Reduce un 5% el salario de altos cargos y los complementos y
retribuciones variables de los trabajadores públicos, cuya jornada
laboral pasa a 37,5 horas. Sube el tramo autonómico del IRPF pero no
aumenta el número de alumnos por aula.
El recorte de los 2.500 millones de euros del presupuesto de la Junta de 2012 aprobado por el Gobierno andaluz para cumplir con el objetivo de déficit del 1,5% supondrá una reducción de los sueldos de los funcionarios y altos cargos, y una subida de impuestos para paliar la reducción de ingresos. El drástico ajuste, el mayor de la autonomía, viene recogido en el Plan Económico Financiero de Reequilibrio (2012-2014)
aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta, que lo enviará de
inmediato al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y
representa el 12% del presupuesto andaluz de 2012, que asciende a 32.020 millones de euros.
La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha justificado en rueda de prensa el plan en la idea de que Andalucía tendrá una aminoración de ingresos de 3.500 millones de los presupuestos estatales. Por ello, se plantea la puesta en marcha de medidas que posibiliten mayores ingresos por 1.000 millones y reducir el gasto en 2.500 millones, ha señalado.
El Gobierno andaluz sitúa los principios del plan en preservar el sistema educativo público, por lo que no aumentará la ratio de alumnos por aula; en no contribuir a la destrucción de empleo y en pedir un esfuerzo "temporal y solidario" al conjunto de empleados públicos, proveedores, sindicatos y organizaciones empresariales.
En el capítulo de gastos, la Junta llevará a cabo una reducción de altos cargos y delegados (seis por provincia) como consecuencia de la reducción de consejerías, así como la suspensión de la equiparación retributiva de los altos cargos andaluces con su homólogos en la Administración del Estado, lo que conllevará una reducción del 5% en las retribuciones del presidente de la Junta, consejeros, viceconsejeros y personal asimilado.
En aplicación de la normativa estatal, se aumentará de manera "flexible" la jornada laboral a 37,5 horas de los empleados públicos, a los que se les reducirán las horas extraordinarias. Martínez Aguayo ha calcula que la reducción salarial de los empleados públicos oscilará entre el 0 al 6,5% según las categorías, aunque el personal laboral funcionario interino y laboral temporal verá reducida su jornada y por tanto el salario en un 15%. Además, se eliminarán los complementos adicionales de las pagas extraordinarias de junio y diciembre y se reducirá en el sector público instrumental aquellos complementos no formen parte del salario básico. También disminuirán un 10% las percepciones vinculadas a las retribuciones de carácter variable.
Respecto a los ingresos, destacan las medidas de ajuste en materia fiscal de forma que se modifica en los últimos tramos la tarifa autonómica del IRPF, que pasará del 23,5% en el caso de rentas entre 60.000 a 120.000 euros, y al 25,5% para rentas de 120.000 euros en adelante. La presión fiscal "aumentará" ha reconocido la consejera, que también prevé multiplicar por 1,10 la tarifa actual del Impuesto de Patrimonio y por 2 el tipo de gravamen autonómico del impuesto de hidrocarburos hasta agotar la banda máxima permitida, exceptuando el gasóleo agrícola. Otras medidas son la subida del tipo de gravamen general en Actos Jurídicos Documentados (del 1,2 al 1,5%) y el aumento de la tasa fiscal sobre el juego en la tarifa para máquinas.
El plan, que será presentado a los sindicatos el sábado, incide en la eficiencia y el ahorro pero manteniendo la calidad de los servicios con lo que recoge una reducción del 10% de gasto operativo en bienes y servicios mediante la reducción del 50% de la flota de vehículos de altos cargos; eliminar la partida de protocolo de altos cargos y directivos de empresas públicas salvo presidente y consejeros; bajar un 50% la partida de información y publicidad y en un 15% en arrendamiento y en indemnizaciones por locomoción, traslado y dietas.
Avanza en el programa de plataforma de compras sanitarias, con un ahorro de 100 millones, y recoge la "reprogramación" de unos 570 millones de euros en inversión pública, de forma que no se realizará ninguna obra pública nueva salvo casos muy excepcionales. Son medidas "equilibradas, justas y equitativas", según la consejera, que ha comentado que si el Estado cumpliera con la Disposición Adicional Tercera del Estatuto y reconociera los 1.504 millones que no se han invertido en Andalucía en 2008 y 2009 el ajuste en gasto habría sido de 1.000 millones.
Recurrirán al Constitucional el copago y el aumento de la jornada de los docentes
La Junta de Andalucía ha confirmado que presentará recurso ante el Tribunal Constitucional tanto contra el aumento de la jornada lectiva de los profesores como el decreto que establece el copago en el ámbito farmacéutico, decisiones del Gobierno del PP que ha rechazado el Ejecutivo autonómico. La Junta, ha informado Martínez Aguayo, no incrementará la ratio de alumnos por aula en los centros educativos andaluces, aunque aplicará por "imposición" el decreto del Gobierno central sobre racionalización del sector público educativo que aumenta la jornada laboral de los docentes.
"Les anuncio que la Junta va a recurrir al Tribunal Constitucional tanto este decreto como el que establece los copagos en el ámbito sanitario porque entendemos que invaden competencias autonómicas y son inconstitucionales", ha señalado. Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía preparan, además, alegaciones a la decisión el Constitucional de admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno central contra la resolución de la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que ejecutó la subasta de fármacos. El Gobierno decidió presentar ante el Alto Tribunal un conflicto positivo de competencia al entender que se invadía la legislación estatal y reducía la oferta de prestaciones. El planteamiento de este conflicto conllevó la suspensión de esta norma andaluza.
Según ha explicado el portavoz del Ejecutivo Autonómico, Miguel Ángel Vázquez, la Junta aún no ha recibido la providencia del Constitucional, con lo que procederá a su estudio jurídico cuando la reciba. "Mantenemos la misma posición que al principio. La subasta de medicamentos es un buen instrumento para el ahorro de gasto y permite no cargar más sobre los usuarios y sí que tengan menos beneficios las empresas farmacéuticas, por lo que seguiremos peleando con este modelo", ha manifestado. La Junta hizo la primera de estas subastas públicas el pasado 19 de marzo y con ella pretendía rebajar el precio que la sanidad pública paga a las farmacéuticas por los medicamentos. Con la primera de las subastas, el Gobierno andaluz trataba de adjudicar mediante subasta pública determinados medicamentos genéricos para que fueran los que se tienen que dispensar cuando el paciente llega con una receta que sólo incluya los principios activos, y de esta forma ahorrar en la factura farmacéutica.
La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha justificado en rueda de prensa el plan en la idea de que Andalucía tendrá una aminoración de ingresos de 3.500 millones de los presupuestos estatales. Por ello, se plantea la puesta en marcha de medidas que posibiliten mayores ingresos por 1.000 millones y reducir el gasto en 2.500 millones, ha señalado.
El Gobierno andaluz sitúa los principios del plan en preservar el sistema educativo público, por lo que no aumentará la ratio de alumnos por aula; en no contribuir a la destrucción de empleo y en pedir un esfuerzo "temporal y solidario" al conjunto de empleados públicos, proveedores, sindicatos y organizaciones empresariales.
En el capítulo de gastos, la Junta llevará a cabo una reducción de altos cargos y delegados (seis por provincia) como consecuencia de la reducción de consejerías, así como la suspensión de la equiparación retributiva de los altos cargos andaluces con su homólogos en la Administración del Estado, lo que conllevará una reducción del 5% en las retribuciones del presidente de la Junta, consejeros, viceconsejeros y personal asimilado.
En aplicación de la normativa estatal, se aumentará de manera "flexible" la jornada laboral a 37,5 horas de los empleados públicos, a los que se les reducirán las horas extraordinarias. Martínez Aguayo ha calcula que la reducción salarial de los empleados públicos oscilará entre el 0 al 6,5% según las categorías, aunque el personal laboral funcionario interino y laboral temporal verá reducida su jornada y por tanto el salario en un 15%. Además, se eliminarán los complementos adicionales de las pagas extraordinarias de junio y diciembre y se reducirá en el sector público instrumental aquellos complementos no formen parte del salario básico. También disminuirán un 10% las percepciones vinculadas a las retribuciones de carácter variable.
Respecto a los ingresos, destacan las medidas de ajuste en materia fiscal de forma que se modifica en los últimos tramos la tarifa autonómica del IRPF, que pasará del 23,5% en el caso de rentas entre 60.000 a 120.000 euros, y al 25,5% para rentas de 120.000 euros en adelante. La presión fiscal "aumentará" ha reconocido la consejera, que también prevé multiplicar por 1,10 la tarifa actual del Impuesto de Patrimonio y por 2 el tipo de gravamen autonómico del impuesto de hidrocarburos hasta agotar la banda máxima permitida, exceptuando el gasóleo agrícola. Otras medidas son la subida del tipo de gravamen general en Actos Jurídicos Documentados (del 1,2 al 1,5%) y el aumento de la tasa fiscal sobre el juego en la tarifa para máquinas.
El plan, que será presentado a los sindicatos el sábado, incide en la eficiencia y el ahorro pero manteniendo la calidad de los servicios con lo que recoge una reducción del 10% de gasto operativo en bienes y servicios mediante la reducción del 50% de la flota de vehículos de altos cargos; eliminar la partida de protocolo de altos cargos y directivos de empresas públicas salvo presidente y consejeros; bajar un 50% la partida de información y publicidad y en un 15% en arrendamiento y en indemnizaciones por locomoción, traslado y dietas.
Avanza en el programa de plataforma de compras sanitarias, con un ahorro de 100 millones, y recoge la "reprogramación" de unos 570 millones de euros en inversión pública, de forma que no se realizará ninguna obra pública nueva salvo casos muy excepcionales. Son medidas "equilibradas, justas y equitativas", según la consejera, que ha comentado que si el Estado cumpliera con la Disposición Adicional Tercera del Estatuto y reconociera los 1.504 millones que no se han invertido en Andalucía en 2008 y 2009 el ajuste en gasto habría sido de 1.000 millones.
Recurrirán al Constitucional el copago y el aumento de la jornada de los docentes
La Junta de Andalucía ha confirmado que presentará recurso ante el Tribunal Constitucional tanto contra el aumento de la jornada lectiva de los profesores como el decreto que establece el copago en el ámbito farmacéutico, decisiones del Gobierno del PP que ha rechazado el Ejecutivo autonómico. La Junta, ha informado Martínez Aguayo, no incrementará la ratio de alumnos por aula en los centros educativos andaluces, aunque aplicará por "imposición" el decreto del Gobierno central sobre racionalización del sector público educativo que aumenta la jornada laboral de los docentes.
"Les anuncio que la Junta va a recurrir al Tribunal Constitucional tanto este decreto como el que establece los copagos en el ámbito sanitario porque entendemos que invaden competencias autonómicas y son inconstitucionales", ha señalado. Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía preparan, además, alegaciones a la decisión el Constitucional de admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno central contra la resolución de la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que ejecutó la subasta de fármacos. El Gobierno decidió presentar ante el Alto Tribunal un conflicto positivo de competencia al entender que se invadía la legislación estatal y reducía la oferta de prestaciones. El planteamiento de este conflicto conllevó la suspensión de esta norma andaluza.
Según ha explicado el portavoz del Ejecutivo Autonómico, Miguel Ángel Vázquez, la Junta aún no ha recibido la providencia del Constitucional, con lo que procederá a su estudio jurídico cuando la reciba. "Mantenemos la misma posición que al principio. La subasta de medicamentos es un buen instrumento para el ahorro de gasto y permite no cargar más sobre los usuarios y sí que tengan menos beneficios las empresas farmacéuticas, por lo que seguiremos peleando con este modelo", ha manifestado. La Junta hizo la primera de estas subastas públicas el pasado 19 de marzo y con ella pretendía rebajar el precio que la sanidad pública paga a las farmacéuticas por los medicamentos. Con la primera de las subastas, el Gobierno andaluz trataba de adjudicar mediante subasta pública determinados medicamentos genéricos para que fueran los que se tienen que dispensar cuando el paciente llega con una receta que sólo incluya los principios activos, y de esta forma ahorrar en la factura farmacéutica.
Fuente: www. huelvainformación.es
Foto: canalsu.blogspot.com
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