorio adquirió, al Grupo Iturri, diversos materiales y equipamientos con destino al cuerpo de bomberos y por valor de 644.485 euros. La adquisición de los equipos, según la denuncia del Ministerio Público, no se atuvo "en absoluto" a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por lo que la Fiscalía atisbaba la comisión de un posible delito de prevaricación.
En estas diligencias también figuró como imputadala también exconcejal socialista Nieves Hernández, quien fue exculpada tras haber prestado declaración ante el juez el pasado 5 de septiembre. Ese mismo día, Francisco Fernández declaraba también como imputado y defendía que las contrataciones respondieron a un intento de resolver una "situación de emergencia" ante la necesidad de que el servicio municipal de Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios contase con los equipos adquiridos.
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